Reapropiarse de los bienes comunes

El neoliberalismo no es un espíritu satánico que se manifiesta cuando algunas fuerzas oscuras lo convocan. El neoliberalismo es producto de la conquista de las instituciones por parte de las élites económicas y el poder financiero. Todo un asalto institucional. Para consolidar la privatización de servicios públicos fue necesaria la creación y el uso intensivo de herramientas jurídicas, leyes parlamentarias y tácticas capitalistas para cercar y extraer renta de la producción social: apertura de espacios para que se inyecte y circule el capital financiero sin control público; sistemas de evaluación de los servicios públicos basados en métricas economicistas; pliegos y condiciones de contratación de servicios básicos que escamotean el control público; políticas, reglamentos y medidas coercitivas para convertir en mercancía el trabajo, la tierra, el dinero y los saberes. Por eso darle la vuelta al calcetín no es tan fácil. La santería no nos sirve.bienes-publicos

En “El Puerto de Barcelona: un gobierno en la sombra” se señala una estrategia de privatización que ha entregado un gran poder sobre el territorio a instituciones privadas y que incluso se ha replicado de una ciudad a otra. Las Autoridades Portuarias, figuras legales con autonomía presupuestaria y de gestión, han logrado un aislamiento absoluto de la presión pública y ciudadana respecto a la transformación de los frentes marítimos. La privatización de bienes comunes urbanos se desarrolló en paralelo al desarrollo urbanístico de los centros de las ciudades y para culminar ambos procesos fue necesario producir marcos jurídicos y arreglos institucionales específicos.

La principal reflexión que contiene este ejemplo no revela nada nuevo: el neoliberalismo ha logrado avanzar y entregar poder a grandes oligopolios construyendo sus propios principios científicos, normativos y sus propias dinámicas de organización y movilización. El neoliberalismo urbano ha diseñado una “administración paralela” que ha creado auténticos candados para poder perseverar y que cuenta con un buen listado de casos de corrupción y pillaje. La principal aportación que queremos ofrecer, en el fondo, funciona en un sentido inverso. La remunicipalización y la reapropiación de los bienes comunes solo pueden avanzar tomando en cuenta esas mismas dimensiones, pero para democratizar los recursos públicos.

La reapropiación de los bienes comunes ha de plantearse como un problema institucional, como la necesidad de defender, diseñar, implementar y asumir un conjunto de derechos, normas, obligaciones y compromisos para reapropiarse de lo enajenado y garantizar las condiciones materiales de subsistencia y reproducción social.  No solo necesitamos datos y organización ciudadana, sino también producir y empujar marcos jurídicos que reviertan la situación. Las batallas contra el neoliberalismo que se han dado históricamente han intentado actuar en esa triple dimensión: producir movimiento, producir datos, producir norma.

En su libro “Común”, Laval y Dardot recuerdan las palabras de la militante india Vandana Shiva que ilustran el enfoque político de estas prácticas de reapropiación de lo común: “Si la globalización es el cercamiento final de los comunes –nuestra agua, nuestra biodiversidad, nuestros alimentos, nuestra cultura, nuestra salud, nuestra educación– recuperar los comunes es el deber político, económico y ecológico de nuestra época.”

Estas palabras acompañaban a las protestas que se alzaron en Cochabamba como respuesta a la privatización de la provisión de agua potable, entre enero y abril del 2000. La declaración de Vandana Shiva pone sobre la mesa cómo las instituciones capitalistas crean las condiciones necesarias para que el mercado pueda ampliar el espacio sobre el que generar excedentes. En el caso de Cochabamba, una organización supraestatal –el Banco Mundial– promociona a una multinacional estadounidense –Bechtel Corporation– para ser contratada por el entonces Presidente de Bolivia –el dictador Hugo Banzer– quien previamente generó el marco institucional para poder asegurar la legalidad de la privatización. Frente a estas prácticas de desposesión que no solo encarecían el precio del agua y limitaban su acceso, sino que además destruían los sistemas comunales que la gestionaban, la “Batalla del Agua” fue uno de los procesos de organización social que materializó la defensa de los bienes comunes.

Inspirados por estos procesos, Ugo Mattei –catedrático italiano especializado en derecho civil y comparado– junto a un número importante de organizaciones, llevaron a cabo una Iniciativa Legislativa Popular en la Unión Europea para hacer una Carta Europea de los Bienes Comunes. La iniciativa buscaba establecer, ante la oleada de privatizaciones de servicios públicos que se estaban produciendo en todo el continente, el estatus jurídico y la protección de los bienes comunes a escala europea. Este proceso iniciado en 2011 no consiguió sus principales objetivos, pero abrió una red que sigue organizándose para afectar la agenda europea. Fue uno de los primeros intentos contemporáneos, junto a otros como la “Comisión Rodotà para la Reforma de los Bienes Públicos”, que buscaban actuar sobre el marco administrativo de los bienes comunes, buscando consolidar su expresión jurídica.

