La pandemia franquista

No sé cómo se enseñará a los actuales alumnos de Bachillerato la reciente historia de España. En mi época simplemente no se explicaba. Nunca se llegaba. Todo lo más llegábamos al siglo XIX en que se nos exponía linealmente todos los pronunciamientos y revoluciones, períodos conservadores, liberales, progresistas, constituciones, guerras carlistas, alternancias… Como mucho, la 1ª República. No era casual. Era como un intento de meternos en la cabeza que la Historia de nuestro país era muy complicada y liosa y no valía la pena seguir invirtiendo tiempo y paciencia en intentar comprenderla. De paso, se indultaba el nada glorioso siglo XX cuyo estudio serio y riguroso solo podría deprimirnos por las inmensas tragaderas demostradas por el heroico pueblo español para con unos poderes formales y fácticos que siguen presentes hoy. Casi mejor. No era exhibible.

Intuyo que el relato pedagógico será el mismo cuento que nos han contado tantas veces que ya es casi versión oficial: Franco, encarnación del Régimen nacido de la Guerra civil y que finalmente se tecnificó y dulcificó en su última etapa, se murió en Noviembre de 1975. Y ante ello un Rey, que no se sabe de dónde salió, nombró Presidente del Gobierno a Suárez, siempre bien tratado, para que dirigiera una operación de transición a la democracia. Que se inició con una votación de las Cortes franquistas y concluyó con la redacción de una Constitución que instauró una monarquía parlamentaria. Con ello se puso fin al franquismo, salvo en todo caso el oprobioso incidente del 28F, que fue un fracaso. Y colorín, colorado… España se integró en Europa y se constituyó en una democracia avanzada en la que finalmente PP y PSOE se alternaban en el Gobierno. ¡Somos un modelo universal y exportable de transición desde un régimen autoritario a un régimen democrático!

Demasiado simple ¿no? Es la teoría del azucarillo que se disolvió en el vaso de agua y que cuando se pone en cuestión se rebate con el argumento de que el paso del tiempo todo lo mata. Olvidando que la muerte sólo afecta a lo biológico pero no a los intereses, las ideas, las visiones cosmológicas que se transmiten  a lo largo del tiempo más allá de los hombres e incluso las generaciones.  Lo que los filósofos marxistas denominan la reproducción de las condiciones históricas.

Esa versión lineal, ahistórica y acrítica resulta de todo punto insostenible:

Y todo mentira. El franquismo nunca se dulcificó. Casi agónico el Dictador aún firmaba penas de muerte. Las cinco últimas a fines de Septiembre de 2015.

El supuesto principio del fin del franquismo ha de situarse en fecha anterior a la muerte del Dictador. Cuando Mr. Kissinger advirtió que el apoyo americano al Régimen era improrrogable y no se aventurarían con sucesores “mortis causa” como Carrero o cualquier otro. Que de algún modo la cosa había durado demasiado, incluso para ellos. El “hasta aquí hemos llegado” implicaba como contrapartida el compromiso de apoyo desde fuera y desde dentro a un cambio controlado, que no comprometiera sus intereses.

Tampoco el Rey Juan Carlos o Adolfo Suárez eran el fin del franquismo. Uno y otro estaban marcados por la Historia con el franquismo en virtud de haber juramentado ambos las Leyes Fundamentales del Glorioso Movimiento Nacional y la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado que consagraba, a expensas de Don Juan de Borbón, la reinstauración monárquica. Más el Rey como depositario de la legitimidad histórica derivada de la victoria en la guerra civil que le convertía en cabeza del aparato estatal franquista (Ejército, Partido único, Sindicatos únicos, Aparato judicial, Administraciones publicas…). Propiamente, ambos eran las secuelas.

El diseño de la operación era bastante elemental. Un partido rector, la UCD, auténtico puzzle de partidos de derecha reformista, centro derecha y centro izquierda, financiado entre otros por los saudíes merced a la intercesión del Rey. Un partido anclado en el franquismo, residual, la Alianza Popular de Fraga y sus siete magníficos, que votaría finalmente que no a la Constitución, financiado fundamentalmente por el gran capital nacional salvo la oligarquía financiera que financiaba a todos, pero no por igual. Y un partido legitimador, el PSOE que tras romper con el sector histórico y expulsar a los “militant”, era una tábula rasa, una estructura a rellenar a partir de la dirección de un joven Felipe González menos adherido a los principios, dispuesto a deshacerse de cualquiera de ellos, que a los finales. Y  a aprender rápidamente lo que fuera menester. Con la impagable financiación de la Fundación Friedrich Ebert fundamentalmente aportada por dos ultraderechistas alemanes (Friedrich Karl Flick, hijo de un nazi criminal de guerra condenado en el Tribunal de Nüremberg, cuya fortuna provenía del espolio nazi, y Eberhard von Brauchistch,, hijo del general nazi que fue Jefe del Estado Mayor de Hitler).

El pacto en su diseño era un pacto radicalmente anticomunista en sus componentes internacionales y nacionales. Antidemocrático y excluyente de todas aquellas fuerzas políticas que el estatus quo consideraba inconvenientes.

