El compromiso no es dar pan, es luchar

Resultado de imagen de pobreza en españa

Si reparto pan entre los pobres soy bueno,
si les explico por qué no tienen pan me acusan de terrorista.
(Leonardo Boff, teólogo de la Liberación)

El mundo del siglo XXI forma un sistema, un todo relacionado en el que no solamente se dan flujos económicos, sino también políticos, culturales y militares, y ese sistema-mundo es capitalista. Está movido por la acumulación incesante de capital y produce, para su funcionamiento, una diferenciación social entre los estados pero también dentro de ellos dando como fruto la pobreza capitalista.

Cualquier estudio sobre pobreza debería de recoger un análisis de la estructura económica en la que están inmersos los sujetos, para determinar porque factores se está concentrando la riqueza, y que elementos redistributivos no están cumpliendo realmente su función para que las bolsas de pobreza no solo persistan sino que además se extiendan.

Pero el análisis de la desigualdad debería ir más allá de análisis estadísticos de distribución de rentas y riquezas y añadir análisis de distribución del poder. El poder es la variable fundamental que configura los procesos de desigualdad social. El poder permite a una clase social (financiera-empresarial) imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia. Con ello la noción de clase social se ubica en el centro de la economía, donde el poder y antagonismo de clases son elementos claves en la distribución de los recursos.

Según el Banco de España (2008), el 19% de la población española controla el 77,5% del PIB. La alta concentración de riqueza en los países del sur europeo es consecuencia de la concentración del poder, que diseña la distribución primaria de los recursos (mercado laboral) y la distribución secundaria (intervención del sector público para corregir o agrandar el desequilibrio primario).

La alta concentración de rentas en distribución primaria es consecuencia de la gran precarización del mercado laboral que se extiende en una doble vertiente: altas tasas de desempleo y precarización de contratos y salarios. Pero esto no es el resultado de la libre economía, sino de la intervención publica desprotegiendo por ley a los trabajadores y permitiendo, también por ley, salarios de pobreza regulados por un SMI que es un tercio inferior al SMI de la eurozona. Con lo cual, gracias a la intervención pública, la pobreza se extiende entre la población activa, donde cada vez más pobres son trabajadores con empleo.

El poder público (en todos sus estamentos y ámbitos territoriales) en su ‘distribución secundaria’ (fiscalidad y gasto público) ayuda a concentrar más la renta, llenando las arcas públicas con los impuestos de la población precarizada (IRPF e IVA) a la vez que practica una alta permisibilidad al fraude fiscal lavado periódicamente con amnistías fiscales. Y lo que es más grave, esta recaudación fiscal se destina en su gran mayoría a sostener el entramado de poder y a pagar lo que este poder demanda (trasvase de dinero al sector financiero, tapar los ‘agujeros’ de la especulación, grandes infraestructuras, subvenciones a sus actividades especulativas, etc.), dejando migajas de caridad a los más necesitados (bajada constante de la Renta de Garantía de Ingresos, precarización de las pensiones, de la prestación por desempleo, de ayudas a las familias, etc.)

El creciente peso de la deuda pública está hipotecando el verdadero gasto social de toda la década que viene, donde la recaudación será absorbida casi en exclusiva por el pago de la deuda y el propio mantenimiento burocrático del sector público.

El principal punto en común de los colectivos en situación de pobreza es la ausencia de ocupación estable en sus personas principales, asociándose este factor de riesgo a la extranjería, la monoparentalidad y a la juventud.

Es  fundamentalmente la actuación pública –en el mercado laboral, la fiscalidad y la protección social– la que ha propiciado que lo que comenzó como una crisis financiera derivara en crisis económica y después laboral y se haya convertido en una importante crisis social que amenaza con crear y perpetuar una infraclase.

El vertiginoso aumento de la pobreza severa implica un importante riesgo de fractura social que afecta a toda la población. Supone un claro cuestionamiento de los derechos sociales básicos. Es por ello que se hace necesaria una intervención desde el sector público contraria a la tendencia actual, que consiga frenar el aumento de la población en situación de pobreza severa. En este contexto creemos necesario destacar que la actuación resulta no solamente necesaria para garantizar los derechos sociales de estas personas sino también viable, solamente con mantener la presión fiscal del año 2007 se podrían mantener los gastos sociales en los niveles anteriores a la crisis, que aún entonces eran insuficientes y que ahora son claramente deficientes.

Pero la actuación pública no solamente es la de realizar una política de protección social suficiente, sino la de proteger con leyes los derechos laborales y salariales, actuando precisamente en dirección contraria en cada nueva ‘reforma laboral’. Determinar el umbral de pobreza es básico para determinar el número de personas que se sitúan por debajo, y el método estadístico utilizado para medirlo no es neutral. Para atajar el problema de la pobreza creciente creemos imprescindible tomar ya dos medidas:

– El Salario Mínimo no debería nunca de ser inferior al 50% del PIB per cápita (en ciertos países miembros como en Francia es superior a este 50%). A falta de competencias, no deberían tolerarse convenios colectivos con salarios por debajo a este indicador
– El Salario Social o Renta de Garantía de Ingresos no debería nunca de ser inferior al 37,5% del PIB per cápita, que pasaría a ser considerado el umbral de pobreza. Y ninguna persona, pensionista, trabajadora precaria, o desempleada debería de recibir menos de este importe. A falta de competencias en pensiones y prestaciones por desempleo, las instituciones deberían complementar las rentas de estas personas.
Teniendo en consideración que las causas de la exclusión no aparecen por azar ni son coyunturales, son claramente estructurales, se hace necesario admitir que la exclusión social es el resultado de una determinada estructura social, política, cultural y económica. La propia organización pública y social, directa o indirectamente, es la que genera ‘poblaciones sobrantes’.