Desde la escala municipal más próxima, una estrategia con los mismos principios está conducida por movimientos como “Aigua és Vida”. Esta plataforma formada por una red de entidades sociales ha creado dispositivos de movilización y ha difundido información sobre el impacto negativo que la privatización del agua ha tenido sobre el precio y la eficiencia del servicio. Junto al trabajo para mostrar la viabilidad legal para revertir los procesos de privatización, “Aigua és Vida” ha situado en la agenda la remunicipalización del agua, un tema que empieza a parecer posible en Barcelona. El propio movimiento ha diseñado una “Guía práctica para caminar hacia una gestión no mercantil y democrática del agua” con algunas indicaciones, intentando transferir sus saberes prácticos a otros municipios. Cada vez son más los municipios catalanes que se suman a la remunicipalización y se pueden unir más a la lista durante este año, como esperamos sea el caso de Terrassa.

Una experiencia actual centrada en la gestión comunitaria de equipamientos en Italia nos señala una de las claves de estos procesos de democratización. En el año 2015 el Ayuntamiento de Nápoles aprobó una serie de medidas administrativas para regular, promover e institucionalizar los bienes comunes en el ámbito urbano. Un proceso encaminado a reconocer jurídicamente espacios de autogobierno e implementar modelos de gestión ciudadana de bienes del patrimonio inmobiliario del Ayuntamiento. Este proceso nació de la “experimentación del uso cívico y colectivo urbano de l’Asilo” un equipamiento de titularidad municipal declarado Patrimonio de la Humanidad.

El 2 de marzo de 2012 un colectivo de trabajadores y trabajadoras culturales, conjuntamente con más ciudadanos que formaron parte del proceso, ocuparon L’Asilo. Esta intervención estaba inicialmente planteada para desarrollar actividades culturales autogestionadas durante tres días. Finalmente, a partir de la propia organización ciudadana, se planteó legalizar la autogestión de l’Asilo, recuperando una fórmula jurídica italiana en desuso pero todavía vigente: el uso cívico de un bien público. Este fue el primer paso para lo que finalmente sería un caso de innovación jurídica sin apenas precedentes. A través de una ordenanza municipal, el Ayuntamiento de Nápoles recogió en sus estatutos el concepto de “bien común”, incluyendo en su parte dispositiva el reglamento de uso del inmueble, escrito por los participantes en la asamblea de l’Asilo.

La capacidad de los colectivos de l’Asilo para usar la Ley con el objetivo de invertir las formas de gestión privada vigentes en su municipio nos ofrece toda una lección. Frente al conservadurismo latente –casi “natural”– de gran parte de los servicios jurídicos municipales fue necesaria una fuerza organizada externa con capacidad para incidir en los reglamentos municipales e intervenir en el “Interés General” o, mejor dicho, en el “Bien Común”.

En todos estos procesos convergen tres puntos. En primer lugar, producir datos: nuevas métricas para mostrar la capacidad de producir servicio público por parte de espacios gestionados democráticamente, ya sean públicos o comunitarios. En segundo lugar, producir movimiento: crear alianzas de solidaridad con otros espacios y contextos para reforzar aquellos procesos que cuentan con legitimidad social pero no tienen soporte institucional. En tercer lugar, producir norma: tener un cuerpo militante que, a partir de la alianza entre espacios de lucha y saberes expertos sobre derecho administrativo, generen formas de intervenir en los marcos jurídicos vigentes.

Sin una fortaleza colosal de esa triple dimensión desde el afuera, resulta difícil cambiar el adentro y avanzar en la revolución democrática. Si en algunas de esas dimensiones necesitamos algo más que ideas y diagnósticos, hagamos uso de los recursos que el actual ciclo de “asalto institucional” nos prometió.

(Mauro Castro y Rubén Martínez, La Hidra Cooperativa)

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El futuro de Podemos

La irrupción de Podemos en el espacio público transformó el sistema político español. La indignación y la esperanza que surgieron del 15-M abrieron las mentes de millones de personas a la posibilidad de cambio real en sus vidas, envueltas en las tinieblas de la crisis económica y la manipulación política. El paso del movimiento social al cambio político requiere iniciativas que penetren las instituciones desde fuera del sistema, algo extremadamente difícil porque precisamente las reglas del sistema están hechas para que eso no pase. Por ello hay que reconocer el coraje de un pequeño grupo de mujeres y hombres que, en las condiciones más adversas, se atrevieron a desafiar a poderosas burocracias políticas, y creyeron en la democracia (aún con las consabidas restricciones mediáticas, financieras y de aparatos del poder en la sombra) postulándose para gobernar. Ni más ni menos. Se abrió así un proceso que en tan sólo treinta meses ha puesto en cuestión el dominio de los partidos tradicionales, anquilosados y frecuentemente corrompidos. El ejemplo de Podemos ha tenido amplia repercusión en la esperanza de los jóvenes en Europa y Latinoamérica, asqueados de la política actual pero confusos sobre qué hacer.Prohibido

Es cierto que la crisis del bipartidismo, a la que contribuyó en menor medida Ciudadanos, ha suscitado un periodo de incertidumbre institucional que tiene alarmados a los círculos financieros y desconcertado al personal. Pero ese es el precio de toda renovación política profunda. La verdadera cuestión es si el bloqueo del sistema conduce al cambio o se transforma en marasmo cuando lo viejo no se puede imponer y lo nuevo no acaba de cuajar. Y la respuesta a esa pregunta esta li­gada al futuro de las confluencias de Podemos.