Pero algo, determinante, no funcionó y hubo que cambiar el guión. El asesinato y la movilización para el entierro de los Abogados de Atocha (26 de Enero de 1977) y la legalización del Partido Comunista de España (9 de Abril de 1977), que Fraga Iribarne llega a calificar como Golpe de Estado, dan lugar a que se desencadenen las sinergias que desembocarán en el Golpe de Estado de 28 de Febrero de 1981. Se inicia la destrucción de la UCD, desde fuera y desde dentro, y la caza de Adolfo Suárez, quien a estas alturas se había creído el papel de redentor en un viaje ideológico hacia adelante, hacia el futuro. En este proceso se implican  AP, el PSOE, la cúpula militar, el propio Rey y sectores de la UCD. En ese contexto golpista y de resistencia a la dimisión de Adolfo Suárez, el Golpe del 23F es el empujón final que le coloca en la puerta de salida. Tras él hay datos de que, al parecer, latía la idea no suficientemente madurada de un Gobierno de concentración con el General Armada en la Presidencia, Felipe González en la Vicepresidencia y Fraga Iribarne en el Ministerio del Interior. La solución final, el triunfo real del Golpe, es la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones que facilita el acceso electoral al Gobierno del PSOE por primera vez, en 1982. De este modo el Pacto inicial se deshace de Suárez y la UCD y postula una nueva alternancia en el Gobierno de PSOE y AP que, por razones de cosmética, cambia su nombre por el de PP.

A estas alturas el PSOE aún despertaba pocas sospechas y concitaba esperanzas. Felipe, en su recorrido hacia atrás, hacia el pasado al revés que Suárez, se había deshecho del marxismo, de la política de no entrada en la OTAN, había participado en los Pactos de La Moncloa de 1977, contribuido a la destrucción de la UCD y al derribo de Adolfo Suárez por todos los medios y haberse postulado para el referido Gobierno de concentración, etc. Ya sólo le quedaba por dar algunos, pocos, pasos para demostrar que se había convertido en el deseado “hombre de Estado” que podía gobernar el país: meter, no impedir o no enterarse de que su partido chapoteaba en la corrupción (en la que por otra parte estaba desde el inicio) y desarrollar, no impedir o no enterarse de la continuación de las políticas de “terrorismo de Estado”.

En todo este proceso hay efectivamente la proclamación de unos derechos y libertades fundamentales y el establecimiento de un marco constitucional que permiten hablar de un marco de democracia formal. Pero no es menos cierto que hay una conservación absoluta, inalterada de los poderes de hecho, de las ideas y los valores  que soportaron el franquismo en un marco material al que el PSOE se había incorporado plenamente. Y del que sólo ha escapado real y efectivamente con Pedro Sánchez. Ese es el mérito de Pablo Iglesias y los suyos y la causa del odio sistémico que desde el sistema le profesan. Haber resituado al PSOE.

Hablar de nostalgia franquista es tanto como ignorar que el franquismo nunca se ha ido, que vive entre nosotros y que se encarna en millares de “franquitos” que unos golpean cacerolas y otros non, como los pimientos de Padrón.

Sí hay algo que últimamente me llama la atención y no quiero dejar de subrayar. La curiosa mistificación de las dos corrientes ideológicas más importantes del franquismo e históricamente antagónicas: la falangista, más laica-republicana-activista-violenta, y la tecnócrata más dada al estudio-meapilas-indiferente-sibilina. El híbrido falango-opusdeísta, al que responden personajes como Diego Pérez de los Cobos o el ex ministro Jorge Fernández Díaz. Nacionalcatolicismo para dar y tomar. Es de esperar que estas hibridaciones, como las mulas manchegas, resulten estériles [Antonio Seoane].

Wall Street, IBEX, CAC-40, la ilusión de las Bolsas

El hundimiento de las Bolsas de todo el mundo se interpreta como un signo de mala sanidad económica. Pero las “bolsas” no son seres biológicos susceptibles de contagio por virus como el COVID-19.
Son otro mito ultraliberal que, ingenuamente, nos hemos tragado como indicador de “salud” de las economías, una especie de magia del mundo paralelo capitalista. Pero sólo es otra enorme falacia (como el traje nuevo del emperador, el “american way of life” y otros mitos ultraliberales) que disfraza un cruel casino de juego desproporcionado en el que los ricos (“la banca”) hacen que los incautos pierdan sus ahorros con cualquier excusa peregrina.
Los episodios de “pánico bursátil”, son periódicos (“toca” recoger beneficios) y no demasiado generalizados (para que no se vea el truco); aunque, en ocasiones (como la excusa global de una pandemia) pueden ser demoledores (para hacer tabla rasa, apropiárselo todo en unos días). Momentos estelares (como el “Crack del 29 en Wall Street”) en que los buitres oportunistas de la crueldad y la desgracia humana deciden acabar su tramposa partida cuando todos los pequeños y algunos medianos ya lo han perdido todo a costa de los dueños del casino, inventores y retocadores de sus falaces “reglas de juego”.
Este mecanismo, que retroalimenta al capitalismo salvaje, no sólo demuestra su gran mentira sino su descomunal indecencia, tan cobarde como sanguinaria; y también que el dinero y su acaparamiento siempre controlan nuestras vidas (al controlar el poder económico que, a su vez, controla los poderes político, legislativo y judicial) porque sus dueños otorgan al dinero en sí mismo mucho más valor que al trabajo, el esfuerzo y la solidaridad humanos juntos.
Debemos denunciar la indecencia del enriquecimiento con las desgracias humanas, decir “no va más” y cerrar este cruel casino de poderosos divirtiéndose mientras hacen caja con la ruina y la muerte de los más inocentes y vulnerables.
Si hay algo que ya ha demostrado demasiadas veces su crueldad inhumana es este capitalismo ultraliberal de bolsa-casino. No sigamos permitiéndoles que “hagan juego” con nuestra dignidad y nuestras vidas.

