El sistema público de pensiones

Resulta difícil decir nada nuevo sobre el tema de las pensiones. Se continúa repitiendo idénticas falacias. Ante los mismos tópicos, no valen sino los mismos argumentos. Todos los medios de comunicación se han hecho eco de la publicación por parte de la OCDE de un informe acerca de las pensiones en los países que la integran. Es curioso que los organismos internacionales tengan una especial predilección por este asunto, revistiendo siempre sus informes de tintes catastrofistas. Es curioso porque los funcionarios de todos estos organismos devengan espléndidas pensiones (esas sí que son generosas), sin que nadie se plantee si son o no sostenibles. Ante el ruido generado por el informe, conviene recordar verdades y desmontar falacias:

1. Desde mediados de los años ochenta los servicios de estudios de las entidades financieras, fundaciones y otras instituciones han ido elaborando documentos e informes con el fin de demostrar que el sistema público de pensiones resulta inviable. En todos ellos se anunciaba que el sistema entraría en quiebra a plazo fijo. El caso es que han ido llegando sucesivamente las fechas fijadas sin que se produzca la debacle anunciada.

2. La argumentación de todos esos informes es casi idéntica. Parten del hecho de que el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad configurarán una pirámide de población en la que la proporción entre trabajadores y pensionistas se inclinara a favor de estos últimos, en tal medida que hará insostenible el sistema. Se recurre a la tasa de dependencia citada, por ejemplo, en el reciente informe de la OCDE.

3. Esta forma de argumentar olvida la variable de la productividad. La cuestión no estriba en cuántos son los que producen, sino en cuánto es lo que se produce. Cien trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es diez veces superior, de tal modo que, aun cuando esta proporción del número de trabajadores por pensionistas se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor. Quizá lo ocurrido con la agricultura pueda servir de ejemplo. Hace cincuenta años, el 30% de la población activa española trabajaba en el sector primario; hoy, únicamente lo hace el 4%, pero ese 4% produce más que el 30% anterior. En resumen, un número menor de trabajadores podrá mantener a un número mucho mayor de pensionistas.

4. En los últimos cuarenta años, gracias a los incrementos de la productividad, la renta per cápita en términos constantes casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una evolución similar. Mientras que la renta por habitante de una nación se mantenga constante o se incremente, ningún colectivo, bien sea de pensionistas, bomberos o empleados de banca, tiene por qué ver empeorada su situación económica. Si en un periodo de tiempo, un colectivo (por ejemplo los jubilados) ve cómo sus ingresos crecen menos que la renta por habitante es porque otras rentas, ya se trate de las salariales, de capital o empresariales, crecen más. Se produce por tanto una redistribución de la renta en contra de los pensionistas y a favor de los otros colectivos, que con toda probabilidad serán el de los dueños del capital o el de los empresarios. Y tales aseveraciones se cumplen siempre sea cual sea la pirámide de población, la esperanza de vida o la tasa de natalidad. Sigue leyendo

Anuncios

¿Vivían mejor los sindicatos con Franco?

La pregunta puede parecer del todo ridícula para cualquier lector mínimamente informado sobre la historia del movimiento obrero bajo la dictadura franquista. Sin embargo, por increíble que parezca, el discurso de la derecha que afirma que los sindicatos han heredado del franquismo una posición privilegiada en la sociedad, cuyo precio lo pagan millones de parados condenados a estar excluidos del mercado laboral en democracia, se halla fuertemente arraigado en la cultura política popular de la derecha española. Esta cultura salió a relucir con el discurso público que lanzaron autoridades políticas del PP con ocasión de las reformas laborales. La ahora defenestrada Esperanza Aguirre, por ejemplo, afirmaba que la reforma acababa con el marco franquista de relaciones laborales y acusaba a los sindicatos de defender políticas anticuadas, reaccionarias y antisociales.

Nada refleja mejor esta concepción del mundo que un artículo para Bloomberg de Ana Palacio. En él, la ex ministra de exteriores de Aznar y ex vicepresidenta del Banco Mundial, le explicaba a un público internacional cuál había sido, según ella, la verdadera condición privilegiada bajo la que vivían los trabajadores y los sindicatos bajo Franco mediante afirmaciones como ésta: “La legislación laboral franquista ofrecía a los trabajadores una seguridad laboral de hierro y unos fuertes derechos de negociación colectiva. Estos eran elementos críticos de los sistemas de bienestar que fueron adoptados por regímenes fascistas o nacionalsocialistas que intentaban preservar la armonía social en Europa en ausencia de la democracia. Cambiar estos elementos ha sido una prueba crítica de la madurez de la democracia española desde su establecimiento en 1977 y los gobiernos sucesivos han fracasado en este intento. Al contrario de lo que se podría esperar, ha sido la izquierda política la que se ha opuesto más a cambiar leyes que fueron adoptadas bajo la dictadura fascista de Franco”.