Y digo confluencias porque el rasgo más distintivo de Podemos es que no se trata de un partido unitario. Podemos ha puesto en práctica su concepción de España como Estado plurinacional. Sus componentes son autó­nomos, provienen de expresiones políticas de las distintas sociedades nacionales y regionales. Ada Colau no recibe órdenes de Madrid. Por eso Podemos es la ­primera formación política precisamente en Euskadi y En Comú Podem en Catalunya. Y los avances decisivos de la nueva política se han producido en Galicia, en el País Valenciano y en Baleares. Su fuerza es ser expresión de la diversidad del país sin pasar por el molinete centralizador característico de la derecha autoritaria o la izquierda jacobina.

Parece, sin embargo, que el fenómeno Podemos ha tocado techo tras el 26-J aun contando con más de 5 millones de votos. La pérdida de un millón de votos se debió parcialmente a la abstención de votantes de IU cuyos ex líderes Lara y Llamazares fueron críticos de la alianza. Pero la desmovilización de algunos votantes de Podemos también fue consecuencia de tácticas cambiantes y negociaciones tortuosas para la formación de gobierno. Podemos fue coherente con su negativa a votar un programa marcado por las políticas neoliberales de Ciudadanos y sin posibilidad de compartir gobierno a menos de renunciar a puntos fundamentales de su propuesta. Pero perdió la batalla de la percepción pública, sobre todo entre los mayores, al parecer responsables de la incertidumbre política que, sin ser realmente un problema para el país, se convirtió en la obsesión de los medios y los políticos hasta alarmar a los ciudadanos.

La amplificación del debate interno por parte de los medios acercó a Podemos a la imagen de la política tradicional, siendo así que el debate abierto es una marca de la nueva política. Las campañas anti-Podemos eran de esperar. Si se confronta un sistema, el sistema se defiende con todo. Y es aquí donde Podemos no superó su ambigüedad entre ser una palanca de cambio profundo sin complejos o constituirse en nueva izquierda del sistema para llegar al gobierno. De hecho, nunca fue posible para Podemos ser fuerza hegemónica de gobierno, ni siquiera decisiva. Si su análisis es correcto y si quieren “asaltar los cielos”, era previsible que todos los componentes del sistema, incluidos los socialistas, reaccionaran, construyendo cualquier tipo de coalición para excluirlos. Sánchez no podía, sin permiso de sus superiores, aliarse a Podemos sin el contrapeso de Ciudadanos. Y mucho menos entrar en coalición de gobierno de izquierda bajo liderazgo de Podemos si el sorpasso se hubiera producido. Es esta la contradicción de fondo de Podemos. El cambio ya está en marcha en los ámbitos locales y autonómicos y esto será decisivo. Pero a escala estatal, antes de llegar al gobierno con voz propia necesitan construir hegemonía en la sociedad. Y eso nunca se ha hecho adaptándose a lo que hay sino abriendo las mentes a lo que puede haber.

Un proceso necesariamente lento y que pasa por la movilización contra las políticas antisociales, articulando la protesta cívica con la oposición parlamentaria. Presentarse como socialdemocracia no es creíble, como bien dijo Zapatero, porque la socialdemocracia española es el PSOE. Y es en realidad una mala idea cuando la socialdemocracia se hunde en toda Europa por aparecer claramente como gestora de la austeridad y del imperativo de los mercados. Otra cuestión es recuperar la defensa del Estado de bienestar y otros valores abandonados por la socialdemocracia y articularlos con los nuevos valores del siglo XXI.

Podemos tiene que elegir entre las alianzas parlamentarias para alcanzar cuotas limitadas de poder subordinado o la utilización democrática de las instituciones en representación de una sociedad movilizada contra un sistema injusto. Oscilar entre las dos estrategias conduciría a su desintegración. Y de hecho no tiene mucha elección porque ya no es creíble para el sistema como partido domesticado tras superar sus ínfulas juveniles. El futuro de Podemos está inscrito en su pasado como expresión política autónoma del movimiento social (La Vanguardia, Manuel Castells, 30/7/16).

Podemos: radiografía del cambio

La formación liderada por Pablo Iglesias se encuentra en una encrucijada formidable: no en vano, cualquier escenario le es favorable. Acaso participe en un gobierno “progresista y de reforma” presidido por el socialista Pedro Sánchez. Pero, de formarse cualquier otra fórmula de gobierno, Podemos estaría, ahí, en la oposición, dispuesta a recoger todos los réditos del desgaste de las demás formaciones. Y, de no forjarse tales, de celebrarse nuevas elecciones, a principios de verano tal vez, deglutiría Izquierda Unida y captaría votos socialistas, convirtiéndose en el segundo partido español; materializándose el temido sorpasso a un PSOE en declive como partido hegemónico de las izquierdas. No obstante, persiste sin ser elaborado todavía un diagnóstico compartido, y en todo caso decisivo, acerca de su naturaleza. Podemos, entonces: ¿es neocomunista?, ¿es populista?, ¿ambas cosas? ¿O estamos ante otra cosa?Podemos

¿Neocomunistas o populistas?

Es innegable que muchos de los líderes y de los activistas de Podemos proceden del marxismo-leninismo. Así, el propio Pablo Iglesias militó durante años en las Juventudes Comunistas (rama juvenil del Partido Comunista de España) al igual que la que fuera su pareja Tania Sánchez, la eficaz “submarino” de Podemos en Izquierda Unida. También estuvieron vinculados con ambas formaciones de izquierda, en diversos niveles y circunstancias, Juan Carlos Monedero y numerosos “cuadros medios” de Podemos. Íñigo Errejón, por su parte, se movió inicialmente en el entorno de los trotskistas de Izquierda Anticapitalista, ahora Anticapitalistas a secas; colectivo de larga trayectoria que ha generado no pocas tensiones en el seno de Podemos y que contribuyó, particularmente en sus inicios, a su lanzamiento, extensión y configuración.

