El gasto militar español: ilegítimo, opaco e insolidario

De nuevo el peso abrumador del gasto militar sobre nuestras vidas pasa desapercibido ante la capa de irrelevancia y de opacidad con la que sus promotores han sabido esconderlo a los ojos de casi todos. Para llevar a cabo esta ocultación cuentan con la complicidad, no exenta de responsabilidad, de no pocos opinadores y con el consenso desde arriba, por activa o por pasiva, de los políticos de viejo y nuevo cuño, los primeros más entusiastas y los segundos tal vez más resignados.

El estudio realizado este año con el apoyo de 19 organizaciones y medios de difusión, detecta al menos 31.000 millones de € de gasto militar destinados a sufragar el entramado de la defensa durante 2016, lo que supone más del 2,7% del PIB español y el 7,14% del total de gasto de los presupuestos del estado.helicoptero

La dimensión tan extraordinaria de este gasto se oculta en un maremágnum de equívocos hábilmente tejidos desde arriba, con lo que nos quieren hacer creer que

1º) se gasta poco en defensa (el mantra del Ministerio de Defensa, tanto en época de Rajoy como con ZP es que estamos al nivel de Luxemburgo en gasto militar y entre los estados que menos gastan en Europa) y

2º) que nuestros ejércitos, si no consiguen suculentas mordidas al presupuesto en breve (mordidas que suelen realizarse mediante la aprobación en verano y con nocturnidad de multimillonarios créditos militares extraordinarios y extrapresupuestarios y con un constante nivel de sobregasto en las liquidaciones de los presupuestos anuales de +20% de lo inicialmente presupuestado por el Ministerio de Defensa), nos dejarán indefensos ante las “amenazas” (por otra parte indemostradas, indefinidas, inconcretas, hipotéticas y de naturaleza no militar) que se ciernen sobre nosotros.

Nos oculta esta estrategia comunicativa del Ministerio de Defensa que el nivel de gasto militar que tenemos:

1) es inaceptable en comparación a otras prioridades públicas y sociales,

2) nos ha arrastrado a una situación de endeudamiento inabordable (más de 30.000 millones de € en compromisos por compras de armas, a lo que sumar las nuevas “inversiones” en armas que pretenden subir esta deuda en otros 10.000 millones más),

3) provoca un pago anual de deuda militar para el autofinanciamiento del gasto militar corriente que supera los 16.000 millones de €, o que

4) todo ello nos obliga a una creciente sumisión respecto de los señores de la guerra y los vendedores de armas, de los halcones de occidente y su política agresiva y condiciona toda la política de defensa del Estado a los intereses ilegítimos del que podemos llamar con toda justicia complejo militar industrial español (complejo militar industrial que amalgama políticos e industriales “puerta giratorias”, una banca tenedora de deuda militar e inversora en este negocio que bien podemos denominar “banca armada” y un cúmulo de intereses creados de nuestra casta extractiva que tiene su mejor y más acabada expresión en el dominio en el parlamento del consenso “pro militarista” y el silencio en los espacios de comunicación e información de toda crítica a esta situación). Y,

5) Nos convierte en un estado canalla, uno de los principales promotores de la guerra y del intervencionismo militar en el mundo, ya sea mediante la venta directa y orquestada desde el estado de armas, ya mediante la contribución con fuerzas militare en cuanta operación militar exterior se promueve. Sigue leyendo

Reapropiarse de los bienes comunes

El neoliberalismo no es un espíritu satánico que se manifiesta cuando algunas fuerzas oscuras lo convocan. El neoliberalismo es producto de la conquista de las instituciones por parte de las élites económicas y el poder financiero. Todo un asalto institucional. Para consolidar la privatización de servicios públicos fue necesaria la creación y el uso intensivo de herramientas jurídicas, leyes parlamentarias y tácticas capitalistas para cercar y extraer renta de la producción social: apertura de espacios para que se inyecte y circule el capital financiero sin control público; sistemas de evaluación de los servicios públicos basados en métricas economicistas; pliegos y condiciones de contratación de servicios básicos que escamotean el control público; políticas, reglamentos y medidas coercitivas para convertir en mercancía el trabajo, la tierra, el dinero y los saberes. Por eso darle la vuelta al calcetín no es tan fácil. La santería no nos sirve.bienes-publicos

En “El Puerto de Barcelona: un gobierno en la sombra” se señala una estrategia de privatización que ha entregado un gran poder sobre el territorio a instituciones privadas y que incluso se ha replicado de una ciudad a otra. Las Autoridades Portuarias, figuras legales con autonomía presupuestaria y de gestión, han logrado un aislamiento absoluto de la presión pública y ciudadana respecto a la transformación de los frentes marítimos. La privatización de bienes comunes urbanos se desarrolló en paralelo al desarrollo urbanístico de los centros de las ciudades y para culminar ambos procesos fue necesario producir marcos jurídicos y arreglos institucionales específicos.

La principal reflexión que contiene este ejemplo no revela nada nuevo: el neoliberalismo ha logrado avanzar y entregar poder a grandes oligopolios construyendo sus propios principios científicos, normativos y sus propias dinámicas de organización y movilización. El neoliberalismo urbano ha diseñado una “administración paralela” que ha creado auténticos candados para poder perseverar y que cuenta con un buen listado de casos de corrupción y pillaje. La principal aportación que queremos ofrecer, en el fondo, funciona en un sentido inverso. La remunicipalización y la reapropiación de los bienes comunes solo pueden avanzar tomando en cuenta esas mismas dimensiones, pero para democratizar los recursos públicos.

