Ley Mordaza

Con los votos a favor del PP y toda la oposición en contra, la Ley de Seguridad Ciudadana fue aprobada hace tres años por las Cortes, que avalaron un texto que incrementará la libertad, según el Ejecutivo, y sobre el que, sin embargo, planea la amenaza de su derogación si cambia el Gobierno. La nueva norma sanciona un estado de falta de libertades cívicas que es muy preocupante. Estas son las conductas que son sancionables con la Ley Mordaza.

 

Faltas muy graves

(Entre 30.001 y 600.000 euros de sanción)
  1. Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas.
  2. Fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados.
  3. Celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.
  4. Proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.

Faltas graves

Entre 601 y 30.000 euros de multa
  1. Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas.
  2. La perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas.
  3. Causar desórdenes en la calle u obstaculizarla con barricadas.
  4. Impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales. Este punto sancionaría, por ejemplo, las concentraciones para impedir la ejecución de desahucios.
  5. Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia.
  6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes.
  7. Negarse a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público cuando lo ordenen las autoridades competentes cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión. Entre estos supuestos se encuentra “cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes”, por lo que podría emplearse esta infracción para sancionar los llamados escraches.
  8. Perturbar el desarrollo de una manifestación lícita.
  9. La intrusión en infraestructuras críticas (que prestan servicios esenciales para la comunidad) incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento.
  10. Portar armas prohibidas o portar o usar armas de modo negligente y temerario o fuera de los lugares habilitados para ello.
  11. Solicitar y disfrutar (por parte del demandante) de servicios sexuales en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores (colegios, parques…) o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial.
  12. Fabricar, almacenar o usar armas reglamentarias o explosivos sin autorización así como la omisión o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias.
  13. Negarse a las inspecciones en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves.
  14. El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño.
  15. No colaborar con las Fuerzas de Seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.
  16. El consumo o la tenencia ilícitos de drogas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares públicos, así como el abandono de los instrumentos empleados para ello.
  17. El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas (las cundas).
  18. Plantar y cultivar drogas en lugares visibles al público.
  19. La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas en locales o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios.
  20. La carencia de los registros previstos en esta ley para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias.
  21. Dar datos falsos para la obtención de las documentaciones previstas en esta Ley.
  22. Incumplir las restricciones a la navegación reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.
  23. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.

Faltas leves

Sanciones de 100 a 600 euros
  1. La celebración de manifestaciones sin comunicar a las autoridades, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores.
  2. Exhibir de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio.
  3. Incumplir las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo.
  4. Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad.
  5. Hacer o incitar a actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena.
  6. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones.
  7. La ocupación de casas y la venta ambulante no autorizada.
  8. No denunciar la perdida o el robo de un arma.
  9. Las irregularidades en la cumplimentación de los registros previstos en esta Ley con trascendencia para la seguridad ciudadana.
  10. No tener la documentación personal legalmente exigida o no denunciar su robo o pérdida.
  11. La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida, considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año.
  12. Negarse a darle la documentación a la Policía.
  13. Causar daños a bienes muebles o inmuebles de uso público o privados que estén en la vía pública.
  14. Escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños.
  15. La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad.
  16. Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.
  17. El consumo de alcohol en lugares públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.

Con la solicitud de prórrogas sine die para acuñar una Ley de Seguridad Ciudadana que cumpla con las libertades civiles más esenciales (algo que no sucede con la impulsó el iluminado Fernández Díaztanto PP como C’s se posicionan, una vez más, en contra de la ONU. Rajoy y Rivera, como máximos representantes de los dos partidos conservadores, ignoran cómo las Naciones Unidas han cargado contra la Ley Mordaza -también lo hizo contra la reforma del Código Penal-, cómo cuestionaron que esta ley represiva se hubiera alumbrado con el único fin de “ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”. En suma, la ONU reclamó a España que “adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales”, algo que no sucede en la actualidad (aunque el Borbón tenga otra percepción mientras entona “Del Palacio de la Zarzuela, no nos moverán”).

Ni Rajoy ni Rivera hacen caso a la ONU cuando ésta, en su comunicado, recordó al Gobierno español que “los derechos a manifestarse pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”. Y eso, hoy por hoy en nuestro país, no sucede, gracias a la alianza de PP y C’s entorno al poder y los beneficios que éste les reporta.

