¿Vivían mejor los sindicatos con Franco?

La pregunta puede parecer del todo ridícula para cualquier lector mínimamente informado sobre la historia del movimiento obrero bajo la dictadura franquista. Sin embargo, por increíble que parezca, el discurso de la derecha que afirma que los sindicatos han heredado del franquismo una posición privilegiada en la sociedad, cuyo precio lo pagan millones de parados condenados a estar excluidos del mercado laboral en democracia, se halla fuertemente arraigado en la cultura política popular de la derecha española. Esta cultura salió a relucir con el discurso público que lanzaron autoridades políticas del PP con ocasión de las reformas laborales. La ahora defenestrada Esperanza Aguirre, por ejemplo, afirmaba que la reforma acababa con el marco franquista de relaciones laborales y acusaba a los sindicatos de defender políticas anticuadas, reaccionarias y antisociales.

Nada refleja mejor esta concepción del mundo que un artículo para Bloomberg de Ana Palacio. En él, la ex ministra de exteriores de Aznar y ex vicepresidenta del Banco Mundial, le explicaba a un público internacional cuál había sido, según ella, la verdadera condición privilegiada bajo la que vivían los trabajadores y los sindicatos bajo Franco mediante afirmaciones como ésta: “La legislación laboral franquista ofrecía a los trabajadores una seguridad laboral de hierro y unos fuertes derechos de negociación colectiva. Estos eran elementos críticos de los sistemas de bienestar que fueron adoptados por regímenes fascistas o nacionalsocialistas que intentaban preservar la armonía social en Europa en ausencia de la democracia. Cambiar estos elementos ha sido una prueba crítica de la madurez de la democracia española desde su establecimiento en 1977 y los gobiernos sucesivos han fracasado en este intento. Al contrario de lo que se podría esperar, ha sido la izquierda política la que se ha opuesto más a cambiar leyes que fueron adoptadas bajo la dictadura fascista de Franco”.

Si uno tuviera que basar su conocimiento de la historia de la Europa de posguerra en esta especie de Cuéntame cómo fue surrealista de la derecha Española podría llegar a pensar que el estado de bienestar en realidad lo inventó el fascismo y que en los verdaderos estados de bienestar que se establecieron en las democracias liberales de posguerra (en Alemania Federal, Inglaterra, Francia o Italia) reinaba el despido libre, no existía la negociación colectiva y los sindicatos no jugaban ningún papel relevante, mientras que en la España de Franco sucedía lo contrario. Por lo visto en el ideario político de Palacio sólo los regímenes fascistas promueven seguridad en el empleo y sistemas de bienestar mientras que democracia debería de ser sinónimo de despido libre y libertad de contratación.

En realidad este relato revisionista de la derecha Española se apoya en una selección interesada de ciertos elementos históricos de las relaciones laborales durante un periodo concreto del franquismo para tergiversarlos de manera interesada. El marco de relaciones laborales franquista no fue homogéneo durante los casi 40 años de dictadura y con el paso del periodo autárquico al periodo de liberalización económica bajo el Plan de Estabilización, a finales de los años cincuenta, estas relaciones sufrieron transformaciones.

En 1958 el régimen de Franco promulgó la famosa Ley de Convenios Colectivos Sindicales que rompía el monopolio del gobierno a la hora de fijar las condiciones laborales, existente bajo el periodo de autarquía. Esta ley sentó una de las bases para la liberalización de la economía bajo el Plan de Estabilización. Al contrario de lo que predica Ana Palacio, en aquel contexto histórico, el marco de relaciones laborales regido por convenios colectivos fue introducido por el franquismo precisamente para facilitar la liberalización de la economía, tratando de adaptar los salarios a la productividad, tal y como hoy pretende la CEOE.

Sin embargo, los convenios colectivos fueron introducidos por el franquismo en un marco normativo en el que el que no se reconocía la existencia de las partes en las relaciones laborales y por tanto, tampoco su autonomía. De este modo, los convenios se negociaban en el seno de la Organización Sindical Española (OSE), el Sindicato Vertical, que integraba obligatoriamente tanto a patronos como a obreros en un mismo sindicato controlado por el estado. Los convenios colectivos se introdujeron para flexibilizar los salarios y las condiciones de trabajo y adecuarlos así a la situación de las empresas. En realidad, un paso en la misma dirección en la que ahora quiere avanzar el PP, descentralizando la negociación colectiva todavía más para dar más peso a los convenios de empresa. Sigue leyendo

Anuncios

Catalunya y España se merecen algo mejor

Pero nada de nada. Res de res. Probablemente os lo impide ese acendrado nacionalismo español que empieza por negarse a sí mismo. Los nacionalistas españoles con algo de luces aseguran que no son nacionalistas, faltaría más; que todos los nacionalismos son iguales; que no hay que poner nuevas fronteras (ellos están contentos con las suyas, claro); y, si son de izquierdas, dicen ser internacionalistas cosa que, obviamente, no significa nada.