La reapropiación de los bienes comunes ha de plantearse como un problema institucional, como la necesidad de defender, diseñar, implementar y asumir un conjunto de derechos, normas, obligaciones y compromisos para reapropiarse de lo enajenado y garantizar las condiciones materiales de subsistencia y reproducción social.  No solo necesitamos datos y organización ciudadana, sino también producir y empujar marcos jurídicos que reviertan la situación. Las batallas contra el neoliberalismo que se han dado históricamente han intentado actuar en esa triple dimensión: producir movimiento, producir datos, producir norma.

En su libro “Común”, Laval y Dardot recuerdan las palabras de la militante india Vandana Shiva que ilustran el enfoque político de estas prácticas de reapropiación de lo común: “Si la globalización es el cercamiento final de los comunes –nuestra agua, nuestra biodiversidad, nuestros alimentos, nuestra cultura, nuestra salud, nuestra educación– recuperar los comunes es el deber político, económico y ecológico de nuestra época.”

Estas palabras acompañaban a las protestas que se alzaron en Cochabamba como respuesta a la privatización de la provisión de agua potable, entre enero y abril del 2000. La declaración de Vandana Shiva pone sobre la mesa cómo las instituciones capitalistas crean las condiciones necesarias para que el mercado pueda ampliar el espacio sobre el que generar excedentes. En el caso de Cochabamba, una organización supraestatal –el Banco Mundial– promociona a una multinacional estadounidense –Bechtel Corporation– para ser contratada por el entonces Presidente de Bolivia –el dictador Hugo Banzer– quien previamente generó el marco institucional para poder asegurar la legalidad de la privatización. Frente a estas prácticas de desposesión que no solo encarecían el precio del agua y limitaban su acceso, sino que además destruían los sistemas comunales que la gestionaban, la “Batalla del Agua” fue uno de los procesos de organización social que materializó la defensa de los bienes comunes.

Inspirados por estos procesos, Ugo Mattei –catedrático italiano especializado en derecho civil y comparado– junto a un número importante de organizaciones, llevaron a cabo una Iniciativa Legislativa Popular en la Unión Europea para hacer una Carta Europea de los Bienes Comunes. La iniciativa buscaba establecer, ante la oleada de privatizaciones de servicios públicos que se estaban produciendo en todo el continente, el estatus jurídico y la protección de los bienes comunes a escala europea. Este proceso iniciado en 2011 no consiguió sus principales objetivos, pero abrió una red que sigue organizándose para afectar la agenda europea. Fue uno de los primeros intentos contemporáneos, junto a otros como la “Comisión Rodotà para la Reforma de los Bienes Públicos”, que buscaban actuar sobre el marco administrativo de los bienes comunes, buscando consolidar su expresión jurídica.

Desde la escala municipal más próxima, una estrategia con los mismos principios está conducida por movimientos como “Aigua és Vida”. Esta plataforma formada por una red de entidades sociales ha creado dispositivos de movilización y ha difundido información sobre el impacto negativo que la privatización del agua ha tenido sobre el precio y la eficiencia del servicio. Junto al trabajo para mostrar la viabilidad legal para revertir los procesos de privatización, “Aigua és Vida” ha situado en la agenda la remunicipalización del agua, un tema que empieza a parecer posible en Barcelona. El propio movimiento ha diseñado una “Guía práctica para caminar hacia una gestión no mercantil y democrática del agua” con algunas indicaciones, intentando transferir sus saberes prácticos a otros municipios. Cada vez son más los municipios catalanes que se suman a la remunicipalización y se pueden unir más a la lista durante este año, como esperamos sea el caso de Terrassa.

Una experiencia actual centrada en la gestión comunitaria de equipamientos en Italia nos señala una de las claves de estos procesos de democratización. En el año 2015 el Ayuntamiento de Nápoles aprobó una serie de medidas administrativas para regular, promover e institucionalizar los bienes comunes en el ámbito urbano. Un proceso encaminado a reconocer jurídicamente espacios de autogobierno e implementar modelos de gestión ciudadana de bienes del patrimonio inmobiliario del Ayuntamiento. Este proceso nació de la “experimentación del uso cívico y colectivo urbano de l’Asilo” un equipamiento de titularidad municipal declarado Patrimonio de la Humanidad.

El 2 de marzo de 2012 un colectivo de trabajadores y trabajadoras culturales, conjuntamente con más ciudadanos que formaron parte del proceso, ocuparon L’Asilo. Esta intervención estaba inicialmente planteada para desarrollar actividades culturales autogestionadas durante tres días. Finalmente, a partir de la propia organización ciudadana, se planteó legalizar la autogestión de l’Asilo, recuperando una fórmula jurídica italiana en desuso pero todavía vigente: el uso cívico de un bien público. Este fue el primer paso para lo que finalmente sería un caso de innovación jurídica sin apenas precedentes. A través de una ordenanza municipal, el Ayuntamiento de Nápoles recogió en sus estatutos el concepto de “bien común”, incluyendo en su parte dispositiva el reglamento de uso del inmueble, escrito por los participantes en la asamblea de l’Asilo.

