Ley Mordaza

Con los votos a favor del PP y toda la oposición en contra, la Ley de Seguridad Ciudadana fue aprobada hace tres años por las Cortes, que avalaron un texto que incrementará la libertad, según el Ejecutivo, y sobre el que, sin embargo, planea la amenaza de su derogación si cambia el Gobierno. La nueva norma sanciona un estado de falta de libertades cívicas que es muy preocupante. Estas son las conductas que son sancionables con la Ley Mordaza.

 

Faltas muy graves

(Entre 30.001 y 600.000 euros de sanción)
  1. Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas.
  2. Fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados.
  3. Celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.
  4. Proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.

Faltas graves

Entre 601 y 30.000 euros de multa
  1. Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas.
  2. La perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas.
  3. Causar desórdenes en la calle u obstaculizarla con barricadas.
  4. Impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales. Este punto sancionaría, por ejemplo, las concentraciones para impedir la ejecución de desahucios.
  5. Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia.
  6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes.
  7. Negarse a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público cuando lo ordenen las autoridades competentes cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión. Entre estos supuestos se encuentra “cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes”, por lo que podría emplearse esta infracción para sancionar los llamados escraches.
  8. Perturbar el desarrollo de una manifestación lícita.
  9. La intrusión en infraestructuras críticas (que prestan servicios esenciales para la comunidad) incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento.
  10. Portar armas prohibidas o portar o usar armas de modo negligente y temerario o fuera de los lugares habilitados para ello.
  11. Solicitar y disfrutar (por parte del demandante) de servicios sexuales en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores (colegios, parques…) o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial.
  12. Fabricar, almacenar o usar armas reglamentarias o explosivos sin autorización así como la omisión o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias.
  13. Negarse a las inspecciones en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves.
  14. El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño.
  15. No colaborar con las Fuerzas de Seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.
  16. El consumo o la tenencia ilícitos de drogas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares públicos, así como el abandono de los instrumentos empleados para ello.
  17. El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas (las cundas).
  18. Plantar y cultivar drogas en lugares visibles al público.
  19. La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas en locales o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios.
  20. La carencia de los registros previstos en esta ley para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias.
  21. Dar datos falsos para la obtención de las documentaciones previstas en esta Ley.
  22. Incumplir las restricciones a la navegación reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.
  23. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.

Faltas leves

Sanciones de 100 a 600 euros
  1. La celebración de manifestaciones sin comunicar a las autoridades, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores.
  2. Exhibir de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio.
  3. Incumplir las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo.
  4. Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad.
  5. Hacer o incitar a actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena.
  6. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones.
  7. La ocupación de casas y la venta ambulante no autorizada.
  8. No denunciar la perdida o el robo de un arma.
  9. Las irregularidades en la cumplimentación de los registros previstos en esta Ley con trascendencia para la seguridad ciudadana.
  10. No tener la documentación personal legalmente exigida o no denunciar su robo o pérdida.
  11. La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida, considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año.
  12. Negarse a darle la documentación a la Policía.
  13. Causar daños a bienes muebles o inmuebles de uso público o privados que estén en la vía pública.
  14. Escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños.
  15. La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad.
  16. Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.
  17. El consumo de alcohol en lugares públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.

Con la solicitud de prórrogas sine die para acuñar una Ley de Seguridad Ciudadana que cumpla con las libertades civiles más esenciales (algo que no sucede con la impulsó el iluminado Fernández Díaztanto PP como C’s se posicionan, una vez más, en contra de la ONU. Rajoy y Rivera, como máximos representantes de los dos partidos conservadores, ignoran cómo las Naciones Unidas han cargado contra la Ley Mordaza -también lo hizo contra la reforma del Código Penal-, cómo cuestionaron que esta ley represiva se hubiera alumbrado con el único fin de “ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”. En suma, la ONU reclamó a España que “adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales”, algo que no sucede en la actualidad (aunque el Borbón tenga otra percepción mientras entona “Del Palacio de la Zarzuela, no nos moverán”).

