El compromiso no es dar pan, es luchar

Resultado de imagen de pobreza en españa

Si reparto pan entre los pobres soy bueno,
si les explico por qué no tienen pan me acusan de terrorista.
(Leonardo Boff, teólogo de la Liberación)

El mundo del siglo XXI forma un sistema, un todo relacionado en el que no solamente se dan flujos económicos, sino también políticos, culturales y militares, y ese sistema-mundo es capitalista. Está movido por la acumulación incesante de capital y produce, para su funcionamiento, una diferenciación social entre los estados pero también dentro de ellos dando como fruto la pobreza capitalista.

Cualquier estudio sobre pobreza debería de recoger un análisis de la estructura económica en la que están inmersos los sujetos, para determinar porque factores se está concentrando la riqueza, y que elementos redistributivos no están cumpliendo realmente su función para que las bolsas de pobreza no solo persistan sino que además se extiendan.

Pero el análisis de la desigualdad debería ir más allá de análisis estadísticos de distribución de rentas y riquezas y añadir análisis de distribución del poder. El poder es la variable fundamental que configura los procesos de desigualdad social. El poder permite a una clase social (financiera-empresarial) imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia. Con ello la noción de clase social se ubica en el centro de la economía, donde el poder y antagonismo de clases son elementos claves en la distribución de los recursos.

Según el Banco de España (2008), el 19% de la población española controla el 77,5% del PIB. La alta concentración de riqueza en los países del sur europeo es consecuencia de la concentración del poder, que diseña la distribución primaria de los recursos (mercado laboral) y la distribución secundaria (intervención del sector público para corregir o agrandar el desequilibrio primario).

La alta concentración de rentas en distribución primaria es consecuencia de la gran precarización del mercado laboral que se extiende en una doble vertiente: altas tasas de desempleo y precarización de contratos y salarios. Pero esto no es el resultado de la libre economía, sino de la intervención publica desprotegiendo por ley a los trabajadores y permitiendo, también por ley, salarios de pobreza regulados por un SMI que es un tercio inferior al SMI de la eurozona. Con lo cual, gracias a la intervención pública, la pobreza se extiende entre la población activa, donde cada vez más pobres son trabajadores con empleo.

El poder público (en todos sus estamentos y ámbitos territoriales) en su ‘distribución secundaria’ (fiscalidad y gasto público) ayuda a concentrar más la renta, llenando las arcas públicas con los impuestos de la población precarizada (IRPF e IVA) a la vez que practica una alta permisibilidad al fraude fiscal lavado periódicamente con amnistías fiscales. Y lo que es más grave, esta recaudación fiscal se destina en su gran mayoría a sostener el entramado de poder y a pagar lo que este poder demanda (trasvase de dinero al sector financiero, tapar los ‘agujeros’ de la especulación, grandes infraestructuras, subvenciones a sus actividades especulativas, etc.), dejando migajas de caridad a los más necesitados (bajada constante de la Renta de Garantía de Ingresos, precarización de las pensiones, de la prestación por desempleo, de ayudas a las familias, etc.)

El creciente peso de la deuda pública está hipotecando el verdadero gasto social de toda la década que viene, donde la recaudación será absorbida casi en exclusiva por el pago de la deuda y el propio mantenimiento burocrático del sector público.

El principal punto en común de los colectivos en situación de pobreza es la ausencia de ocupación estable en sus personas principales, asociándose este factor de riesgo a la extranjería, la monoparentalidad y a la juventud.

Es  fundamentalmente la actuación pública –en el mercado laboral, la fiscalidad y la protección social– la que ha propiciado que lo que comenzó como una crisis financiera derivara en crisis económica y después laboral y se haya convertido en una importante crisis social que amenaza con crear y perpetuar una infraclase.

El vertiginoso aumento de la pobreza severa implica un importante riesgo de fractura social que afecta a toda la población. Supone un claro cuestionamiento de los derechos sociales básicos. Es por ello que se hace necesaria una intervención desde el sector público contraria a la tendencia actual, que consiga frenar el aumento de la población en situación de pobreza severa. En este contexto creemos necesario destacar que la actuación resulta no solamente necesaria para garantizar los derechos sociales de estas personas sino también viable, solamente con mantener la presión fiscal del año 2007 se podrían mantener los gastos sociales en los niveles anteriores a la crisis, que aún entonces eran insuficientes y que ahora son claramente deficientes.

Pero la actuación pública no solamente es la de realizar una política de protección social suficiente, sino la de proteger con leyes los derechos laborales y salariales, actuando precisamente en dirección contraria en cada nueva ‘reforma laboral’. Determinar el umbral de pobreza es básico para determinar el número de personas que se sitúan por debajo, y el método estadístico utilizado para medirlo no es neutral. Para atajar el problema de la pobreza creciente creemos imprescindible tomar ya dos medidas:

– El Salario Mínimo no debería nunca de ser inferior al 50% del PIB per cápita (en ciertos países miembros como en Francia es superior a este 50%). A falta de competencias, no deberían tolerarse convenios colectivos con salarios por debajo a este indicador
– El Salario Social o Renta de Garantía de Ingresos no debería nunca de ser inferior al 37,5% del PIB per cápita, que pasaría a ser considerado el umbral de pobreza. Y ninguna persona, pensionista, trabajadora precaria, o desempleada debería de recibir menos de este importe. A falta de competencias en pensiones y prestaciones por desempleo, las instituciones deberían complementar las rentas de estas personas.
Teniendo en consideración que las causas de la exclusión no aparecen por azar ni son coyunturales, son claramente estructurales, se hace necesario admitir que la exclusión social es el resultado de una determinada estructura social, política, cultural y económica. La propia organización pública y social, directa o indirectamente, es la que genera ‘poblaciones sobrantes’.

A España le aguarda el desarrollo de una nueva economía política, fertilizada en la práctica de un pensamiento crítico sobre el poder. Y el reto de una comprensión radical del sector público, en el sentido de descubrir que nuestra entera existencia está condicionada por un diseño político-económico que es construido desde la oligarquía de clase, para, a su vez, construirnos a nosotros en nuestras relaciones económicas diarias, que se extienden al trabajo, la vivienda, el consumo, etc. Ese descubrimiento es esplendoroso pues nos revela que las cosas, nosotros mismos podríamos ser de otra manera y que por lo tanto también podemos decidir qué sector público, qué modelo económico, qué presupuestos, qué modo de vida queremos, en definitiva nuestro verdadero autogobierno.