La capacidad de los colectivos de l’Asilo para usar la Ley con el objetivo de invertir las formas de gestión privada vigentes en su municipio nos ofrece toda una lección. Frente al conservadurismo latente –casi “natural”– de gran parte de los servicios jurídicos municipales fue necesaria una fuerza organizada externa con capacidad para incidir en los reglamentos municipales e intervenir en el “Interés General” o, mejor dicho, en el “Bien Común”.

En todos estos procesos convergen tres puntos. En primer lugar, producir datos: nuevas métricas para mostrar la capacidad de producir servicio público por parte de espacios gestionados democráticamente, ya sean públicos o comunitarios. En segundo lugar, producir movimiento: crear alianzas de solidaridad con otros espacios y contextos para reforzar aquellos procesos que cuentan con legitimidad social pero no tienen soporte institucional. En tercer lugar, producir norma: tener un cuerpo militante que, a partir de la alianza entre espacios de lucha y saberes expertos sobre derecho administrativo, generen formas de intervenir en los marcos jurídicos vigentes.

Sin una fortaleza colosal de esa triple dimensión desde el afuera, resulta difícil cambiar el adentro y avanzar en la revolución democrática. Si en algunas de esas dimensiones necesitamos algo más que ideas y diagnósticos, hagamos uso de los recursos que el actual ciclo de “asalto institucional” nos prometió.

(Mauro Castro y Rubén Martínez, La Hidra Cooperativa)

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Mensaje de Navidad de Franco

Este es el último mensaje de Navidad de Franco el fin de año de 1974 Franco y Juan Carlos

Y años anteriores: 19551957 y 1958, 19601966, 1967, o en inglés

Y los mensaje del ex rey Juan Carlos desde 1975 hasta 2013

José Mota imitando al rey en 2010

El primer pirata del aire en España

En los últimos años, han sido varios los casos de intentos de raptos de aeronaves frustrados por el resto de la tripulación. ¿Quién lo impidió en el caso del primer secuestro aéreo español?secuestro

Hace 46 años desde esa “aventura” que inauguró la “piratería aérea” en España, vivo aún Francisco Franco y en el que uno de sus generales jefes de la región militar de Zaragoza, el teniente general Rute Villanova, alumbró la idea de dejar el aeródromo de la capital maña a oscuras, ordenando la “operación bloqueo” de la nave de Iberia retenida.
Tres décadas después, el relato de lo sucedido tiene elementos más bien cómicos. Cuatro horas y media duró el primer secuestro aéreo en nuestro país y el “pirata del aire” no era otro que un estudiante de Informática que antes de ir a Barajas, en la noche de Reyes, había comprado una pistola de plástico con apariencia de una real en una juguetería de la capital.
A las 20.15 horas del 7 de enero de 1970 embarcó en el avión regular que Iberia fletaba entre Madrid y Zaragoza. La nave viajaba con 43 tripulantes a bordo, uno de ellos, de nombre Mariano Ventura Rodríguez, madrileño de 18 años y, a la postre, el secuestrador.

«Quiero ir a Cuba y sin rechistar»

Cincuenta minutos después de tomar asiento, el joven con su arma de juguete encañonó a una azafata, y ambos se dirigieron a la cabina del comandante. La azafata, María del Mar Ochoa “muestra tranquilidad”, mientras el secuestrador comunica al comandante Luis Arias Bernal y al radio Martínez Sánchez que se trata de “un secuestro”.
No le faltó tiempo para decir sus intenciones, un tanto abstrusas a medida que transcurre la “conversación”: “Quiero ir a Cuba inmediatamente y sin rechistar”. Una vez le comunican que es imposible dado el combustible que lleva el avión, cambia: “Bueno, pues entonces iremos a Tirana, en Albania”. Respuesta: también es imposible. Ventura, visiblemente trastornado, amenaza a todo el pasaje: “Tienen que hacerlo ya, de lo contrario, comenzaré a disparar sobre los pasajeros”. Pero a las 21.15 horas y ya sobrevolando el aeropuerto de Zaragoza, el comandante que aún tenía la pistola apuntándole en el cuello dio el aviso de lo que ocurría dentro del avión a la torre de control, disparándose todas las alarmas en la Comandancia de la región militar. Mariano Ventura seguía empeñado en paras en Zaragoza, repostar el combustible que faltaba y reemprender vuelo rumbo a Tirana, aunque llega a pedir otro rumbo: se conforma con ir a Marsella, después de que le hayan informado que para terminar en tierra albana, sería necesario hacer dos escalas, una en Marsella y, luego, en Roma.