Si uno tuviera que basar su conocimiento de la historia de la Europa de posguerra en esta especie de Cuéntame cómo fue surrealista de la derecha Española podría llegar a pensar que el estado de bienestar en realidad lo inventó el fascismo y que en los verdaderos estados de bienestar que se establecieron en las democracias liberales de posguerra (en Alemania Federal, Inglaterra, Francia o Italia) reinaba el despido libre, no existía la negociación colectiva y los sindicatos no jugaban ningún papel relevante, mientras que en la España de Franco sucedía lo contrario. Por lo visto en el ideario político de Palacio sólo los regímenes fascistas promueven seguridad en el empleo y sistemas de bienestar mientras que democracia debería de ser sinónimo de despido libre y libertad de contratación.

En realidad este relato revisionista de la derecha Española se apoya en una selección interesada de ciertos elementos históricos de las relaciones laborales durante un periodo concreto del franquismo para tergiversarlos de manera interesada. El marco de relaciones laborales franquista no fue homogéneo durante los casi 40 años de dictadura y con el paso del periodo autárquico al periodo de liberalización económica bajo el Plan de Estabilización, a finales de los años cincuenta, estas relaciones sufrieron transformaciones.

En 1958 el régimen de Franco promulgó la famosa Ley de Convenios Colectivos Sindicales que rompía el monopolio del gobierno a la hora de fijar las condiciones laborales, existente bajo el periodo de autarquía. Esta ley sentó una de las bases para la liberalización de la economía bajo el Plan de Estabilización. Al contrario de lo que predica Ana Palacio, en aquel contexto histórico, el marco de relaciones laborales regido por convenios colectivos fue introducido por el franquismo precisamente para facilitar la liberalización de la economía, tratando de adaptar los salarios a la productividad, tal y como hoy pretende la CEOE.

Sin embargo, los convenios colectivos fueron introducidos por el franquismo en un marco normativo en el que el que no se reconocía la existencia de las partes en las relaciones laborales y por tanto, tampoco su autonomía. De este modo, los convenios se negociaban en el seno de la Organización Sindical Española (OSE), el Sindicato Vertical, que integraba obligatoriamente tanto a patronos como a obreros en un mismo sindicato controlado por el estado. Los convenios colectivos se introdujeron para flexibilizar los salarios y las condiciones de trabajo y adecuarlos así a la situación de las empresas. En realidad, un paso en la misma dirección en la que ahora quiere avanzar el PP, descentralizando la negociación colectiva todavía más para dar más peso a los convenios de empresa. Sigue leyendo

El compromiso no es dar pan, es luchar

Resultado de imagen de pobreza en españa

Si reparto pan entre los pobres soy bueno,
si les explico por qué no tienen pan me acusan de terrorista.
(Leonardo Boff, teólogo de la Liberación)

El mundo del siglo XXI forma un sistema, un todo relacionado en el que no solamente se dan flujos económicos, sino también políticos, culturales y militares, y ese sistema-mundo es capitalista. Está movido por la acumulación incesante de capital y produce, para su funcionamiento, una diferenciación social entre los estados pero también dentro de ellos dando como fruto la pobreza capitalista.

Cualquier estudio sobre pobreza debería de recoger un análisis de la estructura económica en la que están inmersos los sujetos, para determinar porque factores se está concentrando la riqueza, y que elementos redistributivos no están cumpliendo realmente su función para que las bolsas de pobreza no solo persistan sino que además se extiendan.

Pero el análisis de la desigualdad debería ir más allá de análisis estadísticos de distribución de rentas y riquezas y añadir análisis de distribución del poder. El poder es la variable fundamental que configura los procesos de desigualdad social. El poder permite a una clase social (financiera-empresarial) imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia. Con ello la noción de clase social se ubica en el centro de la economía, donde el poder y antagonismo de clases son elementos claves en la distribución de los recursos.

Según el Banco de España (2008), el 19% de la población española controla el 77,5% del PIB. La alta concentración de riqueza en los países del sur europeo es consecuencia de la concentración del poder, que diseña la distribución primaria de los recursos (mercado laboral) y la distribución secundaria (intervención del sector público para corregir o agrandar el desequilibrio primario).

La alta concentración de rentas en distribución primaria es consecuencia de la gran precarización del mercado laboral que se extiende en una doble vertiente: altas tasas de desempleo y precarización de contratos y salarios. Pero esto no es el resultado de la libre economía, sino de la intervención publica desprotegiendo por ley a los trabajadores y permitiendo, también por ley, salarios de pobreza regulados por un SMI que es un tercio inferior al SMI de la eurozona. Con lo cual, gracias a la intervención pública, la pobreza se extiende entre la población activa, donde cada vez más pobres son trabajadores con empleo.