Ni Rajoy ni Rivera hacen caso a la ONU cuando ésta, en su comunicado, recordó al Gobierno español que “los derechos a manifestarse pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”. Y eso, hoy por hoy en nuestro país, no sucede, gracias a la alianza de PP y C’s entorno al poder y los beneficios que éste les reporta.

Los expertos de la ONU fueron claros: la Ley de Seguridad Ciudadana“restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España”. A la enumeración de libertades civiles pisoteadas gracias a la complicidad de PP y C’s que enumera en su artículo Flotats, hemos de añadir cómo sólo en sus primeros 18 meses, la recaudación por multas al amparo de esta ley superaron los 131 millones de euros, aproximándose a lo que recauda el Estado en concepto de multas por exceso de velocidad.

Se están cercenando los derechos de la intocable Constitución de libertad de expresión, derecho de reunión y de manifestación. Los datos no engañan: a pesar de que siempre pudieron ser denunciados los actos por “desobediencia o resistencia a la autoridad”, no deja de ser curioso cómo en los últimos seis meses de 2015 se pusieron 4.311 multas y en 2016, el triple (12.094). Es importante recalcar que, en estos mismos períodos de tiempo, las multas por “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se cifraron en 2015 en 3.130, por un valor de 469.203 euros, mientras que en 2016 en 9.497, por un importe de 3.006.761 euros.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) es otro de los organismos que ha criticado duramente la Ley Mordaza que Rajoy y Rivera blindan. RSF sostiene que la ley persigue proteger “la imagen de la policía española, limitando el derecho de los periodistas a reunir y difundir información”.  Tanto es así que, aunque a Rivera le encante darse baños de masas en Venezuela, no hace falta que cruce el Charco: gracias a la ley que él mantiene, España fue uno de los ejemplos que RSF utilizó en su informe internacional presentado en 2017 para ilustrar los retrocesos en la libertad de prensa.

Dicho de otro modo y dando peso a mi afirmación inicial de que PP y C’s son agrupaciones antidemócratas, el hecho de que España sea criticada internacionalmente por el deterioro de las libertades civiles y los derechos fundamentales es obra de los negocios que se traen entre manos Rajoy y Rivera.

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Des-Memoria histórica

España es el segundo país con más personas desaparecidas del mundo, solamente por detrás de Camboya. Se estima que en nuestras fosas y cunetas se encuentran aproximadamente 114.000 mil cadáveres de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista.
Sin embargo en España las familias de las víctimas no han obtenido ni verdad, ni justicia ni reparación y los responsables de tales crímenes que siguen vivos siguen sin ser juzgados.
Mientras países como Alemania o Argentina sí que han llevado a cabo políticas en esta materia, en España tras 40 años de democracia ningún Gobierno lo ha hecho. Pablo de Greiff, relator especial de la ONU ya denunció en 2014 la falta de mecanismos en nuestro país sobre esta materia. Los diferentes gobiernos se han amparado en la ley para no crearlos:
1) Esgrimen por un lado que la ley de Amnistía de 1977 indica que no se pueden juzgar crímenes realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976.
2) Por otro, que nuestro código penal a día de hoy recoge que ninguna persona podrá ser juzgada por un delito que se cometió antes de que en España existiese una ley que contemplase esos actos como delito. Sin embargo el Derecho Internacional expresa claramente que los crímenes considerados crímenes contra la humanidad, de lesa humanidad o los genocidios no tienen que atenerse a estas leyes sino todo lo contrario.

¿Qué es lo que se debate en el Congreso de Diputados y se vota?
Desde el Intergrupo de memoria democrática compuesto por Podemos, PNV, Compromís Bildu, PdeCat y ERC que ha promovido la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo se han registrado estas dos Propuestas de Ley de las que el PSOE se ha desmarcado en el último momento.
La propuesta es la que se debate y consiste en modificar la Ley de Amnistía de 1977 que permita a los tribunales juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidio u otras graves violaciones de Derechos Humanos.