A España le aguarda el desarrollo de una nueva economía política, fertilizada en la práctica de un pensamiento crítico sobre el poder. Y el reto de una comprensión radical del sector público, en el sentido de descubrir que nuestra entera existencia está condicionada por un diseño político-económico que es construido desde la oligarquía de clase, para, a su vez, construirnos a nosotros en nuestras relaciones económicas diarias, que se extienden al trabajo, la vivienda, el consumo, etc. Ese descubrimiento es esplendoroso pues nos revela que las cosas, nosotros mismos podríamos ser de otra manera y que por lo tanto también podemos decidir qué sector público, qué modelo económico, qué presupuestos, qué modo de vida queremos, en definitiva nuestro verdadero autogobierno.

Mentiras sobre lo que pasa en Venezuela

El 9 de enero de 2017, la Asamblea Nacional venezolana desconoció al Presidente de la República, Nicolás Maduro. Votaron a favor de ese golpe de estado constitucional todos los diputados de la oposición salvo los tres diputados del partido de Henry Falcón, quienes entendieron la gravedad de esa decisión. Venezuela es un sistema político presidencialista desde 1811, influido por el constitucionalismo norteamericano. Al Presidente le vota directamente el pueblo -a diferencia de un sistema parlamentario como el español, donde al Presidente le vota el Parlamento- y le corresponde al Presidente, que es el Jefe del Estado, la dirección del país. Cuando la Asamblea decidió desconocer el poder legítimo del Presidente se estaba poniendo al margen de la Constitución. Se colocaron por voluntad propia en desacato. La prensa internacional no dijo nada.

La gran discusión entre el Presidente Maduro y la Asamblea tiene que ver con las actas de tres diputados de Amazonas. Se ha demostrado que compraron votos entre otras muchas irregularidades, lo que obligaría a repetir la elección en esos tres casos. La Asamblea se declaró en rebeldía y decidió echar un pulso a la Presidencia de la República. A imitación del constitucionalismo europeo, cuando hay un conflicto constitucional entre poderes el Tribunal Supremo puede asumir competencias del Parlamento en los casos en que fuera necesario. Hasta un fantoche como Donald Trump ha tenido que asumir las decisiones recientes del Tribunal Supremo norteamericano. Con su tradicional irresponsabilidad, la derecha española llama a desobedecer el estado de derecho en Venezuela y la decisión del Tribunal Supremo. No me extraña de Esperanza Aguirre o Pablo Casado: el PP, especialmente en Madrid, ha financiado sus campañas electorales con dinero negro. Es decir, el PP lleva varias legislaturas usando maneras propias de golpistas. Al menos desde 1936, tienen oído musical para esa partitura. Quienes digan desde España que los venezolanos deben desoír las decisiones de su Tribunal Supremo son unos irresponsables que tiren piedras no solamente sobre el tejado venezolano, sino también sobre el nuestro. Luego tendrán la caradura de quejarse de los comportamientos al margen de la Constitución de la asamblea catalana.

Por si fuera poco, esa Asamblea dominada por la oposición proclamó que el Presidente había abandonado su cargo (algo absurdo y evidentemente falso) y propuso convocar elecciones presidenciales en el plazo de un mes. Ese intento de golpe de estado desde el Parlamento no recibió ni una sola crítica de los que ahora dicen que hay un golpe de estado en Venezuela. Entre ellos, el máximo responsable de la OEA que ayer mismo se reunía en la Ciudad de México con ex presidentes latinoamericanos procesados por lesionar los derechos humanos, y el Departamento de Estado de los EEUU. Qué curioso que justo después haya salido la petición de Almagro de enjuiciar a Venezuela desde la OEA. El papel de Almagro como  Secretario General de la OEA está haciendo mucho daño a la tan necesaria institucionalidad internacional (Pepe Mujica ya se distanció de él de manera definitiva y dejó ver a quién se había vendido). Almagro lleva varios meses mintiendo. Por ejemplo, ha dicho en dos ocasiones recientes que a Venezuela se la ha aplicado la Carta Democrática de la organización (que, tras muchos trámites -ni siquiera iniciados-, podría llevar a su expulsión como ya ocurrió con Cuba pero nunca ha ocurrido con los Estados Unidos, pese a haber promovido golpes de Estado como el de Pinochet contra Allende). Pero era mentira, como demuestra que hoy mismo ha pedido a la OEA que aplique la Carta Democrática. Ergo miente. Todo el rato. Él sabrá por qué, pero en su Uruguay natal dicen que se ha vendido por un puñado de dólares a los que siempre han querido que América Latina sea el patrio trasero norteamericano. Washington siempre busca a un criollo para hacer la tarea del traidor. Almagro no vive en Montevideo.

El Tribunal Supremo de Venezuela ha usado un artículo de la Ley de Hidrocarburos -la principal riqueza del país- que establece que los convenios internacionales y las asociaciones con grupos extranjeros deben ser aprobados por la Asamblea. Como la Asamblea está en situación jurídica de desacato, de manera que no puede -ni quiere- firmar ningún acuerdo, lo que pone en riesgo financiero a Venezuela. Es por eso que el Tribunal Supremo ha asumido las competencias estrictas de la Asamblea para la aprobación de esos contratos, de manera que el país pueda asumir los compromisos necesarios en un momento económicamente complicado por el hundimiento de los precios del petróleo (preguntémonos en España qué pasaría si se hundiera un 80 % el turismo).

