La diversidad religiosa en España

La notoria diversidad religiosa actual de la sociedad española es un hecho relativamente moderno en la historia de nuestro país. Nuestro país viene de un pasado, la dictadura franquista, que negó la democracia. El régimen instaurado por la Guerra Civil anula todo pluralismo político, social y religioso porque su ideario político proponía unificar los españoles en un proyecto impuesto por las armas. Desde esta perspectiva, el pluralismo religioso habría roto la unidad patrocinada duramente por la dictadura franquista, además de pervertir el sustrato ideológico propiciado por la Iglesia católica. La mayoría de obispos católicos de aquella época habían elaborado una buena justificación del golpe de estado militar a partir de la defensa de la fe unitaria e identitaria de España. La fe católica, única y verdadera, era la salvaguarda de la Nueva España que el franquismo quería construir.LR

Paradójicamente, la cuestión del pluralismo religioso provocó fuertes tensiones dentro del régimen franquista. Mientras los sectores falangistas y tradicionalistas defendían la visión cerrada e integrista de la fe ligada a la comprensión de la Iglesia católica como sociedad perfecta, los sectores democristianos proponían una tímida apertura del régimen para vencer el aislamiento internacional. Estas dos visiones se enfrentaron en muchas ocasiones y, en más de una ocasión el motivo fue la tolerancia religiosa y el respeto al pluralismo religioso. En los años 50, las tensiones fueron evidentes en las negociaciones del nuevo concordato que debía sustituir al de 1851 y el final de la década de los 60 el conflicto sobre la Ley libertad religiosa volvió a evidenciar estos conflictos. Lo cierto es que el franquismo, que había encontrado en la Iglesia católica un buen aliado para implantar su sistema político, ahora empezaba a sufrir crisis internas por la misma evolución del catolicismo español, especialmente para todo un sector de eclesiásticos que estaban aplicando los acuerdos del Concilio Vaticano II.

La situación se agudizó durante los años del concilio Vaticano II (1962-65) cuando el principio de libertad religiosa se introdujo de forma imparable en la doctrina de la Iglesia. Esto suponía un peligro y un problema para nuestro país, en el que esta libertad, como tantas otras, era sistemáticamente ninguneada. Si la convocatoria del Concilio fue una sorpresa para los 80 padres conciliares españoles convocados, lo mismo se puede decir de la entrada en escena del tema tabú de la libertad religiosa que cuestionaba el tesoro tan querido de la unidad católica de la nación. Será este un tema que desconcierte a los prelados españoles. Si bien el contacto con obispos norteamericanos y de Centroeuropa facilitó que algunos aceptaran su aplicación en España, su juicio fue que el país aún no estaba preparado, y un grupo no pequeño mantuvo su postura intransigente. Entre ellos estaba Monseñor Zacarías de Vizcarra que en El Cruzado Español (15/IV/63) defendía “el tesoro de nuestra unidad católica” afirmando que “la pérdida de la unidad religiosa es, a breve plazo, la pérdida de la unidad nacional, con la siembra de ideales contradictorios, con la aparición de separatismos regionales, guerras intestinas y retorno al individualismo celtíbero, que terminaría con una directa e indirecta dominación extranjera”. Esta unidad era un punto básico de su percepción de la Iglesia.

Estas declaraciones aparecen a finales de 1963, cuando aún no había sido abordada en el concilio la libertad religiosa. Juan XXIII abrió brecha enseñando que la libertad era básica para conocer la verdad, y su reflejo básico y decisivo era la libertad para la creencia religiosa (el respeto a la conciencia de cada hombre. Al morir dejó su legado en la encíclica Pacem in Terris, una guía para continuar el Concilio, que ahondaba en la libertad de creencias de las personas. Pablo VI lo reanudó y el primer documento sobre ecumenismo incluía cuatro capítulos: uno tomado del primitivo esquema De Ecclesia; otro sobre la unión con los orientales; el que procedía del Secretariado para la Unidad de los Cristianos; y otro para promover la unidad de todos los hombres. El cardenal Bea y el obispo De Smedt tuvieron a su cargo defender los dos últimos, de los que salió la definición sobre libertad religiosa.