Mentiras sobre lo que pasa en Venezuela

El 9 de enero de 2017, la Asamblea Nacional venezolana desconoció al Presidente de la República, Nicolás Maduro. Votaron a favor de ese golpe de estado constitucional todos los diputados de la oposición salvo los tres diputados del partido de Henry Falcón, quienes entendieron la gravedad de esa decisión. Venezuela es un sistema político presidencialista desde 1811, influido por el constitucionalismo norteamericano. Al Presidente le vota directamente el pueblo -a diferencia de un sistema parlamentario como el español, donde al Presidente le vota el Parlamento- y le corresponde al Presidente, que es el Jefe del Estado, la dirección del país. Cuando la Asamblea decidió desconocer el poder legítimo del Presidente se estaba poniendo al margen de la Constitución. Se colocaron por voluntad propia en desacato. La prensa internacional no dijo nada.

La gran discusión entre el Presidente Maduro y la Asamblea tiene que ver con las actas de tres diputados de Amazonas. Se ha demostrado que compraron votos entre otras muchas irregularidades, lo que obligaría a repetir la elección en esos tres casos. La Asamblea se declaró en rebeldía y decidió echar un pulso a la Presidencia de la República. A imitación del constitucionalismo europeo, cuando hay un conflicto constitucional entre poderes el Tribunal Supremo puede asumir competencias del Parlamento en los casos en que fuera necesario. Hasta un fantoche como Donald Trump ha tenido que asumir las decisiones recientes del Tribunal Supremo norteamericano. Con su tradicional irresponsabilidad, la derecha española llama a desobedecer el estado de derecho en Venezuela y la decisión del Tribunal Supremo. No me extraña de Esperanza Aguirre o Pablo Casado: el PP, especialmente en Madrid, ha financiado sus campañas electorales con dinero negro. Es decir, el PP lleva varias legislaturas usando maneras propias de golpistas. Al menos desde 1936, tienen oído musical para esa partitura. Quienes digan desde España que los venezolanos deben desoír las decisiones de su Tribunal Supremo son unos irresponsables que tiren piedras no solamente sobre el tejado venezolano, sino también sobre el nuestro. Luego tendrán la caradura de quejarse de los comportamientos al margen de la Constitución de la asamblea catalana.

Por si fuera poco, esa Asamblea dominada por la oposición proclamó que el Presidente había abandonado su cargo (algo absurdo y evidentemente falso) y propuso convocar elecciones presidenciales en el plazo de un mes. Ese intento de golpe de estado desde el Parlamento no recibió ni una sola crítica de los que ahora dicen que hay un golpe de estado en Venezuela. Entre ellos, el máximo responsable de la OEA que ayer mismo se reunía en la Ciudad de México con ex presidentes latinoamericanos procesados por lesionar los derechos humanos, y el Departamento de Estado de los EEUU. Qué curioso que justo después haya salido la petición de Almagro de enjuiciar a Venezuela desde la OEA. El papel de Almagro como  Secretario General de la OEA está haciendo mucho daño a la tan necesaria institucionalidad internacional (Pepe Mujica ya se distanció de él de manera definitiva y dejó ver a quién se había vendido). Almagro lleva varios meses mintiendo. Por ejemplo, ha dicho en dos ocasiones recientes que a Venezuela se la ha aplicado la Carta Democrática de la organización (que, tras muchos trámites -ni siquiera iniciados-, podría llevar a su expulsión como ya ocurrió con Cuba pero nunca ha ocurrido con los Estados Unidos, pese a haber promovido golpes de Estado como el de Pinochet contra Allende). Pero era mentira, como demuestra que hoy mismo ha pedido a la OEA que aplique la Carta Democrática. Ergo miente. Todo el rato. Él sabrá por qué, pero en su Uruguay natal dicen que se ha vendido por un puñado de dólares a los que siempre han querido que América Latina sea el patrio trasero norteamericano. Washington siempre busca a un criollo para hacer la tarea del traidor. Almagro no vive en Montevideo.

El Tribunal Supremo de Venezuela ha usado un artículo de la Ley de Hidrocarburos -la principal riqueza del país- que establece que los convenios internacionales y las asociaciones con grupos extranjeros deben ser aprobados por la Asamblea. Como la Asamblea está en situación jurídica de desacato, de manera que no puede -ni quiere- firmar ningún acuerdo, lo que pone en riesgo financiero a Venezuela. Es por eso que el Tribunal Supremo ha asumido las competencias estrictas de la Asamblea para la aprobación de esos contratos, de manera que el país pueda asumir los compromisos necesarios en un momento económicamente complicado por el hundimiento de los precios del petróleo (preguntémonos en España qué pasaría si se hundiera un 80 % el turismo).

El Tribunal Supremo no ha disuelto la Asamblea ni se han convocado nuevas elecciones para elegir nuevos diputados. Lo contrario de lo que están diciendo los medios de comunicación. Lo único que está haciendo el tribunal supremo es asumir unas competencias concretas para evitar que Venezuela se paralice mientras dure el desacato. Si los diputados de la oposición quisieran, el desacato desaparecería de inmediato -bastaría con que cesaran en su desconocimiento del Presidente de la República y que reconocieran que los tres diputados elegidos en la Amazonía no pueden hacer uso de su acta debido a las muchas irregularidades probadas-, pero les resulta mucho más rentable seguir regalando falsas portadas a la prensa internacional. La derecha internacional, esa que se regala entre sí viviendas oficiales y que tiene una trama global de fondos buitres -donde están los Aznar, Botella, sus hijos, De Guindos, Rato, Aguirre y toda esa tropa de malos españoles donde también se ha colado algún “socialista” como Felipe González- quiere tumbar a Venezuela, igual que han hecho con Dilma Rousseff en Brasil. ¿Quién que no esté vendido a esos intereses puede decir que asumir de manera temporal unas competencias esenciales para firmar unos contratos sin los cuales un país se quedaría entregado a los capitales internacionales es un golpe de Estado? ¿No son acaso los mismos que ven “normal” desconocer al Presidente del Gobierno y llamar a nuevas elecciones? Demasiados hipócritas.