El Tribunal Supremo no ha disuelto la Asamblea ni se han convocado nuevas elecciones para elegir nuevos diputados. Lo contrario de lo que están diciendo los medios de comunicación. Lo único que está haciendo el tribunal supremo es asumir unas competencias concretas para evitar que Venezuela se paralice mientras dure el desacato. Si los diputados de la oposición quisieran, el desacato desaparecería de inmediato -bastaría con que cesaran en su desconocimiento del Presidente de la República y que reconocieran que los tres diputados elegidos en la Amazonía no pueden hacer uso de su acta debido a las muchas irregularidades probadas-, pero les resulta mucho más rentable seguir regalando falsas portadas a la prensa internacional. La derecha internacional, esa que se regala entre sí viviendas oficiales y que tiene una trama global de fondos buitres -donde están los Aznar, Botella, sus hijos, De Guindos, Rato, Aguirre y toda esa tropa de malos españoles donde también se ha colado algún “socialista” como Felipe González- quiere tumbar a Venezuela, igual que han hecho con Dilma Rousseff en Brasil. ¿Quién que no esté vendido a esos intereses puede decir que asumir de manera temporal unas competencias esenciales para firmar unos contratos sin los cuales un país se quedaría entregado a los capitales internacionales es un golpe de Estado? ¿No son acaso los mismos que ven “normal” desconocer al Presidente del Gobierno y llamar a nuevas elecciones? Demasiados hipócritas.

Venezuela necesita mucho diálogo. El choque entre instituciones es malo para el país. Esa debiera ser la tarea de España: ayudar al diálogo. En todo el continente latinoamericano. En México han asesinado este último mes a tres periodistas (¿Nos imaginamos lo que pasaría si hubieran asesinado a tres periodistas en Caracas?) y hay al menos 30.000 desaparecidos. El día a día de México es la aparición de fosas con cadáveres, la trata, el asesinato de mujeres, la desaparición de líderes sociales, la creciente pobreza y desigualdad junto a una impunidad del Estado estremecedora. Aún lloran en México a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el Presidente Peña Nieto se ríe de las víctimas no reconociendo las lagunas que apuntan al ejército, a la policía y a políticos vinculados al narco en la desaparición de las muchachas y muchachos. Parece que el PP y sectores del PSOE quieren ver a Venezuela convertida en México.  Para seguir la trama de los negocios.

Hay mercenarios que desearían abocar a Venezuela a una guerra civil. Creen que así podrían volver a recuperar el paraíso que tenían cuando controlaban el petróleo contra los venezolanos y venezolanas. Se equivocan, porque el pueblo venezolano no va a permitir que eso ocurra. Apuntar en esa dirección es querer llevar a Venezuela a un escenario terrible como los que ha creado la OTAN y las potencias occidentales en Oriente Medio. Ojalá el Estado de derecho que forma parte de los logros civilizatorios de Europa pueda funcionar también en Venezuela.  Esa es la principal tarea en la que podríamos colaborar los españoles en ese país: ayudar a reforzar el Estado de derecho. Aunque el PP de la Gürtel y la Púnica ¿qué va a enseñar?

Fue el diario El país el que celebró el golpe de estado contra Chávez en 2002 y fue el Presidente Aznar el que ordenó a nuestro Embajador a reunirse con el Presidente golpista. Ayudemos a que no vuelva a ocurrir nada de esto. Para ello, es esencial que los que no tienen otros intereses que los del dinero, dejen a la justicia funcionar. Y que nadie sea tan hipócrita para pedir en otros países lo que no pedimos para el nuestro. Sigue leyendo

Europa, no sin España

Después de varios meses de trabajo por fin ha salido el tercer volumen de la saga sobre la incorporación de España a la Unión Europea. Se titula “Europa, no sin España (1968-1978)”, y lo publica la editorial EUNSA. europa-no-sin-espana-portada

La Unión Europea se encuentra en las horas más bajas de su historia, sumida en una verdadera crisis existencial como proyecto político, económico y social. Su situación actual pone en cuestión la relevancia de ese proyecto, señalando su rigidez y disfuncionalidad para hacer frente a las urgencias de la crisis y buscar acomodo en el sistema global. Otras voces ponen en duda su viabilidad, afirmando que ante la crisis económica y otras amenazas que sufre Europa -migraciones descontroladas, recortes fiscales o la creciente burocracia- sería mejor “ir solos”. En el norte de Europa, incluso desde posiciones moderadas se afirma que es mejor librarse del “lastre” que suponen los países del sur y la periferia de la UE, planteándose abiertamente la posibilidad de excluirlos de la eurozona. En el sur se afirma que es preciso zafarse de las exigencias de disciplina monetaria y fiscal que exige el euro, reclamando incluso el abandono de la moneda única para recuperar soberanía monetaria. Las reacciones nacionalistas y populistas a la crisis explican en parte que el “euroescepticismo” esté ganado espacios al europeísmo, extendiéndose desde los extremos hacia el centro del espectro político de la UE. Pero más allá del discurso y el debate político superficial, hay que reconocer que la UE experimenta una crisis profunda que afecta a su racionalidad, legitimidad, relevancia y viabilidad.cubierta

La explicación de estos problemas de 2017 se puede buscar, como hace el autor, en el modo en que se llevó a cabo el proceso de integración de los países periféricos como España en el núcleo central de la UE. Proceso en el que se obvió la natural diversidad de ritmos políticos, económicos y sociales de los países que acabaron formando esa entidad llamada Unión Europea. En este libro se aborda el caso de España en un momento crítico de su historia (1968-1978), los años previos y posteriores a la muerte de la última dictadura que pervivió en Occidente, la española.