Tampoco entendían los prelados españoles la descalificación dentro y fuera del aula conciliar del régimen político existente en nuestro país, tras la firma en 1953 de lo que se consideró un “concordato perfecto”. El desfase entre las líneas maestras de la teología española y la triunfante en las deliberaciones del Concilio explica las resistencias que encontró en nuestro país: la eclesiología triunfante en Roma se caracterizó por el abandono de la identificación entre valores católicos y valores nacionales, al menos en lo que se refiere a las relaciones Iglesia-Estado o Iglesia-poder político. Porque se trataba de un asunto también político que dejaba sin suelo doctrinal a un régimen nacido de una guerra civil. El nombramiento de Antonio Garrigues como embajador ante el Vaticano indica la importancia que Franco concedió  a las relaciones con la Iglesia en momentos tan cruciales como lo del Concilio. Sigue leyendo

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Pío XII, los judíos y España

La controversia que ha rodeado el papel de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial y su actitud frente a la persecución de los judíos podría aclararse en breve si se confirman las intenciones del Papa Francisco de abrir a los estudiosos archivos no conocidos de ese periodo. Él vivió muy de cerca el ascenso del nazismo, ya que fue nuncio en Alemania desde 1917, y desde 1930 dirigió la política exterior de la Santa Sede como secretario de Estado hasta ser nombrado pontífice en 1939.Pio XII

De los documentos que se conocen, resulta indudable que el Papa rechazaba el nazismo, pero también que creía que debía mantener relaciones con Alemania como mal menor. La principal acusación por parte de algunos historiadores que fue cogiendo vuelo a partir de los sesenta se centra en que el Papa no condenó de forma pública el fascismo y que no intervino para detener las deportaciones de judíos, a pesar de estar al corriente. Lo cierto es que en la posguerra recibió el agradecimiento de destacadas personalidades judías, entre las que figuró Albert Einstein. Durante la contienda, el Vaticano escondió a numerosos judíos en iglesias y monasterios; a muchos les facilitó falsos certificados de bautismo y visados. Israel Zolli, Rabino Jefe de Roma durante la Segunda Guerra Mundial, se hizo católico  pocos años después de terminar esta y quiso ser bautizado con el nombre de Eugenio Pío, en honor de Pío XII. El Congreso Judío Mundial agradeció en 1945 la intervención del Papa, con un generoso donativo al Vaticano. En el mismo año, el gran rabino de JerusalénIsaac Herzog, envió a Pío XII una bendición especial “por sus esfuerzos para salvar vidas judías durante la ocupación nazi de Italia”.

Por lo que se refiere a nuestro país, el gesto más significativo fue el Radio mensaje a España de Pío XII (16 de abril de 1939). Había sido elegido apenas dos semanas antes (el 2 de abril). Franco agradeció sobremanera este gesto del Romano Pontífice en momentos tan cruciales para el régimen. Años después, el 12 de mayo de 1956, con motivo de los 80 años del Papa, se organizó en Madrid  un “Homenaje del pueblo español a Pío XII“. El acto se celebró en el estadio Santiago Bernabéu, escenario de las “demostraciones sindicales”. Tuvo una cuidada escenificación, con la presencia de personajes de todos los ámbitos de la sociedad española. Comenzó con un breve concierto de la Banda de la Policía Armada, dirigida por Arturo de los Santos, con piezas de Parés, Ganne, Sousa y Wagner. La dirección del acto fue de Blas Piñar que presentó a los intervinientes. Se escogió a personas significativos en diversos ámbitos de la vida española: Un niño español, Marcelino pan y vino, es decir, Pablito Calvo. Una madre de familia, Guadalupe Torrado de Sánchez Aguilar. Una voz del mundo de los deportes, Santiago Bernabéu. Un obrero, Manuel Castañón. Un hombre de empresa bilbaíno, José María Oriol. Un periodista, Nicolás González Ruiz. Un caballero andaluz, Álvaro Domecq. Un militar que fue “Embajador en el infierno”, el Comandante Palacios. Un escritor catalán, autor de La herida luminosa, José María Sagarra. Un catedrático, el de la Universidad de Santiago, Álvaro D’Ors. Un sacerdote, párroco de suburbios, D. Antonio Varela.