El tercer ingrediente humano de Podemos es el de los procedentes de diversos colectivos asociados -de un modo a otro- al Movimiento del 15 M; es el supuesto de la cofundadora de la formación Carolina Bescansa. Cuestión aparte y más compleja es su relación con los agregados en algunas comunidades, por ejemplo las Mareas municipalistas gallegas. Por último, otras fuerzas se les han asociado electoralmente, caso de Compromís en Valencia; otra coalición de múltiples ingredientes a su vez.

En cualquier modo, pervive un razonable interrogante en torno a su verdadera naturaleza; no en vano ésta determinaría su programa político en toda su extensión, del que en realidad, se sabe muy poco. Por ello, es lícito preguntarse, ¿existe, tal vez, una agenda oculta?

Es incuestionable, antes que nada, que la figura de Lenin genera, entre la mayoría de líderes podemitas, un enorme atractivo. Es más, Pablo Iglesias, alardea de ello sin ningún recato. Pero, ¿qué significa ser leninista en pleno siglo XXI? Pues, ante todo, la conquista y el ejercicio del poder a cualquier precio. Y para conseguirlo, servirse de un tacticismo despiadado; lo que explica las contradicciones, lagunas, pronunciamientos demagógicos y oportunistas -también las mentiras más o menos veladas- de los líderes podemitas. Recordemos la polémica y comentarios que generó su invocación, en la asamblea fundacional de Podemos en octubre de 2014, al “asalto de los cielos”; como horizonte activista ideal. Una invocación al impulso revolucionario de los comunistas, desde la experiencia frustrada de la Comuna, según palabras de Karl Marx, hasta llegar a la mismísima Revolución rusa de 1917. Pero todo aquello hoy día parece muy lejano, carente de interés e incomprensible, salvo para iniciados. Y, ciertamente, no nos encontramos en un contexto de guerra mundial con millones de movilizados, desplazados y víctimas. Ni sufrimos un régimen autocrático con millones de desposeídos al borde de la insurrección y espoleados por diversas fuerzas revolucionarias de naturaleza violenta. Tampoco existe un partido bolchevique o similar que maneje unos miles de militantes fanáticos, decididos y despiadados, dispuestos a jugárselo todo. El mundo se encuentra interrelacionado, globalizado, con una economía de alcance planetario. Ya no existen fuerzas insurreccionales, al menos en Europa, que aspiren a una transformación radical del capitalismo, hacia un renovado “socialismo real”, al precio del aniquilamiento de la burguesía y de todo opositor. Es más, lo que queda de proletariado aspira, más que a nada, a vivir como buenos burgueses. Y el modelo vital de gran parte de las izquierdas es el de la gauche-caviar. Si el marxismo-leninismo “clásico” se sustentaba en el control de los medios de producción, en la eliminación de la propiedad privada, y el ejercicio terrorista de un poder político centralizado y omnipresente, los izquierdistas de hoy quieren vivir bien y sus modelos vitales están por completo alejados de aquellos militantes austeros, rudos y disciplinados, capaces de sacrificar todo confort y proyecto personal en aras de los intereses del partido. No existen, pues, “condiciones objetivas” para el despliegue fatal de un estallido revolucionario.

 

El socialismo del siglo XXI

Las diversas izquierdas, especialmente desde la caída del Muro de Berlín allá por 1989, se encuentran, sobre todo las del espectro “comunista” (ya pro-soviéticas, estalinistas, pro-maoístas, pro-albanesas, pro-yugoslavas, trotskistas o castristas), en un período de debate y remodelación. Para ello vienen buscando nuevos instrumentos teóricos; de ahí la importancia del análisis gramsciano, de su interés por la conquista de la “hegemonía cultural” y su vocación de “intelectuales orgánicos” catalizadores de novedosos modelos de transformación social potencialmente revolucionarios. De ahí ese constructo denominado “socialismo del siglo XXI”, enunciado por primera vez por Heinz Dieterich Steffan, y al que se remitiera Hugo Chávez en el V Foro Social Mundial; de modo que la denominada “Revolución Bolivariana” era su criatura más desarrollada. No es casualidad, pues, que algunos de los dirigentes de Podemos (y los de las CUP, ETA, etc.) hayan mantenido –o mantengan- estrechas relaciones con el régimen chavista. Y, en el caso de sus vínculos con el régimen iraní actual, no se trata tanto de abiertas simpatías políticas, como de mero oportunismo: soportes técnicos accesibles, financiación de laque beneficiarse, alianzas tácticas para poder avanzar, coincidencias revolucionarias en suma. Una vinculación que escandaliza a tantos, dado el trato dispensado a la mujer en aquél país tan alejado en sus usos del modelo feminista implantado en nuestra decaída Europa; lo que se antoja como una alianza contra-natura que, sorprendentemente, desde las izquierdas se ignora por completo. Pero, ya dijimos, el leninismo es, ante todo, oportunismo y ausencia de escrúpulos; o si lo prefieren, puro y duro tacticismo.