Venezuela necesita mucho diálogo. El choque entre instituciones es malo para el país. Esa debiera ser la tarea de España: ayudar al diálogo. En todo el continente latinoamericano. En México han asesinado este último mes a tres periodistas (¿Nos imaginamos lo que pasaría si hubieran asesinado a tres periodistas en Caracas?) y hay al menos 30.000 desaparecidos. El día a día de México es la aparición de fosas con cadáveres, la trata, el asesinato de mujeres, la desaparición de líderes sociales, la creciente pobreza y desigualdad junto a una impunidad del Estado estremecedora. Aún lloran en México a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el Presidente Peña Nieto se ríe de las víctimas no reconociendo las lagunas que apuntan al ejército, a la policía y a políticos vinculados al narco en la desaparición de las muchachas y muchachos. Parece que el PP y sectores del PSOE quieren ver a Venezuela convertida en México.  Para seguir la trama de los negocios.

Hay mercenarios que desearían abocar a Venezuela a una guerra civil. Creen que así podrían volver a recuperar el paraíso que tenían cuando controlaban el petróleo contra los venezolanos y venezolanas. Se equivocan, porque el pueblo venezolano no va a permitir que eso ocurra. Apuntar en esa dirección es querer llevar a Venezuela a un escenario terrible como los que ha creado la OTAN y las potencias occidentales en Oriente Medio. Ojalá el Estado de derecho que forma parte de los logros civilizatorios de Europa pueda funcionar también en Venezuela.  Esa es la principal tarea en la que podríamos colaborar los españoles en ese país: ayudar a reforzar el Estado de derecho. Aunque el PP de la Gürtel y la Púnica ¿qué va a enseñar?

Fue el diario El país el que celebró el golpe de estado contra Chávez en 2002 y fue el Presidente Aznar el que ordenó a nuestro Embajador a reunirse con el Presidente golpista. Ayudemos a que no vuelva a ocurrir nada de esto. Para ello, es esencial que los que no tienen otros intereses que los del dinero, dejen a la justicia funcionar. Y que nadie sea tan hipócrita para pedir en otros países lo que no pedimos para el nuestro. Sigue leyendo

El gasto militar español: ilegítimo, opaco e insolidario

De nuevo el peso abrumador del gasto militar sobre nuestras vidas pasa desapercibido ante la capa de irrelevancia y de opacidad con la que sus promotores han sabido esconderlo a los ojos de casi todos. Para llevar a cabo esta ocultación cuentan con la complicidad, no exenta de responsabilidad, de no pocos opinadores y con el consenso desde arriba, por activa o por pasiva, de los políticos de viejo y nuevo cuño, los primeros más entusiastas y los segundos tal vez más resignados.

El estudio realizado este año con el apoyo de 19 organizaciones y medios de difusión, detecta al menos 31.000 millones de € de gasto militar destinados a sufragar el entramado de la defensa durante 2016, lo que supone más del 2,7% del PIB español y el 7,14% del total de gasto de los presupuestos del estado.helicoptero

La dimensión tan extraordinaria de este gasto se oculta en un maremágnum de equívocos hábilmente tejidos desde arriba, con lo que nos quieren hacer creer que

1º) se gasta poco en defensa (el mantra del Ministerio de Defensa, tanto en época de Rajoy como con ZP es que estamos al nivel de Luxemburgo en gasto militar y entre los estados que menos gastan en Europa) y

2º) que nuestros ejércitos, si no consiguen suculentas mordidas al presupuesto en breve (mordidas que suelen realizarse mediante la aprobación en verano y con nocturnidad de multimillonarios créditos militares extraordinarios y extrapresupuestarios y con un constante nivel de sobregasto en las liquidaciones de los presupuestos anuales de +20% de lo inicialmente presupuestado por el Ministerio de Defensa), nos dejarán indefensos ante las “amenazas” (por otra parte indemostradas, indefinidas, inconcretas, hipotéticas y de naturaleza no militar) que se ciernen sobre nosotros.

Nos oculta esta estrategia comunicativa del Ministerio de Defensa que el nivel de gasto militar que tenemos:

1) es inaceptable en comparación a otras prioridades públicas y sociales,

2) nos ha arrastrado a una situación de endeudamiento inabordable (más de 30.000 millones de € en compromisos por compras de armas, a lo que sumar las nuevas “inversiones” en armas que pretenden subir esta deuda en otros 10.000 millones más),

3) provoca un pago anual de deuda militar para el autofinanciamiento del gasto militar corriente que supera los 16.000 millones de €, o que

4) todo ello nos obliga a una creciente sumisión respecto de los señores de la guerra y los vendedores de armas, de los halcones de occidente y su política agresiva y condiciona toda la política de defensa del Estado a los intereses ilegítimos del que podemos llamar con toda justicia complejo militar industrial español (complejo militar industrial que amalgama políticos e industriales “puerta giratorias”, una banca tenedora de deuda militar e inversora en este negocio que bien podemos denominar “banca armada” y un cúmulo de intereses creados de nuestra casta extractiva que tiene su mejor y más acabada expresión en el dominio en el parlamento del consenso “pro militarista” y el silencio en los espacios de comunicación e información de toda crítica a esta situación). Y,

5) Nos convierte en un estado canalla, uno de los principales promotores de la guerra y del intervencionismo militar en el mundo, ya sea mediante la venta directa y orquestada desde el estado de armas, ya mediante la contribución con fuerzas militare en cuanta operación militar exterior se promueve. Sigue leyendo

Reapropiarse de los bienes comunes

El neoliberalismo no es un espíritu satánico que se manifiesta cuando algunas fuerzas oscuras lo convocan. El neoliberalismo es producto de la conquista de las instituciones por parte de las élites económicas y el poder financiero. Todo un asalto institucional. Para consolidar la privatización de servicios públicos fue necesaria la creación y el uso intensivo de herramientas jurídicas, leyes parlamentarias y tácticas capitalistas para cercar y extraer renta de la producción social: apertura de espacios para que se inyecte y circule el capital financiero sin control público; sistemas de evaluación de los servicios públicos basados en métricas economicistas; pliegos y condiciones de contratación de servicios básicos que escamotean el control público; políticas, reglamentos y medidas coercitivas para convertir en mercancía el trabajo, la tierra, el dinero y los saberes. Por eso darle la vuelta al calcetín no es tan fácil. La santería no nos sirve.bienes-publicos

En “El Puerto de Barcelona: un gobierno en la sombra” se señala una estrategia de privatización que ha entregado un gran poder sobre el territorio a instituciones privadas y que incluso se ha replicado de una ciudad a otra. Las Autoridades Portuarias, figuras legales con autonomía presupuestaria y de gestión, han logrado un aislamiento absoluto de la presión pública y ciudadana respecto a la transformación de los frentes marítimos. La privatización de bienes comunes urbanos se desarrolló en paralelo al desarrollo urbanístico de los centros de las ciudades y para culminar ambos procesos fue necesario producir marcos jurídicos y arreglos institucionales específicos.