Es muy llamativo y parte de la complejidad del problema que la izquierda muestre esta incapacidad de comprender. Cataluña no es España ni antes ni después del 1/10 como se demuestra -da vergüenza recordarlo- por el hecho de que haya que decirlo. Cataluña es tierra conquistada, según dijo Fraga a Verstrynge. Está en España, pero no es España. Cataluña sabe lo que es y lo que quiere ser. España, no; ni lo que es, ni lo que quiere ser, y la mejor prueba es esta incapacidad para entender a Cataluña que raya en lo patológico. Ha sido necesario que las cosas se pudrieran durante años hasta llegar a la confrontación actual para que los socialistas empiecen a preocuparse y presenten un plan irrisorio de una comisión constitucional de reconsideración del lugar de Cataluña a sabiendas de que, con la correlación actual y previsible de fuerzas, eso es imposible. Por no hablar de ese federalismo apolillado en el que no cree nadie; ni ellos. La propuesta no solo muestra una probable mala fe de tratar de engañar a los catalanes con un señuelo parlamentario, sino que oculta algo peor: el intento de ignorar que la rebelión catalana rechaza la legitimidad del orden constitucional y que, por lo tanto, la propuesta carece de sentido dentro del sistema actual; que es una repetición del “café para todos” 40 años después.

Otra cosa sería si, entendiendo que Cataluña no es España, se propusiera una vía de negociación bilateral entre ambas que incluyera un referéndum de autodeterminación pactado. Pero, en el caso del PSOE, eso es imposible porque comparte con la derecha el nacionalismo español que le hace negarse en redondo al referéndum por una cuestión de acartonados principios borgoñones con el argumento, típicamente orgánico de todo el pensamiento reaccionario, de que la parte no puede separarse del todo, el brazo del cuerpo, la rama del árbol. Y no es esta la única bobada que comparte con el PP. También coincide en sus falacias sobre la legalidad, la Constitución, la estabilidad, la Monarquía y, en gran medida, la colonización del Estado por la Iglesia, etc, y por supuesto, el recurso a la represión y la violencia si se considera preciso, con la única salvedad de que, al tiempo que se reduce a los catalanes por la fuerza, no se deje de llamarlos al diálogo.

 Diálogo como el que ofrecía Sáenz de Santamaría mientras preparaba la guerra sucia contra la Generalitat, los procesamientos de Mas, Rigau, Ortega, Homs etc por medio de sus alguaciles en el Tribunal Constitucional, y una batería de denuncias y amenazas que alcanzan ya a los particulares que desobedezcan al TC y eso sin apoyatura jurídica alguna, simplemente por un capricho de la señora. Eso es lo que el PSOE directa y abiertamente y Podemos de forma ambigua, esquinada e hipócrita están respaldando: la actividad arbitraria de la administración con el apoyo de unos jueces sumisos y la tiranía como forma de gobierno frente a un problema que son incapaces de resolver. Y, de paso, la condonación de la guerra sucia, la organización de policías políticas, el empleo de la fuerza pública con intenciones intimidatorias, la compra y manipulación de los medios, las amenazas y campañas contra la Generalitat.

Y no solo eso. Quienes no solamente no denuncian las sistemáticas violaciones de la legalidad y el Estado de derecho, sino que las apoyan, también están siendo cómplices de la corrupción generalizada de un gobierno sostenido por un partido que es una asociación para delinquir. Y todo ello porque estos nacionalistas españoles, de derechas, de centro o de izquierdas son incapaces de entender qué está pasando en Cataluña, una sociedad dinámica y abierta empeñada en librarse de la rémora de un Estado que, tras un breve lapso de una democracia mediocre, vuelve por los fueros de los gobiernos de ladrones, meapilas y corruptos que han destruido el país. No, amigos, no entendéis nada y, después del 1º de octubre, si el sí es mayoritario, tendréis que tragar una república catalana libre, mucho mejor y más próspera que la España que deja atrás. Por mucho 155 que se quiera aplicar.

Historia y manipulación

Tengo en mi mano el  nuevo programa de la asignatura Historia de España (2º Bachillerato), que será preceptivo para el curso 2017-2018 en todos los institutos y colegios de varias comunidades. Leyendo sus contenidos, acude a mi mente que el conocimiento nunca puede ser absoluto, pues cualquier modelo teórico no es copia del mundo, sino una representación de nuestro campo de acción, que es de por sí limitado; que nunca puede ser neutral, porque  todo conocimiento tiene un significado emocional; en el campo concreto de la historia,  siempre influye en el historiador su proyecto social. Michel Foucault definió la historia como un discurso histórico-político.