¿Por qué es importante?
La Ley de Amnistía actual ha funcionado hasta ahora como una ley de punto y final que ha evitado poder juzgar en nuestro país los crímenes de lesa de humanidad cometidos durante la dictadura franquista
Lo que se vota no es la derogación de la Ley de Amnistía sino su adaptación a las propuestas y preceptos del derecho internacional humanitario como aconsejo Naciones Unidas. Ni más ni menos. Que la ley de Amnistía no sea un parapeto para evitar la acción contra los crímenes de lesa de humanidad

¿Por qué no va a salir?
No nos sorprende que un partido fundado por ministros franquistas o su marca naranja sigan impidiendo que los criminales franquistas puedan responder por sus crímenes ante los jueves.

Sorprende más el voto del PSOE, que ya ha manifestado que votará en contra porque la medida genera ‘mucha inseguridad jurídica’. La verdadera inseguridad e indefensión jurídica es que las víctimas no puedan acudira a la justicia de su país para juzgar crímenes de lesa a humanidad porque la ley de amnistía funciona como punto y final.
Su voto es decisivo para que se pueda juzgar al franquismo y su posición ha sido clara: proteger a los torturadores y a los franquistas, impedir adaptar nuestra legislación a las recomendaciones de la ONU.

Manifiesto por la historia y la libertad

No se puede imponer por una ley un único relato de la historia, ya que ninguna ley debe o puede variar los hechos históricos. No se debe borrar por una ley la cultura, el sentimiento ni la memoria de un pueblo, y menos aún por razones ideológicas. Ninguna razón moral, ni derecho subyacente, puede primar sobre la analítica verdad de los hechos en las circunstancias del tiempo y lugar en que estos se produjeron. La interpretación de unos hechos, cualquiera que estos sean, no puede ceder a ninguna manipulación política partidista. Legislar sobre la historia o contra la historia es, simplemente, un signo de totalitarismo. Y es antidemocrático y liberticida.
Sin embargo, en España viene perpetrándose un inadmisible y flagrante “historicidio” desde la aprobación de la mal llamada Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007.
Pese a ello, el Partido Socialista pretende ahora, en una vuelta de tuerca más, que se apruebe una nueva y espuria “Ley de Memoria Histórica”, con la intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales sobre los hechos acaecidos en el último siglo de la Historia de España.
Con la implantación de una “Comisión de la Verdad”, amenaza con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y elevadas multas a quienes mantengan opiniones divergentes a la ‘verdad única’, la destrucción y quema de las obras o estudios declarados no ‘gratos’, y la expropiación, destrucción o transformación de una parte del patrimonio histórico-artístico de la etapa más reciente de España.
Tal proposición de ley ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad (de opinión, expresión, investigación y cátedra); la justicia (solo atribuible a jueces y tribunales); la igualdad (que impide la discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social); y el pluralismo político (ejercido como actividad libre dentro del respeto a la Constitución). Dicha proposición de ley, de resultar aprobada, chocaría frontalmente con la Constitución en su redacción y espíritu.
El proyecto vulnera el principio de la verdad documentada de la historia, como demuestra el mero hecho de que esa única versión quiera imponerse por la fuerza del Estado, al ser incapaz de sostenerse en un debate de investigación, serio, libre e independiente. Su capcioso velo jurídico, invocando a modo de pantalla la dignidad de las víctimas de solamente una parte o equiparando el franquismo con los regímenes totalitarios, son solo el envoltorio sentimental y manipulador de una ofensiva contra la libertad de los españoles, contra la democracia y contra la verdad histórica.
Estamos ante una ley de tipo soviético que no debería ser propuesta por ningún partido, ni individuo, que respete la convivencia democrática en paz y en libertad, que solo sirve para reabrir viejas heridas que todos creíamos ya cicatrizadas y que, desde luego, nunca debería ser aprobada en una nación como España.
Resultaría dramático para la convivencia de los españoles que ochenta años después del final de la Guerra Civil, y de haber transcurrido más de cuarenta tras la extinción del franquismo, se intente anular la libertad de pensamiento de los españoles, y reinstalar en la sociedad los mismos odios que condujeron a aquellos calamitosos acontecimientos.
Esta propuesta de ley debe ser rechazada con firmeza por toda la sociedad, pues España no puede permitirse una involución hacia regímenes del tipo implícito en la misma. La experiencia histórica no debe pasar en balde, y de ella debemos aprender.
Los hechos históricos son hechos históricos, y los estudios e investigaciones de los mismos deben producirse en total y plena libertad para el debate y la confrontación abierta de las ideas, pero jamás bajo la mordaza y el castigo penal de un estado democrático.
Y ello principalmente, porque ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la Historia, pues de hacerlo, criminalizaría la Historia, estableciendo una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado.

