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Ley Mordaza

Con los votos a favor del PP y toda la oposición en contra, la Ley de Seguridad Ciudadana fue aprobada hace tres años por las Cortes, que avalaron un texto que incrementará la libertad, según el Ejecutivo, y sobre el que, sin embargo, planea la amenaza de su derogación si cambia el Gobierno. La nueva norma sanciona un estado de falta de libertades cívicas que es muy preocupante. Estas son las conductas que son sancionables con la Ley Mordaza.

 

Faltas muy graves

(Entre 30.001 y 600.000 euros de sanción)
  1. Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas.
  2. Fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados.
  3. Celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.
  4. Proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.

Faltas graves

Entre 601 y 30.000 euros de multa
  1. Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas.
  2. La perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas.
  3. Causar desórdenes en la calle u obstaculizarla con barricadas.
  4. Impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales. Este punto sancionaría, por ejemplo, las concentraciones para impedir la ejecución de desahucios.
  5. Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia.
  6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes.
  7. Negarse a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público cuando lo ordenen las autoridades competentes cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión. Entre estos supuestos se encuentra «cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes», por lo que podría emplearse esta infracción para sancionar los llamados escraches.
  8. Perturbar el desarrollo de una manifestación lícita.
  9. La intrusión en infraestructuras críticas (que prestan servicios esenciales para la comunidad) incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento.
  10. Portar armas prohibidas o portar o usar armas de modo negligente y temerario o fuera de los lugares habilitados para ello.
  11. Solicitar y disfrutar (por parte del demandante) de servicios sexuales en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores (colegios, parques…) o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial.
  12. Fabricar, almacenar o usar armas reglamentarias o explosivos sin autorización así como la omisión o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias.
  13. Negarse a las inspecciones en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves.
  14. El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño.
  15. No colaborar con las Fuerzas de Seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.
  16. El consumo o la tenencia ilícitos de drogas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares públicos, así como el abandono de los instrumentos empleados para ello.
  17. El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas (las cundas).
  18. Plantar y cultivar drogas en lugares visibles al público.
  19. La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas en locales o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios.
  20. La carencia de los registros previstos en esta ley para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias.
  21. Dar datos falsos para la obtención de las documentaciones previstas en esta Ley.
  22. Incumplir las restricciones a la navegación reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.
  23. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.

Faltas leves

Sanciones de 100 a 600 euros
  1. La celebración de manifestaciones sin comunicar a las autoridades, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores.
  2. Exhibir de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio.
  3. Incumplir las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo.
  4. Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad.
  5. Hacer o incitar a actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena.
  6. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones.
  7. La ocupación de casas y la venta ambulante no autorizada.
  8. No denunciar la perdida o el robo de un arma.
  9. Las irregularidades en la cumplimentación de los registros previstos en esta Ley con trascendencia para la seguridad ciudadana.
  10. No tener la documentación personal legalmente exigida o no denunciar su robo o pérdida.
  11. La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida, considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año.
  12. Negarse a darle la documentación a la Policía.
  13. Causar daños a bienes muebles o inmuebles de uso público o privados que estén en la vía pública.
  14. Escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños.
  15. La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad.
  16. Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.
  17. El consumo de alcohol en lugares públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.

Con la solicitud de prórrogas sine die para acuñar una Ley de Seguridad Ciudadana que cumpla con las libertades civiles más esenciales (algo que no sucede con la impulsó el iluminado Fernández Díaz) tanto PP como C’s se posicionan, una vez más, en contra de la ONU. Rajoy y Rivera, como máximos representantes de los dos partidos conservadores, ignoran cómo las Naciones Unidas han cargado contra la Ley Mordaza -también lo hizo contra la reforma del Código Penal-, cómo cuestionaron que esta ley represiva se hubiera alumbrado con el único fin de “ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”. En suma, la ONU reclamó a España que “adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales”, algo que no sucede en la actualidad (aunque el Borbón tenga otra percepción mientras entona “Del Palacio de la Zarzuela, no nos moverán”).

Ni Rajoy ni Rivera hacen caso a la ONU cuando ésta, en su comunicado, recordó al Gobierno español que “los derechos a manifestarse pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”. Y eso, hoy por hoy en nuestro país, no sucede, gracias a la alianza de PP y C’s entorno al poder y los beneficios que éste les reporta.

Los expertos de la ONU fueron claros: la Ley de Seguridad Ciudadana“restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España”. A la enumeración de libertades civiles pisoteadas gracias a la complicidad de PP y C’s que enumera en su artículo Flotats, hemos de añadir cómo sólo en sus primeros 18 meses, la recaudación por multas al amparo de esta ley superaron los 131 millones de euros, aproximándose a lo que recauda el Estado en concepto de multas por exceso de velocidad.