El sarcasmo del secuestrador

El secuestrador sale enfurruñado de cabina y habla a los asustados pasajeros: “Ustedes van a conocer Marsella, Roma y Tirana. Tendrán que agradecerme todos haber podido conocer estas bonitas ciudades”.
Con menos sorna se lo estaba tomando en esos momentos la Jefatura militar, que ordenó bloquear el avión, apagar todas las luces de las pistas una vez que el avión tomara tierra y le dan la orden al comandante Arias Bernal que “entretenga” al captor y gane algo de tiempo. Mientras aterrizan, la nave es rodeada por vehículos militares, coches de policía y todos los camiones que logran reunir.
Los mismos relatos de la historia aeronáutica comentan que en ese lapso temporal el mecánico del avión Álvarez-Caribe llegó a inventar que había una seria avería eléctrica que impedía seguir volando. “En realidad, había desconectado varios fusibles de acuerdo con el plan”. Ventura se desquicia: “Les doy 15 minutos para que despeguemos o iniciaré una matanza de la que nadie se librará”.
Pero en ese momento las autoridades militares estaban iniciando ya un diálogo por megafonía con el joven, para tratar de reducirlo, mientras guardias civiles desinflaban dos de los neumáticos del avión, comentan. La información habla de que las baterías del avión se agotan, se quedan a oscuras, y el capitán de la Policía convence al captor, con la posibilidad aún patente de que fuesen más de uno los delincuentes: “Si se entregan, les pueden salir un par de años de cárcel, pero si les ocurre el más mínimo percance a los pasajeros o tripulación, al amanecer serán fusilados”.
El secuestrador, vencido, sale por la escalerilla auxiliar del avión. “El secuestrador no mostraba miedo ni nerviosismo. Apestaba a alcohol. Al cabo de un rato se sintió mareado y pidió varias veces un médico”. El resto de la historia cuenta un interrogatorio en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza y ante el juez militar de instrucción, para pasar a ingresar provisionalmente en la prisión provincial de Zaragoza.

Más de 200 millones de pesetas que abonó Iberia

Mariano Ventura pasó poco tiempo en la prisión madrileña de Carabanchel, como le habían advertido, mientras que la compañía nacional Iberia pagó 100.000 pesetas por los gastos y daños ocasionados a la nave durante este episodio, y otros 200 millones de pesetas más por el encarecimiento de sus primas de seguros.
Al día siguiente arribó a España, casualmente por motivos de agenda, el director del servicio de seguridad de IATA (Asociación Internacional del Transporte Aéreo), Anthony R. Stephens, quien comentó que se habían computado 105 secuestros aéreos en los últimos tres años, y éste era el primero notificado en España, pero que en Estados Unidos comenzaban ya estar tan habituados que se había impuesto recientemente una condena de 20 años de reclusión a un delincuente aéreo y la pena de muerte era factible para un “pirata del aire”. Historias del pasado que parecen un alegato recordatorio de nuestro presente (ABC, 10/VIII/2011).

Grecia ya no existe como estado soberano

grecia

En Grecia llevamos seis años de “rescate”, y los hechos son estos: un 25% de disminución del PIB, un 26% de tasa de paro (más del 55% en el caso de los jóvenes), un 30% de empresas cerradas, más de un millón de despidos, un 38% de reducción salarial media, un 45% de reducción de pensiones media, una tasa de ahorro del -17%, 600.000 jóvenes cualificados emigrados, un aumento del 42% de la mortalidad infantil, un cuarto de la población bajo el umbral de la pobreza, millares de personas y familias comiendo cada día de la caridad popular, un año de “control de capitales”, un gobierno a las órdenes de los acreedores, el mayor plan de privatizaciones del mundo, y casi dos personas suicidándose al día durante los últimos seis años. Pero ¿algo habrá de positivo?, cabría preguntarse. ¡Habrá disminuido, al menos, la deuda! Pues no: la deuda estaba en el 120% del PIB cuando empezó el “rescate” y ahora está ya en el 180%; después de haber dedicado más de 460.000 millones a su amortización y de todos los sacrificios materiales y humanos. ¿No se ha dinamizado, acaso, la economía? ¿No han servido las medidas para atraer inversores? Tampoco: el PIB ha caído en picado, las empresas –grandes y pequeñas– están desertando y el país se encuentra a la cola del mundo en el ranking de inversiones, tan sólo por delante de países en estado de crisis humanitaria o guerra, como Suazilandia, Yemen, Eritrea, Sudán del Sur y Guinea Bissau. Y esto no es todo.

Si este balance fuera la cuenta de resultados de cualquier partido o coalición en un gobierno, éste habría caído ya en el más absoluto descrédito, y no habría nada que justifique ante alguien cuerdo la continuidad de su gestión. Pero, como es la cuenta de resultados de las políticas de la Unión Europea y de la Troika, es incuestionable, y al acatamiento de ese dogma del Único Camino contribuyen diariamente la clase política, la prensa del establishment y la comunidad académica, con una complicidad lesiva que deberá ser estudiada entre las causas de esta situación por los historiadores del futuro.

Tristemente, este penoso balance ya se ha quedado corto, porque, como era de esperar, la situación ha seguido empeorando en el último año y medio, durante el Gobierno de Syriza– ANEL y a raíz de la firma del tercer memorándum. Cuidado: nadie piense que el empeoramiento se debe a que los gobiernos anteriores –los del bipartidismo tradicional y los impuestos por los acreedores– hacían una política distinta y mejor, o a que el gobierno actual ha dado un giro antieuropeo que ha hecho descarrilar la situación irresponsablemente; no, el empeoramiento de la situación –un hecho incontestable– se debe, precisamente, a que se ha seguido aplicando, en un grado mayor, estrictamente la misma política de la UE.

¿Cómo es posible? ¿No era Syriza un partido rupturista que puso en jaque a Europa y a los mercados con su rápida ascensión en las elecciones europeas de 2014, su victoria en las nacionales de enero de 2015, su indómito ministro Varoufakis, sus extenuantes negociaciones con el Eurogrupo y su incómodo referéndum del OXI? Los hechos –una vez más, los hechos– demuestran que no. Syriza, lejos de ser algo así, resultó ser una oportuna válvula de escape para neutralizar gran parte de la peligrosa indignación social acumulada en los primeros cuatro años de “rescates” y frenar por un tiempo las manifestaciones en la calle, un candidato de refresco para el fatigado bipartidismo Nueva Democracia – PASOK, y un fiel ejecutor de las políticas del núcleo duro de la UE contra la voluntad y la confianza de los votantes que llevaron al partido al poder y contra la del 61,4% del electorado que votó NO en el referéndum por él convocado.