El poder público (en todos sus estamentos y ámbitos territoriales) en su ‘distribución secundaria’ (fiscalidad y gasto público) ayuda a concentrar más la renta, llenando las arcas públicas con los impuestos de la población precarizada (IRPF e IVA) a la vez que practica una alta permisibilidad al fraude fiscal lavado periódicamente con amnistías fiscales. Y lo que es más grave, esta recaudación fiscal se destina en su gran mayoría a sostener el entramado de poder y a pagar lo que este poder demanda (trasvase de dinero al sector financiero, tapar los ‘agujeros’ de la especulación, grandes infraestructuras, subvenciones a sus actividades especulativas, etc.), dejando migajas de caridad a los más necesitados (bajada constante de la Renta de Garantía de Ingresos, precarización de las pensiones, de la prestación por desempleo, de ayudas a las familias, etc.)

El creciente peso de la deuda pública está hipotecando el verdadero gasto social de toda la década que viene, donde la recaudación será absorbida casi en exclusiva por el pago de la deuda y el propio mantenimiento burocrático del sector público.

El principal punto en común de los colectivos en situación de pobreza es la ausencia de ocupación estable en sus personas principales, asociándose este factor de riesgo a la extranjería, la monoparentalidad y a la juventud.

Es  fundamentalmente la actuación pública –en el mercado laboral, la fiscalidad y la protección social– la que ha propiciado que lo que comenzó como una crisis financiera derivara en crisis económica y después laboral y se haya convertido en una importante crisis social que amenaza con crear y perpetuar una infraclase.

El vertiginoso aumento de la pobreza severa implica un importante riesgo de fractura social que afecta a toda la población. Supone un claro cuestionamiento de los derechos sociales básicos. Es por ello que se hace necesaria una intervención desde el sector público contraria a la tendencia actual, que consiga frenar el aumento de la población en situación de pobreza severa. En este contexto creemos necesario destacar que la actuación resulta no solamente necesaria para garantizar los derechos sociales de estas personas sino también viable, solamente con mantener la presión fiscal del año 2007 se podrían mantener los gastos sociales en los niveles anteriores a la crisis, que aún entonces eran insuficientes y que ahora son claramente deficientes.

Pero la actuación pública no solamente es la de realizar una política de protección social suficiente, sino la de proteger con leyes los derechos laborales y salariales, actuando precisamente en dirección contraria en cada nueva ‘reforma laboral’. Determinar el umbral de pobreza es básico para determinar el número de personas que se sitúan por debajo, y el método estadístico utilizado para medirlo no es neutral. Para atajar el problema de la pobreza creciente creemos imprescindible tomar ya dos medidas:

– El Salario Mínimo no debería nunca de ser inferior al 50% del PIB per cápita (en ciertos países miembros como en Francia es superior a este 50%). A falta de competencias, no deberían tolerarse convenios colectivos con salarios por debajo a este indicador
– El Salario Social o Renta de Garantía de Ingresos no debería nunca de ser inferior al 37,5% del PIB per cápita, que pasaría a ser considerado el umbral de pobreza. Y ninguna persona, pensionista, trabajadora precaria, o desempleada debería de recibir menos de este importe. A falta de competencias en pensiones y prestaciones por desempleo, las instituciones deberían complementar las rentas de estas personas.
Teniendo en consideración que las causas de la exclusión no aparecen por azar ni son coyunturales, son claramente estructurales, se hace necesario admitir que la exclusión social es el resultado de una determinada estructura social, política, cultural y económica. La propia organización pública y social, directa o indirectamente, es la que genera ‘poblaciones sobrantes’.

A España le aguarda el desarrollo de una nueva economía política, fertilizada en la práctica de un pensamiento crítico sobre el poder. Y el reto de una comprensión radical del sector público, en el sentido de descubrir que nuestra entera existencia está condicionada por un diseño político-económico que es construido desde la oligarquía de clase, para, a su vez, construirnos a nosotros en nuestras relaciones económicas diarias, que se extienden al trabajo, la vivienda, el consumo, etc. Ese descubrimiento es esplendoroso pues nos revela que las cosas, nosotros mismos podríamos ser de otra manera y que por lo tanto también podemos decidir qué sector público, qué modelo económico, qué presupuestos, qué modo de vida queremos, en definitiva nuestro verdadero autogobierno.

Europa, no sin España

Después de varios meses de trabajo por fin ha salido el tercer volumen de la saga sobre la incorporación de España a la Unión Europea. Se titula “Europa, no sin España (1968-1978)”, y lo publica la editorial EUNSA. europa-no-sin-espana-portada