Se están cercenando los derechos de la intocable Constitución de libertad de expresión, derecho de reunión y de manifestación. Los datos no engañan: a pesar de que siempre pudieron ser denunciados los actos por “desobediencia o resistencia a la autoridad”, no deja de ser curioso cómo en los últimos seis meses de 2015 se pusieron 4.311 multas y en 2016, el triple (12.094). Es importante recalcar que, en estos mismos períodos de tiempo, las multas por “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se cifraron en 2015 en 3.130, por un valor de 469.203 euros, mientras que en 2016 en 9.497, por un importe de 3.006.761 euros.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) es otro de los organismos que ha criticado duramente la Ley Mordaza que Rajoy y Rivera blindan. RSF sostiene que la ley persigue proteger “la imagen de la policía española, limitando el derecho de los periodistas a reunir y difundir información”.  Tanto es así que, aunque a Rivera le encante darse baños de masas en Venezuela, no hace falta que cruce el Charco: gracias a la ley que él mantiene, España fue uno de los ejemplos que RSF utilizó en su informe internacional presentado en 2017 para ilustrar los retrocesos en la libertad de prensa.

Dicho de otro modo y dando peso a mi afirmación inicial de que PP y C’s son agrupaciones antidemócratas, el hecho de que España sea criticada internacionalmente por el deterioro de las libertades civiles y los derechos fundamentales es obra de los negocios que se traen entre manos Rajoy y Rivera.

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Des-Memoria histórica

España es el segundo país con más personas desaparecidas del mundo, solamente por detrás de Camboya. Se estima que en nuestras fosas y cunetas se encuentran aproximadamente 114.000 mil cadáveres de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista.
Sin embargo en España las familias de las víctimas no han obtenido ni verdad, ni justicia ni reparación y los responsables de tales crímenes que siguen vivos siguen sin ser juzgados.
Mientras países como Alemania o Argentina sí que han llevado a cabo políticas en esta materia, en España tras 40 años de democracia ningún Gobierno lo ha hecho. Pablo de Greiff, relator especial de la ONU ya denunció en 2014 la falta de mecanismos en nuestro país sobre esta materia. Los diferentes gobiernos se han amparado en la ley para no crearlos:
1) Esgrimen por un lado que la ley de Amnistía de 1977 indica que no se pueden juzgar crímenes realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976.
2) Por otro, que nuestro código penal a día de hoy recoge que ninguna persona podrá ser juzgada por un delito que se cometió antes de que en España existiese una ley que contemplase esos actos como delito. Sin embargo el Derecho Internacional expresa claramente que los crímenes considerados crímenes contra la humanidad, de lesa humanidad o los genocidios no tienen que atenerse a estas leyes sino todo lo contrario.

¿Qué es lo que se debate en el Congreso de Diputados y se vota?
Desde el Intergrupo de memoria democrática compuesto por Podemos, PNV, Compromís Bildu, PdeCat y ERC que ha promovido la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo se han registrado estas dos Propuestas de Ley de las que el PSOE se ha desmarcado en el último momento.
La propuesta es la que se debate y consiste en modificar la Ley de Amnistía de 1977 que permita a los tribunales juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidio u otras graves violaciones de Derechos Humanos.

¿Por qué es importante?
La Ley de Amnistía actual ha funcionado hasta ahora como una ley de punto y final que ha evitado poder juzgar en nuestro país los crímenes de lesa de humanidad cometidos durante la dictadura franquista
Lo que se vota no es la derogación de la Ley de Amnistía sino su adaptación a las propuestas y preceptos del derecho internacional humanitario como aconsejo Naciones Unidas. Ni más ni menos. Que la ley de Amnistía no sea un parapeto para evitar la acción contra los crímenes de lesa de humanidad

¿Por qué no va a salir?
No nos sorprende que un partido fundado por ministros franquistas o su marca naranja sigan impidiendo que los criminales franquistas puedan responder por sus crímenes ante los jueves.

Sorprende más el voto del PSOE, que ya ha manifestado que votará en contra porque la medida genera ‘mucha inseguridad jurídica’. La verdadera inseguridad e indefensión jurídica es que las víctimas no puedan acudira a la justicia de su país para juzgar crímenes de lesa a humanidad porque la ley de amnistía funciona como punto y final.
Su voto es decisivo para que se pueda juzgar al franquismo y su posición ha sido clara: proteger a los torturadores y a los franquistas, impedir adaptar nuestra legislación a las recomendaciones de la ONU.