El continuo reclamo de Podemos, entre otras, a nuevas fórmulas de democracia directa y representativa, les ha generado la acusación de “populista”; término empleado a modo de insulto, o descalificativo apriorístico, indiscriminadamente. Y, es bien cierto, no pocas de las actuaciones de Podemos pueden calificarse inequívocamente como tales: sus discursos altaneros, sus propuestas de “empoderamiento” de determinados colectivos (especialmente “las mujeres”, lo que les hace abrazar la ideología de género), sus ataques sentimentales a “la vieja casta” y a “los poderes mediático-financieros” (de los que también se han beneficiado y mucho, caso de diversas televisiones privadas), su persistencia en la denuncia de hipotecas abusivas, sus continuas invocaciones al hambre y la supuesta degradación de amplios sectores populares, su denuncia de la expatriación de muchos de los integrantes de la “generación mejor formada de la historia”, etc., etc. Acaso la naturaleza última de Podemos no sea populista, pero muchas de sus tácticas sí lo son.

En todo caso, decíamos, el proletariado ya no es un actor revolucionario. Entonces, ¿qué sectores sociales son susceptibles de una acción transformadora? Hablemos, ya, del precariado.

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¿Derecho a decidir = independencia?

En contra de lo que ha estado enfatizando la sabiduría convencional definida por el establishment español (la estructura de poder político y mediático que define los parámetros de lo que debe creerse en el país), la Transición de la dictadura a la democracia no fue un proceso modélico, fruto de un consenso entre iguales, entre los herederos de los vencedores (las derechas, ultra derechas en el abanico político europeo) y los herederos de los vencidos (las izquierdas y otras fuerzas democráticas) de la Guerra Civil.Derecho a decidir

En la versión oficial de la Transición, esta se presenta como una ruptura con el anterior Estado dictatorial, habiéndose establecido, como resultado de tal Transición, un Estado democrático homologable a cualquier democracia existente en la Europa occidental. Y la Constitución de este nuevo Estado se presenta como el resultado de aquel consenso entre iguales, estableciendo el marco jurídico donde la democracia española se ha desarrollado.

Esta versión de la Transición es profundamente errónea y no se corresponde con los hechos ocurridos en aquel periodo. Lejos de ser ejemplar, aquel proceso estuvo dominado por las mismas fuerzas que controlaban el Estado dictatorial, y que lideraron y dirigieron aquel cambio. Las fuerzas conservadoras controlaban todas las ramas y aparatos del Estado, así como la gran mayoría de medios de información del país, mientras que las izquierdas acababan de salir de la clandestinidad. No fue un pacto entre iguales ni tampoco fue una ruptura con el Estado anterior. En realidad fue una abertura de aquel Estado para incorporar a las izquierdas en un nivel subalterno, sometidas a una ley electoral que claramente les discriminaba. Presentar la Constitución como un producto consensuado entre iguales, sin admitir que estuviera condicionada por las fuerzas que dominaban la Transición, es una frivolidad propagandística promovida primordialmente por las derechas y, en ocasiones, por aquellos sectores de las izquierdas gobernantes que se adaptaron rápidamente a aquel Estado.

Las consecuencias de aquel proceso inmodélico: la limitadísima democracia, el escaso bienestar social y el no reconocimiento del derecho a decidir

Las consecuencias de aquel dominio conservador son enormes. Una de ellas es la limitadísima capacidad de decisión de la ciudadanía en los quehaceres de la gobernanza del país. Democracia en España quiere decir votar cada cuatro años (dentro de un sistema electoral poco representativo) a partidos políticos que carecen de democracia interna, gobernados por élites que se eternizan, con escasa transparencia y que, por su opacidad, son fácilmente coaptables por parte de intereses financieros y económicos. La Transición inmodélica favoreció esta visión de la democracia, que reduce la política al “politiqueo entre sus dirigentes”. Formas de democracia directa, tales como referéndums (ni consultivos siquiera), son difíciles cuando no imposibles de realizar.

Esta limitadísima democracia, dentro de un Estado heredado del anterior con escasa renovación, explica varios hechos. Uno, es el enorme subdesarrollo del Estado del Bienestar en España. Treinta y cinco años después de iniciarse la democracia, España continúa teniendo uno de los gastos públicos y uno de los gastos públicos sociales más bajos de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español). Esta subfinanciación se está incluso acentuando más como consecuencia de las políticas de austeridad (lo que quiere decir de recortes del gasto público), orientadas a privatizar los servicios públicos del Estado del Bienestar. Desde 2008, los gobiernos españoles, argumentando erróneamente que no hay otra alternativa, están debilitando y/o desmontando el Estado del Bienestar. Utilizan para justificar este desmantelamiento el argumento que el Estado español ha perdido soberanía y tiene que seguir la normativa dictada por la Troika, a fin de poder mantenerse en el euro. En realidad, tanto la banca como la gran patronal están consiguiendo lo que siempre desearon: el debilitamiento del mundo del trabajo, la privatización del Estado del Bienestar y la reducción de los salarios. Las políticas públicas realizadas por los gobiernos centrales y la mayoría de los gobiernos autonómicos han sido responsables de tales hechos.