(Manifiesto suscrito por más de 200 profesionales de la Historia)

La regla de gasto

La regla de gasto, en realidad, es un artículo dentro de una ley mucho más potente, más heavy, que abarca muchas más cosas. A un articulito en concreto le llaman la regla de gasto. Podríamos ignorar el artículo 12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que es el que se refiere a la regla de gasto, porque con todo lo demás que dice la ley estaríamos prácticamente en el mismo sitio. En realidad, esta ley se aprobó en 2012, en un momento muy crítico, y se enmarca en una serie de acontecimientos que nos traen hasta la regla de gasto.

En setiembre de 2011 se modifica el artículo 135 de la Constitución, que dice dos cosas. Una es que las administraciones tienen que gastar lo que ingresan, que no pueden hacer déficit sistemático, lo que es una especie de declaración de intenciones. Pero tiene un segundo párrafo, que no estaba antes en el artículo 135 y que es el grave, que dice que los intereses de la deuda y la deuda misma gozarán de prioridad absoluta sobre el resto de partidas de los Presupuestos Generales. Esta modificación se hace porque se impone desde Europa. Todo lo que viene a continuación llueve tras la modificación del 135.

En noviembre de 2011 hay una directiva europea sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros. La UE intenta que todos los países lo aprueben. Es aquella famosa «regla de oro» de la Constitución, que España ya la tiene introducida. Poco después, en marzo de 2012, hay unos Pactos de Estabilidad y Crecimiento de la UE, que, en el fondo, actualizan lo que ya decía el Tratado de la Unión de 1997. Pero ahora todo va rápido.

En abril de 2012, España aprueba la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. O sea, que aprendan a gastar lo que tienen y que no se salgan de madre. Esta ley ya se hace en consonancia con la directiva europea que ha venido un poco antes, con el Pacto de Estabilidad y la reforma de la Constitución.

Llegamos a junio de 2012 y, cuando has cumplido todos tus deberes, viene el No Rescate de M. Rajoy. Se dejan 100.000 millones de euros para los bancos, pero se dejan cuando se ha demostrado verdaderamente que ese dinero se va a devolver. ¿Cómo se asegura la Troika como prestamista de que se va devolver el dinero? Se asegura porque antes se ha aprobado una ley y se ha modificado la Constitución. El rescate vino precedido de una serie de condiciones que España tuvo que cumplir.

Finalmente, en julio de 2012 se firmó el Memorándum de Entendimiento. Todo en ocho meses. El Memorándum de Entendimiento es el programa de cualquier partido que gobierne en España, sea quien sea. Adiós soberanía, no hay soberanía. El Memorándum dicta –y la palabra ‘dicta’ no es casualidad– España deberá cumplir, gobierne quien gobierne, una serie de obligaciones.