Chile: la tormenta perfecta para destruir un país

Todos hemos seguido con preocupación y cierto asombro, el malestar social que ha estallado en violentos disturbios en Chile. Muchos tenían a ese país como un ejemplo de democracia y buen hacer económico en un entorno (el latinoamericano) tan propenso a las convulsiones y el desorden. Pero hubiera bastado estar atentos a un indicador (el índice Gini) para saber que pronto o tarde, Chile era -y sigue siendo- un volcán en erupción.

El Grupo del Banco Mundial (World Bank Group) es una organización que se concentra en analizar las finanzas de los países, para luego ofrecer planes e ideas para mejorar estas economías. Entre las herramientas que utilizan para hacer estos análisis se encuentra el coeficiente de Gini, creado por el estadístico italiano Corrado Gini, el cual entrega un valor entre 0 y 1.

En este sistema, un país que tiene un coeficiente de cero gozaría de la igualdad perfecta, donde todos sus habitantes reciben el mismo ingreso. Por el contrario, un país con un coeficiente de 1 sufriría la desigualdad extrema, donde un habitante se llevaría todos los ingresos mientras el otro se quedaría sin nada.

La última vez que el coeficiente fue actualizado fue en 2016, cuando la organización entregó una lista de 101 países. Ésta se organizaba desde el más igualitario al más desigual. El más desigual del mundo es Sudáfrica, y le siguen Haití y Honduras. Chile aparece en el 7º lugar de los países económicamente más desiguales. No hay ningún país africano ni asiático que lo sea tanto.

Cabe señalar que estos resultados coinciden con los dados a conocer por la medición realizada por la OCDE en 2014 entre sus estados miembros. En aquella oportunidad, Chile fue el peor evaluado de la OCDE. Según los resultados, Chile alcanzó un coeficiente de Gini de 0.47. Tras Chile aparecía México con 0.46; Estados Unidos y Turquía con 0.39; Israel con 0.37 y Estonia, con 0.36; todos en el club de las naciones más desiguales del mundo.

Mensaje de Navidad de Franco

Este es el último mensaje de Navidad de Franco el fin de año de 1974 Franco y Juan Carlos

Y años anteriores: 19551957 y 1958, 19601966, 1967, 1969 o en inglés

Una recopilación de mensajes desde 1937 a 1974.

Y los mensaje del ex rey Juan Carlos desde 1975 hasta 2013.

José Mota imitando al rey en 2010

¿Es hora de cerrar los bancos de alimentos?

Los bancos de alimentos se han convertido en un serio obstáculo en la lucha contra la pobreza. Al prometer “acabar con el hambre” alimentando a los hambrientos, dan la tranquilizadora ilusión de que nadie tiene hambre – o si la padecen, es por su culpa. Nos alejan de la dura realidad en la que millones de personas carecen de las necesidades básicas de subsistencia.

Es hora de cerrar los bancos de alimentos. He llegado a esta conclusión después de 18 años de investigación sobre la alimentación, el hambre y la pobreza; de trabajar como voluntaria en bancos de alimentos; de servir en una Junta de Bancos de Alimentos; y de participar recientemente en un desafío en el que comí de una cesta de un banco de alimentos típico durante tres días.

El primer problema es que los bancos de alimentos nunca pueden acabar con el hambre.

La mayoría de las personas que podrían ser clasificadas oficialmente como “hambrientas” simplemente no las usan. En la única encuesta nacional que se molestó en preguntar (realizada por Human Resources Development Canada), uno de cada cuatro canadienses hambrientos utilizaba bancos de alimentos. Muchos prefieren pasar hambre que aceptar la caridad. O prefieren dejar la comida para aquellos que, se dicen a sí mismos, “realmente” la necesitan.

Las investigaciones demuestran que incluso los que utilizan los bancos de alimentos pasan hambre. Esto se debe a que los bancos de alimentos sólo pueden suministrar lo que se dona. Dada la abrumadora demanda de sus servicios y su limitada oferta, los bancos de alimentos deben racionar la cantidad que proporcionan a sus clientes. La mayoría de los hogares se limitan a una cesta mensual.

Nadie quiere que los canadienses pasen hambre. Esta reacción llevó a la creación de bancos de alimentos en primer lugar. Eso fue a principios de la década de 1980, cuando una profunda recesión incrementó el desempleo. Las personas de buen corazón que los iniciaron pensaron que los bancos de alimentos serían una respuesta a corto plazo. Ahora son una característica normal de nuestro paisaje.

No estoy tratando de culpar a los bancos de alimentos. El personal y los voluntarios que alimentaron a casi 900.000 canadienses el año pasado son cariñosos y dedicados, y trabajan arduamente para reducir las indignidades de la caridad para aquellos que la reciben. Pero los bancos de alimentos son incapaces de hacer lo que prometen. Permiten que algunas personas experimenten menos hambre. Sin embargo, el problema es demasiado grande para que las organizaciones benéficas de base comunitaria puedan resolverlo. Los bancos de alimentos han tenido 25 años para “acabar con el hambre”. En cambio, la demanda sigue creciendo. Es hora de dejar de aplicar una “solución” que no funciona.

Los bancos de alimentos también cumplen muchas funciones no deseadas. Para empezar, aquellos de nosotros que donamos, somos voluntarios o participamos en campañas de recolección de alimentos nos “sentimos bien” por marcar la diferencia en la vida de los demás. Pero tenemos que mirar más allá de este aspecto de nuestras experiencias de voluntariado.

Los bancos de alimentos permiten a los gobiernos eludir su obligación de garantizar la seguridad de las rentas para toda persona. Socavan la solidaridad social y la cohesión social al dividirnos en “nosotros” (los que dan) y “ellos” (los que reciben).