La principal reflexión que contiene este ejemplo no revela nada nuevo: el neoliberalismo ha logrado avanzar y entregar poder a grandes oligopolios construyendo sus propios principios científicos, normativos y sus propias dinámicas de organización y movilización. El neoliberalismo urbano ha diseñado una “administración paralela” que ha creado auténticos candados para poder perseverar y que cuenta con un buen listado de casos de corrupción y pillaje. La principal aportación que queremos ofrecer, en el fondo, funciona en un sentido inverso. La remunicipalización y la reapropiación de los bienes comunes solo pueden avanzar tomando en cuenta esas mismas dimensiones, pero para democratizar los recursos públicos.

La reapropiación de los bienes comunes ha de plantearse como un problema institucional, como la necesidad de defender, diseñar, implementar y asumir un conjunto de derechos, normas, obligaciones y compromisos para reapropiarse de lo enajenado y garantizar las condiciones materiales de subsistencia y reproducción social.  No solo necesitamos datos y organización ciudadana, sino también producir y empujar marcos jurídicos que reviertan la situación. Las batallas contra el neoliberalismo que se han dado históricamente han intentado actuar en esa triple dimensión: producir movimiento, producir datos, producir norma.

En su libro “Común”, Laval y Dardot recuerdan las palabras de la militante india Vandana Shiva que ilustran el enfoque político de estas prácticas de reapropiación de lo común: “Si la globalización es el cercamiento final de los comunes –nuestra agua, nuestra biodiversidad, nuestros alimentos, nuestra cultura, nuestra salud, nuestra educación– recuperar los comunes es el deber político, económico y ecológico de nuestra época.”

Estas palabras acompañaban a las protestas que se alzaron en Cochabamba como respuesta a la privatización de la provisión de agua potable, entre enero y abril del 2000. La declaración de Vandana Shiva pone sobre la mesa cómo las instituciones capitalistas crean las condiciones necesarias para que el mercado pueda ampliar el espacio sobre el que generar excedentes. En el caso de Cochabamba, una organización supraestatal –el Banco Mundial– promociona a una multinacional estadounidense –Bechtel Corporation– para ser contratada por el entonces Presidente de Bolivia –el dictador Hugo Banzer– quien previamente generó el marco institucional para poder asegurar la legalidad de la privatización. Frente a estas prácticas de desposesión que no solo encarecían el precio del agua y limitaban su acceso, sino que además destruían los sistemas comunales que la gestionaban, la “Batalla del Agua” fue uno de los procesos de organización social que materializó la defensa de los bienes comunes.

Inspirados por estos procesos, Ugo Mattei –catedrático italiano especializado en derecho civil y comparado– junto a un número importante de organizaciones, llevaron a cabo una Iniciativa Legislativa Popular en la Unión Europea para hacer una Carta Europea de los Bienes Comunes. La iniciativa buscaba establecer, ante la oleada de privatizaciones de servicios públicos que se estaban produciendo en todo el continente, el estatus jurídico y la protección de los bienes comunes a escala europea. Este proceso iniciado en 2011 no consiguió sus principales objetivos, pero abrió una red que sigue organizándose para afectar la agenda europea. Fue uno de los primeros intentos contemporáneos, junto a otros como la “Comisión Rodotà para la Reforma de los Bienes Públicos”, que buscaban actuar sobre el marco administrativo de los bienes comunes, buscando consolidar su expresión jurídica.

Desde la escala municipal más próxima, una estrategia con los mismos principios está conducida por movimientos como “Aigua és Vida”. Esta plataforma formada por una red de entidades sociales ha creado dispositivos de movilización y ha difundido información sobre el impacto negativo que la privatización del agua ha tenido sobre el precio y la eficiencia del servicio. Junto al trabajo para mostrar la viabilidad legal para revertir los procesos de privatización, “Aigua és Vida” ha situado en la agenda la remunicipalización del agua, un tema que empieza a parecer posible en Barcelona. El propio movimiento ha diseñado una “Guía práctica para caminar hacia una gestión no mercantil y democrática del agua” con algunas indicaciones, intentando transferir sus saberes prácticos a otros municipios. Cada vez son más los municipios catalanes que se suman a la remunicipalización y se pueden unir más a la lista durante este año, como esperamos sea el caso de Terrassa.

Una experiencia actual centrada en la gestión comunitaria de equipamientos en Italia nos señala una de las claves de estos procesos de democratización. En el año 2015 el Ayuntamiento de Nápoles aprobó una serie de medidas administrativas para regular, promover e institucionalizar los bienes comunes en el ámbito urbano. Un proceso encaminado a reconocer jurídicamente espacios de autogobierno e implementar modelos de gestión ciudadana de bienes del patrimonio inmobiliario del Ayuntamiento. Este proceso nació de la “experimentación del uso cívico y colectivo urbano de l’Asilo” un equipamiento de titularidad municipal declarado Patrimonio de la Humanidad.

El 2 de marzo de 2012 un colectivo de trabajadores y trabajadoras culturales, conjuntamente con más ciudadanos que formaron parte del proceso, ocuparon L’Asilo. Esta intervención estaba inicialmente planteada para desarrollar actividades culturales autogestionadas durante tres días. Finalmente, a partir de la propia organización ciudadana, se planteó legalizar la autogestión de l’Asilo, recuperando una fórmula jurídica italiana en desuso pero todavía vigente: el uso cívico de un bien público. Este fue el primer paso para lo que finalmente sería un caso de innovación jurídica sin apenas precedentes. A través de una ordenanza municipal, el Ayuntamiento de Nápoles recogió en sus estatutos el concepto de “bien común”, incluyendo en su parte dispositiva el reglamento de uso del inmueble, escrito por los participantes en la asamblea de l’Asilo.

La capacidad de los colectivos de l’Asilo para usar la Ley con el objetivo de invertir las formas de gestión privada vigentes en su municipio nos ofrece toda una lección. Frente al conservadurismo latente –casi “natural”– de gran parte de los servicios jurídicos municipales fue necesaria una fuerza organizada externa con capacidad para incidir en los reglamentos municipales e intervenir en el “Interés General” o, mejor dicho, en el “Bien Común”.