Dentro de esta batería de sucesos que obligan forzosamente porque estamos rescatados –y estar rescatados significa que «te rescato pero eres mi esclavo»–está la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Dentro de esa ley, hay un montón de artículos que operan en el mismo sentido, básicamente el de no gastar más de lo de que se ingresa como Estado. Pero, ¿y si…? No. Pero, ¿y si…? No. ¡Que ya no hay soberanía porque ha habido un rescate, aunque se niegue! No hay capacidad de decisión. Además, cada año hay que informar a Europa de cuál es el compromiso de lo que se va gastar para que dé el visto bueno. Hay que pasar información. Hay que supervisarla. Hay que llevar la contabilidad como dice Europa y no como se hacía hasta entonces… Hay una vigilancia permanente. Está en el Memorándum de Entendimiento también. Si eventualmente hay un ingreso raro, no previsto, como que ha tocado la lotería, o, como le ha pasado a Navarra, que por una negociación del Convenio llega un ingreso no contemplado, su destino ha de ser el que dice al artículo 135: el pago de la deuda y de sus intereses. Siempre que haya algo de más con lo que no contabas, lejos de celebrarlo, irá a pagar la deuda. Entre otras cosas, porque el nivel de deuda está al 100% del PIB y el Estado español ha adquirido el compromiso de llegar al 60%. Mientras no se llegue a ese 60%, hay que olvidarse de tener libertad alguna sobre los presupuestos. La regla de gasto es solo un artículo de una ley, que a su vez es un paso más de todo un aparato de sometimiento que se produce entre setiembre de 2011 y junio de 2012.

¿Qué significa se puede? ¿Se podía proclamar la República Catalana? No. Pero la proclamaron. Otra cosa es las consecuencias que tenga. ¿Puede España como Estado o una Comunidad Autónoma romper con la regla de gasto? Se han llevado muchas propuestas de reforma fiscal sabiendo que no se podía hacer. Cuando era chaval, yo tampoco podía salir más allá de las dos de la madrugada porque mi padre no me dejaba. Pero eso cambió. Cambió porque yo, alguna vez, llegué pasadas los dos. Y tuvo consecuencias. Pero mi padre, poco a poco, también fue cambiando su postura.

A veces hay que forzar y hay que valorarlo. No critico a quien toma decisiones, porque hay que valorar hasta qué punto se puede forzar. Por poder, según esta famosa ley, no se puede. Te lo dice bien claro. Si hay un ingreso extraordinario, se debe destinar al pago de la deuda. Probablemente, dentro de la negociación entre Navarra y el Gobierno español para la reintegración de ese dinero podría estar el compromiso de que se destine a cancelación de deuda. ¿Por qué? España ha de rendir cuentas ante la UE. Si España le da un dinero y Navarra lo usa para cancelar deuda, la suma de la deuda que se presenta ante Bruselas no ha aumentado. Si Navarra va y se lo gasta, habría un aumento de 215 millones en esa deuda total. No he estado en la negociación, pero es posible que se haya pactado.

Desde el punto de vista legal, me vería con el coraje de discutirlo. Pero conociendo cómo funciona el Estado, no sé si sale a cuenta. Por poder, uno puede hacerlo y enfrentarse al Estado plantandole cara. ¿Consecuencias? En Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera hay varios artículos. Algunos hablan de las sanciones. Y uno de ellos, el 26, habla claramente de aplicar al artículo 155 de la Constitución a quienes no cumplan la regla de gasto. Incluso habla de disolver una corporación local. O sea, si una corporación local, como estaba haciendo el Ayuntamiento de Madrid con Sánchez Mato, le planta cara al Estado, a este no le duelen prendas en disolver el Ayuntamiento de Madrid. Lo han hecho con Catalunya y se ha abierto un melón. El 155 ya vale para todo. Aquí ya estaba escrito y nunca lo habían puesto en marcha. Ahora ya lo han aplicado una vez. Ya saben cómo hacerlo. Te arriesgas. Y tenemos el ejemplo catalán de qué supone el 155. De entrada, pasan a controlar todas tus instituciones, tu televisión, la enseñanza, la sanidad, eligen a quién pagan primero y a quién pagan después…

El Estado es muy fuerte. ¿Quién es el valiente? El cementerio está lleno de valientes. No voy a criticar a nadie por cumplir lo que dice esta ley. Sí creo que habría que plantear una estrategia de confrontación meditada en la que no solo entrase esto.