La Unión Europea se encuentra en las horas más bajas de su historia, sumida en una verdadera crisis existencial como proyecto político, económico y social. Su situación actual pone en cuestión la relevancia de ese proyecto, señalando su rigidez y disfuncionalidad para hacer frente a las urgencias de la crisis y buscar acomodo en el sistema global. Otras voces ponen en duda su viabilidad, afirmando que ante la crisis económica y otras amenazas que sufre Europa -migraciones descontroladas, recortes fiscales o la creciente burocracia- sería mejor “ir solos”. En el norte de Europa, incluso desde posiciones moderadas se afirma que es mejor librarse del “lastre” que suponen los países del sur y la periferia de la UE, planteándose abiertamente la posibilidad de excluirlos de la eurozona. En el sur se afirma que es preciso zafarse de las exigencias de disciplina monetaria y fiscal que exige el euro, reclamando incluso el abandono de la moneda única para recuperar soberanía monetaria. Las reacciones nacionalistas y populistas a la crisis explican en parte que el “euroescepticismo” esté ganado espacios al europeísmo, extendiéndose desde los extremos hacia el centro del espectro político de la UE. Pero más allá del discurso y el debate político superficial, hay que reconocer que la UE experimenta una crisis profunda que afecta a su racionalidad, legitimidad, relevancia y viabilidad.cubierta

La explicación de estos problemas de 2017 se puede buscar, como hace el autor, en el modo en que se llevó a cabo el proceso de integración de los países periféricos como España en el núcleo central de la UE. Proceso en el que se obvió la natural diversidad de ritmos políticos, económicos y sociales de los países que acabaron formando esa entidad llamada Unión Europea. En este libro se aborda el caso de España en un momento crítico de su historia (1968-1978), los años previos y posteriores a la muerte de la última dictadura que pervivió en Occidente, la española.

Los dos tomos anteriores ya se publicaron en 2010 y 2014 respectivamente, con los títulos “Una Europa para dos Españas”, y “Europa, de entrada, no”. Espero que os gusten.

El gasto militar español: ilegítimo, opaco e insolidario

De nuevo el peso abrumador del gasto militar sobre nuestras vidas pasa desapercibido ante la capa de irrelevancia y de opacidad con la que sus promotores han sabido esconderlo a los ojos de casi todos. Para llevar a cabo esta ocultación cuentan con la complicidad, no exenta de responsabilidad, de no pocos opinadores y con el consenso desde arriba, por activa o por pasiva, de los políticos de viejo y nuevo cuño, los primeros más entusiastas y los segundos tal vez más resignados.

El estudio realizado este año con el apoyo de 19 organizaciones y medios de difusión, detecta al menos 31.000 millones de € de gasto militar destinados a sufragar el entramado de la defensa durante 2016, lo que supone más del 2,7% del PIB español y el 7,14% del total de gasto de los presupuestos del estado.helicoptero

La dimensión tan extraordinaria de este gasto se oculta en un maremágnum de equívocos hábilmente tejidos desde arriba, con lo que nos quieren hacer creer que

1º) se gasta poco en defensa (el mantra del Ministerio de Defensa, tanto en época de Rajoy como con ZP es que estamos al nivel de Luxemburgo en gasto militar y entre los estados que menos gastan en Europa) y

2º) que nuestros ejércitos, si no consiguen suculentas mordidas al presupuesto en breve (mordidas que suelen realizarse mediante la aprobación en verano y con nocturnidad de multimillonarios créditos militares extraordinarios y extrapresupuestarios y con un constante nivel de sobregasto en las liquidaciones de los presupuestos anuales de +20% de lo inicialmente presupuestado por el Ministerio de Defensa), nos dejarán indefensos ante las “amenazas” (por otra parte indemostradas, indefinidas, inconcretas, hipotéticas y de naturaleza no militar) que se ciernen sobre nosotros.

Nos oculta esta estrategia comunicativa del Ministerio de Defensa que el nivel de gasto militar que tenemos:

1) es inaceptable en comparación a otras prioridades públicas y sociales,

2) nos ha arrastrado a una situación de endeudamiento inabordable (más de 30.000 millones de € en compromisos por compras de armas, a lo que sumar las nuevas “inversiones” en armas que pretenden subir esta deuda en otros 10.000 millones más),

3) provoca un pago anual de deuda militar para el autofinanciamiento del gasto militar corriente que supera los 16.000 millones de €, o que

4) todo ello nos obliga a una creciente sumisión respecto de los señores de la guerra y los vendedores de armas, de los halcones de occidente y su política agresiva y condiciona toda la política de defensa del Estado a los intereses ilegítimos del que podemos llamar con toda justicia complejo militar industrial español (complejo militar industrial que amalgama políticos e industriales “puerta giratorias”, una banca tenedora de deuda militar e inversora en este negocio que bien podemos denominar “banca armada” y un cúmulo de intereses creados de nuestra casta extractiva que tiene su mejor y más acabada expresión en el dominio en el parlamento del consenso “pro militarista” y el silencio en los espacios de comunicación e información de toda crítica a esta situación). Y,

5) Nos convierte en un estado canalla, uno de los principales promotores de la guerra y del intervencionismo militar en el mundo, ya sea mediante la venta directa y orquestada desde el estado de armas, ya mediante la contribución con fuerzas militare en cuanta operación militar exterior se promueve. Sigue leyendo