Los dos tomos anteriores ya se publicaron en 2010 y 2014 respectivamente, con los títulos “Una Europa para dos Españas”, y “Europa, de entrada, no”. Espero que os gusten.

Reapropiarse de los bienes comunes

El neoliberalismo no es un espíritu satánico que se manifiesta cuando algunas fuerzas oscuras lo convocan. El neoliberalismo es producto de la conquista de las instituciones por parte de las élites económicas y el poder financiero. Todo un asalto institucional. Para consolidar la privatización de servicios públicos fue necesaria la creación y el uso intensivo de herramientas jurídicas, leyes parlamentarias y tácticas capitalistas para cercar y extraer renta de la producción social: apertura de espacios para que se inyecte y circule el capital financiero sin control público; sistemas de evaluación de los servicios públicos basados en métricas economicistas; pliegos y condiciones de contratación de servicios básicos que escamotean el control público; políticas, reglamentos y medidas coercitivas para convertir en mercancía el trabajo, la tierra, el dinero y los saberes. Por eso darle la vuelta al calcetín no es tan fácil. La santería no nos sirve.bienes-publicos

En “El Puerto de Barcelona: un gobierno en la sombra” se señala una estrategia de privatización que ha entregado un gran poder sobre el territorio a instituciones privadas y que incluso se ha replicado de una ciudad a otra. Las Autoridades Portuarias, figuras legales con autonomía presupuestaria y de gestión, han logrado un aislamiento absoluto de la presión pública y ciudadana respecto a la transformación de los frentes marítimos. La privatización de bienes comunes urbanos se desarrolló en paralelo al desarrollo urbanístico de los centros de las ciudades y para culminar ambos procesos fue necesario producir marcos jurídicos y arreglos institucionales específicos.

La principal reflexión que contiene este ejemplo no revela nada nuevo: el neoliberalismo ha logrado avanzar y entregar poder a grandes oligopolios construyendo sus propios principios científicos, normativos y sus propias dinámicas de organización y movilización. El neoliberalismo urbano ha diseñado una “administración paralela” que ha creado auténticos candados para poder perseverar y que cuenta con un buen listado de casos de corrupción y pillaje. La principal aportación que queremos ofrecer, en el fondo, funciona en un sentido inverso. La remunicipalización y la reapropiación de los bienes comunes solo pueden avanzar tomando en cuenta esas mismas dimensiones, pero para democratizar los recursos públicos.

La reapropiación de los bienes comunes ha de plantearse como un problema institucional, como la necesidad de defender, diseñar, implementar y asumir un conjunto de derechos, normas, obligaciones y compromisos para reapropiarse de lo enajenado y garantizar las condiciones materiales de subsistencia y reproducción social.  No solo necesitamos datos y organización ciudadana, sino también producir y empujar marcos jurídicos que reviertan la situación. Las batallas contra el neoliberalismo que se han dado históricamente han intentado actuar en esa triple dimensión: producir movimiento, producir datos, producir norma.

En su libro “Común”, Laval y Dardot recuerdan las palabras de la militante india Vandana Shiva que ilustran el enfoque político de estas prácticas de reapropiación de lo común: “Si la globalización es el cercamiento final de los comunes –nuestra agua, nuestra biodiversidad, nuestros alimentos, nuestra cultura, nuestra salud, nuestra educación– recuperar los comunes es el deber político, económico y ecológico de nuestra época.”

Estas palabras acompañaban a las protestas que se alzaron en Cochabamba como respuesta a la privatización de la provisión de agua potable, entre enero y abril del 2000. La declaración de Vandana Shiva pone sobre la mesa cómo las instituciones capitalistas crean las condiciones necesarias para que el mercado pueda ampliar el espacio sobre el que generar excedentes. En el caso de Cochabamba, una organización supraestatal –el Banco Mundial– promociona a una multinacional estadounidense –Bechtel Corporation– para ser contratada por el entonces Presidente de Bolivia –el dictador Hugo Banzer– quien previamente generó el marco institucional para poder asegurar la legalidad de la privatización. Frente a estas prácticas de desposesión que no solo encarecían el precio del agua y limitaban su acceso, sino que además destruían los sistemas comunales que la gestionaban, la “Batalla del Agua” fue uno de los procesos de organización social que materializó la defensa de los bienes comunes.

Inspirados por estos procesos, Ugo Mattei –catedrático italiano especializado en derecho civil y comparado– junto a un número importante de organizaciones, llevaron a cabo una Iniciativa Legislativa Popular en la Unión Europea para hacer una Carta Europea de los Bienes Comunes. La iniciativa buscaba establecer, ante la oleada de privatizaciones de servicios públicos que se estaban produciendo en todo el continente, el estatus jurídico y la protección de los bienes comunes a escala europea. Este proceso iniciado en 2011 no consiguió sus principales objetivos, pero abrió una red que sigue organizándose para afectar la agenda europea. Fue uno de los primeros intentos contemporáneos, junto a otros como la “Comisión Rodotà para la Reforma de los Bienes Públicos”, que buscaban actuar sobre el marco administrativo de los bienes comunes, buscando consolidar su expresión jurídica.

Desde la escala municipal más próxima, una estrategia con los mismos principios está conducida por movimientos como “Aigua és Vida”. Esta plataforma formada por una red de entidades sociales ha creado dispositivos de movilización y ha difundido información sobre el impacto negativo que la privatización del agua ha tenido sobre el precio y la eficiencia del servicio. Junto al trabajo para mostrar la viabilidad legal para revertir los procesos de privatización, “Aigua és Vida” ha situado en la agenda la remunicipalización del agua, un tema que empieza a parecer posible en Barcelona. El propio movimiento ha diseñado una “Guía práctica para caminar hacia una gestión no mercantil y democrática del agua” con algunas indicaciones, intentando transferir sus saberes prácticos a otros municipios. Cada vez son más los municipios catalanes que se suman a la remunicipalización y se pueden unir más a la lista durante este año, como esperamos sea el caso de Terrassa.