El sistema público de pensiones

Resulta difícil decir nada nuevo sobre el tema de las pensiones. Se continúa repitiendo idénticas falacias. Ante los mismos tópicos, no valen sino los mismos argumentos. Todos los medios de comunicación se han hecho eco de la publicación por parte de la OCDE de un informe acerca de las pensiones en los países que la integran. Es curioso que los organismos internacionales tengan una especial predilección por este asunto, revistiendo siempre sus informes de tintes catastrofistas. Es curioso porque los funcionarios de todos estos organismos devengan espléndidas pensiones (esas sí que son generosas), sin que nadie se plantee si son o no sostenibles. Ante el ruido generado por el informe, conviene recordar verdades y desmontar falacias:

1. Desde mediados de los años ochenta los servicios de estudios de las entidades financieras, fundaciones y otras instituciones han ido elaborando documentos e informes con el fin de demostrar que el sistema público de pensiones resulta inviable. En todos ellos se anunciaba que el sistema entraría en quiebra a plazo fijo. El caso es que han ido llegando sucesivamente las fechas fijadas sin que se produzca la debacle anunciada.

2. La argumentación de todos esos informes es casi idéntica. Parten del hecho de que el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad configurarán una pirámide de población en la que la proporción entre trabajadores y pensionistas se inclinara a favor de estos últimos, en tal medida que hará insostenible el sistema. Se recurre a la tasa de dependencia citada, por ejemplo, en el reciente informe de la OCDE.

3. Esta forma de argumentar olvida la variable de la productividad. La cuestión no estriba en cuántos son los que producen, sino en cuánto es lo que se produce. Cien trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es diez veces superior, de tal modo que, aun cuando esta proporción del número de trabajadores por pensionistas se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor. Quizá lo ocurrido con la agricultura pueda servir de ejemplo. Hace cincuenta años, el 30% de la población activa española trabajaba en el sector primario; hoy, únicamente lo hace el 4%, pero ese 4% produce más que el 30% anterior. En resumen, un número menor de trabajadores podrá mantener a un número mucho mayor de pensionistas.

4. En los últimos cuarenta años, gracias a los incrementos de la productividad, la renta per cápita en términos constantes casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una evolución similar. Mientras que la renta por habitante de una nación se mantenga constante o se incremente, ningún colectivo, bien sea de pensionistas, bomberos o empleados de banca, tiene por qué ver empeorada su situación económica. Si en un periodo de tiempo, un colectivo (por ejemplo los jubilados) ve cómo sus ingresos crecen menos que la renta por habitante es porque otras rentas, ya se trate de las salariales, de capital o empresariales, crecen más. Se produce por tanto una redistribución de la renta en contra de los pensionistas y a favor de los otros colectivos, que con toda probabilidad serán el de los dueños del capital o el de los empresarios. Y tales aseveraciones se cumplen siempre sea cual sea la pirámide de población, la esperanza de vida o la tasa de natalidad. Sigue leyendo

Mensaje Navidad de Franco

Este es el último mensaje de Navidad de Franco el fin de año de 1974 Franco y Juan Carlos

Y años anteriores: 19551957 y 1958, 19601966, 1967, 1969 o en inglés

Y los mensaje del ex rey Juan Carlos desde 1975 hasta 2013.

José Mota imitando al rey en 2010

¿Vivían mejor los sindicatos con Franco?

La pregunta puede parecer del todo ridícula para cualquier lector mínimamente informado sobre la historia del movimiento obrero bajo la dictadura franquista. Sin embargo, por increíble que parezca, el discurso de la derecha que afirma que los sindicatos han heredado del franquismo una posición privilegiada en la sociedad, cuyo precio lo pagan millones de parados condenados a estar excluidos del mercado laboral en democracia, se halla fuertemente arraigado en la cultura política popular de la derecha española. Esta cultura salió a relucir con el discurso público que lanzaron autoridades políticas del PP con ocasión de las reformas laborales. La ahora defenestrada Esperanza Aguirre, por ejemplo, afirmaba que la reforma acababa con el marco franquista de relaciones laborales y acusaba a los sindicatos de defender políticas anticuadas, reaccionarias y antisociales.