Reapropiarse de los bienes comunes

El neoliberalismo no es un espíritu satánico que se manifiesta cuando algunas fuerzas oscuras lo convocan. El neoliberalismo es producto de la conquista de las instituciones por parte de las élites económicas y el poder financiero. Todo un asalto institucional. Para consolidar la privatización de servicios públicos fue necesaria la creación y el uso intensivo de herramientas jurídicas, leyes parlamentarias y tácticas capitalistas para cercar y extraer renta de la producción social: apertura de espacios para que se inyecte y circule el capital financiero sin control público; sistemas de evaluación de los servicios públicos basados en métricas economicistas; pliegos y condiciones de contratación de servicios básicos que escamotean el control público; políticas, reglamentos y medidas coercitivas para convertir en mercancía el trabajo, la tierra, el dinero y los saberes. Por eso darle la vuelta al calcetín no es tan fácil. La santería no nos sirve.bienes-publicos

En “El Puerto de Barcelona: un gobierno en la sombra” se señala una estrategia de privatización que ha entregado un gran poder sobre el territorio a instituciones privadas y que incluso se ha replicado de una ciudad a otra. Las Autoridades Portuarias, figuras legales con autonomía presupuestaria y de gestión, han logrado un aislamiento absoluto de la presión pública y ciudadana respecto a la transformación de los frentes marítimos. La privatización de bienes comunes urbanos se desarrolló en paralelo al desarrollo urbanístico de los centros de las ciudades y para culminar ambos procesos fue necesario producir marcos jurídicos y arreglos institucionales específicos.

La principal reflexión que contiene este ejemplo no revela nada nuevo: el neoliberalismo ha logrado avanzar y entregar poder a grandes oligopolios construyendo sus propios principios científicos, normativos y sus propias dinámicas de organización y movilización. El neoliberalismo urbano ha diseñado una “administración paralela” que ha creado auténticos candados para poder perseverar y que cuenta con un buen listado de casos de corrupción y pillaje. La principal aportación que queremos ofrecer, en el fondo, funciona en un sentido inverso. La remunicipalización y la reapropiación de los bienes comunes solo pueden avanzar tomando en cuenta esas mismas dimensiones, pero para democratizar los recursos públicos.

La reapropiación de los bienes comunes ha de plantearse como un problema institucional, como la necesidad de defender, diseñar, implementar y asumir un conjunto de derechos, normas, obligaciones y compromisos para reapropiarse de lo enajenado y garantizar las condiciones materiales de subsistencia y reproducción social.  No solo necesitamos datos y organización ciudadana, sino también producir y empujar marcos jurídicos que reviertan la situación. Las batallas contra el neoliberalismo que se han dado históricamente han intentado actuar en esa triple dimensión: producir movimiento, producir datos, producir norma.

En su libro “Común”, Laval y Dardot recuerdan las palabras de la militante india Vandana Shiva que ilustran el enfoque político de estas prácticas de reapropiación de lo común: “Si la globalización es el cercamiento final de los comunes –nuestra agua, nuestra biodiversidad, nuestros alimentos, nuestra cultura, nuestra salud, nuestra educación– recuperar los comunes es el deber político, económico y ecológico de nuestra época.”

Estas palabras acompañaban a las protestas que se alzaron en Cochabamba como respuesta a la privatización de la provisión de agua potable, entre enero y abril del 2000. La declaración de Vandana Shiva pone sobre la mesa cómo las instituciones capitalistas crean las condiciones necesarias para que el mercado pueda ampliar el espacio sobre el que generar excedentes. En el caso de Cochabamba, una organización supraestatal –el Banco Mundial– promociona a una multinacional estadounidense –Bechtel Corporation– para ser contratada por el entonces Presidente de Bolivia –el dictador Hugo Banzer– quien previamente generó el marco institucional para poder asegurar la legalidad de la privatización. Frente a estas prácticas de desposesión que no solo encarecían el precio del agua y limitaban su acceso, sino que además destruían los sistemas comunales que la gestionaban, la “Batalla del Agua” fue uno de los procesos de organización social que materializó la defensa de los bienes comunes.

Inspirados por estos procesos, Ugo Mattei –catedrático italiano especializado en derecho civil y comparado– junto a un número importante de organizaciones, llevaron a cabo una Iniciativa Legislativa Popular en la Unión Europea para hacer una Carta Europea de los Bienes Comunes. La iniciativa buscaba establecer, ante la oleada de privatizaciones de servicios públicos que se estaban produciendo en todo el continente, el estatus jurídico y la protección de los bienes comunes a escala europea. Este proceso iniciado en 2011 no consiguió sus principales objetivos, pero abrió una red que sigue organizándose para afectar la agenda europea. Fue uno de los primeros intentos contemporáneos, junto a otros como la “Comisión Rodotà para la Reforma de los Bienes Públicos”, que buscaban actuar sobre el marco administrativo de los bienes comunes, buscando consolidar su expresión jurídica.