Los bancos de alimentos son buenos para las corporaciones, especialmente las corporaciones de alimentos. Pueden utilizar los bancos de alimentos para descargar los alimentos comestibles que no pueden vender, y luego anunciarse como empresas que se preocupan. Y llevar a cabo campañas de recolección de alimentos en toda la empresa aumenta la moral de la empresa. Ninguno de estos beneficios corporativos son problemáticos en sí mismos, pero significan que las corporaciones tienen un interés personal en el status quo.

Los bancos de alimentos nunca podrán resolver el problema de la pobreza. Es hora de que nuestros gobiernos rindan cuentas con respecto a su obligación de garantizar que todos los canadienses tengan un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar.

Dar de comer a los hambrientos es una respuesta sencilla que todos apoyan. Luchar contra la pobreza significa luchar con diversas ideas sobre las causas y las soluciones. Es hora de empezar esa conversación política. Pero primero tenemos que eliminar el obstáculo en que se han convertido los bancos de alimentos.

Elaine Power, profesora asociada de la Escuela de Kinesiología y Estudios de la Salud de la Universidad de Queen’s

Cuéntame cómo pasó España del rosa al amarillo

Desde mediados de los cincuenta, se hizo evidente que el modelo autárquico de desarrollo económico español de posguerra, no era viable. El crecimiento económico de España necesitaba importar del exterior productos energéticos y bienes de equipo. La industrialización era imposible sin una creciente importación de estos productos. Como consecuencia de las importaciones, la balanza comercial española tuvo un saldo cada vez más negativo, al tiempo que la inflación se situaba en niveles muy elevados y los recursos financieros eran cada vez más escasos.

Para resolver esta situación, se planificó cómo terminar con la autarquía, liberalizando la economía española, reduciendo o eliminando la intervención del Estado en la misma. En 1957 se empezaron a tomar las primeras medidas con el objetivo de resolver los problemas económicos existentes. Esto es lo que abordo en el libro “Cuéntame cómo pasó. El bienio pre-estabilizador español (1957-1958)”.

En 1959 se formuló un Plan de Estabilización, en síntesis preveía:

– la fijación de un cambio estable de la peseta con las otras divisas (el cambio en relación con el dólar se fijó en 60 pesetas, lo significó devaluar la peseta).

– la reducción del gasto público y la congelación del sueldo de los funcionarios.

– la moderación salarial para luchar contra la inflación.

– la reducción del intervencionismo del Estado en la economía.

– la liberalización de las importaciones y el fomento de las exportaciones.

– la estimulación de las inversiones extranjeras en España.

El Plan de Estabilización permitió, tras una breve recesión de dos años, un crecimiento espectacular de la economía española, que entre 1960 y 1973 registró un nivel de crecimiento que sólo fue superado por Japón. Todo este proceso se explica en el libro “Del rosa al amarillo. El Plan de Estabilización español (1959)”.

Los logros sociales de Franco

No puedo evitar ver con tristeza cómo algunos atribuyen a la dictadura de Franco logros ajenos, más allá de propaganda y noticias falsas aquí tenéis la verdad.

Franco no creó la seguridad social – La seguridad social se inicia a través de la comisión de reformas sociales de 1883 y es en 1900 cuando se comienzan a aplicar. La seguridad social queda institucionalizada en 1908 a través del instituto nacional de previsión.

Franco no creó las magistraturas de trabajo – Las magistraturas de trabajo se aprueban por la ley de jurados mixtos del 7 de Mayo de 1931 por parte del ministro de trabajo Francisco Largo Caballero.

Franco no creó las vacaciones pagadas – Las primeras vacaciones pagadas se aprobaron en 1918 a los funcionarios del estado, en 1919 a los oficiales de la marina mercante y en 1931 la ley de contratos de trabajo lo reconocía para todos los trabajadores.

Franco no creó el sistema de pensiones – En 1919 el instituto nacional de previsión establece la imposición de la obligatoriedad de las pensiones y es en 1931 cuando se recoge constitucionalmente y se desarrolla como un seguro unificado para todos los trabajadores

Franco no industrializó España – La guerra destruyó la industria Española y la época de autarquía comprendida entre 1939 y 1957 acabó con los restos. España no recupera el nivel industrial previo a 1936 hasta el año 1970 según datos del banco mundial.

Franco no creó pantanos – Los pantanos fueron programados en el plan Badajoz de 1933 y desarrollados por el ministro de Industria Indalecio Prieto. El plan Badajoz comenzó a gestarse a principios del siglo XX.

Franco no fundó ni Telefónica ni Iberia – Telefónica se funda por iniciativa privada en 1924 e Iberia de forma similar en 1927.

Franco no estableció las primeras ayudas a las familias numerosas – Las primeras ayudas a familias numerosas se establecen el 21 de Junio de 1926 a través del Real Decreto Ley de protección a las familias numerosas de funcionarios públicos y de clase obrera.

Franco no creó las VPO – Las viviendas de protección oficial se crean mediante la ley de casas baratas del 13 de junio de 1911 y se desarrolla a través de un sistema de fundaciones que comienzan a ofrecer viviendas protegidas en 1913.

Franco no nos metió en el capitalismo – El capitalismo moderno entendido como liberalismo político de corte industrial se desarrolla en españa en el siglo XIX, esto es directamente una estupidez.

Franco no nos metió en la ONU – La ONU bloqueó la entrada de España por ser una dictadura, diez años después se desbloquea la entrada por presión de EEUU.