El tema nacional tampoco se ha resuelto

Otra consecuencia del dominio de los herederos de los vencedores de la Guerra Civil en el proceso de transición fue la incorporación a la Constitución de la visión de España que tenían sus antepasados, que se definieron a sí mismos como los “nacionales”. Esta visión negaba la plurinacionalidad de España, oponiéndose a reconocer las distintas naciones que constituyen el país, imponiendo un Estado uninacional centrado en el establishment político y mediático existente en Madrid. En realidad, el Estado de las Autonomías (el “café para todos”) era la manera de negar esta plurinacionalidad, permitiendo una descentralización administrativa en un marco normativo claramente centralizado. Un indicador de esta centralización es el sistema radial de transporte. Lleva un poco más de dos horas ir en tren de Barcelona a Madrid, pero algo más de seis horas para ir de Barcelona a Bilbao, que es la misma distancia. Esta visión uninacional de España está escrita en la Constitución, la cual asigna al Ejército (sucesor del que había llevado a cabo un golpe militar contra un Estado democrático) la misión de defender la unidad de España (una cláusula única entre las constituciones en Europa), estando bajo la dirección del Monarca, jefe de Estado y jefe de las Fuerzas Armadas. Estas fueron unas cláusulas que el Monarca y el Ejército impusieron, como han admitido protagonistas de aquella Transición. Sigue leyendo

La encrucijada del PSOE

El Partido Popular mantiene la prerrogativa constitucional de intentar formar gobierno en unas circunstancias especialmente adversas por la complicación que reviste la propia suma de los escaños. Sin embargo, la pelota está, como se suele decir coloquialmente, en el alero del PSOE, la segunda y decisiva fuerza tras los inciertos resultados del 20D.psoe

Los socialistas deciden. De ellos es el margen de maniobra y también el mayor de los dilemas. Pueden hacerlo en varias direcciones. Pedro Sánchez ha adelantado que votará en contra de Mariano Rajoy como si quisiera descartar de mano la posibilidad de tener que desdecirse del duro discurso de la campaña electoral y de las graves imputaciones lanzadas contra su adversario de la derecha. En el caso de que éste fuese el precio para abstenerse o, en caso extremo, respaldar la candidatura de un presidente popular, cuesta todavía pensar en esa posibilidad teniendo en cuenta que Rajoy, pese a la pérdida de votos, es el ganador de las elecciones. Con el mismo mérito se podría argumentar la renuncia de Sánchez, que consiguió 20 escaños menos que Pérez Rubalcaba en 2011. La debacle en relación al PP es, en cierto modo, bastante más proporcional de lo que parece.

Los argumentos pueden, en cualquier caso, retorcerse por la presión que ejercen los barones socialistas, la vieja e influyente guardia del partido, y sobremanera la dueña del cortijo andaluz de los votos, Susana Díaz, empeñada en evitar el descalabro que supondría un pacto entre el PSOE, Podemos el partido que aspira a engullirlo y lograr la hegemonía en la izquierda y las fuerzas independentistas. Para ahuyentar ese tipo de fantasma, el socialismo constitucional no tiene por qué mirar a ERC, DiL o EH Bildu, basta con fijarse en las alianzas territoriales tejidas por Pablo Iglesias. Podemos se ha convertido por su propia estrategia y el beneficio otorgado por la ley electoral en rehén de sus fuerzas centrífugas nacionalistas de la periferia en Cataluña, Galicia y Comunitat Valenciana. Los 69 escaños obtenidos en el conjunto del país pertenecen a un partido que, sin decirlo abiertamente, ha enfilado ese camino atajando por la vía de la demagogia y el oportunismo.
En el horizonte socialista se perciben, por tanto, cuatro opciones claras. Abstenerse y permitir que el Partido Popular, con o sin Rajoy al frente, lidere un gobierno en minoría. Evidentemente, al tener la posibilidad aunque complicada en sus manos de desalojarlo del poder, ello supondría un desgaste que sólo podría aliviar el discurso bien explicado de la necesidad. O el intachable argumento democrático de que tienen que gobernar aquellos que ganan las elecciones como ha sucedido siempre en este país desde el inicio de la última etapa democrática. Así todo, la decisión abriría un flanco vulnerable al rechazo populista que tan bien maneja Podemos. Un gobierno breve del PP en minoría es, no obstante, la posibilidad que acarician los barones socialistas.
La segunda de las difíciles decisiones para el PSOE es facilitar la convocatoria de unas nuevas elecciones. En teoría, no es la mejor de las bazas para él, teniendo en cuenta la progresión de sus rivales de la izquierda dispuestos a recortar el terreno que les separa y con mayores facilidades de hacerlo en el supuesto de alcanzar un acuerdo electoral nada descartable con Izquierda Unida. Presumiblemente, en una convocatoria inmediata, el viento sería favorable tanto para el PP como para Podemos, y se volvería en contra de los intereses del PSOE y de Ciudadanos, las dos fuerzas en estos momentos más proclives supuestamente a ceder frente a una polarización política. Es probable, además, que aparte del corrimiento del voto, el panorama de la estabilidad siguiese sin aclararse para el país.
La tercera alternativa sería un gobierno de izquierdas como consecuencia de la alianza del PSOE, Podemos, IU y el resto de grupos independentistas. Sin contar con el PNV, sumarían 178 escaños algo más de la mayoría absoluta. El plan lleva implícito el referéndum de autodeterminación vinculante en Cataluña, una línea roja que hasta ahora los socialistas no han querido traspasar para no dejar en manos exclusivas del centroderecha la defensa territorial y de la integridad España.
De las opciones posibles a que se enfrenta el PSOE, todas ellas arriesgadas para su estrategia y supervivencia, la gran coalición es la que proyectaría un futuro más estable para España sin ser la que mayor riesgo conlleva. Como es natural, la que desearía la Unión Europea y si pudiera escogería Angela Merkel para evitar un nuevo dislate como el de Grecia. La experiencia de los alemanes con este tipo de solución hecha a medida para el interés general ha sido  fructífera. Otra cosa es transportar la realpolitik al sueño inconsciente de la libertad pura que ha conducido a la fragmentación del voto y al mensaje desilustrado contra el bipartidismo como origen intrínseco de todos los males. Una majadería como otra cualquiera.
En la actual política manejada en gran medida por la Europa de los socios, las diferencias entre las dos grandes fuerzas partidarias del orden constitucional, el PP y el PSOE, no son tan grandes como a veces queremos creer, aunque sí puedan resultar aparatosas en algunos aspectos sociales y en los términos retóricos del discurso. Una gran coalición de la vieja política frente al aventurerismo y la incertidumbre que propone la nueva en manos de Podemos y de sus satélites territoriales resultaría especialmente chocante para muchos, pero serviría para ir acomodando la política nacional a las urgencias reales del momento. En último caso, a la estabilidad que la economía requiere para ir tirando como es debido tras la recesión.
El esfuerzo supondría, además, la cesión por parte y parte, el triunfo de la moderación y el contrapeso social frente al rupturismo populista, gobernando en la dirección que marca la mayoría. Los socialistas tendrían que hacer frente a cierta contestación por parte de su izquierda, pero a cambio obtendrían un mayor peso institucional en Europa. Un plus de responsabilidad ante la situación de incertidumbre que pronto empezará a apoderarse del país si el entendimiento no se impone. Papeleta complicada la del PSOE.