En todos estos procesos convergen tres puntos. En primer lugar, producir datos: nuevas métricas para mostrar la capacidad de producir servicio público por parte de espacios gestionados democráticamente, ya sean públicos o comunitarios. En segundo lugar, producir movimiento: crear alianzas de solidaridad con otros espacios y contextos para reforzar aquellos procesos que cuentan con legitimidad social pero no tienen soporte institucional. En tercer lugar, producir norma: tener un cuerpo militante que, a partir de la alianza entre espacios de lucha y saberes expertos sobre derecho administrativo, generen formas de intervenir en los marcos jurídicos vigentes.

Sin una fortaleza colosal de esa triple dimensión desde el afuera, resulta difícil cambiar el adentro y avanzar en la revolución democrática. Si en algunas de esas dimensiones necesitamos algo más que ideas y diagnósticos, hagamos uso de los recursos que el actual ciclo de “asalto institucional” nos prometió.

(Mauro Castro y Rubén Martínez, La Hidra Cooperativa)

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Grecia ya no existe como estado soberano

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En Grecia llevamos seis años de “rescate”, y los hechos son estos: un 25% de disminución del PIB, un 26% de tasa de paro (más del 55% en el caso de los jóvenes), un 30% de empresas cerradas, más de un millón de despidos, un 38% de reducción salarial media, un 45% de reducción de pensiones media, una tasa de ahorro del -17%, 600.000 jóvenes cualificados emigrados, un aumento del 42% de la mortalidad infantil, un cuarto de la población bajo el umbral de la pobreza, millares de personas y familias comiendo cada día de la caridad popular, un año de “control de capitales”, un gobierno a las órdenes de los acreedores, el mayor plan de privatizaciones del mundo, y casi dos personas suicidándose al día durante los últimos seis años. Pero ¿algo habrá de positivo?, cabría preguntarse. ¡Habrá disminuido, al menos, la deuda! Pues no: la deuda estaba en el 120% del PIB cuando empezó el “rescate” y ahora está ya en el 180%; después de haber dedicado más de 460.000 millones a su amortización y de todos los sacrificios materiales y humanos. ¿No se ha dinamizado, acaso, la economía? ¿No han servido las medidas para atraer inversores? Tampoco: el PIB ha caído en picado, las empresas –grandes y pequeñas– están desertando y el país se encuentra a la cola del mundo en el ranking de inversiones, tan sólo por delante de países en estado de crisis humanitaria o guerra, como Suazilandia, Yemen, Eritrea, Sudán del Sur y Guinea Bissau. Y esto no es todo.

Si este balance fuera la cuenta de resultados de cualquier partido o coalición en un gobierno, éste habría caído ya en el más absoluto descrédito, y no habría nada que justifique ante alguien cuerdo la continuidad de su gestión. Pero, como es la cuenta de resultados de las políticas de la Unión Europea y de la Troika, es incuestionable, y al acatamiento de ese dogma del Único Camino contribuyen diariamente la clase política, la prensa del establishment y la comunidad académica, con una complicidad lesiva que deberá ser estudiada entre las causas de esta situación por los historiadores del futuro.

Tristemente, este penoso balance ya se ha quedado corto, porque, como era de esperar, la situación ha seguido empeorando en el último año y medio, durante el Gobierno de Syriza– ANEL y a raíz de la firma del tercer memorándum. Cuidado: nadie piense que el empeoramiento se debe a que los gobiernos anteriores –los del bipartidismo tradicional y los impuestos por los acreedores– hacían una política distinta y mejor, o a que el gobierno actual ha dado un giro antieuropeo que ha hecho descarrilar la situación irresponsablemente; no, el empeoramiento de la situación –un hecho incontestable– se debe, precisamente, a que se ha seguido aplicando, en un grado mayor, estrictamente la misma política de la UE.

¿Cómo es posible? ¿No era Syriza un partido rupturista que puso en jaque a Europa y a los mercados con su rápida ascensión en las elecciones europeas de 2014, su victoria en las nacionales de enero de 2015, su indómito ministro Varoufakis, sus extenuantes negociaciones con el Eurogrupo y su incómodo referéndum del OXI? Los hechos –una vez más, los hechos– demuestran que no. Syriza, lejos de ser algo así, resultó ser una oportuna válvula de escape para neutralizar gran parte de la peligrosa indignación social acumulada en los primeros cuatro años de “rescates” y frenar por un tiempo las manifestaciones en la calle, un candidato de refresco para el fatigado bipartidismo Nueva Democracia – PASOK, y un fiel ejecutor de las políticas del núcleo duro de la UE contra la voluntad y la confianza de los votantes que llevaron al partido al poder y contra la del 61,4% del electorado que votó NO en el referéndum por él convocado.

Para demostrarlo, volvamos a los hechos. Durante sus primeros meses de mandato, lo único que el nuevo gobierno consiguió obtener de aquel interminable thriller de negociaciones con la UE fue “afinar”, con el beneplácito de sus acreedores, las condiciones del endeudamiento crónico de Grecia. A cambio, reconoció implícitamente la deuda y su viabilidad; consolidó el Acuerdo de Préstamo y los memoranda (al no impugnar ni el uno ni los otros); se obligó a guardar fidelidad a la Troika (rebautizada eufemísticamente como “Instituciones”); condicionó a la aprobación de dichas Instituciones todas las reformas propuestas por su gobierno; se comprometió a utilizar los préstamos europeos sólo para recapitalizar a la banca y no para políticas sociales o de desarrollo; consintió la presencia continuada de tecnócratas europeos en los ministerios (task force) y la aplicación de sus “recomendaciones” para cumplir con los objetivos financieros; convino en seguir adelante con el ingente plan de privatizaciones; accedió a dedicar el total de los ingresos de privatizaciones y del superávit primario al pago prioritario de los acreedores a través de una cuenta cerrada en el Banco de Grecia; y se comprometió a no tomar unilateralmente medidas que pudieran afectar a los objetivos financieros sin la aquiescencia de las Instituciones.