Los expertos de la ONU fueron claros: la Ley de Seguridad Ciudadana“restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España”. A la enumeración de libertades civiles pisoteadas gracias a la complicidad de PP y C’s que enumera en su artículo Flotats, hemos de añadir cómo sólo en sus primeros 18 meses, la recaudación por multas al amparo de esta ley superaron los 131 millones de euros, aproximándose a lo que recauda el Estado en concepto de multas por exceso de velocidad.

Se están cercenando los derechos de la intocable Constitución de libertad de expresión, derecho de reunión y de manifestación. Los datos no engañan: a pesar de que siempre pudieron ser denunciados los actos por “desobediencia o resistencia a la autoridad”, no deja de ser curioso cómo en los últimos seis meses de 2015 se pusieron 4.311 multas y en 2016, el triple (12.094). Es importante recalcar que, en estos mismos períodos de tiempo, las multas por “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se cifraron en 2015 en 3.130, por un valor de 469.203 euros, mientras que en 2016 en 9.497, por un importe de 3.006.761 euros.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) es otro de los organismos que ha criticado duramente la Ley Mordaza que Rajoy y Rivera blindan. RSF sostiene que la ley persigue proteger “la imagen de la policía española, limitando el derecho de los periodistas a reunir y difundir información”.  Tanto es así que, aunque a Rivera le encante darse baños de masas en Venezuela, no hace falta que cruce el Charco: gracias a la ley que él mantiene, España fue uno de los ejemplos que RSF utilizó en su informe internacional presentado en 2017 para ilustrar los retrocesos en la libertad de prensa.

Dicho de otro modo y dando peso a mi afirmación inicial de que PP y C’s son agrupaciones antidemócratas, el hecho de que España sea criticada internacionalmente por el deterioro de las libertades civiles y los derechos fundamentales es obra de los negocios que se traen entre manos Rajoy y Rivera.

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Des-Memoria histórica

España es el segundo país con más personas desaparecidas del mundo, solamente por detrás de Camboya. Se estima que en nuestras fosas y cunetas se encuentran aproximadamente 114.000 mil cadáveres de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista.
Sin embargo en España las familias de las víctimas no han obtenido ni verdad, ni justicia ni reparación y los responsables de tales crímenes que siguen vivos siguen sin ser juzgados.
Mientras países como Alemania o Argentina sí que han llevado a cabo políticas en esta materia, en España tras 40 años de democracia ningún Gobierno lo ha hecho. Pablo de Greiff, relator especial de la ONU ya denunció en 2014 la falta de mecanismos en nuestro país sobre esta materia. Los diferentes gobiernos se han amparado en la ley para no crearlos:
1) Esgrimen por un lado que la ley de Amnistía de 1977 indica que no se pueden juzgar crímenes realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976.
2) Por otro, que nuestro código penal a día de hoy recoge que ninguna persona podrá ser juzgada por un delito que se cometió antes de que en España existiese una ley que contemplase esos actos como delito. Sin embargo el Derecho Internacional expresa claramente que los crímenes considerados crímenes contra la humanidad, de lesa humanidad o los genocidios no tienen que atenerse a estas leyes sino todo lo contrario.

¿Qué es lo que se debate en el Congreso de Diputados y se vota?
Desde el Intergrupo de memoria democrática compuesto por Podemos, PNV, Compromís Bildu, PdeCat y ERC que ha promovido la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo se han registrado estas dos Propuestas de Ley de las que el PSOE se ha desmarcado en el último momento.
La propuesta es la que se debate y consiste en modificar la Ley de Amnistía de 1977 que permita a los tribunales juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidio u otras graves violaciones de Derechos Humanos.

¿Por qué es importante?
La Ley de Amnistía actual ha funcionado hasta ahora como una ley de punto y final que ha evitado poder juzgar en nuestro país los crímenes de lesa de humanidad cometidos durante la dictadura franquista
Lo que se vota no es la derogación de la Ley de Amnistía sino su adaptación a las propuestas y preceptos del derecho internacional humanitario como aconsejo Naciones Unidas. Ni más ni menos. Que la ley de Amnistía no sea un parapeto para evitar la acción contra los crímenes de lesa de humanidad

¿Por qué no va a salir?
No nos sorprende que un partido fundado por ministros franquistas o su marca naranja sigan impidiendo que los criminales franquistas puedan responder por sus crímenes ante los jueves.