 

Por la regeneración democrática de la vida pública en España

La crisis económica ha agudizado en nuestro país la vieja tendencia al caciquismo, al chanchullo y a la corrupción política. No somos pocos los ciudadanos que asistimos impotentes a la avalancha de noticias que ponen en duda la honradez y el sentido común de nuestra clase política. Da igual que miremos a la derecha que a la izquierda, a los partidos nacionales o a los autonómicos, a las formaciones antiguas o a las que tienen apenas unos años de vida ¿Seremos capaces de quitarnos de encima esta auténtica plaga bíblica que nos azota?Stop corruption

En la entrada anterior me refería a las dos actitudes que parecen predominar a la hora de encarar este problema: indignación o resignación. Muchos ciudadanos están indignados y resignados al tiempo. Por eso, cobran todo su valor las iniciativas para lograr una reforma global de la acción política dando mayor cabida a la sociedad civil y a las opiniones concretas de la gente de a pie. Entre otras muchas iniciativas, la reciente declaración de la UNIJES, asociación que engloba a las universidades dependientes de los jesuítas, tiene un valor especial. Nos permitimos reproducir la “Declaración de UNIJES: Por la regeneración democrática de la vida pública en España” con la ilusión de que sirva para despertar tantas conciencias adormecidas o resignadas.

A. POR QUÉ ESTA DECLARACIÓN CONJUNTA
1. UNIJES, que agrupa todos los centros universitarios de la Compañía de Jesús en España, quiere ofrecer una reflexión y expresar unas palabras sobre la necesaria y urgente regeneración de nuestra vida política. Nos han movido a ello dos razones: la situación de crisis económica y de deterioro político por la que atraviesa nuestro país, y nuestra propia responsabilidad como centros universitarios (cuya misión incluye la formación de una parte de la ciudadanía, las tareas de investigación que crean conocimiento, y la proyección y divulgación de este a través del diálogo social).
Por ello, ante una situación social y política que preocupa profundamente a una parte importante de la ciudadanía, en un momento que requiere de la política actitudes honestas, actuaciones decididas y compromisos duraderos, queremos contribuir al diálogo común desde nuestra aportación específica.
2. Como centros vinculados a la Compañía de Jesús e inspirados en un humanismo cristiano pero abierto a otras sensibilidades distintas a la nuestra, queremos comenzar reconociendo que no siempre hemos estado a la altura de las circunstancias, aunque solo fuese por omisión o por descuido, lo cual nos exige una revisión autocrítica compartida con todo el sector universitario. Nuestra intención ahora no es repetir las grandes declaraciones de la Iglesia o de la Compañía de Jesús, sino algo más concreto: reaccionar ante la situación delicada por la que atravesamos en nuestro país y expresar públicamente nuestra palabra y nuestro compromiso, conscientes de que la sociedad espera y exige de nosotros una voz crítica y razonable, al servicio de la política digna y del bien común.

B. DESDE DÓNDE NOS PRONUNCIAMOS
3. Nuestro punto de partida es la desesperanza y la falta de confianza hacia la política que dominan en nuestros días. Este sentimiento se agrava por la crisis actual y por las situaciones de penuria que tantas personas y familias sufren, en un escenario que parece desbordar la capacidad de nuestros gobernantes y de la clase política en general. Y se agrava aún más, a la vista de las irregularidades y de los escándalos que venimos padeciendo.
4. Existe una nueva y persistente demanda social que recorre nuestro país, así como otras sociedades europeas. Junto a la desazón y a la desconfianza, se manifiestan nuevas iniciativas y anhelos de participación política de muchos grupos y personas. En el fondo de todo ello, late una conciencia ética que responde a valores arraigados en nuestra sociedad, tan necesarios para la regeneración de la política y de la vida pública. Pero tampoco debemos olvidar, por contraste, que durante estos últimos años hemos visto cómo se “corrompían” ciertas bases sociales y culturales de nuestra vida común.
5. Partimos también de nuestra condición de universitarios, conscientes de que de la universidad se espera que favorezca la búsqueda de propuestas de solución ante los retos de una sociedad cambiante y en crisis. En estos tiempos difíciles, en que no abundan los análisis certeros ni las ideas creativas, nos resistimos a aceptar como algo inevitable que no existan valores y criterios éticos, o a resignarnos y desinteresarnos por la vida común.
6. Por último, como centros vinculados a la Compañía de Jesús e inspirados en un humanismo cristiano y abierto, deseamos contribuir al diálogo común desde nuestra aportación específica, desde nuestra vocación de servicio a la fe y a la promoción de la justicia, y de presencia en terrenos de frontera (Compañía de Jesús, Congregación General XXXV, 2008). Sigue leyendo