Una experiencia actual centrada en la gestión comunitaria de equipamientos en Italia nos señala una de las claves de estos procesos de democratización. En el año 2015 el Ayuntamiento de Nápoles aprobó una serie de medidas administrativas para regular, promover e institucionalizar los bienes comunes en el ámbito urbano. Un proceso encaminado a reconocer jurídicamente espacios de autogobierno e implementar modelos de gestión ciudadana de bienes del patrimonio inmobiliario del Ayuntamiento. Este proceso nació de la “experimentación del uso cívico y colectivo urbano de l’Asilo” un equipamiento de titularidad municipal declarado Patrimonio de la Humanidad.

El 2 de marzo de 2012 un colectivo de trabajadores y trabajadoras culturales, conjuntamente con más ciudadanos que formaron parte del proceso, ocuparon L’Asilo. Esta intervención estaba inicialmente planteada para desarrollar actividades culturales autogestionadas durante tres días. Finalmente, a partir de la propia organización ciudadana, se planteó legalizar la autogestión de l’Asilo, recuperando una fórmula jurídica italiana en desuso pero todavía vigente: el uso cívico de un bien público. Este fue el primer paso para lo que finalmente sería un caso de innovación jurídica sin apenas precedentes. A través de una ordenanza municipal, el Ayuntamiento de Nápoles recogió en sus estatutos el concepto de “bien común”, incluyendo en su parte dispositiva el reglamento de uso del inmueble, escrito por los participantes en la asamblea de l’Asilo.

La capacidad de los colectivos de l’Asilo para usar la Ley con el objetivo de invertir las formas de gestión privada vigentes en su municipio nos ofrece toda una lección. Frente al conservadurismo latente –casi “natural”– de gran parte de los servicios jurídicos municipales fue necesaria una fuerza organizada externa con capacidad para incidir en los reglamentos municipales e intervenir en el “Interés General” o, mejor dicho, en el “Bien Común”.

En todos estos procesos convergen tres puntos. En primer lugar, producir datos: nuevas métricas para mostrar la capacidad de producir servicio público por parte de espacios gestionados democráticamente, ya sean públicos o comunitarios. En segundo lugar, producir movimiento: crear alianzas de solidaridad con otros espacios y contextos para reforzar aquellos procesos que cuentan con legitimidad social pero no tienen soporte institucional. En tercer lugar, producir norma: tener un cuerpo militante que, a partir de la alianza entre espacios de lucha y saberes expertos sobre derecho administrativo, generen formas de intervenir en los marcos jurídicos vigentes.

Sin una fortaleza colosal de esa triple dimensión desde el afuera, resulta difícil cambiar el adentro y avanzar en la revolución democrática. Si en algunas de esas dimensiones necesitamos algo más que ideas y diagnósticos, hagamos uso de los recursos que el actual ciclo de “asalto institucional” nos prometió.

(Mauro Castro y Rubén Martínez, La Hidra Cooperativa)

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El futuro de Podemos

La irrupción de Podemos en el espacio público transformó el sistema político español. La indignación y la esperanza que surgieron del 15-M abrieron las mentes de millones de personas a la posibilidad de cambio real en sus vidas, envueltas en las tinieblas de la crisis económica y la manipulación política. El paso del movimiento social al cambio político requiere iniciativas que penetren las instituciones desde fuera del sistema, algo extremadamente difícil porque precisamente las reglas del sistema están hechas para que eso no pase. Por ello hay que reconocer el coraje de un pequeño grupo de mujeres y hombres que, en las condiciones más adversas, se atrevieron a desafiar a poderosas burocracias políticas, y creyeron en la democracia (aún con las consabidas restricciones mediáticas, financieras y de aparatos del poder en la sombra) postulándose para gobernar. Ni más ni menos. Se abrió así un proceso que en tan sólo treinta meses ha puesto en cuestión el dominio de los partidos tradicionales, anquilosados y frecuentemente corrompidos. El ejemplo de Podemos ha tenido amplia repercusión en la esperanza de los jóvenes en Europa y Latinoamérica, asqueados de la política actual pero confusos sobre qué hacer.Prohibido

Es cierto que la crisis del bipartidismo, a la que contribuyó en menor medida Ciudadanos, ha suscitado un periodo de incertidumbre institucional que tiene alarmados a los círculos financieros y desconcertado al personal. Pero ese es el precio de toda renovación política profunda. La verdadera cuestión es si el bloqueo del sistema conduce al cambio o se transforma en marasmo cuando lo viejo no se puede imponer y lo nuevo no acaba de cuajar. Y la respuesta a esa pregunta esta li­gada al futuro de las confluencias de Podemos.

Y digo confluencias porque el rasgo más distintivo de Podemos es que no se trata de un partido unitario. Podemos ha puesto en práctica su concepción de España como Estado plurinacional. Sus componentes son autó­nomos, provienen de expresiones políticas de las distintas sociedades nacionales y regionales. Ada Colau no recibe órdenes de Madrid. Por eso Podemos es la ­primera formación política precisamente en Euskadi y En Comú Podem en Catalunya. Y los avances decisivos de la nueva política se han producido en Galicia, en el País Valenciano y en Baleares. Su fuerza es ser expresión de la diversidad del país sin pasar por el molinete centralizador característico de la derecha autoritaria o la izquierda jacobina.