Para demostrarlo, volvamos a los hechos. Durante sus primeros meses de mandato, lo único que el nuevo gobierno consiguió obtener de aquel interminable thriller de negociaciones con la UE fue “afinar”, con el beneplácito de sus acreedores, las condiciones del endeudamiento crónico de Grecia. A cambio, reconoció implícitamente la deuda y su viabilidad; consolidó el Acuerdo de Préstamo y los memoranda (al no impugnar ni el uno ni los otros); se obligó a guardar fidelidad a la Troika (rebautizada eufemísticamente como “Instituciones”); condicionó a la aprobación de dichas Instituciones todas las reformas propuestas por su gobierno; se comprometió a utilizar los préstamos europeos sólo para recapitalizar a la banca y no para políticas sociales o de desarrollo; consintió la presencia continuada de tecnócratas europeos en los ministerios (task force) y la aplicación de sus “recomendaciones” para cumplir con los objetivos financieros; convino en seguir adelante con el ingente plan de privatizaciones; accedió a dedicar el total de los ingresos de privatizaciones y del superávit primario al pago prioritario de los acreedores a través de una cuenta cerrada en el Banco de Grecia; y se comprometió a no tomar unilateralmente medidas que pudieran afectar a los objetivos financieros sin la aquiescencia de las Instituciones.

Así pues, el Gobierno de Syriza-ANEL supuso continuismo y no ruptura. Ruptura hubiera sido, por ejemplo, detener de inmediato el pago de la deuda, auditarla de manera exhaustiva ejerciendo el derecho que le reconoce la propia UE (Art. 7.9 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, 21/5/2013), negar la legitimidad de la Troika (amparados en la ignorada resolución que el propio Parlamento Europeo adoptó el 14 de marzo de 2014), poner de manifiesto la inconstitucionalidad de los procesos por los que fueron aprobados los memoranda y el Acuerdo de Préstamo, promulgar por mayoría parlamentaria una nueva ley que los declare nulos, y llevar a los artífices de los acuerdos y los planes de rescate ante los tribunales internacionales (pues hay estudios que demuestran que los programas de la Troika contravienen el propio derecho originario de la Unión Europea y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y violan asimismo derechos fundamentales –vivienda, sanidad, seguridad social, educación, salario justo, negociación colectiva…– recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la Carta de Naciones Unidas y en otros acuerdos internacionales). Pero nada de eso se hizo.

Después del referéndum de julio de 2015 –en el que, pese al cierre de los bancos y a la intensa campaña mediática de intimidación, el resultado fue un rotundo NO a las políticas de austeridad europeas– el Gobierno griego se vio con varias cartas muy fuertes en su mano: el 61% de NO, la declaración del FMI sobre la inviabilidad de la deuda si no se procedía a una importante quita, otra declaración de expertos en Derechos Humanos de la ONU (30/6/2015) sobre la violación de lo dispuesto en la Carta de Naciones Unidas (Art. 103) y en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Art. 53) por parte del Acuerdo de Préstamo y de los memoranda de la Troika, así como el informe de la Comisión de la Verdad sobre la deuda griega –comisión constituida a instancias del propio gobierno y presidida por Eric Toussaint–, que concluyó que, en un altísimo porcentaje, la deuda puede ser calificada de odiosa e ilegal. Pero el gobierno tiró todas esas cartas a la basura. A la vuelta del verano, ganó de nuevo las elecciones nacionales del 20 de septiembre, y, poco después –¡con los votos de la oposición!–, aprobó el tercero y más oneroso de los memorando firmados hasta el momento.

Dicho memorándum ha traído nuevos recortes en salarios, pensiones y gasto social, así como también el compromiso de aplicar recortes de forma automática y sin necesidad de aprobación del Parlamento siempre que no se alcancen los objetivos financieros señalados. Del nuevo “rescate” de 83.400 millones –que incrementan considerablemente la deuda–, 70,9 van directamente a amortizar capital e intereses y a recapitalizar a la banca privada; y sólo 12,5 se destinan formalmente a inversión y crecimiento. ¿Quién presta ese dinero? La “parte del ratón” la ponen el FMI (13,7) y diversos préstamos bilaterales (7), mientras la “parte del león” la aporta el opaco Mecanismo Europeo de Estabilidad (62,7), un organismo nada democrático, ajeno al control de todo parlamento o gobierno, y cuyas condiciones Grecia se obliga a aceptar renunciando a sus prerrogativas de Estado soberano. ¿Y quién pone el dinero del MEDE? La contribución de los Estados miembro al préstamo del Mecanismo aporta sólo “garantías”: en realidad, los 62.700 millones debe ponerlos la propia Grecia, obligándose a obtener un superávit primario de 12.700 millones y a llevar a cabo un ambicioso plan de venta de activos por valor de 50.000 millones. Tal superávit primario, en estas condiciones, sólo puede salir de una austeridad letal; y los 50.000 millones en activos sólo pueden salir de malvender todos los bienes del país (recordemos que, cuando el “rescate” sólo estaba empezando, apenas consiguieron venderse activos por importe de 2.500 millones al año).