ETA nació en las sacristías

La estrecha relación entre ciertos sectores de la iglesia vasca y el naciente separatismo de ETA, en las décadas de los 60 y 70, es un hecho bien conocido. No lo es tanto, quizá, el esfuerzo tenaz que los obispos de las diócesis vascas hicieron para encauzar una situación cada día más tensa. Los años del  cambio de década fueron, en este sentido, cruciales.ETA-logo

En la primavera de 1969 el proceso se aceleró con las detenciones de un grupo de miembros y colaboradores de ETA, entre ellos varios sacerdotes, que desembocaría en el Juicio de Burgos, y el confinamiento de estos clérigos en la cárcel concordataria de Zamora. En este escenario cobra importancia la actividad del Administrador Apostólico de Bilbao, don José María Cirarda, cogido entre dos fuegos: la defensa de sus sacerdotes y el cumplimiento de las leyes vigentes. A finales de 1969 presentaba a la Asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española una descripción de los acontecimientos que habían tenido lugar y su actuación personal en ellos. A mi juicio, arroja luz sobre la acusación que se hace a Cirarda haber sido contemporizador y faltarle resolución para meter en vereda a un clero levantisco. He aquí el texto completo:

“Mis queridos hermanos: Un deber elemental de fraternidad me obliga a informarles de la gravísima situación pastoral que vive desde hace una semana esta diócesis de Bilbao y de las no menos graves repercusiones de sus causas y consecuencias en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Lamento que una vez más sea esta diócesis, cuya administración apostólica tengo encomendada por la Santa Sede, origen de preocupaciones dolorosas. Pero creo poder afirmar humildemente ante el Señor que, culpable como soy de muchas faltas en todo, no creo ser responsable de lo que hoy nos preocupa y es causa de esta carta.

Quiero informarles lo más brevemente posible y de modo directo, y que la prensa o ha silenciado los hechos o sólo los ha dado con información parcial, cuando no deformada.

Los antecedentes

Desde hace más de un año -desde los días dramáticos de abril y mayo de 1969- el Sr. Gobernador Civil de la provincia y yo hemos trabajado para evitar roces; procurando resolver de modo callado y con la mayor comprensión mutua las continuas complicaciones que se presentan por distintas causas entre nuestras dos jurisdicciones en una provincia tan compleja religiosa y políticamente como Vizcaya; complicaciones multiplicadas por la continua aplicación de la ley contra bandidaje y terrorismo en nuestra provincia desde primavera del 69.
En virtud de esta ley vienen actuando cuatro juzgados eventuales militares en Bilbao, desde hace un año. Y a ellos se llevan desde hechos que pueden suponer graves atentados contra el orden público, hasta supuestas faltas de sacerdotes en su predicación denunciadas por un feligrés o por algún agente de policía o fuerza pública destacado en un pueblecito.
Las peticiones para procesar a sacerdotes en este tiempo han sido muchas. He concedido aquellas en las que los sacerdotes pudieran aparecer implicados en una acción extraña a su misión. Y he negado permiso para procesar a un sacerdote cuando la falta de que se le acusaba, se refería a alguna posible demasía en su predicación. Mi negación se fundaba, en ocasiones, en constarme la absoluta falsedad de la denuncia, como en algún caso en que la homilía había sido escrita y leída y tenía yo el texto en el que nada había condenable. En otras ocasiones, cuando no tenía tal certeza, me fundaba en el principio de afirmarme juez de los actos ministeriales de mis sacerdotes, para juzgarlos, castigarlos si había falta canónica -tengo dos sacerdotes suspendidos de predicación en estos momentos-, dispuesto a conceder el juicio del Estado si hubiere hallado causa, cuya falta lesionara gravemente las leyes del Estado. Sigue leyendo