Sorprende más el voto del PSOE, que ya ha manifestado que votará en contra porque la medida genera ‘mucha inseguridad jurídica’. La verdadera inseguridad e indefensión jurídica es que las víctimas no puedan acudira a la justicia de su país para juzgar crímenes de lesa a humanidad porque la ley de amnistía funciona como punto y final.
Su voto es decisivo para que se pueda juzgar al franquismo y su posición ha sido clara: proteger a los torturadores y a los franquistas, impedir adaptar nuestra legislación a las recomendaciones de la ONU.

Manifiesto por la historia y la libertad

No se puede imponer por una ley un único relato de la historia, ya que ninguna ley debe o puede variar los hechos históricos. No se debe borrar por una ley la cultura, el sentimiento ni la memoria de un pueblo, y menos aún por razones ideológicas. Ninguna razón moral, ni derecho subyacente, puede primar sobre la analítica verdad de los hechos en las circunstancias del tiempo y lugar en que estos se produjeron. La interpretación de unos hechos, cualquiera que estos sean, no puede ceder a ninguna manipulación política partidista. Legislar sobre la historia o contra la historia es, simplemente, un signo de totalitarismo. Y es antidemocrático y liberticida.
Sin embargo, en España viene perpetrándose un inadmisible y flagrante “historicidio” desde la aprobación de la mal llamada Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007.
Pese a ello, el Partido Socialista pretende ahora, en una vuelta de tuerca más, que se apruebe una nueva y espuria “Ley de Memoria Histórica”, con la intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales sobre los hechos acaecidos en el último siglo de la Historia de España.
Con la implantación de una “Comisión de la Verdad”, amenaza con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y elevadas multas a quienes mantengan opiniones divergentes a la ‘verdad única’, la destrucción y quema de las obras o estudios declarados no ‘gratos’, y la expropiación, destrucción o transformación de una parte del patrimonio histórico-artístico de la etapa más reciente de España.
Tal proposición de ley ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad (de opinión, expresión, investigación y cátedra); la justicia (solo atribuible a jueces y tribunales); la igualdad (que impide la discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social); y el pluralismo político (ejercido como actividad libre dentro del respeto a la Constitución). Dicha proposición de ley, de resultar aprobada, chocaría frontalmente con la Constitución en su redacción y espíritu.
El proyecto vulnera el principio de la verdad documentada de la historia, como demuestra el mero hecho de que esa única versión quiera imponerse por la fuerza del Estado, al ser incapaz de sostenerse en un debate de investigación, serio, libre e independiente. Su capcioso velo jurídico, invocando a modo de pantalla la dignidad de las víctimas de solamente una parte o equiparando el franquismo con los regímenes totalitarios, son solo el envoltorio sentimental y manipulador de una ofensiva contra la libertad de los españoles, contra la democracia y contra la verdad histórica.
Estamos ante una ley de tipo soviético que no debería ser propuesta por ningún partido, ni individuo, que respete la convivencia democrática en paz y en libertad, que solo sirve para reabrir viejas heridas que todos creíamos ya cicatrizadas y que, desde luego, nunca debería ser aprobada en una nación como España.
Resultaría dramático para la convivencia de los españoles que ochenta años después del final de la Guerra Civil, y de haber transcurrido más de cuarenta tras la extinción del franquismo, se intente anular la libertad de pensamiento de los españoles, y reinstalar en la sociedad los mismos odios que condujeron a aquellos calamitosos acontecimientos.
Esta propuesta de ley debe ser rechazada con firmeza por toda la sociedad, pues España no puede permitirse una involución hacia regímenes del tipo implícito en la misma. La experiencia histórica no debe pasar en balde, y de ella debemos aprender.
Los hechos históricos son hechos históricos, y los estudios e investigaciones de los mismos deben producirse en total y plena libertad para el debate y la confrontación abierta de las ideas, pero jamás bajo la mordaza y el castigo penal de un estado democrático.
Y ello principalmente, porque ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la Historia, pues de hacerlo, criminalizaría la Historia, estableciendo una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado.

(Manifiesto suscrito por más de 200 profesionales de la Historia)

Catalunya y España se merecen algo mejor

Pero nada de nada. Res de res. Probablemente os lo impide ese acendrado nacionalismo español que empieza por negarse a sí mismo. Los nacionalistas españoles con algo de luces aseguran que no son nacionalistas, faltaría más; que todos los nacionalismos son iguales; que no hay que poner nuevas fronteras (ellos están contentos con las suyas, claro); y, si son de izquierdas, dicen ser internacionalistas cosa que, obviamente, no significa nada.