Para “agilizar” las cosas, el plan de privatizaciones de Grecia ha estado dirigido, desde el primer momento, por sucesivas entidades de derecho privado regidas por tecnócratas, con sede fuera del país y cada vez más alejadas del control estatal. Últimamente, quien dirigía la almoneda era un fondo llamado Institution for Growth, con sede en Luxemburgo (país a la cabeza en la lista de blanqueo de dinero de la UE) y supeditado al Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW), institución alemana cuyo actual presidente es Wolfgang Schäuble. Pero esto también se ha quedado corto, y el gobierno ha acordado la creación de un “superfondo”, controlado en gran medida por el Mecanismo Europeo de Estabilidad, al que serán transferidos todos los activos del Estado griego para su explotación y venta con vistas a la amortización de la deuda por un período de… ¡99 años!

Más vale no seguir. En estos momentos, los ingresos medios de la familia griega se cifran en 20.000 euros anuales; los gastos mínimos y los impuestos, en 36.760. ¿Cómo se suple ese 46%? ¿Cuántos años se puede continuar así? Y aún hay que aplicar nuevos paquetes de “medidas” para seguir haciendo caja. Con este balance, sólo comparable al de algunos países depauperados por el colonialismo y la guerra, Grecia ha recibido, en los últimos tiempos, el 80% de los refugiados y migrantes que cruzan el Mediterráneo hacia Europa, y retiene en su suelo a casi 60.000, merced a las políticas insolidarias de la UE. Y esta primavera –sin pasar siquiera por la aprobación del Parlamento, sin que nadie se entere de lo que se ha pactado–, el Gobierno ha firmado un acuerdo con la OTAN poniendo en sus manos el control del Egeo.

El balance es penoso, y sería aún muy largo de contar; pero podría resumirse en una idea: Grecia, si aún no de iure, ha dejado de facto de ser un Estado soberano, una “asociación política con soberanía efectiva, interna y externa, sobre una zona geográfica determinada”; pues ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo territorial, se aviene ya –aunque sea de lejos– a esta escueta definición. Grecia ya no existe como Estado soberano. Y el pueblo griego necesita un proyecto en que creer, un empeño colectivo capaz de justificar sus enormes sacrificios, una esperanza de seguir existiendo en el futuro. Pero ninguna, ninguna de las medidas que se han aplicado y que se siguen aplicando, tiene nada que ofrecerle en este sentido. Lo prueban los hechos.

Cuidado con lo que se avecina

CUIDADO… con lo que se avecina… es mas gordo de lo que os imagináis… un gobierno Europeo impuesto por los Neocon que irá quitando a corto plazo a los políticos demócratas y manipulando las elecciones… y colocando tecnócratas, nos queda poco. Los Indignados tienen más razón de lo que os podáis llegar a imaginar. No es una cuestión de PSOE ni de PP, nada tiene que ver. Esto solo se para negándonos a esas mentiras de pagar la deuda en que ellos nos han metido falsamente para tenernos hipotecados hasta nuestros nietos… se acabaron los Estados/Nación… adiós España.crisis

Hay un problema laboral del colectivo de controladores aéreos que afecta al 1,2% de la población española (600.000 personas) y casi todos saltáis como energúmenos pidiendo hasta el linchamiento de ese colectivo cuando el día anterior hacen otra reforma del sistema laboral más restrictiva, quitan los 420 euros de ayuda a 688.000 parados que están en la ruina y anuncian cambios drásticos a peor en la ley de pensiones que afectan al 80% de la población y nadie se indigna ni dice nada. ¿Sois tan insensibles?.

Estáis pidiendo a gritos al Gobierno que se apliquen medidas que quitan el derecho a la baja laboral, a permisos retribuidos y a las horas sindicales, sacar militares a la calle ¿sois idiotas?.

Estáis leyendo que mintieron en los vuelos de la CIA, en el caso Couso, que González era la X del GAL, que gente del PP cobraba de la trama Gürtel, que hay políticos que cobran más de 230.000 euros al año, pero que nos cuestan más de 3 millones de euros, que la corrupción en la política no es excepción, sino norma, que ellos mismos se adjudican el derecho a cobrar la jubilación máxima con pocos años en las Cortes y a nosotros nos piden 40 de cotización, banqueros que consiguen del gobierno medidas duras contra los trabajadores y que tenían que estar en la cárcel por delitos demostrados de fraude fiscal y no decís nada, os quitan dinero para dárselo a esa gente que cobra cientos de miles de euros año, especula con nuestro dinero, defrauda a Hacienda y seguís callados ¿sois idiotas?.

Tenéis una monarquía que se ha enriquecido en los últimos años, que apoya a los poderosos, a EEUU, a Marruecos y a todo lo que huela a poder o dinero, hereditaria como en la Edad Media ¿sois idiotas?.

En Inglaterra o Francia o Italia o en Grecia o en otros países los trabajadores y los jóvenes se manifiestan hasta violentamente para defenderse de esas manipulaciones mientras en España no se mueve casi nadie ¿sois idiotas?.

Consentís la censura en los medios de comunicación, la ley de partidos, la manipulación judicial, la tortura, la militarización de trabajadores sólo porque de momento no os afecta a vosotros ¿sois idiotas?.