Es pecado apoyar a Franco

Con el título “È peccato sostenere Franco”,  Paolo Pombeni reseña en Il Sole 24 Ore  el volumen: Luigi Sturzo e gli amici spagnoli. Carteggi (1924-1951), que publica la editorial Rubbettino.Esto es lo que hay

En realidad, se trata de uno de los volúmenes de la Opera Omnia de esta figura italiana, realizado bajo los auspicios del Istituto Luigi Sturzo. Sturzo (1871-1959), sacerdote y líder político, fundador del Partito Popolare Italiano (1919), no es un desconocido en la historiografía española sobre la II República, pero sí lo es su correspondencia. Veamos, pues, la reseña de Pombeni que recoge Anaclet Pons:

La edición de la correspondencia que mantuvo Sturzo con algunos miembros del catolicismo político durante la turbulenta historia de la Segunda República española (pues de esto se trata, el resto son pequeños apéndices poco significativos) es una importante contribución al conocimiento de un pasaje crucial en historia intelectual del peso ejercido por la contienda española en el desarrollo de una cierta aproximación a la modernidad democrática.

El libro está espléndidamente editado por Alfonso Botti (con Gabriele Ranzato, el mejor de nuestros hispanistas), que ofrece un denso ensayo introductorio, que no sólo es fundamental para enmarcar la historia de Sturzo en la difícil situación de esos años, sino que emplea la literatura histórica más reciente y alude a los avances de los conocimientos que ha permitido el acceso a los archivos de este período, especialmente del Vaticano.

Era conocido que los acontecimientos en España, que culminaron en la dramática guerra civil, no solo habían sido un shock para todo el movimiento democrático europeo, sino que habían dividido al mundo católico. Sturzo, ya exiliado en Londres, es por tanto un testigo privilegiado de esta dramática división. Estas cartas son muy diferentes del sentimentalismo de Los grandes cementerios bajo la luna de Bernanos: un texto, dicho sea de paso, duramente rechazado por el Osservatore Romano, en un contexto curial que no tenía dificultad en asumir el bulo franquista de que el bombardeo de los nazis de Guernica fue obra  de unos “rojos” en fuga. Sturzo también en este caso es, por así decirlo, totalmente político. Por un lado, se involucra en la refutación teológica de la teoría de que la declaración de los militares es una reacción de legítima defensa de los católicos contra el ateísmo y el anticlericalismo de los republicanos. En el lado opuesto, trabaja incansablemente para encontrar una solución negociada al conflicto, centrándose en un interés, que se revelará inexistente, por parte de las potencias democráticas para imponer un freno al apoyo del nazifascismo a los rebeldes de Franco.

El fundador del partido popular italiano está obviamente preocupado por la participación de la Iglesia, sea la de la cúpula vaticana o sea la española, en la “cruzada” de Franco. Ve lúcidamente la sucesión de odio y catástrofe que resultará de la elección del primado de España, el cardenal Gomá, al alinearse de hecho con Franco. Será una selección perdedora,  porque el Generalísimo no se dejará condicionar en absoluto por el catolicismo nacional, sino que impondrá brutalmente sus razones, como hará sustancialmente con el Vaticano. Sturzo ve  también los límites de pensamiento del republicanismo español, incapaz de contener los intentos destructivos anarquismo y la rebelión primitiva de amplias capas de la población. Es la violencia brutal contra el clero, con las monjas e incluso con los lugares de culto, lo que causa rechazo en el público católico europeo, impidiendo ver la brutalidad paralela  de las fuerzas franquistas (que continúa denunciando Sturzo).

Aquí hay un  giro de cierta relevancia, que va más allá del caso específico de Sturzo, pero que también es propia de este líder político. Es la conciencia de que la historia de la distancia de la religión, por no decir del odio madurado entre una gran parte de las clases populares contra ella, deriva,  más que de una recepción de la crítica filosófica de Marx y Lenin, de  la “traición” oficial de la Iglesia en su compromiso con la justicia social. Como es sabido, esta tesis se hará fuerte en la obra de Jacques Maritain (que también era uno de los personajes principales -con alguna cautela- en el apoyo de los católicos demócratas a la causa española),  pero también está presente en toda la lectura que hace Sturzo de estos acontecimientos, con la particularidad de que, para él, el origen de todo es la falta de recepción (en España y no sólo) de la Rerum Novarum del Papa León XIII.