Franco hizo que el país creciera al 7% – Una burbuja pagada por el estado que duró 10 años, con una recesión previa brutal en la época de la autarquía.

España no era la 8ª Economía del mundo a su muerte – fue la 10ª según datos del BM, durante la restauración en el siglo XIX y principios del XX era la 6º según la misma fuente.

Con Franco el paro no era inapreciable – La monitorización del paro no empieza en España hasta 1973, pero raro es que hubiera paro después de una guerra y en los años posteriores.

Franco si cobraba impuestos – solo que su gestión además de corrupta era ineficiente. La aplicación del IVA tampoco se hacía en ningún país europeo hasta los inicios del proyecto económico europeo.

Abascal, Rivera, Casado: la guerra de los clones

Cortados por “las mismas tijeras”… Aleccionados por los mismos poderes, disfrazados con los mismos trajes, sin pisar las “líneas rojas” impuestas por los que “realmente” mandan…

Se llaman a sí mismos “constitucionalistas”, aunque se salten los artículos de la Constitución que en cada momento convenga a los poderes fácticos, la vacíen de contenido en sus aspectos de derechos sociales y espacios de ejercicio democrático y control ciudadano y la modifiquen en 48 horas si así lo “ordenan” la troika o el euro-Banco Central Alemán…

Adulan, apoyan y se muestran sumisos ante una monarquía impuesta desde la dictadura. Se inclinan ante Trump y el poderío militar industrial de USA… Aceptan una Europa de desigualdades con una regresión social y política en aumento, que además vuelve la espalda a inmigrantes que llegan a nuestras tierras empujados precisamente por guerras y penurias provocadas por la ambición y el expolio que nacen de esas llamadas “potencias democráticas de Occidente”…

Y ahora, con un margen de maniobra inferior al 1% del PIB, nos harán creer que son enemigos y adversarios al mismo tiempo, que tienen programas diferentes, que sus horizontes y propuestas son totalmente distintos, que tienen alternativas para cambiar las cosas que antes no se les habían ocurrido…

Y si alguno de vosotros desconfía de este juego, se muestra critico ante una película de final tan previsible o se confronta con este mundo de ideas caducas, que generan corrupción, desigualdades, mordazas, control y manipulación de ideas, precariedad e ignorancia … entonces seréis llamados “antisistemas”, populistas, comunistas… y en último extremo, para justificar lo injustificable, seréis llamados también terroristas…

Pobres: del bienestar a la caridad

1. Los datos de la vergüenza

La “marca” España tiene su contraportada. Una lista llena de números rojos. Son los números más vergonzantes que un Estado que alardea de social pueda presentar. Quizás por eso se obvian, se maquillan, se ignoran o incluso se banalizan. Pero están ahí. Son los números de la pobreza, la exclusión, el paro, la tasa de protección por desempleo, la pobreza infantil o la calidad de sus Servicios Sociales. Estos números bailan al compás de una crisis que se iniciara en 2008 y cuyo final algunos certifican, mientras otros, los muchos, continúan padeciendo. Y son esos números los que desafían los discursos hegemónicos de la clase política gobernante y el establishment mediático. Y es que en España malviven 10,2 millones de personas con una renta por debajo del umbral de la pobreza. Eso representa una tasa de pobreza del 22,3%. Sólo Rumania y Bulgaria son más pobres. España padece una epidemia de paro que llega al 18,9%. Casi tres millones de personas viven con 11,4 euros al día. Como en Angola y Bielorrusia. Más del 60% de la población española tiene dificultades para llegar a fin de mes y solo el 54% de quienes se apuntan al paro perciben algún tipo de ingreso por desempleo. La renta del empleo empeora, es decir se trabaja más desde el 2012, de hecho, los beneficios empresariales se han disparado desde entonces hasta el 200,7%, pero el coste salarial apenas ha aumentado un 0,6%. Y las mujeres se llevan la peor parte, ya que suponen el 58% de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Siete de cada diez personas que reciben los salarios más bajos son mujeres. Ellas cobran hasta un 14% menos que los hombres. Y también la juventud que logra acceder a un empleo comprueba cómo su sueldo anual es un 33% inferior respecto al de 2008.

Estos datos, por si solos, no dicen nada. Se han banalizado. Pero son arte y parte de una estrategia, de una gobernanza y de una política austericida iniciada en 2008 que se activó como consecuencia de una crisis mundial autogenerada con la intención de inaugurar una nueva manera de gobernar y gestionar el mundo.

2. El discurso neoliberal de la pobreza

Ser pobre hoy tiene un alto precio personal que se paga muy caro en el mercado del estigma asignado. Ser precario o precaria, trabajadora pobre o excluido del circuito del consumo y la normalización social no es solo una situación vivida y padecida, es también una realidad interpretada y etiquetada por el poder, que se encarga de diseñar dispositivos ideológicos y argumentales para hacer digerible y amable el discurso en torno a la pobreza y la exclusión.