Desde la escala municipal más próxima, una estrategia con los mismos principios está conducida por movimientos como “Aigua és Vida”. Esta plataforma formada por una red de entidades sociales ha creado dispositivos de movilización y ha difundido información sobre el impacto negativo que la privatización del agua ha tenido sobre el precio y la eficiencia del servicio. Junto al trabajo para mostrar la viabilidad legal para revertir los procesos de privatización, “Aigua és Vida” ha situado en la agenda la remunicipalización del agua, un tema que empieza a parecer posible en Barcelona. El propio movimiento ha diseñado una “Guía práctica para caminar hacia una gestión no mercantil y democrática del agua” con algunas indicaciones, intentando transferir sus saberes prácticos a otros municipios. Cada vez son más los municipios catalanes que se suman a la remunicipalización y se pueden unir más a la lista durante este año, como esperamos sea el caso de Terrassa.

Una experiencia actual centrada en la gestión comunitaria de equipamientos en Italia nos señala una de las claves de estos procesos de democratización. En el año 2015 el Ayuntamiento de Nápoles aprobó una serie de medidas administrativas para regular, promover e institucionalizar los bienes comunes en el ámbito urbano. Un proceso encaminado a reconocer jurídicamente espacios de autogobierno e implementar modelos de gestión ciudadana de bienes del patrimonio inmobiliario del Ayuntamiento. Este proceso nació de la “experimentación del uso cívico y colectivo urbano de l’Asilo” un equipamiento de titularidad municipal declarado Patrimonio de la Humanidad.

El 2 de marzo de 2012 un colectivo de trabajadores y trabajadoras culturales, conjuntamente con más ciudadanos que formaron parte del proceso, ocuparon L’Asilo. Esta intervención estaba inicialmente planteada para desarrollar actividades culturales autogestionadas durante tres días. Finalmente, a partir de la propia organización ciudadana, se planteó legalizar la autogestión de l’Asilo, recuperando una fórmula jurídica italiana en desuso pero todavía vigente: el uso cívico de un bien público. Este fue el primer paso para lo que finalmente sería un caso de innovación jurídica sin apenas precedentes. A través de una ordenanza municipal, el Ayuntamiento de Nápoles recogió en sus estatutos el concepto de “bien común”, incluyendo en su parte dispositiva el reglamento de uso del inmueble, escrito por los participantes en la asamblea de l’Asilo.

La capacidad de los colectivos de l’Asilo para usar la Ley con el objetivo de invertir las formas de gestión privada vigentes en su municipio nos ofrece toda una lección. Frente al conservadurismo latente –casi “natural”– de gran parte de los servicios jurídicos municipales fue necesaria una fuerza organizada externa con capacidad para incidir en los reglamentos municipales e intervenir en el “Interés General” o, mejor dicho, en el “Bien Común”.

En todos estos procesos convergen tres puntos. En primer lugar, producir datos: nuevas métricas para mostrar la capacidad de producir servicio público por parte de espacios gestionados democráticamente, ya sean públicos o comunitarios. En segundo lugar, producir movimiento: crear alianzas de solidaridad con otros espacios y contextos para reforzar aquellos procesos que cuentan con legitimidad social pero no tienen soporte institucional. En tercer lugar, producir norma: tener un cuerpo militante que, a partir de la alianza entre espacios de lucha y saberes expertos sobre derecho administrativo, generen formas de intervenir en los marcos jurídicos vigentes.

Sin una fortaleza colosal de esa triple dimensión desde el afuera, resulta difícil cambiar el adentro y avanzar en la revolución democrática. Si en algunas de esas dimensiones necesitamos algo más que ideas y diagnósticos, hagamos uso de los recursos que el actual ciclo de “asalto institucional” nos prometió.

(Mauro Castro y Rubén Martínez, La Hidra Cooperativa)

Sigue leyendo

Grecia ya no existe como estado soberano

grecia

En Grecia llevamos seis años de “rescate”, y los hechos son estos: un 25% de disminución del PIB, un 26% de tasa de paro (más del 55% en el caso de los jóvenes), un 30% de empresas cerradas, más de un millón de despidos, un 38% de reducción salarial media, un 45% de reducción de pensiones media, una tasa de ahorro del -17%, 600.000 jóvenes cualificados emigrados, un aumento del 42% de la mortalidad infantil, un cuarto de la población bajo el umbral de la pobreza, millares de personas y familias comiendo cada día de la caridad popular, un año de “control de capitales”, un gobierno a las órdenes de los acreedores, el mayor plan de privatizaciones del mundo, y casi dos personas suicidándose al día durante los últimos seis años. Pero ¿algo habrá de positivo?, cabría preguntarse. ¡Habrá disminuido, al menos, la deuda! Pues no: la deuda estaba en el 120% del PIB cuando empezó el “rescate” y ahora está ya en el 180%; después de haber dedicado más de 460.000 millones a su amortización y de todos los sacrificios materiales y humanos. ¿No se ha dinamizado, acaso, la economía? ¿No han servido las medidas para atraer inversores? Tampoco: el PIB ha caído en picado, las empresas –grandes y pequeñas– están desertando y el país se encuentra a la cola del mundo en el ranking de inversiones, tan sólo por delante de países en estado de crisis humanitaria o guerra, como Suazilandia, Yemen, Eritrea, Sudán del Sur y Guinea Bissau. Y esto no es todo.