Si el conocimiento no es absoluto ni neutral, los historiadores, autores de manuales,  diseñadores y mediadores del currículo tienen la posibilidad de elegir. Pueden optar por ordenar los hechos en una secuencia que legitime el presente, o por poner el presente en situación crítica; pueden inclinarse por una historia hegemónica, la «historia del poder», o por una historia contrahegemónica, la «historia de la gente», que refleje los problemas de la mayoría; pueden excluir la memoria, con la consiguiente deshumanización de la historia, o incluirla, tomando – o no- precauciones con  los «malos usos» de la misma; pueden recrearse en el narcisismo  del grupo (nacionalismo, xenofobia, eurocentrismo…), o buscar la  mirada del otro: «El miedo a los bárbaros [al extranjero, al diferente], dice el historiador Tzvetan Todorov, es lo que amenaza con convertirnos en bárbaros», que son, en esta segunda acepción, los que no reconocen la humanidad de los demás. Quiero extraer de todo esto una conclusión  obvia: la elección que haga el historiador, el  diseñador del currículo, el editor…, por ser libre, tiene forzosamente implicaciones éticas.

¿Por qué esa elección del programa de Historia de España para los alumnos de 2º de Bachillerato? Programa que es una secuenciación de la historia de España que legitima el presente, una narración que termina con el enunciado «Normalización democrática de España e integración en Europa», que incluye la Transición y la integración en Europa, como si se tratara de un final de la historia. Basta tirar de la RAE para entender que la Transición inaugura un sistema que pone orden donde no lo había. Conozco muy bien la tendencia de programas y manuales de la época de Isabel II, de la Restauración, de la II República, del franquismo… a considerar esos regímenes  como definitivos. Que siempre se han equivocado es un aserto que no necesita  demostración. A pesar de ello, nuestro autor prefiere  instalar a los alumnos en la confusión,  en lugar de hacerles conscientes de estar en el vendaval de la historia.

El programa apuesta claramente por la historia del poder, no por la historia de la gente, de la mayoría. Los que marcan el devenir del tiempo son los reinos y reyes. Preocupa la estructura del Estado (Provincias romanas, Corona de Aragón, Cortes), los hechos militares (Navas de Tolosa, Guerra de Sucesión), las paces y tratados (Pirineos, Utrecht)…, pero nunca se ve una preocupación por los que detentan el poder en cada momento histórico, ni por los marginados del mismo. Es sintomático que se exija a los alumnos conocer el concepto «reconquista» (la acción militar que determina la posesión del territorio), y se olvide el concepto «repoblación», clave en el origen de estructuras socioeconómicas duraderas, como los usos y propiedad de la tierra, la permanencia o no de minorías étnicas… Se me podrá rebatir que, a propósito de las desamortizaciones, puede tratarse la posesión de la tierra en el feudalismo y el Antiguo Régimen. Respondo a mi vez: entonces, ¿para qué están los temas anteriores a la Edad Contemporánea? Se exige conocer la industrialización, el anarquismo y el socialismo, pero, al parecer,  la  condición de las clases campesinas y obreras carece de interés.

Ninguna preocupación por la memoria. La desaparición del punto relativo a la represión franquista, que sí está en el programa actual, es sintomática. Si a la vez siguen unidas en un mismo tema la II República «y» la Guerra Civil, implícitamente se ve la segunda como una consecuencia directa de la primera, cuando la causa de la guerra no fue la República, sino un golpe de Estado. Nos enteramos gracias a este programa de que el contacto entre dos mundos, resultado de la «expansión mundial» de la Monarquía Hispánica  (demasiado triunfalista, ¿no?) fue un «descubrimiento»: tenía mucha razón Reyes Mate cuando afirmaba que hay muy poca memoria en la historia que nos han enseñado de la conquista (palabra que no aparece en el programa) de América, mientras esa memoria llena los relatos de los indígenas.  Si a eso añadimos que la expulsión de los judíos y de los moriscos, al margen de cualquier drama humano, sólo interesan  por sus consecuencias económicas (desde los planes del periodo tecnocrático franquista desaparece la justificación de  su expulsión por razones religiosas), averiguaremos la conciencia que se crea en nuestros alumnos sobre los perdedores de la historia.