Nada refleja mejor esta concepción del mundo que un artículo para Bloomberg de Ana Palacio. En él, la ex ministra de exteriores de Aznar y ex vicepresidenta del Banco Mundial, le explicaba a un público internacional cuál había sido, según ella, la verdadera condición privilegiada bajo la que vivían los trabajadores y los sindicatos bajo Franco mediante afirmaciones como ésta: “La legislación laboral franquista ofrecía a los trabajadores una seguridad laboral de hierro y unos fuertes derechos de negociación colectiva. Estos eran elementos críticos de los sistemas de bienestar que fueron adoptados por regímenes fascistas o nacionalsocialistas que intentaban preservar la armonía social en Europa en ausencia de la democracia. Cambiar estos elementos ha sido una prueba crítica de la madurez de la democracia española desde su establecimiento en 1977 y los gobiernos sucesivos han fracasado en este intento. Al contrario de lo que se podría esperar, ha sido la izquierda política la que se ha opuesto más a cambiar leyes que fueron adoptadas bajo la dictadura fascista de Franco”.

Si uno tuviera que basar su conocimiento de la historia de la Europa de posguerra en esta especie de Cuéntame cómo fue surrealista de la derecha Española podría llegar a pensar que el estado de bienestar en realidad lo inventó el fascismo y que en los verdaderos estados de bienestar que se establecieron en las democracias liberales de posguerra (en Alemania Federal, Inglaterra, Francia o Italia) reinaba el despido libre, no existía la negociación colectiva y los sindicatos no jugaban ningún papel relevante, mientras que en la España de Franco sucedía lo contrario. Por lo visto en el ideario político de Palacio sólo los regímenes fascistas promueven seguridad en el empleo y sistemas de bienestar mientras que democracia debería de ser sinónimo de despido libre y libertad de contratación.

En realidad este relato revisionista de la derecha Española se apoya en una selección interesada de ciertos elementos históricos de las relaciones laborales durante un periodo concreto del franquismo para tergiversarlos de manera interesada. El marco de relaciones laborales franquista no fue homogéneo durante los casi 40 años de dictadura y con el paso del periodo autárquico al periodo de liberalización económica bajo el Plan de Estabilización, a finales de los años cincuenta, estas relaciones sufrieron transformaciones.

En 1958 el régimen de Franco promulgó la famosa Ley de Convenios Colectivos Sindicales que rompía el monopolio del gobierno a la hora de fijar las condiciones laborales, existente bajo el periodo de autarquía. Esta ley sentó una de las bases para la liberalización de la economía bajo el Plan de Estabilización. Al contrario de lo que predica Ana Palacio, en aquel contexto histórico, el marco de relaciones laborales regido por convenios colectivos fue introducido por el franquismo precisamente para facilitar la liberalización de la economía, tratando de adaptar los salarios a la productividad, tal y como hoy pretende la CEOE.

Sin embargo, los convenios colectivos fueron introducidos por el franquismo en un marco normativo en el que el que no se reconocía la existencia de las partes en las relaciones laborales y por tanto, tampoco su autonomía. De este modo, los convenios se negociaban en el seno de la Organización Sindical Española (OSE), el Sindicato Vertical, que integraba obligatoriamente tanto a patronos como a obreros en un mismo sindicato controlado por el estado. Los convenios colectivos se introdujeron para flexibilizar los salarios y las condiciones de trabajo y adecuarlos así a la situación de las empresas. En realidad, un paso en la misma dirección en la que ahora quiere avanzar el PP, descentralizando la negociación colectiva todavía más para dar más peso a los convenios de empresa. Sigue leyendo