Es muy llamativo y parte de la complejidad del problema que la izquierda muestre esta incapacidad de comprender. Cataluña no es España ni antes ni después del 1/10 como se demuestra -da vergüenza recordarlo- por el hecho de que haya que decirlo. Cataluña es tierra conquistada, según dijo Fraga a Verstrynge. Está en España, pero no es España. Cataluña sabe lo que es y lo que quiere ser. España, no; ni lo que es, ni lo que quiere ser, y la mejor prueba es esta incapacidad para entender a Cataluña que raya en lo patológico. Ha sido necesario que las cosas se pudrieran durante años hasta llegar a la confrontación actual para que los socialistas empiecen a preocuparse y presenten un plan irrisorio de una comisión constitucional de reconsideración del lugar de Cataluña a sabiendas de que, con la correlación actual y previsible de fuerzas, eso es imposible. Por no hablar de ese federalismo apolillado en el que no cree nadie; ni ellos. La propuesta no solo muestra una probable mala fe de tratar de engañar a los catalanes con un señuelo parlamentario, sino que oculta algo peor: el intento de ignorar que la rebelión catalana rechaza la legitimidad del orden constitucional y que, por lo tanto, la propuesta carece de sentido dentro del sistema actual; que es una repetición del “café para todos” 40 años después.

Otra cosa sería si, entendiendo que Cataluña no es España, se propusiera una vía de negociación bilateral entre ambas que incluyera un referéndum de autodeterminación pactado. Pero, en el caso del PSOE, eso es imposible porque comparte con la derecha el nacionalismo español que le hace negarse en redondo al referéndum por una cuestión de acartonados principios borgoñones con el argumento, típicamente orgánico de todo el pensamiento reaccionario, de que la parte no puede separarse del todo, el brazo del cuerpo, la rama del árbol. Y no es esta la única bobada que comparte con el PP. También coincide en sus falacias sobre la legalidad, la Constitución, la estabilidad, la Monarquía y, en gran medida, la colonización del Estado por la Iglesia, etc, y por supuesto, el recurso a la represión y la violencia si se considera preciso, con la única salvedad de que, al tiempo que se reduce a los catalanes por la fuerza, no se deje de llamarlos al diálogo.

 Diálogo como el que ofrecía Sáenz de Santamaría mientras preparaba la guerra sucia contra la Generalitat, los procesamientos de Mas, Rigau, Ortega, Homs etc por medio de sus alguaciles en el Tribunal Constitucional, y una batería de denuncias y amenazas que alcanzan ya a los particulares que desobedezcan al TC y eso sin apoyatura jurídica alguna, simplemente por un capricho de la señora. Eso es lo que el PSOE directa y abiertamente y Podemos de forma ambigua, esquinada e hipócrita están respaldando: la actividad arbitraria de la administración con el apoyo de unos jueces sumisos y la tiranía como forma de gobierno frente a un problema que son incapaces de resolver. Y, de paso, la condonación de la guerra sucia, la organización de policías políticas, el empleo de la fuerza pública con intenciones intimidatorias, la compra y manipulación de los medios, las amenazas y campañas contra la Generalitat.

Y no solo eso. Quienes no solamente no denuncian las sistemáticas violaciones de la legalidad y el Estado de derecho, sino que las apoyan, también están siendo cómplices de la corrupción generalizada de un gobierno sostenido por un partido que es una asociación para delinquir. Y todo ello porque estos nacionalistas españoles, de derechas, de centro o de izquierdas son incapaces de entender qué está pasando en Cataluña, una sociedad dinámica y abierta empeñada en librarse de la rémora de un Estado que, tras un breve lapso de una democracia mediocre, vuelve por los fueros de los gobiernos de ladrones, meapilas y corruptos que han destruido el país. No, amigos, no entendéis nada y, después del 1º de octubre, si el sí es mayoritario, tendréis que tragar una república catalana libre, mucho mejor y más próspera que la España que deja atrás. Por mucho 155 que se quiera aplicar.

24 datos sobre ISIS que no se conocen

El profesor Michel Chossudovsky, economista canadiense y director del Centro de Investigación sobre la Globalización, en Montreal, ha recopilado 24 verdades que los gobiernos occidentales no quieren que la población conozca acerca de ISIS (o Estado Islámico) y Al-Qaeda… ¿Cómo es posible que sigan el juego de los Estados Unidos encaminado a crear un estado mundial policial? Pasando por la destrucción de pueblos, culturas ancestrales y restos de antiguas civilizaciones. La barbarie en su máxima dimensión.Police

1. Los Estados Unidos han apoyado a Al Qaeda y a sus afiliadas durante medio siglo, desde el apogeo de la guerra afgano-soviética.