Por el contrario,  el programa desprende un tufo nacionalista español que se observa en el uso de términos absolutamente inapropiados («España de los cinco reinos»), la recuperación del mito de raigambre liberal sobre las «tres culturas» peninsulares de la Edad Media,  que contribuye a dar una imagen armoniosa que nada tiene que ver con la realidad (guerras, antisemitismo, pogromos). El triunfalismo («expansión universal» de la Monarquía Hispánica), corre paralelo a la exclusión del otro indio, morisco, judío, perdedores de una guerra civil…  La referencia a la «conquista» de Navarra (la programación anterior sólo hablaba de «anexión»), podrá aliviar la conciencia de otros nacionalismos, pero no la de la historiografía profesional: los programas nunca abren la reflexión sobre el concepto «nación» o «identidad», en torno a los cuales se generan en nuestra sociedad  tantos equívocos.

A todo esto hay que añadir que en la nueva Prueba de Acceso se elimina la parte práctica (comentario de texto o gráfica), quedando reducida a la exposición de conceptos y preguntas teóricas. La asignatura pierde así todo su carácter formativo para reforzar lo memorístico. Se me dirá que el profesor es soberano en su clase, que podrá seguir comentando textos, gráficas, imágenes, que podrá seguir haciendo reflexionar a sus alumnos sobre conceptos, categorías, palabras, prejuicios y mitos, incluidos los del programa, que podrá seguir dando a la asignatura todo el carácter formativo de que sea capaz. Es  cierto. Pero también es cierto que los profesores de la asignatura deberán hacer todo esto al margen del programa. La reflexión, las técnicas de comentario,  la elaboración de mensajes propios…  han sido expulsados del sistema educativo y reducidos a sus márgenes. Los alumnos y los padres  quisquillosos, incluso los  profesores (al fin y al cabo, han sido profesores los que han diseñado el programa y votado el tipo de prueba), siempre se lo podrán echar en cara. Nuestro profesor tendrá que derrochar una buena dosis de energía, arrojo y valentía para dar a la asignatura el carácter formativo que cree que merece: este nuevo sistema ya no es el suyo, sino el de los años 40 ó 50 del pasado siglo.

Me reservo la valoración ética que me merece semejante disloque. Pero sí me gustaría encontrar un concepto para definirlo. Quizá nos sirva el de posmodernidad. La modernidad es un relato para cambiar el mundo. La posmodernidad es la ausencia de relato, la coexistencia de  relatos inocuos que no dialogan entre sí,  la espiral que sigue dando vueltas a problemas irresolubles. Tanta liquidez, tanta  indeterminación,  es la que  permite que se cuelen entre sus rendijas valores tan tradicionales y arcaicos como los contenidos en el programa que comento. Sólo queda seguir abrazados a la falsedad de una sociedad que parece tan satisfecha de sí misma. Sigue leyendo

El compromiso no es dar pan, es luchar

Resultado de imagen de pobreza en españa

Si reparto pan entre los pobres soy bueno,
si les explico por qué no tienen pan me acusan de terrorista.
(Leonardo Boff, teólogo de la Liberación)

El mundo del siglo XXI forma un sistema, un todo relacionado en el que no solamente se dan flujos económicos, sino también políticos, culturales y militares, y ese sistema-mundo es capitalista. Está movido por la acumulación incesante de capital y produce, para su funcionamiento, una diferenciación social entre los estados pero también dentro de ellos dando como fruto la pobreza capitalista.

Cualquier estudio sobre pobreza debería de recoger un análisis de la estructura económica en la que están inmersos los sujetos, para determinar porque factores se está concentrando la riqueza, y que elementos redistributivos no están cumpliendo realmente su función para que las bolsas de pobreza no solo persistan sino que además se extiendan.

Pero el análisis de la desigualdad debería ir más allá de análisis estadísticos de distribución de rentas y riquezas y añadir análisis de distribución del poder. El poder es la variable fundamental que configura los procesos de desigualdad social. El poder permite a una clase social (financiera-empresarial) imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia. Con ello la noción de clase social se ubica en el centro de la economía, donde el poder y antagonismo de clases son elementos claves en la distribución de los recursos.

Según el Banco de España (2008), el 19% de la población española controla el 77,5% del PIB. La alta concentración de riqueza en los países del sur europeo es consecuencia de la concentración del poder, que diseña la distribución primaria de los recursos (mercado laboral) y la distribución secundaria (intervención del sector público para corregir o agrandar el desequilibrio primario).