Parece, sin embargo, que el fenómeno Podemos ha tocado techo tras el 26-J aun contando con más de 5 millones de votos. La pérdida de un millón de votos se debió parcialmente a la abstención de votantes de IU cuyos ex líderes Lara y Llamazares fueron críticos de la alianza. Pero la desmovilización de algunos votantes de Podemos también fue consecuencia de tácticas cambiantes y negociaciones tortuosas para la formación de gobierno. Podemos fue coherente con su negativa a votar un programa marcado por las políticas neoliberales de Ciudadanos y sin posibilidad de compartir gobierno a menos de renunciar a puntos fundamentales de su propuesta. Pero perdió la batalla de la percepción pública, sobre todo entre los mayores, al parecer responsables de la incertidumbre política que, sin ser realmente un problema para el país, se convirtió en la obsesión de los medios y los políticos hasta alarmar a los ciudadanos.

La amplificación del debate interno por parte de los medios acercó a Podemos a la imagen de la política tradicional, siendo así que el debate abierto es una marca de la nueva política. Las campañas anti-Podemos eran de esperar. Si se confronta un sistema, el sistema se defiende con todo. Y es aquí donde Podemos no superó su ambigüedad entre ser una palanca de cambio profundo sin complejos o constituirse en nueva izquierda del sistema para llegar al gobierno. De hecho, nunca fue posible para Podemos ser fuerza hegemónica de gobierno, ni siquiera decisiva. Si su análisis es correcto y si quieren “asaltar los cielos”, era previsible que todos los componentes del sistema, incluidos los socialistas, reaccionaran, construyendo cualquier tipo de coalición para excluirlos. Sánchez no podía, sin permiso de sus superiores, aliarse a Podemos sin el contrapeso de Ciudadanos. Y mucho menos entrar en coalición de gobierno de izquierda bajo liderazgo de Podemos si el sorpasso se hubiera producido. Es esta la contradicción de fondo de Podemos. El cambio ya está en marcha en los ámbitos locales y autonómicos y esto será decisivo. Pero a escala estatal, antes de llegar al gobierno con voz propia necesitan construir hegemonía en la sociedad. Y eso nunca se ha hecho adaptándose a lo que hay sino abriendo las mentes a lo que puede haber.

Un proceso necesariamente lento y que pasa por la movilización contra las políticas antisociales, articulando la protesta cívica con la oposición parlamentaria. Presentarse como socialdemocracia no es creíble, como bien dijo Zapatero, porque la socialdemocracia española es el PSOE. Y es en realidad una mala idea cuando la socialdemocracia se hunde en toda Europa por aparecer claramente como gestora de la austeridad y del imperativo de los mercados. Otra cuestión es recuperar la defensa del Estado de bienestar y otros valores abandonados por la socialdemocracia y articularlos con los nuevos valores del siglo XXI.

Podemos tiene que elegir entre las alianzas parlamentarias para alcanzar cuotas limitadas de poder subordinado o la utilización democrática de las instituciones en representación de una sociedad movilizada contra un sistema injusto. Oscilar entre las dos estrategias conduciría a su desintegración. Y de hecho no tiene mucha elección porque ya no es creíble para el sistema como partido domesticado tras superar sus ínfulas juveniles. El futuro de Podemos está inscrito en su pasado como expresión política autónoma del movimiento social (La Vanguardia, Manuel Castells, 30/7/16).

Podemos: radiografía del cambio

La formación liderada por Pablo Iglesias se encuentra en una encrucijada formidable: no en vano, cualquier escenario le es favorable. Acaso participe en un gobierno “progresista y de reforma” presidido por el socialista Pedro Sánchez. Pero, de formarse cualquier otra fórmula de gobierno, Podemos estaría, ahí, en la oposición, dispuesta a recoger todos los réditos del desgaste de las demás formaciones. Y, de no forjarse tales, de celebrarse nuevas elecciones, a principios de verano tal vez, deglutiría Izquierda Unida y captaría votos socialistas, convirtiéndose en el segundo partido español; materializándose el temido sorpasso a un PSOE en declive como partido hegemónico de las izquierdas. No obstante, persiste sin ser elaborado todavía un diagnóstico compartido, y en todo caso decisivo, acerca de su naturaleza. Podemos, entonces: ¿es neocomunista?, ¿es populista?, ¿ambas cosas? ¿O estamos ante otra cosa?Podemos

¿Neocomunistas o populistas?

Es innegable que muchos de los líderes y de los activistas de Podemos proceden del marxismo-leninismo. Así, el propio Pablo Iglesias militó durante años en las Juventudes Comunistas (rama juvenil del Partido Comunista de España) al igual que la que fuera su pareja Tania Sánchez, la eficaz “submarino” de Podemos en Izquierda Unida. También estuvieron vinculados con ambas formaciones de izquierda, en diversos niveles y circunstancias, Juan Carlos Monedero y numerosos “cuadros medios” de Podemos. Íñigo Errejón, por su parte, se movió inicialmente en el entorno de los trotskistas de Izquierda Anticapitalista, ahora Anticapitalistas a secas; colectivo de larga trayectoria que ha generado no pocas tensiones en el seno de Podemos y que contribuyó, particularmente en sus inicios, a su lanzamiento, extensión y configuración.

El tercer ingrediente humano de Podemos es el de los procedentes de diversos colectivos asociados -de un modo a otro- al Movimiento del 15 M; es el supuesto de la cofundadora de la formación Carolina Bescansa. Cuestión aparte y más compleja es su relación con los agregados en algunas comunidades, por ejemplo las Mareas municipalistas gallegas. Por último, otras fuerzas se les han asociado electoralmente, caso de Compromís en Valencia; otra coalición de múltiples ingredientes a su vez.