2. La CIA creó campos de entrenamiento para al-Qaeda en Pakistán. En el período de diez años, desde 1982 hasta 1992, unos 35.000 yihadistas de 43 países islámicos fueron reclutados por la CIA para luchar en la jihad afgana contra la Unión Soviética.

3. Desde la época de la Administración Reagan, Washington ha apoyado a la red terrorista islámica. Ronald Reagan calificó a esos terroristas como “luchadores por la libertad”. Los EE.UU. suministraron armas a las brigadas islámicas. Todo era para “una buena causa”: la lucha contra la Unión Soviética y el cambio de régimen, lo que llevó a la desaparición de un gobierno secular en Afganistán. Basta recordar películas de propaganda de la época, como la célebre Rambo III.

4. Los libros de texto yihadistas fueron publicados por la Universidad de Nebraska. Estados Unidos gastó millones de dólares para suministrar libros de texto repletos de imágenes violentas y enseñanzas islámicas militantes a los escolares afganos.

5. Osama bin Laden, fundador de Al Qaeda y hombre más odiado de Estados Unidos, fue reclutado por la CIA en 1979 al comienzo mismo de la guerra yihadista de Afganistán contra la Unión Soviética. Por aquel entonces, Bin Laden tenía 22 años y fue entrenado en un campo de entrenamiento de guerrillas patrocinado por la CIA.

Según el Profesor Chossudovsky, Al Qaeda se encontraba detrás de los ataques del 11 de septiembre. De hecho, el ataque terrorista de 2001 proporcionó una justificación para librar una guerra contra Afganistán, bajo el argumento de que Afganistán era un estado patrocinador del terrorismo de Al Qaeda. Los ataques del 11 de septiembre, pues, fueron fundamentales para sentar las bases de la “Guerra Global contra el Terrorismo”.

6. El Estado Islámico o ISIS era originalmente una entidad afiliada a Al-Qaeda, creada por la inteligencia de Estados Unidos con el apoyo del MI6 Británico, el Mossad Israelí, los servicios de Inteligencia de Pakistán y la Inteligencia de Arabia Saudita.

7. Las brigadas de ISIS han estado involucradas en el apoyo a la insurgencia que los EE.UU. y la OTAN han dirigido contra el gobierno sirio de Bashar al Assad durante la guerra civil de Siria.

8. La OTAN y el Estado Mayor de Turquía fueron los responsables de la contratación de mercenarios de ISIS y Al Nusrah desde los inicios de la insurgencia siria, en marzo de 2011. Según fuentes de inteligencia israelíes, esta iniciativa ha consistido en: “Una campaña para reclutar a miles de voluntarios musulmanes en países de Oriente Medio y el mundo musulmán para luchar junto a los rebeldes sirios. El ejército turco aloja a estos voluntarios, los entrena y asegura su entrada en Siria”.

9. Hay miembros de las fuerzas especiales occidentales y agentes de inteligencia occidentales dentro de las filas de ISIS. Miembros de las Fuerzas Especiales Británicas y del MI6 han participado en el entrenamiento de los rebeldes yihadistas en Siria.

10. Especialistas militares occidentales contratados por el Pentágono han entrenado a los terroristas en el uso de armas químicas. “Los Estados Unidos y algunos aliados europeos están utilizando a contratistas de defensa para entrenar a los rebeldes sirios sobre cómo asegurar los arsenales de armas químicas en Siria, según informó un alto funcionario de Estados Unidos”. Sigue leyendo

Franco desde el telescopio

El historiador Julián Casanova ha coordinado ‘40 años con Franco‘, un libro total sobre el franquismo, una panorámica completa -“una mirada telescópica”, dice él- que incluye desde la particular personalidad del dictador hasta apartados como la política exterior, el papel de la mujer, la literatura y el cine.Telescopio

Quizá la principal conclusión a la que uno llega tras leer sus 350 páginas es que las alusiones a devaneos dictatoriales o totalitarios que se formulan en la actualidad son poco serias. “La gente que cree que esto no es una democracia porque hay corrupción. Una dictadura se caracteriza porque hay una violación constante de los derechos humanos, desde la más física a la psicológica; no hay una sociedad civil que pueda expresarse libremente. Ahora hablamos de otra cosa”, explica Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza. “Compare por ejemplo la Bolivia actual con la de (Luis García) Meza, donde había cadáveres por las cunetas; uno puede pensar que Cristina Kirchner utiliza un sistema clientelar -lo que significa el peronismo en Argentina-, pero de ahí a los desaparecidos… Hay que ser serios: la democracia es frágil, no es universal y hay que cuidarla”.