La alta concentración de rentas en distribución primaria es consecuencia de la gran precarización del mercado laboral que se extiende en una doble vertiente: altas tasas de desempleo y precarización de contratos y salarios. Pero esto no es el resultado de la libre economía, sino de la intervención publica desprotegiendo por ley a los trabajadores y permitiendo, también por ley, salarios de pobreza regulados por un SMI que es un tercio inferior al SMI de la eurozona. Con lo cual, gracias a la intervención pública, la pobreza se extiende entre la población activa, donde cada vez más pobres son trabajadores con empleo.

El poder público (en todos sus estamentos y ámbitos territoriales) en su ‘distribución secundaria’ (fiscalidad y gasto público) ayuda a concentrar más la renta, llenando las arcas públicas con los impuestos de la población precarizada (IRPF e IVA) a la vez que practica una alta permisibilidad al fraude fiscal lavado periódicamente con amnistías fiscales. Y lo que es más grave, esta recaudación fiscal se destina en su gran mayoría a sostener el entramado de poder y a pagar lo que este poder demanda (trasvase de dinero al sector financiero, tapar los ‘agujeros’ de la especulación, grandes infraestructuras, subvenciones a sus actividades especulativas, etc.), dejando migajas de caridad a los más necesitados (bajada constante de la Renta de Garantía de Ingresos, precarización de las pensiones, de la prestación por desempleo, de ayudas a las familias, etc.)

El creciente peso de la deuda pública está hipotecando el verdadero gasto social de toda la década que viene, donde la recaudación será absorbida casi en exclusiva por el pago de la deuda y el propio mantenimiento burocrático del sector público.

El principal punto en común de los colectivos en situación de pobreza es la ausencia de ocupación estable en sus personas principales, asociándose este factor de riesgo a la extranjería, la monoparentalidad y a la juventud.

Es  fundamentalmente la actuación pública –en el mercado laboral, la fiscalidad y la protección social– la que ha propiciado que lo que comenzó como una crisis financiera derivara en crisis económica y después laboral y se haya convertido en una importante crisis social que amenaza con crear y perpetuar una infraclase.

El vertiginoso aumento de la pobreza severa implica un importante riesgo de fractura social que afecta a toda la población. Supone un claro cuestionamiento de los derechos sociales básicos. Es por ello que se hace necesaria una intervención desde el sector público contraria a la tendencia actual, que consiga frenar el aumento de la población en situación de pobreza severa. En este contexto creemos necesario destacar que la actuación resulta no solamente necesaria para garantizar los derechos sociales de estas personas sino también viable, solamente con mantener la presión fiscal del año 2007 se podrían mantener los gastos sociales en los niveles anteriores a la crisis, que aún entonces eran insuficientes y que ahora son claramente deficientes.

Pero la actuación pública no solamente es la de realizar una política de protección social suficiente, sino la de proteger con leyes los derechos laborales y salariales, actuando precisamente en dirección contraria en cada nueva ‘reforma laboral’. Determinar el umbral de pobreza es básico para determinar el número de personas que se sitúan por debajo, y el método estadístico utilizado para medirlo no es neutral. Para atajar el problema de la pobreza creciente creemos imprescindible tomar ya dos medidas:

– El Salario Mínimo no debería nunca de ser inferior al 50% del PIB per cápita (en ciertos países miembros como en Francia es superior a este 50%). A falta de competencias, no deberían tolerarse convenios colectivos con salarios por debajo a este indicador
– El Salario Social o Renta de Garantía de Ingresos no debería nunca de ser inferior al 37,5% del PIB per cápita, que pasaría a ser considerado el umbral de pobreza. Y ninguna persona, pensionista, trabajadora precaria, o desempleada debería de recibir menos de este importe. A falta de competencias en pensiones y prestaciones por desempleo, las instituciones deberían complementar las rentas de estas personas.
Teniendo en consideración que las causas de la exclusión no aparecen por azar ni son coyunturales, son claramente estructurales, se hace necesario admitir que la exclusión social es el resultado de una determinada estructura social, política, cultural y económica. La propia organización pública y social, directa o indirectamente, es la que genera ‘poblaciones sobrantes’.

A España le aguarda el desarrollo de una nueva economía política, fertilizada en la práctica de un pensamiento crítico sobre el poder. Y el reto de una comprensión radical del sector público, en el sentido de descubrir que nuestra entera existencia está condicionada por un diseño político-económico que es construido desde la oligarquía de clase, para, a su vez, construirnos a nosotros en nuestras relaciones económicas diarias, que se extienden al trabajo, la vivienda, el consumo, etc. Ese descubrimiento es esplendoroso pues nos revela que las cosas, nosotros mismos podríamos ser de otra manera y que por lo tanto también podemos decidir qué sector público, qué modelo económico, qué presupuestos, qué modo de vida queremos, en definitiva nuestro verdadero autogobierno.