(La información, 27/12/15)

Los mitos del independentismo catalán

Una conspiración de los poderes españoles llamada Madrix, Erasmo de Róterdam como catalán de cuna, la bandera de EE.UU. con origen en la señera aragonesa, una guerra civil entre Castilla y Catalunya en el siglo XVIII cuando no existían naciones políticas. Los nuevos mitos del independentismo catalán acompañan al llamado”Procés“. Se busca ahora de manera constante enemigos externos que sirvan para legitimar la nueva ideología que domina Catalunya. Uno de esos puntales es el «Institut Nova Història», que se ha convertido en el principal altavoz de estas nuevas tendencias políticas.Burrito

Este instituto se fundó en el año 2007 como una escisión del “Instituto de Estudios Catalanes” gracias a sus instigadores Albert Codines y Jordi Bilbeny. Este último es el cerebro de la institución, y no pudo presentar su tesis histórica en la Universidad de Barcelona por ser considerada “ahistórica”. Defendía en ella, según su propio testimonio, la censura de libros de historia en el siglo XVI para construir una visión “castellanista” y “proespañolista” de la historia. Bilbeny entra dentro del arquetipo de Eric Hobsbawm en su seminal “Naciones y nacionalismo”: “ningún historiador de naciones y nacionalismo serio puede ser un un nacionalista político”. Incluso en la cita precisa de Ernest Renan: “El olvido y el error histórico son factor esencial en la formación de una nación”.

Una historia para una causa. Este es el objeto declamado del Institut desde su título: construir “una nueva historia” donde se ponga en su sitio a la nación catalana. Esta fundación ha sido subvencionada por el ayuntamiento de Arenys de Munt, gobernada por ERC, y especialmente por ambientes de la extrema izquierda nacionalista catalana. Consiguió, así, el apoyo de Jordi Pujol y Carod Rovira con sendas cartas enviadas en 2012 y 2014 respectivamente.

Para los políticos no nacionalistas, esta Fundación tiene teorías que rozan el ridículo. Recuerda Juan Carlos Girauta, diputado en Europa por Ciudadanos, que el proceso empieza en 2003 y tiene su origen en el método de «Carod-Rovira de construir un imaginario para crear una mayoría política. Las raíces, según él, habría que buscarlas en el cambio en la historiografía a mediados de los años 70. Un grupo de historiadores, parapetado en la revista «L’Avenç» (El avance), decidió abandonar cualquier análisis racional del pasado y establecerse en la creación de un nuevo imaginario: “Nuestra tarea más inmediata y urgente, aquella que ha de responder a las primeras demandas sociales que nos lleguen, será la de restituir a nuestro pueblo la visión histórica nacional que le ha sido negada desde 1939”. Se oponía la historia científica por una que pretendía “construir los países catalanes”. Para ello había que hacer una “historia nueva”. Para Xavier Pericay, filólogo disidente del discurso oficial, en Catalunya no existen ni filología ni historia; existen sucedáneos, acordes con el llamado “proceso de transición nacional”. El término mismo de “nueva historia” recuerda peligrosamente a las prácticas de los partidos y regímenes totalitarios: convencidos de poseer la verdad, niegan la realidad y se inventan una nueva.