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Manifiesto por la historia y la libertad

No se puede imponer por una ley un único relato de la historia, ya que ninguna ley debe o puede variar los hechos históricos. No se debe borrar por una ley la cultura, el sentimiento ni la memoria de un pueblo, y menos aún por razones ideológicas. Ninguna razón moral, ni derecho subyacente, puede primar sobre la analítica verdad de los hechos en las circunstancias del tiempo y lugar en que estos se produjeron. La interpretación de unos hechos, cualquiera que estos sean, no puede ceder a ninguna manipulación política partidista. Legislar sobre la historia o contra la historia es, simplemente, un signo de totalitarismo. Y es antidemocrático y liberticida.
Sin embargo, en España viene perpetrándose un inadmisible y flagrante “historicidio” desde la aprobación de la mal llamada Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007.
Pese a ello, el Partido Socialista pretende ahora, en una vuelta de tuerca más, que se apruebe una nueva y espuria “Ley de Memoria Histórica”, con la intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales sobre los hechos acaecidos en el último siglo de la Historia de España.
Con la implantación de una «Comisión de la Verdad», amenaza con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y elevadas multas a quienes mantengan opiniones divergentes a la ‘verdad única’, la destrucción y quema de las obras o estudios declarados no ‘gratos’, y la expropiación, destrucción o transformación de una parte del patrimonio histórico-artístico de la etapa más reciente de España.
Tal proposición de ley ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad (de opinión, expresión, investigación y cátedra); la justicia (solo atribuible a jueces y tribunales); la igualdad (que impide la discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social); y el pluralismo político (ejercido como actividad libre dentro del respeto a la Constitución). Dicha proposición de ley, de resultar aprobada, chocaría frontalmente con la Constitución en su redacción y espíritu.
El proyecto vulnera el principio de la verdad documentada de la historia, como demuestra el mero hecho de que esa única versión quiera imponerse por la fuerza del Estado, al ser incapaz de sostenerse en un debate de investigación, serio, libre e independiente. Su capcioso velo jurídico, invocando a modo de pantalla la dignidad de las víctimas de solamente una parte o equiparando el franquismo con los regímenes totalitarios, son solo el envoltorio sentimental y manipulador de una ofensiva contra la libertad de los españoles, contra la democracia y contra la verdad histórica.
Estamos ante una ley de tipo soviético que no debería ser propuesta por ningún partido, ni individuo, que respete la convivencia democrática en paz y en libertad, que solo sirve para reabrir viejas heridas que todos creíamos ya cicatrizadas y que, desde luego, nunca debería ser aprobada en una nación como España.
Resultaría dramático para la convivencia de los españoles que ochenta años después del final de la Guerra Civil, y de haber transcurrido más de cuarenta tras la extinción del franquismo, se intente anular la libertad de pensamiento de los españoles, y reinstalar en la sociedad los mismos odios que condujeron a aquellos calamitosos acontecimientos.
Esta propuesta de ley debe ser rechazada con firmeza por toda la sociedad, pues España no puede permitirse una involución hacia regímenes del tipo implícito en la misma. La experiencia histórica no debe pasar en balde, y de ella debemos aprender.
Los hechos históricos son hechos históricos, y los estudios e investigaciones de los mismos deben producirse en total y plena libertad para el debate y la confrontación abierta de las ideas, pero jamás bajo la mordaza y el castigo penal de un estado democrático.
Y ello principalmente, porque ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la Historia, pues de hacerlo, criminalizaría la Historia, estableciendo una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado.

(Manifiesto suscrito por más de 200 profesionales de la Historia)

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La regla de gasto

La regla de gasto, en realidad, es un artículo dentro de una ley mucho más potente, más heavy, que abarca muchas más cosas. A un articulito en concreto le llaman la regla de gasto. Podríamos ignorar el artículo 12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que es el que se refiere a la regla de gasto, porque con todo lo demás que dice la ley estaríamos prácticamente en el mismo sitio. En realidad, esta ley se aprobó en 2012, en un momento muy crítico, y se enmarca en una serie de acontecimientos que nos traen hasta la regla de gasto.

En setiembre de 2011 se modifica el artículo 135 de la Constitución, que dice dos cosas. Una es que las administraciones tienen que gastar lo que ingresan, que no pueden hacer déficit sistemático, lo que es una especie de declaración de intenciones. Pero tiene un segundo párrafo, que no estaba antes en el artículo 135 y que es el grave, que dice que los intereses de la deuda y la deuda misma gozarán de prioridad absoluta sobre el resto de partidas de los Presupuestos Generales. Esta modificación se hace porque se impone desde Europa. Todo lo que viene a continuación llueve tras la modificación del 135.