En el libro, en el que además de Casanova participan otros nueve autores, entre ellos Paul Preston, Agustín Sánchez Vidal y Ángel Viñas, se cita una frase de Salvador de Madariaga que sintetiza bien el desastre que supuso el dictador para España: “El más alto interés de Franco es Franco; el más alto interés de De Gaulle es Francia”. Como recuerda Casanova, ese pasado también tiene implicaciones nacionalistas. “Por eso tenemos tantas dificultades para aceptar una idea de nación, una bandera, un himno. Esa es una sombra alargadísima de la dictadura”.

Una disfunción que también les afecta negativamente a ellos, a los historiadores. “Imagínese que escribimos sobre Isabel la Católica: los lectores dirían ‘fíjate, cuánto saben sobre ella’. Nadie nos cuestionaría. Pero escribes sobre Franco y estás bajo sospecha; el que interioriza su opinión se autoconvence. Dirán: ‘Un rojo’. O: ‘Preston, ¿quién es Preston?’ Y lo que Preston sabe sobre Franco no tiene nada que ver sobre lo que sabe el máximo especialista sobre Isabel la Católica. Pero está bajo sospecha”, lamenta Casanova, quien incide en que ahí también late un “desprecio por el conocimiento científico”.

Dijo Javier Tusell: “Cualquier intento de llegar a una descripción del franquismo y de sus características fundamentales fracasaría plenamente si pretendiera eludir el papel desempeñado por la propia personalidad de Franco”. Eso, recuerda Casanova, no sucede al mismo nivel ni con Hitler: “Podemos discutir todas las etiquetas que le ponemos al régimen, la dictadura va cambiando, pero hay una persona que está al principio y al final. Su último discurso a los españoles, tras los últimos fusilamientos [el 27 de septiembre de 1975], no es ‘mirad qué España os dejo’, sino ‘hay una conspiración judeo-masónica…’. Es decir: nada se ha movido desde julio del 36”. Sigue leyendo

Las fosas caen en el olvido

Decenas de miles de familias siguen esperando que les devuelvan los restos de sus familiares desaparecidos en la Guerra Civil. LMH

Siete años después de su aprobación, la Ley de la Memoria Histórica mantiene una larga lista de tareas pendientes. La primera de ellas es aún la de localizar, exhumar y entregar a sus familias las decenas de miles de españoles que, 65 años después la conclusión de la Guerra Civil y 39 desde el fin de la dictadura, permanecen sepultadas en fosas comunes de cementerios o cunetas de carreteras.

Según la investigación que llevó a cabo el ex juez Baltasar Garzón en la causa del franquismo, 114.226 personas desaparecieron entre 1936 y 1951 a causa de la represión llevada a cabo por el régimen, un número que las asociaciones de la memoria histórica consideran por debajo de la realidad. Desde el año 2000 se han recuperado los restos de cerca de 6.000 de los asesinados. De estos últimos, 2.800 fueron exhumados en el antiguo cementerio malagueño de San Rafael, donde se calcula que se produjeron 4.400 ejecuciones.

El artículo 11 de la Ley de la Memoria Histórica establece que “las administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore”. Lo redactado sólo estipula que el Estado ayude a los familiares, sin llegar a encomendarle la responsabilidad de exhumar a los españoles asesinados.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), mantiene que la entrada en vigor de la ley no supuso avance alguno. “El principal problema ha sido siempre el mismo y no se ha solucionado con esta norma descafeinada. Esto debería ser una responsabilidad del Estado y no de los hijos o los nietos de las víctimas”.

El pasado julio un contundente informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas puso de relieve esta realidad. El documento valora que, desde el retorno de la democracia, “se han dado pasos importantes aunque tímidos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura”.

No obstante, el equipo de la ONU recuerda que, de acuerdo con el derecho internacional que ha suscrito España, el Estado debe asumir una responsabilidad y “un rol de liderazgo” en la recuperación de las personas desaparecidas. Para solucionar la actual situación, Naciones Unidas lanzó una serie de recomendaciones entre las que se encuentra “adoptar, a la mayor brevedad posible, un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas”. Aunque el informe fija un plazo de 90 días para que España proponga un calendario, esta iniciativa no tiene carácter vinculante, con lo que no se podrá imponer ningún tipo de sanción en caso de que el Gobierno no atienda al requerimiento de la organización mundial. Sigue leyendo