Así pues, el Gobierno de Syriza-ANEL supuso continuismo y no ruptura. Ruptura hubiera sido, por ejemplo, detener de inmediato el pago de la deuda, auditarla de manera exhaustiva ejerciendo el derecho que le reconoce la propia UE (Art. 7.9 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, 21/5/2013), negar la legitimidad de la Troika (amparados en la ignorada resolución que el propio Parlamento Europeo adoptó el 14 de marzo de 2014), poner de manifiesto la inconstitucionalidad de los procesos por los que fueron aprobados los memoranda y el Acuerdo de Préstamo, promulgar por mayoría parlamentaria una nueva ley que los declare nulos, y llevar a los artífices de los acuerdos y los planes de rescate ante los tribunales internacionales (pues hay estudios que demuestran que los programas de la Troika contravienen el propio derecho originario de la Unión Europea y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y violan asimismo derechos fundamentales –vivienda, sanidad, seguridad social, educación, salario justo, negociación colectiva…– recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la Carta de Naciones Unidas y en otros acuerdos internacionales). Pero nada de eso se hizo.

Después del referéndum de julio de 2015 –en el que, pese al cierre de los bancos y a la intensa campaña mediática de intimidación, el resultado fue un rotundo NO a las políticas de austeridad europeas– el Gobierno griego se vio con varias cartas muy fuertes en su mano: el 61% de NO, la declaración del FMI sobre la inviabilidad de la deuda si no se procedía a una importante quita, otra declaración de expertos en Derechos Humanos de la ONU (30/6/2015) sobre la violación de lo dispuesto en la Carta de Naciones Unidas (Art. 103) y en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Art. 53) por parte del Acuerdo de Préstamo y de los memoranda de la Troika, así como el informe de la Comisión de la Verdad sobre la deuda griega –comisión constituida a instancias del propio gobierno y presidida por Eric Toussaint–, que concluyó que, en un altísimo porcentaje, la deuda puede ser calificada de odiosa e ilegal. Pero el gobierno tiró todas esas cartas a la basura. A la vuelta del verano, ganó de nuevo las elecciones nacionales del 20 de septiembre, y, poco después –¡con los votos de la oposición!–, aprobó el tercero y más oneroso de los memorando firmados hasta el momento.

Dicho memorándum ha traído nuevos recortes en salarios, pensiones y gasto social, así como también el compromiso de aplicar recortes de forma automática y sin necesidad de aprobación del Parlamento siempre que no se alcancen los objetivos financieros señalados. Del nuevo “rescate” de 83.400 millones –que incrementan considerablemente la deuda–, 70,9 van directamente a amortizar capital e intereses y a recapitalizar a la banca privada; y sólo 12,5 se destinan formalmente a inversión y crecimiento. ¿Quién presta ese dinero? La “parte del ratón” la ponen el FMI (13,7) y diversos préstamos bilaterales (7), mientras la “parte del león” la aporta el opaco Mecanismo Europeo de Estabilidad (62,7), un organismo nada democrático, ajeno al control de todo parlamento o gobierno, y cuyas condiciones Grecia se obliga a aceptar renunciando a sus prerrogativas de Estado soberano. ¿Y quién pone el dinero del MEDE? La contribución de los Estados miembro al préstamo del Mecanismo aporta sólo “garantías”: en realidad, los 62.700 millones debe ponerlos la propia Grecia, obligándose a obtener un superávit primario de 12.700 millones y a llevar a cabo un ambicioso plan de venta de activos por valor de 50.000 millones. Tal superávit primario, en estas condiciones, sólo puede salir de una austeridad letal; y los 50.000 millones en activos sólo pueden salir de malvender todos los bienes del país (recordemos que, cuando el “rescate” sólo estaba empezando, apenas consiguieron venderse activos por importe de 2.500 millones al año).

Para “agilizar” las cosas, el plan de privatizaciones de Grecia ha estado dirigido, desde el primer momento, por sucesivas entidades de derecho privado regidas por tecnócratas, con sede fuera del país y cada vez más alejadas del control estatal. Últimamente, quien dirigía la almoneda era un fondo llamado Institution for Growth, con sede en Luxemburgo (país a la cabeza en la lista de blanqueo de dinero de la UE) y supeditado al Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW), institución alemana cuyo actual presidente es Wolfgang Schäuble. Pero esto también se ha quedado corto, y el gobierno ha acordado la creación de un “superfondo”, controlado en gran medida por el Mecanismo Europeo de Estabilidad, al que serán transferidos todos los activos del Estado griego para su explotación y venta con vistas a la amortización de la deuda por un período de… ¡99 años!

Más vale no seguir. En estos momentos, los ingresos medios de la familia griega se cifran en 20.000 euros anuales; los gastos mínimos y los impuestos, en 36.760. ¿Cómo se suple ese 46%? ¿Cuántos años se puede continuar así? Y aún hay que aplicar nuevos paquetes de “medidas” para seguir haciendo caja. Con este balance, sólo comparable al de algunos países depauperados por el colonialismo y la guerra, Grecia ha recibido, en los últimos tiempos, el 80% de los refugiados y migrantes que cruzan el Mediterráneo hacia Europa, y retiene en su suelo a casi 60.000, merced a las políticas insolidarias de la UE. Y esta primavera –sin pasar siquiera por la aprobación del Parlamento, sin que nadie se entere de lo que se ha pactado–, el Gobierno ha firmado un acuerdo con la OTAN poniendo en sus manos el control del Egeo.

El balance es penoso, y sería aún muy largo de contar; pero podría resumirse en una idea: Grecia, si aún no de iure, ha dejado de facto de ser un Estado soberano, una “asociación política con soberanía efectiva, interna y externa, sobre una zona geográfica determinada”; pues ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo territorial, se aviene ya –aunque sea de lejos– a esta escueta definición. Grecia ya no existe como Estado soberano. Y el pueblo griego necesita un proyecto en que creer, un empeño colectivo capaz de justificar sus enormes sacrificios, una esperanza de seguir existiendo en el futuro. Pero ninguna, ninguna de las medidas que se han aplicado y que se siguen aplicando, tiene nada que ofrecerle en este sentido. Lo prueban los hechos.

Cuidado con lo que se avecina

CUIDADO… con lo que se avecina… es mas gordo de lo que os imagináis… un gobierno Europeo impuesto por los Neocon que irá quitando a corto plazo a los políticos demócratas y manipulando las elecciones… y colocando tecnócratas, nos queda poco. Los Indignados tienen más razón de lo que os podáis llegar a imaginar. No es una cuestión de PSOE ni de PP, nada tiene que ver. Esto solo se para negándonos a esas mentiras de pagar la deuda en que ellos nos han metido falsamente para tenernos hipotecados hasta nuestros nietos… se acabaron los Estados/Nación… adiós España.crisis

Hay un problema laboral del colectivo de controladores aéreos que afecta al 1,2% de la población española (600.000 personas) y casi todos saltáis como energúmenos pidiendo hasta el linchamiento de ese colectivo cuando el día anterior hacen otra reforma del sistema laboral más restrictiva, quitan los 420 euros de ayuda a 688.000 parados que están en la ruina y anuncian cambios drásticos a peor en la ley de pensiones que afectan al 80% de la población y nadie se indigna ni dice nada. ¿Sois tan insensibles?.