Sabéis quién es toda la gentuza de las revistas del corazón, futbolistas supermillonarios pero jamás escucháis a nadie como Saramago o Chomsky u otros mil intelectuales veraces y comprometidos con vuestros problemas ¿sois idiotas?.

Si mucha gente responde sí, aún nos queda un poco de esperanza de conseguir acabar con la manipulación de los políticos y poderosos. Si la mayoría contesta no, entonces estamos jodidos.

EL GOBIERNO: Ha bajado el sueldo a los funcionarios, congelado las pensiones y reducido la ayuda al desempleo, para afrontar la crisis que han generado los bancos los políticos y los especuladores bursátiles.

Nos gustaría transmitirle al Gobierno lo siguiente:

Dediquen su empeño en rebajar LA VERGÜENZA DEL FRAUDE FISCAL, que en España se sitúa alrededor del 23% del P.I.B. (10 puntos por encima de la media europea) y por el que se pierden miles de millones de €uros, fraude que repercute en mayores impuestos para los ciudadanos honestos.

TENGAN LA VERGÜENZA de hacer un plan para que la Banca devuelva al erario público los miles de millones de euros que Vds. les han dado para aumentar los beneficios de sus accionistas y directivos; en vez de facilitar el crédito a las familias y a las empresas, erradicarlas comisiones por los servicios bancarios y que dejen de cobrar a los españoles más humildes €30.01, cada vez que su menguada cuenta se queda sin saldo. Cosa que ocurre cada 1º de mes cuando les cargan las facturas de colegios, comunidades, telefonía, Etc. y aun no les han abonado la nómina.

PONGAN COTO a los desmanes de las empresas de telefonía y de ADSL que ofrecen los servicios más caros de Europa y de peor calidad.

ELIMINEN la duplicidad de muchas Administraciones Públicas, suprimiendo organismos innecesarios, reasignado a los funcionarios de carrera y acabando con los cargos, asesores de confianza y otros puestos nombrados a dedo que, pese a ser innecesarios en su mayor parte, son los que cobran los sueldazos en las Administraciones Públicas y su teórica función puede ser desempeñada de forma más cualificada por muchos funcionarios públicos titulados y que lamentablemente están infrautilizados.

HAGAN que los políticos corruptos de sus partidos devuelvan el dinero equivalente a los perjuicios que han causado al erario público con su mala gestión o/y sus fechorías, y endurezcan el Código Penal con procedimientos judiciales más rápidos y con castigos ejemplares para ellos.

INDECENTE, es que el salario mínimo de un trabajador sea de 624 €/mes y el de un diputado de 3.996, pudiendo llegar, con dietas y otras prebendas, a 6.500 €/mes. Y bastantes más por diferentes motivos que se le pueden agregar.

INDECENTE, es que un profesor, un maestro, un catedrático de universidad o un cirujano de la sanidad pública, ganen menos que el concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera.

INDECENTE, es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca (siempre por unanimidad, por supuesto, y al inicio de la legislatura).

INDECENTE, es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los diputados les baste sólo con 7, y que los miembros del gobierno, para cobrar la pensión máxima, sólo necesiten jurar el cargo.

INDECENTE, es que los diputados sean los únicos trabajadores (¿?) de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF.

INDECENTE,es colocar en la administración a miles de asesores = (léase amigotes con sueldos que ya desearían los técnicos más cualificados).

INDECENTE, es el ingente dinero destinado a sostener a los partidos y sindicatos pesebreros, aprobados por los mismos políticos que viven de ellos.

INDECENTE, es que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo (ni cultural ni intelectual).

INDECENTE, es el coste que representa para los ciudadanos sus comidas, coches oficiales, chóferes, viajes (siempre en gran clase) y tarjetas de crédito por doquier.

INDECENTE, es que sus señorías tengan seis meses de vacaciones al año.

INDECENTE, es que ministros, secretarios de estado y altos cargos de la política, cuando cesan, son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del ERARIO PÚBLICO.

Y que sea cuál sea el color del gobierno, todos los políticos se benefician de este moderno “derecho de pernada” mientras no se cambien las leyes que lo regula. ¿Y quiénes las cambiarán? ¿Ellos mismos? Já.

Juntemos firmas para que haya un proyecto de ley con “cara y ojos” para acabar con estos privilegios, y con otros.

Haz que esto llegue al Congreso a través de tus amigos.

ÉSTA SÍ DEBERÍA SER UNA DE ESAS CADENAS QUE NO SE DEBE ROMPER, PORQUE SÓLO NOSOTROS PODEMOS PONERLE REMEDIO A ESTO, Y ÉSTA, SI QUE TRAERÁ AÑOS DE MALA SUERTE SI NO PONEMOS REMEDIO, está en juego nuestro futuro y el de nuestros hijos.

¿DÓNDE ESTÁ LA GENTE? SE LEVANTA POR EL FÚTBOL Y NO PARA DEFENDER DERECHOS.