En cualquier modo, pervive un razonable interrogante en torno a su verdadera naturaleza; no en vano ésta determinaría su programa político en toda su extensión, del que en realidad, se sabe muy poco. Por ello, es lícito preguntarse, ¿existe, tal vez, una agenda oculta?

Es incuestionable, antes que nada, que la figura de Lenin genera, entre la mayoría de líderes podemitas, un enorme atractivo. Es más, Pablo Iglesias, alardea de ello sin ningún recato. Pero, ¿qué significa ser leninista en pleno siglo XXI? Pues, ante todo, la conquista y el ejercicio del poder a cualquier precio. Y para conseguirlo, servirse de un tacticismo despiadado; lo que explica las contradicciones, lagunas, pronunciamientos demagógicos y oportunistas -también las mentiras más o menos veladas- de los líderes podemitas. Recordemos la polémica y comentarios que generó su invocación, en la asamblea fundacional de Podemos en octubre de 2014, al “asalto de los cielos”; como horizonte activista ideal. Una invocación al impulso revolucionario de los comunistas, desde la experiencia frustrada de la Comuna, según palabras de Karl Marx, hasta llegar a la mismísima Revolución rusa de 1917. Pero todo aquello hoy día parece muy lejano, carente de interés e incomprensible, salvo para iniciados. Y, ciertamente, no nos encontramos en un contexto de guerra mundial con millones de movilizados, desplazados y víctimas. Ni sufrimos un régimen autocrático con millones de desposeídos al borde de la insurrección y espoleados por diversas fuerzas revolucionarias de naturaleza violenta. Tampoco existe un partido bolchevique o similar que maneje unos miles de militantes fanáticos, decididos y despiadados, dispuestos a jugárselo todo. El mundo se encuentra interrelacionado, globalizado, con una economía de alcance planetario. Ya no existen fuerzas insurreccionales, al menos en Europa, que aspiren a una transformación radical del capitalismo, hacia un renovado “socialismo real”, al precio del aniquilamiento de la burguesía y de todo opositor. Es más, lo que queda de proletariado aspira, más que a nada, a vivir como buenos burgueses. Y el modelo vital de gran parte de las izquierdas es el de la gauche-caviar. Si el marxismo-leninismo “clásico” se sustentaba en el control de los medios de producción, en la eliminación de la propiedad privada, y el ejercicio terrorista de un poder político centralizado y omnipresente, los izquierdistas de hoy quieren vivir bien y sus modelos vitales están por completo alejados de aquellos militantes austeros, rudos y disciplinados, capaces de sacrificar todo confort y proyecto personal en aras de los intereses del partido. No existen, pues, “condiciones objetivas” para el despliegue fatal de un estallido revolucionario.

 

El socialismo del siglo XXI

Las diversas izquierdas, especialmente desde la caída del Muro de Berlín allá por 1989, se encuentran, sobre todo las del espectro “comunista” (ya pro-soviéticas, estalinistas, pro-maoístas, pro-albanesas, pro-yugoslavas, trotskistas o castristas), en un período de debate y remodelación. Para ello vienen buscando nuevos instrumentos teóricos; de ahí la importancia del análisis gramsciano, de su interés por la conquista de la “hegemonía cultural” y su vocación de “intelectuales orgánicos” catalizadores de novedosos modelos de transformación social potencialmente revolucionarios. De ahí ese constructo denominado “socialismo del siglo XXI”, enunciado por primera vez por Heinz Dieterich Steffan, y al que se remitiera Hugo Chávez en el V Foro Social Mundial; de modo que la denominada “Revolución Bolivariana” era su criatura más desarrollada. No es casualidad, pues, que algunos de los dirigentes de Podemos (y los de las CUP, ETA, etc.) hayan mantenido –o mantengan- estrechas relaciones con el régimen chavista. Y, en el caso de sus vínculos con el régimen iraní actual, no se trata tanto de abiertas simpatías políticas, como de mero oportunismo: soportes técnicos accesibles, financiación de laque beneficiarse, alianzas tácticas para poder avanzar, coincidencias revolucionarias en suma. Una vinculación que escandaliza a tantos, dado el trato dispensado a la mujer en aquél país tan alejado en sus usos del modelo feminista implantado en nuestra decaída Europa; lo que se antoja como una alianza contra-natura que, sorprendentemente, desde las izquierdas se ignora por completo. Pero, ya dijimos, el leninismo es, ante todo, oportunismo y ausencia de escrúpulos; o si lo prefieren, puro y duro tacticismo.

El continuo reclamo de Podemos, entre otras, a nuevas fórmulas de democracia directa y representativa, les ha generado la acusación de “populista”; término empleado a modo de insulto, o descalificativo apriorístico, indiscriminadamente. Y, es bien cierto, no pocas de las actuaciones de Podemos pueden calificarse inequívocamente como tales: sus discursos altaneros, sus propuestas de “empoderamiento” de determinados colectivos (especialmente “las mujeres”, lo que les hace abrazar la ideología de género), sus ataques sentimentales a “la vieja casta” y a “los poderes mediático-financieros” (de los que también se han beneficiado y mucho, caso de diversas televisiones privadas), su persistencia en la denuncia de hipotecas abusivas, sus continuas invocaciones al hambre y la supuesta degradación de amplios sectores populares, su denuncia de la expatriación de muchos de los integrantes de la “generación mejor formada de la historia”, etc., etc. Acaso la naturaleza última de Podemos no sea populista, pero muchas de sus tácticas sí lo son.