En noviembre de 2011 hay una directiva europea sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros. La UE intenta que todos los países lo aprueben. Es aquella famosa «regla de oro» de la Constitución, que España ya la tiene introducida. Poco después, en marzo de 2012, hay unos Pactos de Estabilidad y Crecimiento de la UE, que, en el fondo, actualizan lo que ya decía el Tratado de la Unión de 1997. Pero ahora todo va rápido.

En abril de 2012, España aprueba la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. O sea, que aprendan a gastar lo que tienen y que no se salgan de madre. Esta ley ya se hace en consonancia con la directiva europea que ha venido un poco antes, con el Pacto de Estabilidad y la reforma de la Constitución.

Llegamos a junio de 2012 y, cuando has cumplido todos tus deberes, viene el No Rescate de M. Rajoy. Se dejan 100.000 millones de euros para los bancos, pero se dejan cuando se ha demostrado verdaderamente que ese dinero se va a devolver. ¿Cómo se asegura la Troika como prestamista de que se va devolver el dinero? Se asegura porque antes se ha aprobado una ley y se ha modificado la Constitución. El rescate vino precedido de una serie de condiciones que España tuvo que cumplir.

Finalmente, en julio de 2012 se firmó el Memorándum de Entendimiento. Todo en ocho meses. El Memorándum de Entendimiento es el programa de cualquier partido que gobierne en España, sea quien sea. Adiós soberanía, no hay soberanía. El Memorándum dicta –y la palabra ‘dicta’ no es casualidad– España deberá cumplir, gobierne quien gobierne, una serie de obligaciones.

Dentro de esta batería de sucesos que obligan forzosamente porque estamos rescatados –y estar rescatados significa que «te rescato pero eres mi esclavo»–está la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Dentro de esa ley, hay un montón de artículos que operan en el mismo sentido, básicamente el de no gastar más de lo de que se ingresa como Estado. Pero, ¿y si…? No. Pero, ¿y si…? No. ¡Que ya no hay soberanía porque ha habido un rescate, aunque se niegue! No hay capacidad de decisión. Además, cada año hay que informar a Europa de cuál es el compromiso de lo que se va gastar para que dé el visto bueno. Hay que pasar información. Hay que supervisarla. Hay que llevar la contabilidad como dice Europa y no como se hacía hasta entonces… Hay una vigilancia permanente. Está en el Memorándum de Entendimiento también. Si eventualmente hay un ingreso raro, no previsto, como que ha tocado la lotería, o, como le ha pasado a Navarra, que por una negociación del Convenio llega un ingreso no contemplado, su destino ha de ser el que dice al artículo 135: el pago de la deuda y de sus intereses. Siempre que haya algo de más con lo que no contabas, lejos de celebrarlo, irá a pagar la deuda. Entre otras cosas, porque el nivel de deuda está al 100% del PIB y el Estado español ha adquirido el compromiso de llegar al 60%. Mientras no se llegue a ese 60%, hay que olvidarse de tener libertad alguna sobre los presupuestos. La regla de gasto es solo un artículo de una ley, que a su vez es un paso más de todo un aparato de sometimiento que se produce entre setiembre de 2011 y junio de 2012.

¿Qué significa se puede? ¿Se podía proclamar la República Catalana? No. Pero la proclamaron. Otra cosa es las consecuencias que tenga. ¿Puede España como Estado o una Comunidad Autónoma romper con la regla de gasto? Se han llevado muchas propuestas de reforma fiscal sabiendo que no se podía hacer. Cuando era chaval, yo tampoco podía salir más allá de las dos de la madrugada porque mi padre no me dejaba. Pero eso cambió. Cambió porque yo, alguna vez, llegué pasadas los dos. Y tuvo consecuencias. Pero mi padre, poco a poco, también fue cambiando su postura.

A veces hay que forzar y hay que valorarlo. No critico a quien toma decisiones, porque hay que valorar hasta qué punto se puede forzar. Por poder, según esta famosa ley, no se puede. Te lo dice bien claro. Si hay un ingreso extraordinario, se debe destinar al pago de la deuda. Probablemente, dentro de la negociación entre Navarra y el Gobierno español para la reintegración de ese dinero podría estar el compromiso de que se destine a cancelación de deuda. ¿Por qué? España ha de rendir cuentas ante la UE. Si España le da un dinero y Navarra lo usa para cancelar deuda, la suma de la deuda que se presenta ante Bruselas no ha aumentado. Si Navarra va y se lo gasta, habría un aumento de 215 millones en esa deuda total. No he estado en la negociación, pero es posible que se haya pactado.