Y es que no solo la crisis ha cambiado o reformulado el discurso sobre la pobreza, el desempleo, la precariedad o la exclusión social. No solo han cambiado sus ecos y sus resonancias sociales. También el discurso político y económico, que justifica la crisis y la reproduce, ha creado un nuevo sujeto social perfectamente adaptado a esta nueva situación. Un sujeto que, además de padecer una grave crisis de individualidad, ahora se autoinculpa de su situación personal y social. Ahora este sujeto tiene una noción de sí mismo y de su experiencia vital moralmente reprochable. Obsérvese al desempleado o el usuario de los servicios sociales que acude a éstos para solicitar un subsidio o prestación económica. No sólo evidencia una situación de precariedad o exclusión social, consecuencia de una estructura social desigual que raramente es observada o identificada por los profesionales que le atienden; incorpora además un juicio moral sobre sí mismo y así es evaluado. La crisis económica ha agudizado la individualización de las conductas hasta el paroxismo, pero no como un profiláctico ante la misma al estilo sálvese quien pueda, que también, sino como herramienta del poder. Y esto tiene que ver con el concepto denominado “gobierno de las voluntades” que vendría a ser algo así como las prácticas y los discursos centrados en el control de las conductas y los pensamientos de la gente con el objeto de conseguir que la propia ocupación y la propia manera de estar en el mundo y enfrentar la realidad, por dura que sea, refuerce el control del Estado, exculpe a éste de toda responsabilidad y justifique la inviabilidad natural de alterar el orden de las cosas. Como bien recuerda Mark Fisher, la narrativa terapéutica de la autorresponsabilidad heroica es el último recurso personal en un mundo en el que las instituciones ya no garantizan seguridad alguna.

3. Políticas sociales y neoliberalismo: de la protección al castigo

Dos grandes teóricos europeos nos ayudan a interpretar estas derivas, a encontrarle sentido a esta nueva gobernanza y autogobernanza ante la adversidad. Por un lado, Loïc Wacquant con su obra Castigar a los pobresincide en un nuevo gobierno de inseguridad social encaminado a modificar los desajustes sociales provocados por la desregularización de la crisis económica y la reconversión del bienestar. Por otro lado, Maurizio Lazzarato en La fábrica del hombre endeudado, reclama que “la deuda sirve para disciplinar a las personas, pues no se trata sólo de un problema contable, sino que tiene una dimensión más profunda, en la que convergen elementos morales, políticos y estratégicos”.

Y es que el neoliberalismo no es solo una ideología aséptica o un sistema segregatorio de acumulación del capital; es una herramienta de dominación y de autodominación personal y social. Porque el actual capitalismo es una picadora de carne que no sería nada sin nuestra activa colaboración. Y para ello se han articulado estrategias que transversalizan todos los sistemas sociales, económicos, culturales o políticos. Nos detendremos en los sistemas de protección social. Y es que desde hace tiempo las políticas públicas patologizan e individualizan aquellas biografías, itinerarios o sucesos que escapan a los procesos de normativización y normalización social. El sistema de salud y el de los servicios sociales victimizan los procesos personales haciendo creer al sujeto que él es el culpable de su situación. Reconversiones, paro de larga intensidad, precariedad laboral, exclusión social, pobreza endémica, divorcios, estrés, ansiedad, se envuelven en nuevas categorías gnoseológicas que explican los nuevos problemas sociales, problemas por otra parte absolutamente despolitizados en su origen, análisis y significado. Por ejemplo, los Servicios Sociales han inventado herramientas de normativización social como la Búsqueda Activa de Empleo, los acuerdos de incorporación, el itinerario de inserción y otras lindezas técnico-burocráticas, descontextualizadas de la realidad social en las que los sujetos victimizados y desautorizados se ven obligados a desprenderse de su protagonismo histórico. Ya no interesan las causas que han generado esas biografías de la pobreza, el abandono o la desesperación, como si los sujetos hubiesen elegido su propia miseria. Nada se opina sobre las condiciones y relaciones laborales, sociales, familiares, patriarcales, sexistas o de dominación. Nada sobre la inseguridad, las infraviviendas, los salarios parciales, los talleres ilegales y las múltiples formas de explotación invisible. Nada. Como si sólo nos interesara asistencializar a quienes van a la deriva, a quienes no asimilan su naufragio voluntario.

4. Gestión de la pobreza: la redención del pobre

Mientras la clase corrupta sale inmune de sus tropelías, los pobres se ven obligados a sentarse a diario ante el tribunal del Santo Estigma. Y no es una exageración. Una especie de culpabilización colectiva les obliga a rendir cuentas por su propia pobreza. A ser investigados por cobrar –los que cobran–, por percibir las ayudas que reciben: paro, subsidios de todo tipo y rentas garantizadas o rentas de inserción. A decir donde están, donde viven, con quién, donde están empadronados, si viajan o no, si salen del país o no, si se casan, se juntan o si les toca la lotería. En definitiva, un control de la propia subjetividad que ya anunciara Foucault el siglo pasado. La pobreza también tiene su propia gestión neoliberal. Una gestión que recorre de forma transversal casi todos los dispositivos de los sistemas de protección social, especialmente los de Empleo y Servicios Sociales.

Porque es aquí, en la cola del paro, en la ventanilla del desempleo o en las oficinas de los Servicios Sociales y en sus dispositivos de acompañamiento, acogida, orientación y prestación de ayudas económicas donde se han implementado dinámicas neoliberales de atención y control de la ciudadanía. Control que se realiza a través de herramientas formativas, de acompañamiento o enmarcadas en las denominadas políticas de activación y la autogobernanza amparada por el falso mito de la autonomía personal o la ilusoria empleabilidad. Muchos trabajadores pobres, precarios y precarias, subsidiados y desempleadas recorren las oficinas del SEPE y cuando no reciben ayuda aquí –hay que recordar que 1.200.000 parados no perciben ninguna prestación– acaban en los Servicios Sociales demandando Renta Garantizada. Uno de los principales dispositivos de lucha contra la exclusión social son los programas de Rentas Mínimas de Inserción cuyos destinatarios son personas con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, trabajadores y trabajadoras pobres. Estos programas contienen dos elementos: un ingreso económico mensual que varía en función de cada Comunidad Autónoma y un Itinerario Personalizado de Incorporación Social, título rumboso donde los haya para denominar un contrato entre la administración pública y la persona beneficiaria donde se pactan una serie de acciones para favorecer la supuesta inserción social a cambio de la prestación recibida. Y en estas prácticas es donde las tecnologías del yo hacen su aparición en forma de herramientas de control y dinamización neoliberal basadas en la pedagogía del déficit. Ese ese sujeto intervenido es considerado huérfano de habilidades, actitudes, aptitudes o capacidades socio personales para enfrentarse a la adversidad de su existencia. Y así nos inventamos, al amparo de directrices europeas, una serie de dinámicas que intercambiamos desde los servicios de empleo y servicios sociales con la ciudadanía más precaria. Pero nada de hablar de la estructura económica que ha generado esa desigualdad y esa exclusión del empleo. De lo que se trata es de activar herramientas que responsabilicen al sujeto, que asuma su propio desclasamiento interior y lo reactive a través de tecnologías redentoras.