Estáis pidiendo a gritos al Gobierno que se apliquen medidas que quitan el derecho a la baja laboral, a permisos retribuidos y a las horas sindicales, sacar militares a la calle ¿sois idiotas?.

Estáis leyendo que mintieron en los vuelos de la CIA, en el caso Couso, que González era la X del GAL, que gente del PP cobraba de la trama Gürtel, que hay políticos que cobran más de 230.000 euros al año, pero que nos cuestan más de 3 millones de euros, que la corrupción en la política no es excepción, sino norma, que ellos mismos se adjudican el derecho a cobrar la jubilación máxima con pocos años en las Cortes y a nosotros nos piden 40 de cotización, banqueros que consiguen del gobierno medidas duras contra los trabajadores y que tenían que estar en la cárcel por delitos demostrados de fraude fiscal y no decís nada, os quitan dinero para dárselo a esa gente que cobra cientos de miles de euros año, especula con nuestro dinero, defrauda a Hacienda y seguís callados ¿sois idiotas?.

Tenéis una monarquía que se ha enriquecido en los últimos años, que apoya a los poderosos, a EEUU, a Marruecos y a todo lo que huela a poder o dinero, hereditaria como en la Edad Media ¿sois idiotas?.

En Inglaterra o Francia o Italia o en Grecia o en otros países los trabajadores y los jóvenes se manifiestan hasta violentamente para defenderse de esas manipulaciones mientras en España no se mueve casi nadie ¿sois idiotas?.

Consentís la censura en los medios de comunicación, la ley de partidos, la manipulación judicial, la tortura, la militarización de trabajadores sólo porque de momento no os afecta a vosotros ¿sois idiotas?.

Sabéis quién es toda la gentuza de las revistas del corazón, futbolistas supermillonarios pero jamás escucháis a nadie como Saramago o Chomsky u otros mil intelectuales veraces y comprometidos con vuestros problemas ¿sois idiotas?.

Si mucha gente responde sí, aún nos queda un poco de esperanza de conseguir acabar con la manipulación de los políticos y poderosos. Si la mayoría contesta no, entonces estamos jodidos.

EL GOBIERNO: Ha bajado el sueldo a los funcionarios, congelado las pensiones y reducido la ayuda al desempleo, para afrontar la crisis que han generado los bancos los políticos y los especuladores bursátiles.

Nos gustaría transmitirle al Gobierno lo siguiente:

Dediquen su empeño en rebajar LA VERGÜENZA DEL FRAUDE FISCAL, que en España se sitúa alrededor del 23% del P.I.B. (10 puntos por encima de la media europea) y por el que se pierden miles de millones de €uros, fraude que repercute en mayores impuestos para los ciudadanos honestos.

TENGAN LA VERGÜENZA de hacer un plan para que la Banca devuelva al erario público los miles de millones de euros que Vds. les han dado para aumentar los beneficios de sus accionistas y directivos; en vez de facilitar el crédito a las familias y a las empresas, erradicarlas comisiones por los servicios bancarios y que dejen de cobrar a los españoles más humildes €30.01, cada vez que su menguada cuenta se queda sin saldo. Cosa que ocurre cada 1º de mes cuando les cargan las facturas de colegios, comunidades, telefonía, Etc. y aun no les han abonado la nómina.

PONGAN COTO a los desmanes de las empresas de telefonía y de ADSL que ofrecen los servicios más caros de Europa y de peor calidad.

ELIMINEN la duplicidad de muchas Administraciones Públicas, suprimiendo organismos innecesarios, reasignado a los funcionarios de carrera y acabando con los cargos, asesores de confianza y otros puestos nombrados a dedo que, pese a ser innecesarios en su mayor parte, son los que cobran los sueldazos en las Administraciones Públicas y su teórica función puede ser desempeñada de forma más cualificada por muchos funcionarios públicos titulados y que lamentablemente están infrautilizados.

HAGAN que los políticos corruptos de sus partidos devuelvan el dinero equivalente a los perjuicios que han causado al erario público con su mala gestión o/y sus fechorías, y endurezcan el Código Penal con procedimientos judiciales más rápidos y con castigos ejemplares para ellos.

INDECENTE, es que el salario mínimo de un trabajador sea de 624 €/mes y el de un diputado de 3.996, pudiendo llegar, con dietas y otras prebendas, a 6.500 €/mes. Y bastantes más por diferentes motivos que se le pueden agregar.

INDECENTE, es que un profesor, un maestro, un catedrático de universidad o un cirujano de la sanidad pública, ganen menos que el concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera.

INDECENTE, es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca (siempre por unanimidad, por supuesto, y al inicio de la legislatura).

INDECENTE, es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los diputados les baste sólo con 7, y que los miembros del gobierno, para cobrar la pensión máxima, sólo necesiten jurar el cargo.

INDECENTE, es que los diputados sean los únicos trabajadores (¿?) de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF.

INDECENTE,es colocar en la administración a miles de asesores = (léase amigotes con sueldos que ya desearían los técnicos más cualificados).

INDECENTE, es el ingente dinero destinado a sostener a los partidos y sindicatos pesebreros, aprobados por los mismos políticos que viven de ellos.

INDECENTE, es que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo (ni cultural ni intelectual).

INDECENTE, es el coste que representa para los ciudadanos sus comidas, coches oficiales, chóferes, viajes (siempre en gran clase) y tarjetas de crédito por doquier.

INDECENTE, es que sus señorías tengan seis meses de vacaciones al año.

INDECENTE, es que ministros, secretarios de estado y altos cargos de la política, cuando cesan, son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del ERARIO PÚBLICO.

Y que sea cuál sea el color del gobierno, todos los políticos se benefician de este moderno “derecho de pernada” mientras no se cambien las leyes que lo regula. ¿Y quiénes las cambiarán? ¿Ellos mismos? Já.

Juntemos firmas para que haya un proyecto de ley con “cara y ojos” para acabar con estos privilegios, y con otros.