Mentiras sobre lo que pasa en Venezuela

El 9 de enero de 2017, la Asamblea Nacional venezolana desconoció al Presidente de la República, Nicolás Maduro. Votaron a favor de ese golpe de estado constitucional todos los diputados de la oposición salvo los tres diputados del partido de Henry Falcón, quienes entendieron la gravedad de esa decisión. Venezuela es un sistema político presidencialista desde 1811, influido por el constitucionalismo norteamericano. Al Presidente le vota directamente el pueblo -a diferencia de un sistema parlamentario como el español, donde al Presidente le vota el Parlamento- y le corresponde al Presidente, que es el Jefe del Estado, la dirección del país. Cuando la Asamblea decidió desconocer el poder legítimo del Presidente se estaba poniendo al margen de la Constitución. Se colocaron por voluntad propia en desacato. La prensa internacional no dijo nada.

La gran discusión entre el Presidente Maduro y la Asamblea tiene que ver con las actas de tres diputados de Amazonas. Se ha demostrado que compraron votos entre otras muchas irregularidades, lo que obligaría a repetir la elección en esos tres casos. La Asamblea se declaró en rebeldía y decidió echar un pulso a la Presidencia de la República. A imitación del constitucionalismo europeo, cuando hay un conflicto constitucional entre poderes el Tribunal Supremo puede asumir competencias del Parlamento en los casos en que fuera necesario. Hasta un fantoche como Donald Trump ha tenido que asumir las decisiones recientes del Tribunal Supremo norteamericano. Con su tradicional irresponsabilidad, la derecha española llama a desobedecer el estado de derecho en Venezuela y la decisión del Tribunal Supremo. No me extraña de Esperanza Aguirre o Pablo Casado: el PP, especialmente en Madrid, ha financiado sus campañas electorales con dinero negro. Es decir, el PP lleva varias legislaturas usando maneras propias de golpistas. Al menos desde 1936, tienen oído musical para esa partitura. Quienes digan desde España que los venezolanos deben desoír las decisiones de su Tribunal Supremo son unos irresponsables que tiren piedras no solamente sobre el tejado venezolano, sino también sobre el nuestro. Luego tendrán la caradura de quejarse de los comportamientos al margen de la Constitución de la asamblea catalana.

Por si fuera poco, esa Asamblea dominada por la oposición proclamó que el Presidente había abandonado su cargo (algo absurdo y evidentemente falso) y propuso convocar elecciones presidenciales en el plazo de un mes. Ese intento de golpe de estado desde el Parlamento no recibió ni una sola crítica de los que ahora dicen que hay un golpe de estado en Venezuela. Entre ellos, el máximo responsable de la OEA que ayer mismo se reunía en la Ciudad de México con ex presidentes latinoamericanos procesados por lesionar los derechos humanos, y el Departamento de Estado de los EEUU. Qué curioso que justo después haya salido la petición de Almagro de enjuiciar a Venezuela desde la OEA. El papel de Almagro como  Secretario General de la OEA está haciendo mucho daño a la tan necesaria institucionalidad internacional (Pepe Mujica ya se distanció de él de manera definitiva y dejó ver a quién se había vendido). Almagro lleva varios meses mintiendo. Por ejemplo, ha dicho en dos ocasiones recientes que a Venezuela se la ha aplicado la Carta Democrática de la organización (que, tras muchos trámites -ni siquiera iniciados-, podría llevar a su expulsión como ya ocurrió con Cuba pero nunca ha ocurrido con los Estados Unidos, pese a haber promovido golpes de Estado como el de Pinochet contra Allende). Pero era mentira, como demuestra que hoy mismo ha pedido a la OEA que aplique la Carta Democrática. Ergo miente. Todo el rato. Él sabrá por qué, pero en su Uruguay natal dicen que se ha vendido por un puñado de dólares a los que siempre han querido que América Latina sea el patrio trasero norteamericano. Washington siempre busca a un criollo para hacer la tarea del traidor. Almagro no vive en Montevideo.

El Tribunal Supremo de Venezuela ha usado un artículo de la Ley de Hidrocarburos -la principal riqueza del país- que establece que los convenios internacionales y las asociaciones con grupos extranjeros deben ser aprobados por la Asamblea. Como la Asamblea está en situación jurídica de desacato, de manera que no puede -ni quiere- firmar ningún acuerdo, lo que pone en riesgo financiero a Venezuela. Es por eso que el Tribunal Supremo ha asumido las competencias estrictas de la Asamblea para la aprobación de esos contratos, de manera que el país pueda asumir los compromisos necesarios en un momento económicamente complicado por el hundimiento de los precios del petróleo (preguntémonos en España qué pasaría si se hundiera un 80 % el turismo).