Si este balance fuera la cuenta de resultados de cualquier partido o coalición en un gobierno, éste habría caído ya en el más absoluto descrédito, y no habría nada que justifique ante alguien cuerdo la continuidad de su gestión. Pero, como es la cuenta de resultados de las políticas de la Unión Europea y de la Troika, es incuestionable, y al acatamiento de ese dogma del Único Camino contribuyen diariamente la clase política, la prensa del establishment y la comunidad académica, con una complicidad lesiva que deberá ser estudiada entre las causas de esta situación por los historiadores del futuro.

Tristemente, este penoso balance ya se ha quedado corto, porque, como era de esperar, la situación ha seguido empeorando en el último año y medio, durante el Gobierno de Syriza– ANEL y a raíz de la firma del tercer memorándum. Cuidado: nadie piense que el empeoramiento se debe a que los gobiernos anteriores –los del bipartidismo tradicional y los impuestos por los acreedores– hacían una política distinta y mejor, o a que el gobierno actual ha dado un giro antieuropeo que ha hecho descarrilar la situación irresponsablemente; no, el empeoramiento de la situación –un hecho incontestable– se debe, precisamente, a que se ha seguido aplicando, en un grado mayor, estrictamente la misma política de la UE.

¿Cómo es posible? ¿No era Syriza un partido rupturista que puso en jaque a Europa y a los mercados con su rápida ascensión en las elecciones europeas de 2014, su victoria en las nacionales de enero de 2015, su indómito ministro Varoufakis, sus extenuantes negociaciones con el Eurogrupo y su incómodo referéndum del OXI? Los hechos –una vez más, los hechos– demuestran que no. Syriza, lejos de ser algo así, resultó ser una oportuna válvula de escape para neutralizar gran parte de la peligrosa indignación social acumulada en los primeros cuatro años de “rescates” y frenar por un tiempo las manifestaciones en la calle, un candidato de refresco para el fatigado bipartidismo Nueva Democracia – PASOK, y un fiel ejecutor de las políticas del núcleo duro de la UE contra la voluntad y la confianza de los votantes que llevaron al partido al poder y contra la del 61,4% del electorado que votó NO en el referéndum por él convocado.

Para demostrarlo, volvamos a los hechos. Durante sus primeros meses de mandato, lo único que el nuevo gobierno consiguió obtener de aquel interminable thriller de negociaciones con la UE fue “afinar”, con el beneplácito de sus acreedores, las condiciones del endeudamiento crónico de Grecia. A cambio, reconoció implícitamente la deuda y su viabilidad; consolidó el Acuerdo de Préstamo y los memoranda (al no impugnar ni el uno ni los otros); se obligó a guardar fidelidad a la Troika (rebautizada eufemísticamente como “Instituciones”); condicionó a la aprobación de dichas Instituciones todas las reformas propuestas por su gobierno; se comprometió a utilizar los préstamos europeos sólo para recapitalizar a la banca y no para políticas sociales o de desarrollo; consintió la presencia continuada de tecnócratas europeos en los ministerios (task force) y la aplicación de sus “recomendaciones” para cumplir con los objetivos financieros; convino en seguir adelante con el ingente plan de privatizaciones; accedió a dedicar el total de los ingresos de privatizaciones y del superávit primario al pago prioritario de los acreedores a través de una cuenta cerrada en el Banco de Grecia; y se comprometió a no tomar unilateralmente medidas que pudieran afectar a los objetivos financieros sin la aquiescencia de las Instituciones.

Así pues, el Gobierno de Syriza-ANEL supuso continuismo y no ruptura. Ruptura hubiera sido, por ejemplo, detener de inmediato el pago de la deuda, auditarla de manera exhaustiva ejerciendo el derecho que le reconoce la propia UE (Art. 7.9 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, 21/5/2013), negar la legitimidad de la Troika (amparados en la ignorada resolución que el propio Parlamento Europeo adoptó el 14 de marzo de 2014), poner de manifiesto la inconstitucionalidad de los procesos por los que fueron aprobados los memoranda y el Acuerdo de Préstamo, promulgar por mayoría parlamentaria una nueva ley que los declare nulos, y llevar a los artífices de los acuerdos y los planes de rescate ante los tribunales internacionales (pues hay estudios que demuestran que los programas de la Troika contravienen el propio derecho originario de la Unión Europea y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y violan asimismo derechos fundamentales –vivienda, sanidad, seguridad social, educación, salario justo, negociación colectiva…– recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la Carta de Naciones Unidas y en otros acuerdos internacionales). Pero nada de eso se hizo.