Los orígenes franquistas del actual laicismo

Concejal PP en Valle

Muchos se sorprenden hoy en día del violento rebrotar de un laicismo agresivo que reclama el repudio por el Gobierno de toda forma de colaboración con la Iglesia Católica. Las manifestaciones son variadas: solicitud de baja en los registros de la Iglesia, asaltos a capillas, campañas contra la financiación de la Iglesia por parte del Estado, denuncia del registro de propiedad de iglesias y otros bienes eclesiásticos. Esta realidad no debería sorprender a nadie que conociese la historia del franquismo. Es en la estrecha relación de Iglesia y Estado durante esos años donde se encuentra en parte el origen de un problema que parece de difícil solución.

Franco instauró desde 1939 un Estado católico, en el que la Iglesia gozaba de grandes prerrogativas en materia de financiación, control de la educación y moral pública. Esta protección del Estado español a la única religión tolerada encontró pronto críticas, incluso dentro del ámbito eclesiástico: la situación de una Iglesia enfeudada al poder político era improcedente y peligrosa para la salud espiritual de la nación. A partir de los años 50 el Estado adquirió una conciencia mayor de que no podía mantener con la Iglesia relaciones tan íntimas como en otros tiempos. Se había creado un Estado farisaicamente cristiano, en el que aparecer como católico en el ámbito público era condición necesaria para ser aceptado como ciudadano de pleno derecho. Frente a esta visión reduccionista, fue abriéndose paso una posición intermedia que buscaba crear un Estado vitalmente cristiano, fruto de la colaboración de todas las religiones cristianas, y evitando que el Estado diera una protección especial a cualquiera de ellas. Lo cual chocaba con la cruda realidad de un Estado que cerraba en banda a otras confesiones cristianas y negaba la apertura de capillas anglicanas.

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España: un país sin libertad religiosa

Religión en la España de Franco

Religión en la España de Franco

La ausencia de libertad religiosa en la España de Franco es uno de los hechos más notables en la azarosa historia del régimen. La confusión de la unidad con la uniformidad, y el convencimiento de que el fundamento del ser de España era su raíz católica, provocó la conculcación de uno de los derechos fundamentales del hombre, la libertad de culto. Tuvieron que pasar 20 años tras el final de la guerra civil para que el 2 de octubre de 1959 el gobierno de Franco autorizara la consagración de una sinagoga en Madrid, la primera desde 467 años. Pero esta notable concesión a los dos centenares de judíos que vivían en la capital no entrañaba un cambio de actitud respecto a la minoría religiosa con más adeptos en España: los protestantes. Esto quedó demostrado con la sentencia del tribunal provincial de Madrid que condenó a un pastor protestante a dos años de prisión por haber entrado ilegalmente en su capilla, que las autoridades habían cerrado. El reverendo José Núñez no tuvo que cumplir la sentencia, gracias a un decreto de amnistía, todavía vigente, promulgado el año anterior en honor de la coronación de Juan XXIII. Pero tuvo que pagar una multa de 1000 pesetas.

La capilla de que se trata era propiedad norteamericana. Ubicada en un barrio pobre de Madrid, se abrió en 1947, bajo el patrocinio de la Convención de Bautistas del Sur, cuya sede central se halla en Richmond (Virginia). En 1954 la policía cerró la capilla, sin razón aparente. José Núñez entró en ella y fue detenido. En la vista del proceso Núñez alegó el deterioro del edificio como razón para entrar a reparar unos cristales rotos y limpiar el interior. Cuando el pastor abordó el aspecto espiritual del asunto, el juez interrumpió el juicio oral y le advirtió que no se admitiría “nada de religión”. El proceso se desarrolló estrictamente como allanamiento de morada, aunque el local fuera la propia capilla del pastor. La vista del proceso no aclaró nunca por qué se había cerrado la capilla, aunque las autoridades solían esgrimir dos clases de argumentos: la actividad proselitista entre católicos, y el uso de estos locales para fines políticos, lo que nunca pudo probarse.

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