El Tribunal Supremo no ha disuelto la Asamblea ni se han convocado nuevas elecciones para elegir nuevos diputados. Lo contrario de lo que están diciendo los medios de comunicación. Lo único que está haciendo el tribunal supremo es asumir unas competencias concretas para evitar que Venezuela se paralice mientras dure el desacato. Si los diputados de la oposición quisieran, el desacato desaparecería de inmediato -bastaría con que cesaran en su desconocimiento del Presidente de la República y que reconocieran que los tres diputados elegidos en la Amazonía no pueden hacer uso de su acta debido a las muchas irregularidades probadas-, pero les resulta mucho más rentable seguir regalando falsas portadas a la prensa internacional. La derecha internacional, esa que se regala entre sí viviendas oficiales y que tiene una trama global de fondos buitres -donde están los Aznar, Botella, sus hijos, De Guindos, Rato, Aguirre y toda esa tropa de malos españoles donde también se ha colado algún “socialista” como Felipe González- quiere tumbar a Venezuela, igual que han hecho con Dilma Rousseff en Brasil. ¿Quién que no esté vendido a esos intereses puede decir que asumir de manera temporal unas competencias esenciales para firmar unos contratos sin los cuales un país se quedaría entregado a los capitales internacionales es un golpe de Estado? ¿No son acaso los mismos que ven “normal” desconocer al Presidente del Gobierno y llamar a nuevas elecciones? Demasiados hipócritas.

Venezuela necesita mucho diálogo. El choque entre instituciones es malo para el país. Esa debiera ser la tarea de España: ayudar al diálogo. En todo el continente latinoamericano. En México han asesinado este último mes a tres periodistas (¿Nos imaginamos lo que pasaría si hubieran asesinado a tres periodistas en Caracas?) y hay al menos 30.000 desaparecidos. El día a día de México es la aparición de fosas con cadáveres, la trata, el asesinato de mujeres, la desaparición de líderes sociales, la creciente pobreza y desigualdad junto a una impunidad del Estado estremecedora. Aún lloran en México a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el Presidente Peña Nieto se ríe de las víctimas no reconociendo las lagunas que apuntan al ejército, a la policía y a políticos vinculados al narco en la desaparición de las muchachas y muchachos. Parece que el PP y sectores del PSOE quieren ver a Venezuela convertida en México.  Para seguir la trama de los negocios.

Hay mercenarios que desearían abocar a Venezuela a una guerra civil. Creen que así podrían volver a recuperar el paraíso que tenían cuando controlaban el petróleo contra los venezolanos y venezolanas. Se equivocan, porque el pueblo venezolano no va a permitir que eso ocurra. Apuntar en esa dirección es querer llevar a Venezuela a un escenario terrible como los que ha creado la OTAN y las potencias occidentales en Oriente Medio. Ojalá el Estado de derecho que forma parte de los logros civilizatorios de Europa pueda funcionar también en Venezuela.  Esa es la principal tarea en la que podríamos colaborar los españoles en ese país: ayudar a reforzar el Estado de derecho. Aunque el PP de la Gürtel y la Púnica ¿qué va a enseñar?

Fue el diario El país el que celebró el golpe de estado contra Chávez en 2002 y fue el Presidente Aznar el que ordenó a nuestro Embajador a reunirse con el Presidente golpista. Ayudemos a que no vuelva a ocurrir nada de esto. Para ello, es esencial que los que no tienen otros intereses que los del dinero, dejen a la justicia funcionar. Y que nadie sea tan hipócrita para pedir en otros países lo que no pedimos para el nuestro. Sigue leyendo

Europa, no sin España

Después de varios meses de trabajo por fin ha salido el tercer volumen de la saga sobre la incorporación de España a la Unión Europea. Se titula “Europa, no sin España (1968-1978)”, y lo publica la editorial EUNSA. europa-no-sin-espana-portada

La Unión Europea se encuentra en las horas más bajas de su historia, sumida en una verdadera crisis existencial como proyecto político, económico y social. Su situación actual pone en cuestión la relevancia de ese proyecto, señalando su rigidez y disfuncionalidad para hacer frente a las urgencias de la crisis y buscar acomodo en el sistema global. Otras voces ponen en duda su viabilidad, afirmando que ante la crisis económica y otras amenazas que sufre Europa -migraciones descontroladas, recortes fiscales o la creciente burocracia- sería mejor “ir solos”. En el norte de Europa, incluso desde posiciones moderadas se afirma que es mejor librarse del “lastre” que suponen los países del sur y la periferia de la UE, planteándose abiertamente la posibilidad de excluirlos de la eurozona. En el sur se afirma que es preciso zafarse de las exigencias de disciplina monetaria y fiscal que exige el euro, reclamando incluso el abandono de la moneda única para recuperar soberanía monetaria. Las reacciones nacionalistas y populistas a la crisis explican en parte que el “euroescepticismo” esté ganado espacios al europeísmo, extendiéndose desde los extremos hacia el centro del espectro político de la UE. Pero más allá del discurso y el debate político superficial, hay que reconocer que la UE experimenta una crisis profunda que afecta a su racionalidad, legitimidad, relevancia y viabilidad.cubierta