Haz que esto llegue al Congreso a través de tus amigos.

ÉSTA SÍ DEBERÍA SER UNA DE ESAS CADENAS QUE NO SE DEBE ROMPER, PORQUE SÓLO NOSOTROS PODEMOS PONERLE REMEDIO A ESTO, Y ÉSTA, SI QUE TRAERÁ AÑOS DE MALA SUERTE SI NO PONEMOS REMEDIO, está en juego nuestro futuro y el de nuestros hijos.

¿DÓNDE ESTÁ LA GENTE? SE LEVANTA POR EL FÚTBOL Y NO PARA DEFENDER DERECHOS.

(Arturo Pérez Reverte, 13/02/12)

El futuro de Podemos

La irrupción de Podemos en el espacio público transformó el sistema político español. La indignación y la esperanza que surgieron del 15-M abrieron las mentes de millones de personas a la posibilidad de cambio real en sus vidas, envueltas en las tinieblas de la crisis económica y la manipulación política. El paso del movimiento social al cambio político requiere iniciativas que penetren las instituciones desde fuera del sistema, algo extremadamente difícil porque precisamente las reglas del sistema están hechas para que eso no pase. Por ello hay que reconocer el coraje de un pequeño grupo de mujeres y hombres que, en las condiciones más adversas, se atrevieron a desafiar a poderosas burocracias políticas, y creyeron en la democracia (aún con las consabidas restricciones mediáticas, financieras y de aparatos del poder en la sombra) postulándose para gobernar. Ni más ni menos. Se abrió así un proceso que en tan sólo treinta meses ha puesto en cuestión el dominio de los partidos tradicionales, anquilosados y frecuentemente corrompidos. El ejemplo de Podemos ha tenido amplia repercusión en la esperanza de los jóvenes en Europa y Latinoamérica, asqueados de la política actual pero confusos sobre qué hacer.Prohibido

Es cierto que la crisis del bipartidismo, a la que contribuyó en menor medida Ciudadanos, ha suscitado un periodo de incertidumbre institucional que tiene alarmados a los círculos financieros y desconcertado al personal. Pero ese es el precio de toda renovación política profunda. La verdadera cuestión es si el bloqueo del sistema conduce al cambio o se transforma en marasmo cuando lo viejo no se puede imponer y lo nuevo no acaba de cuajar. Y la respuesta a esa pregunta esta li­gada al futuro de las confluencias de Podemos.

Y digo confluencias porque el rasgo más distintivo de Podemos es que no se trata de un partido unitario. Podemos ha puesto en práctica su concepción de España como Estado plurinacional. Sus componentes son autó­nomos, provienen de expresiones políticas de las distintas sociedades nacionales y regionales. Ada Colau no recibe órdenes de Madrid. Por eso Podemos es la ­primera formación política precisamente en Euskadi y En Comú Podem en Catalunya. Y los avances decisivos de la nueva política se han producido en Galicia, en el País Valenciano y en Baleares. Su fuerza es ser expresión de la diversidad del país sin pasar por el molinete centralizador característico de la derecha autoritaria o la izquierda jacobina.

Parece, sin embargo, que el fenómeno Podemos ha tocado techo tras el 26-J aun contando con más de 5 millones de votos. La pérdida de un millón de votos se debió parcialmente a la abstención de votantes de IU cuyos ex líderes Lara y Llamazares fueron críticos de la alianza. Pero la desmovilización de algunos votantes de Podemos también fue consecuencia de tácticas cambiantes y negociaciones tortuosas para la formación de gobierno. Podemos fue coherente con su negativa a votar un programa marcado por las políticas neoliberales de Ciudadanos y sin posibilidad de compartir gobierno a menos de renunciar a puntos fundamentales de su propuesta. Pero perdió la batalla de la percepción pública, sobre todo entre los mayores, al parecer responsables de la incertidumbre política que, sin ser realmente un problema para el país, se convirtió en la obsesión de los medios y los políticos hasta alarmar a los ciudadanos.

La amplificación del debate interno por parte de los medios acercó a Podemos a la imagen de la política tradicional, siendo así que el debate abierto es una marca de la nueva política. Las campañas anti-Podemos eran de esperar. Si se confronta un sistema, el sistema se defiende con todo. Y es aquí donde Podemos no superó su ambigüedad entre ser una palanca de cambio profundo sin complejos o constituirse en nueva izquierda del sistema para llegar al gobierno. De hecho, nunca fue posible para Podemos ser fuerza hegemónica de gobierno, ni siquiera decisiva. Si su análisis es correcto y si quieren “asaltar los cielos”, era previsible que todos los componentes del sistema, incluidos los socialistas, reaccionaran, construyendo cualquier tipo de coalición para excluirlos. Sánchez no podía, sin permiso de sus superiores, aliarse a Podemos sin el contrapeso de Ciudadanos. Y mucho menos entrar en coalición de gobierno de izquierda bajo liderazgo de Podemos si el sorpasso se hubiera producido. Es esta la contradicción de fondo de Podemos. El cambio ya está en marcha en los ámbitos locales y autonómicos y esto será decisivo. Pero a escala estatal, antes de llegar al gobierno con voz propia necesitan construir hegemonía en la sociedad. Y eso nunca se ha hecho adaptándose a lo que hay sino abriendo las mentes a lo que puede haber.

Un proceso necesariamente lento y que pasa por la movilización contra las políticas antisociales, articulando la protesta cívica con la oposición parlamentaria. Presentarse como socialdemocracia no es creíble, como bien dijo Zapatero, porque la socialdemocracia española es el PSOE. Y es en realidad una mala idea cuando la socialdemocracia se hunde en toda Europa por aparecer claramente como gestora de la austeridad y del imperativo de los mercados. Otra cuestión es recuperar la defensa del Estado de bienestar y otros valores abandonados por la socialdemocracia y articularlos con los nuevos valores del siglo XXI.

Podemos tiene que elegir entre las alianzas parlamentarias para alcanzar cuotas limitadas de poder subordinado o la utilización democrática de las instituciones en representación de una sociedad movilizada contra un sistema injusto. Oscilar entre las dos estrategias conduciría a su desintegración. Y de hecho no tiene mucha elección porque ya no es creíble para el sistema como partido domesticado tras superar sus ínfulas juveniles. El futuro de Podemos está inscrito en su pasado como expresión política autónoma del movimiento social (La Vanguardia, Manuel Castells, 30/7/16).