La formación se configura, así, como un mito, un estadio al que llegar. Sin formación no hay paraíso, aunque el paraíso ya no exista. Y es que en los distintos programas de activación para el empleo destinados a la población desempleada y a la población que está protocolizada y monitorizada por los Servicios Sociales, la formación actúa como motor de cambio. Y esto es lo que se vende a los pobres y desempleados como productos de salvación: cursos de formación pre laboral, de formación profesional, cursos para elaborar un currículum o cómo abordar una entrevista de trabajo, aunque sea precario, o la búsqueda activa de empleo, como si los sujetos estuvieran infantilizados para tal fin, o de habilidades sociales, personales y actitudinales. O incluso para mejorar la autoestima, cuando la autoestima no se mejora si no es con un empleo digno y una resocialización igualitaria, o de habilidades sociales, como si una no las hubiera demostrado antes para soportar esa pobreza o precariedad que padece. Y el colmo es la oferta de los cursos de inteligencia emocional entendidos como recurso reparador y redentor de nuestra situación, como si los culpables del desempleo fueran fuerzas internas que haya que gestionar emocionalmente pero no políticamente.

5. Sobredosis de solidaridad social que no repara el déficit de igualdad

Frente al descalabro de los sistemas públicos de protección social, frente a la saña de los recortes en los principales seguros vitales que nos han proporcionado más o menos seguridad ante la adversidad, frente al acoso y derribo de lo público como estructura de protección; no pocos colectivos civiles y religiosos, oenegés, entidades privadas de solidaridad con y sin ánimo de lucro y grupos ciudadanos de variada tipología, han izado la bandera de la desigualdad y la pobreza como formas de solidaridad redencionista. Numerosas iniciativas sociales y de apoyo mutuo tratan de salvar a la gente de los desahucios, de la pobreza, del frío, del hambre, de los cortes de agua y luz, de la precariedad y la carencia de las necesidades más básicas. Prácticas todas ellas loables, de reconocida solvencia solidaria, de gran reconocimiento social, pero que sigilosamente se formalizan como desplazamientos de las formas de distribución garantistas procedentes de los sistemas públicos. Como si los sistemas públicos, invisibilizados y descapitalizados, por no decir despolitizados, fueran incapaces de abordar este socavón social creado por la crisis. Y esto tiene efectos secundarios de obligada lectura. Los medios de comunicación al servicio de la ideología neoliberal dominante están fabricando un discurso tras el cual ese tercer sector de carácter benéfico es presentado como el único actor posible para responder a las situaciones de emergencia, pobreza y precariedad generalizada. Y eso provoca, no ya una desconfianza en los sistemas públicos, ultrajados como ineficaces por la ideología neoliberal, sino algo mucho peor: su retirada simbólica del imaginario colectivo como correctores de las desigualdades. De ahí a aceptar la caridad bien entendida y la beneficencia intensiva como únicas posibilidades para salir de la ciénaga vital, va solamente un paso: la aceptación merecida de la pérdida de ciudadanía reconvertida ahora en un sucedáneo de ciudadanía premiada con prestaciones graciables.

Pero la cuestión de fondo es cómo esa ingente sobredosis e inflación de solidaridad horizontal entre iguales se está convirtiendo, por acción u omisión de los sistemas públicos de protección ultrajados y descapitalizados, en la estrategia dirigida e invisibilizada de la nueva gestión neoliberal de la pobreza. Porque esta instauración de la caridad privada, la que nos sale del alma, con vocación social y aceptada como un valor innato de la gente a pie de obra y voluntarios de todo tipo y condición, está contribuyendo al apuntalamiento discursivo del final del estado social y democrático de derecho. Porque esa caridad bien entendida rompe, a sabiendas o no, con el principio de igualdad vital en democracia social. Cuesta decirlo, pero en esto también, como dice Marta Sanz, los que creen que no forman parte del discurso dominante cada día lo apuntalan más.

(artículo de Paco Roda)

Ley Mordaza

Con los votos a favor del PP y toda la oposición en contra, la Ley de Seguridad Ciudadana fue aprobada hace tres años por las Cortes, que avalaron un texto que incrementará la libertad, según el Ejecutivo, y sobre el que, sin embargo, planea la amenaza de su derogación si cambia el Gobierno. La nueva norma sanciona un estado de falta de libertades cívicas que es muy preocupante. Estas son las conductas que son sancionables con la Ley Mordaza.

 

Faltas muy graves

(Entre 30.001 y 600.000 euros de sanción)
  1. Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas.
  2. Fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados.
  3. Celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.
  4. Proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.