En todo caso, decíamos, el proletariado ya no es un actor revolucionario. Entonces, ¿qué sectores sociales son susceptibles de una acción transformadora? Hablemos, ya, del precariado.

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¿Derecho a decidir = independencia?

En contra de lo que ha estado enfatizando la sabiduría convencional definida por el establishment español (la estructura de poder político y mediático que define los parámetros de lo que debe creerse en el país), la Transición de la dictadura a la democracia no fue un proceso modélico, fruto de un consenso entre iguales, entre los herederos de los vencedores (las derechas, ultra derechas en el abanico político europeo) y los herederos de los vencidos (las izquierdas y otras fuerzas democráticas) de la Guerra Civil.Derecho a decidir

En la versión oficial de la Transición, esta se presenta como una ruptura con el anterior Estado dictatorial, habiéndose establecido, como resultado de tal Transición, un Estado democrático homologable a cualquier democracia existente en la Europa occidental. Y la Constitución de este nuevo Estado se presenta como el resultado de aquel consenso entre iguales, estableciendo el marco jurídico donde la democracia española se ha desarrollado.

Esta versión de la Transición es profundamente errónea y no se corresponde con los hechos ocurridos en aquel periodo. Lejos de ser ejemplar, aquel proceso estuvo dominado por las mismas fuerzas que controlaban el Estado dictatorial, y que lideraron y dirigieron aquel cambio. Las fuerzas conservadoras controlaban todas las ramas y aparatos del Estado, así como la gran mayoría de medios de información del país, mientras que las izquierdas acababan de salir de la clandestinidad. No fue un pacto entre iguales ni tampoco fue una ruptura con el Estado anterior. En realidad fue una abertura de aquel Estado para incorporar a las izquierdas en un nivel subalterno, sometidas a una ley electoral que claramente les discriminaba. Presentar la Constitución como un producto consensuado entre iguales, sin admitir que estuviera condicionada por las fuerzas que dominaban la Transición, es una frivolidad propagandística promovida primordialmente por las derechas y, en ocasiones, por aquellos sectores de las izquierdas gobernantes que se adaptaron rápidamente a aquel Estado.

Las consecuencias de aquel proceso inmodélico: la limitadísima democracia, el escaso bienestar social y el no reconocimiento del derecho a decidir

Las consecuencias de aquel dominio conservador son enormes. Una de ellas es la limitadísima capacidad de decisión de la ciudadanía en los quehaceres de la gobernanza del país. Democracia en España quiere decir votar cada cuatro años (dentro de un sistema electoral poco representativo) a partidos políticos que carecen de democracia interna, gobernados por élites que se eternizan, con escasa transparencia y que, por su opacidad, son fácilmente coaptables por parte de intereses financieros y económicos. La Transición inmodélica favoreció esta visión de la democracia, que reduce la política al “politiqueo entre sus dirigentes”. Formas de democracia directa, tales como referéndums (ni consultivos siquiera), son difíciles cuando no imposibles de realizar.

Esta limitadísima democracia, dentro de un Estado heredado del anterior con escasa renovación, explica varios hechos. Uno, es el enorme subdesarrollo del Estado del Bienestar en España. Treinta y cinco años después de iniciarse la democracia, España continúa teniendo uno de los gastos públicos y uno de los gastos públicos sociales más bajos de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español). Esta subfinanciación se está incluso acentuando más como consecuencia de las políticas de austeridad (lo que quiere decir de recortes del gasto público), orientadas a privatizar los servicios públicos del Estado del Bienestar. Desde 2008, los gobiernos españoles, argumentando erróneamente que no hay otra alternativa, están debilitando y/o desmontando el Estado del Bienestar. Utilizan para justificar este desmantelamiento el argumento que el Estado español ha perdido soberanía y tiene que seguir la normativa dictada por la Troika, a fin de poder mantenerse en el euro. En realidad, tanto la banca como la gran patronal están consiguiendo lo que siempre desearon: el debilitamiento del mundo del trabajo, la privatización del Estado del Bienestar y la reducción de los salarios. Las políticas públicas realizadas por los gobiernos centrales y la mayoría de los gobiernos autonómicos han sido responsables de tales hechos.

El tema nacional tampoco se ha resuelto

Otra consecuencia del dominio de los herederos de los vencedores de la Guerra Civil en el proceso de transición fue la incorporación a la Constitución de la visión de España que tenían sus antepasados, que se definieron a sí mismos como los “nacionales”. Esta visión negaba la plurinacionalidad de España, oponiéndose a reconocer las distintas naciones que constituyen el país, imponiendo un Estado uninacional centrado en el establishment político y mediático existente en Madrid. En realidad, el Estado de las Autonomías (el “café para todos”) era la manera de negar esta plurinacionalidad, permitiendo una descentralización administrativa en un marco normativo claramente centralizado. Un indicador de esta centralización es el sistema radial de transporte. Lleva un poco más de dos horas ir en tren de Barcelona a Madrid, pero algo más de seis horas para ir de Barcelona a Bilbao, que es la misma distancia. Esta visión uninacional de España está escrita en la Constitución, la cual asigna al Ejército (sucesor del que había llevado a cabo un golpe militar contra un Estado democrático) la misión de defender la unidad de España (una cláusula única entre las constituciones en Europa), estando bajo la dirección del Monarca, jefe de Estado y jefe de las Fuerzas Armadas. Estas fueron unas cláusulas que el Monarca y el Ejército impusieron, como han admitido protagonistas de aquella Transición. Sigue leyendo