(Arturo Pérez Reverte, 13/02/12)

El futuro de Podemos

La irrupción de Podemos en el espacio público transformó el sistema político español. La indignación y la esperanza que surgieron del 15-M abrieron las mentes de millones de personas a la posibilidad de cambio real en sus vidas, envueltas en las tinieblas de la crisis económica y la manipulación política. El paso del movimiento social al cambio político requiere iniciativas que penetren las instituciones desde fuera del sistema, algo extremadamente difícil porque precisamente las reglas del sistema están hechas para que eso no pase. Por ello hay que reconocer el coraje de un pequeño grupo de mujeres y hombres que, en las condiciones más adversas, se atrevieron a desafiar a poderosas burocracias políticas, y creyeron en la democracia (aún con las consabidas restricciones mediáticas, financieras y de aparatos del poder en la sombra) postulándose para gobernar. Ni más ni menos. Se abrió así un proceso que en tan sólo treinta meses ha puesto en cuestión el dominio de los partidos tradicionales, anquilosados y frecuentemente corrompidos. El ejemplo de Podemos ha tenido amplia repercusión en la esperanza de los jóvenes en Europa y Latinoamérica, asqueados de la política actual pero confusos sobre qué hacer.Prohibido

Es cierto que la crisis del bipartidismo, a la que contribuyó en menor medida Ciudadanos, ha suscitado un periodo de incertidumbre institucional que tiene alarmados a los círculos financieros y desconcertado al personal. Pero ese es el precio de toda renovación política profunda. La verdadera cuestión es si el bloqueo del sistema conduce al cambio o se transforma en marasmo cuando lo viejo no se puede imponer y lo nuevo no acaba de cuajar. Y la respuesta a esa pregunta esta li­gada al futuro de las confluencias de Podemos.

Y digo confluencias porque el rasgo más distintivo de Podemos es que no se trata de un partido unitario. Podemos ha puesto en práctica su concepción de España como Estado plurinacional. Sus componentes son autó­nomos, provienen de expresiones políticas de las distintas sociedades nacionales y regionales. Ada Colau no recibe órdenes de Madrid. Por eso Podemos es la ­primera formación política precisamente en Euskadi y En Comú Podem en Catalunya. Y los avances decisivos de la nueva política se han producido en Galicia, en el País Valenciano y en Baleares. Su fuerza es ser expresión de la diversidad del país sin pasar por el molinete centralizador característico de la derecha autoritaria o la izquierda jacobina.

Parece, sin embargo, que el fenómeno Podemos ha tocado techo tras el 26-J aun contando con más de 5 millones de votos. La pérdida de un millón de votos se debió parcialmente a la abstención de votantes de IU cuyos ex líderes Lara y Llamazares fueron críticos de la alianza. Pero la desmovilización de algunos votantes de Podemos también fue consecuencia de tácticas cambiantes y negociaciones tortuosas para la formación de gobierno. Podemos fue coherente con su negativa a votar un programa marcado por las políticas neoliberales de Ciudadanos y sin posibilidad de compartir gobierno a menos de renunciar a puntos fundamentales de su propuesta. Pero perdió la batalla de la percepción pública, sobre todo entre los mayores, al parecer responsables de la incertidumbre política que, sin ser realmente un problema para el país, se convirtió en la obsesión de los medios y los políticos hasta alarmar a los ciudadanos.

La amplificación del debate interno por parte de los medios acercó a Podemos a la imagen de la política tradicional, siendo así que el debate abierto es una marca de la nueva política. Las campañas anti-Podemos eran de esperar. Si se confronta un sistema, el sistema se defiende con todo. Y es aquí donde Podemos no superó su ambigüedad entre ser una palanca de cambio profundo sin complejos o constituirse en nueva izquierda del sistema para llegar al gobierno. De hecho, nunca fue posible para Podemos ser fuerza hegemónica de gobierno, ni siquiera decisiva. Si su análisis es correcto y si quieren “asaltar los cielos”, era previsible que todos los componentes del sistema, incluidos los socialistas, reaccionaran, construyendo cualquier tipo de coalición para excluirlos. Sánchez no podía, sin permiso de sus superiores, aliarse a Podemos sin el contrapeso de Ciudadanos. Y mucho menos entrar en coalición de gobierno de izquierda bajo liderazgo de Podemos si el sorpasso se hubiera producido. Es esta la contradicción de fondo de Podemos. El cambio ya está en marcha en los ámbitos locales y autonómicos y esto será decisivo. Pero a escala estatal, antes de llegar al gobierno con voz propia necesitan construir hegemonía en la sociedad. Y eso nunca se ha hecho adaptándose a lo que hay sino abriendo las mentes a lo que puede haber.

Un proceso necesariamente lento y que pasa por la movilización contra las políticas antisociales, articulando la protesta cívica con la oposición parlamentaria. Presentarse como socialdemocracia no es creíble, como bien dijo Zapatero, porque la socialdemocracia española es el PSOE. Y es en realidad una mala idea cuando la socialdemocracia se hunde en toda Europa por aparecer claramente como gestora de la austeridad y del imperativo de los mercados. Otra cuestión es recuperar la defensa del Estado de bienestar y otros valores abandonados por la socialdemocracia y articularlos con los nuevos valores del siglo XXI.

Podemos tiene que elegir entre las alianzas parlamentarias para alcanzar cuotas limitadas de poder subordinado o la utilización democrática de las instituciones en representación de una sociedad movilizada contra un sistema injusto. Oscilar entre las dos estrategias conduciría a su desintegración. Y de hecho no tiene mucha elección porque ya no es creíble para el sistema como partido domesticado tras superar sus ínfulas juveniles. El futuro de Podemos está inscrito en su pasado como expresión política autónoma del movimiento social (La Vanguardia, Manuel Castells, 30/7/16).