Después del referéndum de julio de 2015 –en el que, pese al cierre de los bancos y a la intensa campaña mediática de intimidación, el resultado fue un rotundo NO a las políticas de austeridad europeas– el Gobierno griego se vio con varias cartas muy fuertes en su mano: el 61% de NO, la declaración del FMI sobre la inviabilidad de la deuda si no se procedía a una importante quita, otra declaración de expertos en Derechos Humanos de la ONU (30/6/2015) sobre la violación de lo dispuesto en la Carta de Naciones Unidas (Art. 103) y en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Art. 53) por parte del Acuerdo de Préstamo y de los memoranda de la Troika, así como el informe de la Comisión de la Verdad sobre la deuda griega –comisión constituida a instancias del propio gobierno y presidida por Eric Toussaint–, que concluyó que, en un altísimo porcentaje, la deuda puede ser calificada de odiosa e ilegal. Pero el gobierno tiró todas esas cartas a la basura. A la vuelta del verano, ganó de nuevo las elecciones nacionales del 20 de septiembre, y, poco después –¡con los votos de la oposición!–, aprobó el tercero y más oneroso de los memorando firmados hasta el momento.

Dicho memorándum ha traído nuevos recortes en salarios, pensiones y gasto social, así como también el compromiso de aplicar recortes de forma automática y sin necesidad de aprobación del Parlamento siempre que no se alcancen los objetivos financieros señalados. Del nuevo “rescate” de 83.400 millones –que incrementan considerablemente la deuda–, 70,9 van directamente a amortizar capital e intereses y a recapitalizar a la banca privada; y sólo 12,5 se destinan formalmente a inversión y crecimiento. ¿Quién presta ese dinero? La “parte del ratón” la ponen el FMI (13,7) y diversos préstamos bilaterales (7), mientras la “parte del león” la aporta el opaco Mecanismo Europeo de Estabilidad (62,7), un organismo nada democrático, ajeno al control de todo parlamento o gobierno, y cuyas condiciones Grecia se obliga a aceptar renunciando a sus prerrogativas de Estado soberano. ¿Y quién pone el dinero del MEDE? La contribución de los Estados miembro al préstamo del Mecanismo aporta sólo “garantías”: en realidad, los 62.700 millones debe ponerlos la propia Grecia, obligándose a obtener un superávit primario de 12.700 millones y a llevar a cabo un ambicioso plan de venta de activos por valor de 50.000 millones. Tal superávit primario, en estas condiciones, sólo puede salir de una austeridad letal; y los 50.000 millones en activos sólo pueden salir de malvender todos los bienes del país (recordemos que, cuando el “rescate” sólo estaba empezando, apenas consiguieron venderse activos por importe de 2.500 millones al año).

Para “agilizar” las cosas, el plan de privatizaciones de Grecia ha estado dirigido, desde el primer momento, por sucesivas entidades de derecho privado regidas por tecnócratas, con sede fuera del país y cada vez más alejadas del control estatal. Últimamente, quien dirigía la almoneda era un fondo llamado Institution for Growth, con sede en Luxemburgo (país a la cabeza en la lista de blanqueo de dinero de la UE) y supeditado al Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW), institución alemana cuyo actual presidente es Wolfgang Schäuble. Pero esto también se ha quedado corto, y el gobierno ha acordado la creación de un “superfondo”, controlado en gran medida por el Mecanismo Europeo de Estabilidad, al que serán transferidos todos los activos del Estado griego para su explotación y venta con vistas a la amortización de la deuda por un período de… ¡99 años!

Más vale no seguir. En estos momentos, los ingresos medios de la familia griega se cifran en 20.000 euros anuales; los gastos mínimos y los impuestos, en 36.760. ¿Cómo se suple ese 46%? ¿Cuántos años se puede continuar así? Y aún hay que aplicar nuevos paquetes de “medidas” para seguir haciendo caja. Con este balance, sólo comparable al de algunos países depauperados por el colonialismo y la guerra, Grecia ha recibido, en los últimos tiempos, el 80% de los refugiados y migrantes que cruzan el Mediterráneo hacia Europa, y retiene en su suelo a casi 60.000, merced a las políticas insolidarias de la UE. Y esta primavera –sin pasar siquiera por la aprobación del Parlamento, sin que nadie se entere de lo que se ha pactado–, el Gobierno ha firmado un acuerdo con la OTAN poniendo en sus manos el control del Egeo.

El balance es penoso, y sería aún muy largo de contar; pero podría resumirse en una idea: Grecia, si aún no de iure, ha dejado de facto de ser un Estado soberano, una “asociación política con soberanía efectiva, interna y externa, sobre una zona geográfica determinada”; pues ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo territorial, se aviene ya –aunque sea de lejos– a esta escueta definición. Grecia ya no existe como Estado soberano. Y el pueblo griego necesita un proyecto en que creer, un empeño colectivo capaz de justificar sus enormes sacrificios, una esperanza de seguir existiendo en el futuro. Pero ninguna, ninguna de las medidas que se han aplicado y que se siguen aplicando, tiene nada que ofrecerle en este sentido. Lo prueban los hechos.