La explicación de estos problemas de 2017 se puede buscar, como hace el autor, en el modo en que se llevó a cabo el proceso de integración de los países periféricos como España en el núcleo central de la UE. Proceso en el que se obvió la natural diversidad de ritmos políticos, económicos y sociales de los países que acabaron formando esa entidad llamada Unión Europea. En este libro se aborda el caso de España en un momento crítico de su historia (1968-1978), los años previos y posteriores a la muerte de la última dictadura que pervivió en Occidente, la española.

Los dos tomos anteriores ya se publicaron en 2010 y 2014 respectivamente, con los títulos “Una Europa para dos Españas”, y “Europa, de entrada, no”. Espero que os gusten.

El gasto militar español: ilegítimo, opaco e insolidario

De nuevo el peso abrumador del gasto militar sobre nuestras vidas pasa desapercibido ante la capa de irrelevancia y de opacidad con la que sus promotores han sabido esconderlo a los ojos de casi todos. Para llevar a cabo esta ocultación cuentan con la complicidad, no exenta de responsabilidad, de no pocos opinadores y con el consenso desde arriba, por activa o por pasiva, de los políticos de viejo y nuevo cuño, los primeros más entusiastas y los segundos tal vez más resignados.

El estudio realizado este año con el apoyo de 19 organizaciones y medios de difusión, detecta al menos 31.000 millones de € de gasto militar destinados a sufragar el entramado de la defensa durante 2016, lo que supone más del 2,7% del PIB español y el 7,14% del total de gasto de los presupuestos del estado.helicoptero

La dimensión tan extraordinaria de este gasto se oculta en un maremágnum de equívocos hábilmente tejidos desde arriba, con lo que nos quieren hacer creer que

1º) se gasta poco en defensa (el mantra del Ministerio de Defensa, tanto en época de Rajoy como con ZP es que estamos al nivel de Luxemburgo en gasto militar y entre los estados que menos gastan en Europa) y

2º) que nuestros ejércitos, si no consiguen suculentas mordidas al presupuesto en breve (mordidas que suelen realizarse mediante la aprobación en verano y con nocturnidad de multimillonarios créditos militares extraordinarios y extrapresupuestarios y con un constante nivel de sobregasto en las liquidaciones de los presupuestos anuales de +20% de lo inicialmente presupuestado por el Ministerio de Defensa), nos dejarán indefensos ante las “amenazas” (por otra parte indemostradas, indefinidas, inconcretas, hipotéticas y de naturaleza no militar) que se ciernen sobre nosotros.

Nos oculta esta estrategia comunicativa del Ministerio de Defensa que el nivel de gasto militar que tenemos:

1) es inaceptable en comparación a otras prioridades públicas y sociales,

2) nos ha arrastrado a una situación de endeudamiento inabordable (más de 30.000 millones de € en compromisos por compras de armas, a lo que sumar las nuevas “inversiones” en armas que pretenden subir esta deuda en otros 10.000 millones más),

3) provoca un pago anual de deuda militar para el autofinanciamiento del gasto militar corriente que supera los 16.000 millones de €, o que

4) todo ello nos obliga a una creciente sumisión respecto de los señores de la guerra y los vendedores de armas, de los halcones de occidente y su política agresiva y condiciona toda la política de defensa del Estado a los intereses ilegítimos del que podemos llamar con toda justicia complejo militar industrial español (complejo militar industrial que amalgama políticos e industriales “puerta giratorias”, una banca tenedora de deuda militar e inversora en este negocio que bien podemos denominar “banca armada” y un cúmulo de intereses creados de nuestra casta extractiva que tiene su mejor y más acabada expresión en el dominio en el parlamento del consenso “pro militarista” y el silencio en los espacios de comunicación e información de toda crítica a esta situación). Y,

5) Nos convierte en un estado canalla, uno de los principales promotores de la guerra y del intervencionismo militar en el mundo, ya sea mediante la venta directa y orquestada desde el estado de armas, ya mediante la contribución con fuerzas militare en cuanta operación militar exterior se promueve. Sigue leyendo