La degeneración de estos conceptos acientíficos, que buscaban la historia como arma de una comunidad, acabó precisamente en este Instituto de Historia Nueva, cuyos mitos repasamos. Personajes en busca de un origen. Entre el interés de este Instituto está en “catalanizar” a grandes personajes históricos como Miguel de Cervantes, Erasmo de Róterdam, Miguel Servet o Cristóbal Colón. Del primero, el Institut Nova Història afirma que “toda la biografía de Cervantes es una falsificación y un montaje readaptando al castellano de la biografía borrada de Joan Miquel Servent, ciudadano de Jijona”. Para ello se establecen parecidos biográficos entre el escritor y su homónimo valenciano de esta manera: “Pierde un brazo por culpa de una herida militar” / “Los tres hermanos Servent quedan heridos por culpa de una explosión”. Otros elementos recalcados son los célebres elogios a Perot Rocaguinarda con el nombre Roque Guinart en la segunda parte del Quijote que llegan a considerarse como una defensa de las leyes catalanas frente a los intereses uniformadores de la Corona Española. Sigue leyendo

El PP y la regeneración democrática

Jueves, 26 de marzo de 2015. Se abre el telón y sube a la tribuna del Congreso José Antonio Bermúdez de Castro, secretario general del grupo parlamentario del PP. En la misma semana en la que un juez acaba de acreditar que este partido se financió de forma ilegal durante casi dos décadas, el PP presenta un “plan de regeneración democrática” para combatir la corrupción. Bermúdez de CastroEn negrita algunas de las frases de Bermúdez de Castro, entre medias, mis apostillas. Bermúdez de Castro es el mismo que una vez perdió un sobre lleno de billetes en un bar.

 “Muchas gracias, señora vicepresidenta.”

Gracias, señora Villalobos, por no jugar al Candy Crush durante este debate.

 “Señorías, finaliza hoy la tramitación parlamentaria de (…) el plan más amplio, más ambicioso y más completo que nunca antes esta Cámara había debatido en favor de la mejora de la calidad de nuestra democracia, en respuesta a la desafección ciudadana y de manera especial en la lucha contra la corrupción política.”

Ese “ambicioso” plan es, en realidad, el de siempre:  las mismas medidas propagandísticas que lleva anunciando Mariano Rajoy desde hace ya dos años y que apenas cambian gran cosa. Ya es mala suerte que estas reformas tan “ambiciosas” se hayan votado justo unos días después de que el juez Pablo Ruz considere probada la financiación ilegal del partido desde prácticamente su nacimiento, y apenas unas horas después de que el PP haya tenido que pagar un cuarto de millón de euros en la Audiencia Nacional por el lucro que obtuvo de la trama Gürtel.

 “Fortalecer la democracia consiste en reformar lo que funciona para que funcione mejor, en corregir sus defectos y desviaciones, en mejorar la calidad y el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas y eso es precisamente lo que hacemos con estas leyes.”

Fortalecer la democracia, al parecer, también pasa por presionar a medios de comunicación para que silencien a periodistas incómodos, como Jesús Cintora. O por sacar de Jerusalén a una periodista de la televisión pública que no gustaba al gobierno de Israel. O porque un diputado del PP, impunemente, llame a esta misma periodista portavoz de Hamás, O porque  el Supremo mande a la cárcel a unos manifestantes que ejercían su libertad de expresión. O por aprobar la ley mordaza. Todo esto, en apenas dos semanas. ¿En Venezuela? No. En España.

 “ Con la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado establecemos los requisitos de idoneidad, de honorabilidad, de experiencia y de competencia profesional de quienes hayan sido llamados a ejercer un alto cargo en la Administración General del Estado.”

La idoneidad del hijo de Esperanza Aguirre. La experiencia de la hija de Eduardo Zaplana. La competencia de la exnovia de Alberto Núñez Feijóo. Todos estos nombramientos tan familiares, y muchos más, forman parte de esos más de 600 asesores y altos cargos del Gobierno que, con la nueva ley, podrán seguir siendo nombrados a dedo, exactamente igual que pasa ahora.

 “Además, reforzamos –que no se diga otra cosa– las limitaciones de la denominada puerta giratoria, lo que pasa es que lo hacemos huyendo de criterios populistas.”

Antes de la reforma, el tiempo necesario para que un alto cargo se pudiese largar a la empresa privada a hacer negocios en los mismos sectores que administró desde lo público era de dos años. Después de esta ambiciosa reforma, el plazo para tomar la puerta giratoria sigue siendo de dos años. Un gran refuerzo, sin duda.

 “ A partir de ahora van a quedar prohibidas las condonaciones de deuda a los partidos”.

Casualmente, el PP hace décadas que no recurre a las condonaciones de deuda para tapar sus agujeros. En Génova eran más de donativos ilegales.

 “Van a quedar prohibidas las donaciones de personas jurídicas a los partidos para separar con carácter definitivo el mundo de la política del mundo de los negocios”.

Pero la nueva ley permitirá que las personas jurídicas –es decir, las empresas– sigan donando a las fundaciones de los partidos sin límite alguno en las cantidades. Y tampoco hay problema en los donativos de los empresarios.

 “Vamos a reforzar los mecanismos de fiscalización de las fundaciones vinculadas a los partidos”.

Pero esa “fiscalización” la seguirá haciendo el nada imparcial Tribunal de Cuentas, controlado por reconocidos “independientes”, como el hermano de José María Aznar o la exministra del PP Mariscal de Gante. Sigue leyendo