Faltas graves

Entre 601 y 30.000 euros de multa
  1. Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas.
  2. La perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas.
  3. Causar desórdenes en la calle u obstaculizarla con barricadas.
  4. Impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales. Este punto sancionaría, por ejemplo, las concentraciones para impedir la ejecución de desahucios.
  5. Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia.
  6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes.
  7. Negarse a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público cuando lo ordenen las autoridades competentes cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión. Entre estos supuestos se encuentra “cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes”, por lo que podría emplearse esta infracción para sancionar los llamados escraches.
  8. Perturbar el desarrollo de una manifestación lícita.
  9. La intrusión en infraestructuras críticas (que prestan servicios esenciales para la comunidad) incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento.
  10. Portar armas prohibidas o portar o usar armas de modo negligente y temerario o fuera de los lugares habilitados para ello.
  11. Solicitar y disfrutar (por parte del demandante) de servicios sexuales en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores (colegios, parques…) o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial.
  12. Fabricar, almacenar o usar armas reglamentarias o explosivos sin autorización así como la omisión o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias.
  13. Negarse a las inspecciones en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves.
  14. El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño.
  15. No colaborar con las Fuerzas de Seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.
  16. El consumo o la tenencia ilícitos de drogas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares públicos, así como el abandono de los instrumentos empleados para ello.
  17. El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas (las cundas).
  18. Plantar y cultivar drogas en lugares visibles al público.
  19. La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas en locales o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios.
  20. La carencia de los registros previstos en esta ley para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias.
  21. Dar datos falsos para la obtención de las documentaciones previstas en esta Ley.
  22. Incumplir las restricciones a la navegación reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.
  23. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.

Faltas leves

Sanciones de 100 a 600 euros
  1. La celebración de manifestaciones sin comunicar a las autoridades, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores.
  2. Exhibir de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio.
  3. Incumplir las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo.
  4. Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad.
  5. Hacer o incitar a actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena.
  6. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones.
  7. La ocupación de casas y la venta ambulante no autorizada.
  8. No denunciar la perdida o el robo de un arma.
  9. Las irregularidades en la cumplimentación de los registros previstos en esta Ley con trascendencia para la seguridad ciudadana.
  10. No tener la documentación personal legalmente exigida o no denunciar su robo o pérdida.
  11. La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida, considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año.
  12. Negarse a darle la documentación a la Policía.
  13. Causar daños a bienes muebles o inmuebles de uso público o privados que estén en la vía pública.
  14. Escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños.
  15. La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad.
  16. Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.
  17. El consumo de alcohol en lugares públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.

Con la solicitud de prórrogas sine die para acuñar una Ley de Seguridad Ciudadana que cumpla con las libertades civiles más esenciales (algo que no sucede con la impulsó el iluminado Fernández Díaztanto PP como C’s se posicionan, una vez más, en contra de la ONU. Rajoy y Rivera, como máximos representantes de los dos partidos conservadores, ignoran cómo las Naciones Unidas han cargado contra la Ley Mordaza -también lo hizo contra la reforma del Código Penal-, cómo cuestionaron que esta ley represiva se hubiera alumbrado con el único fin de “ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”. En suma, la ONU reclamó a España que “adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales”, algo que no sucede en la actualidad (aunque el Borbón tenga otra percepción mientras entona “Del Palacio de la Zarzuela, no nos moverán”).

Ni Rajoy ni Rivera hacen caso a la ONU cuando ésta, en su comunicado, recordó al Gobierno español que “los derechos a manifestarse pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”. Y eso, hoy por hoy en nuestro país, no sucede, gracias a la alianza de PP y C’s entorno al poder y los beneficios que éste les reporta.

Los expertos de la ONU fueron claros: la Ley de Seguridad Ciudadana“restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España”. A la enumeración de libertades civiles pisoteadas gracias a la complicidad de PP y C’s que enumera en su artículo Flotats, hemos de añadir cómo sólo en sus primeros 18 meses, la recaudación por multas al amparo de esta ley superaron los 131 millones de euros, aproximándose a lo que recauda el Estado en concepto de multas por exceso de velocidad.

Se están cercenando los derechos de la intocable Constitución de libertad de expresión, derecho de reunión y de manifestación. Los datos no engañan: a pesar de que siempre pudieron ser denunciados los actos por “desobediencia o resistencia a la autoridad”, no deja de ser curioso cómo en los últimos seis meses de 2015 se pusieron 4.311 multas y en 2016, el triple (12.094). Es importante recalcar que, en estos mismos períodos de tiempo, las multas por “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se cifraron en 2015 en 3.130, por un valor de 469.203 euros, mientras que en 2016 en 9.497, por un importe de 3.006.761 euros.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) es otro de los organismos que ha criticado duramente la Ley Mordaza que Rajoy y Rivera blindan. RSF sostiene que la ley persigue proteger “la imagen de la policía española, limitando el derecho de los periodistas a reunir y difundir información”.  Tanto es así que, aunque a Rivera le encante darse baños de masas en Venezuela, no hace falta que cruce el Charco: gracias a la ley que él mantiene, España fue uno de los ejemplos que RSF utilizó en su informe internacional presentado en 2017 para ilustrar los retrocesos en la libertad de prensa.

Dicho de otro modo y dando peso a mi afirmación inicial de que PP y C’s son agrupaciones antidemócratas, el hecho de que España sea criticada internacionalmente por el deterioro de las libertades civiles y los derechos fundamentales es obra de los negocios que se traen entre manos Rajoy y Rivera.

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