Desde el punto de vista legal, me vería con el coraje de discutirlo. Pero conociendo cómo funciona el Estado, no sé si sale a cuenta. Por poder, uno puede hacerlo y enfrentarse al Estado plantandole cara. ¿Consecuencias? En Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera hay varios artículos. Algunos hablan de las sanciones. Y uno de ellos, el 26, habla claramente de aplicar al artículo 155 de la Constitución a quienes no cumplan la regla de gasto. Incluso habla de disolver una corporación local. O sea, si una corporación local, como estaba haciendo el Ayuntamiento de Madrid con Sánchez Mato, le planta cara al Estado, a este no le duelen prendas en disolver el Ayuntamiento de Madrid. Lo han hecho con Catalunya y se ha abierto un melón. El 155 ya vale para todo. Aquí ya estaba escrito y nunca lo habían puesto en marcha. Ahora ya lo han aplicado una vez. Ya saben cómo hacerlo. Te arriesgas. Y tenemos el ejemplo catalán de qué supone el 155. De entrada, pasan a controlar todas tus instituciones, tu televisión, la enseñanza, la sanidad, eligen a quién pagan primero y a quién pagan después…

El Estado es muy fuerte. ¿Quién es el valiente? El cementerio está lleno de valientes. No voy a criticar a nadie por cumplir lo que dice esta ley. Sí creo que habría que plantear una estrategia de confrontación meditada en la que no solo entrase esto.

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El sistema público de pensiones

Resulta difícil decir nada nuevo sobre el tema de las pensiones. Se continúa repitiendo idénticas falacias. Ante los mismos tópicos, no valen sino los mismos argumentos. Todos los medios de comunicación se han hecho eco de la publicación por parte de la OCDE de un informe acerca de las pensiones en los países que la integran. Es curioso que los organismos internacionales tengan una especial predilección por este asunto, revistiendo siempre sus informes de tintes catastrofistas. Es curioso porque los funcionarios de todos estos organismos devengan espléndidas pensiones (esas sí que son generosas), sin que nadie se plantee si son o no sostenibles. Ante el ruido generado por el informe, conviene recordar verdades y desmontar falacias:

1. Desde mediados de los años ochenta los servicios de estudios de las entidades financieras, fundaciones y otras instituciones han ido elaborando documentos e informes con el fin de demostrar que el sistema público de pensiones resulta inviable. En todos ellos se anunciaba que el sistema entraría en quiebra a plazo fijo. El caso es que han ido llegando sucesivamente las fechas fijadas sin que se produzca la debacle anunciada.

2. La argumentación de todos esos informes es casi idéntica. Parten del hecho de que el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad configurarán una pirámide de población en la que la proporción entre trabajadores y pensionistas se inclinara a favor de estos últimos, en tal medida que hará insostenible el sistema. Se recurre a la tasa de dependencia citada, por ejemplo, en el reciente informe de la OCDE.

3. Esta forma de argumentar olvida la variable de la productividad. La cuestión no estriba en cuántos son los que producen, sino en cuánto es lo que se produce. Cien trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es diez veces superior, de tal modo que, aun cuando esta proporción del número de trabajadores por pensionistas se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor. Quizá lo ocurrido con la agricultura pueda servir de ejemplo. Hace cincuenta años, el 30% de la población activa española trabajaba en el sector primario; hoy, únicamente lo hace el 4%, pero ese 4% produce más que el 30% anterior. En resumen, un número menor de trabajadores podrá mantener a un número mucho mayor de pensionistas.

4. En los últimos cuarenta años, gracias a los incrementos de la productividad, la renta per cápita en términos constantes casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una evolución similar. Mientras que la renta por habitante de una nación se mantenga constante o se incremente, ningún colectivo, bien sea de pensionistas, bomberos o empleados de banca, tiene por qué ver empeorada su situación económica. Si en un periodo de tiempo, un colectivo (por ejemplo los jubilados) ve cómo sus ingresos crecen menos que la renta por habitante es porque otras rentas, ya se trate de las salariales, de capital o empresariales, crecen más. Se produce por tanto una redistribución de la renta en contra de los pensionistas y a favor de los otros colectivos, que con toda probabilidad serán el de los dueños del capital o el de los empresarios. Y tales aseveraciones se cumplen siempre sea cual sea la pirámide de población, la esperanza de vida o la tasa de natalidad. Sigue leyendo →

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¿Vivían mejor los sindicatos con Franco?

La pregunta puede parecer del todo ridícula para cualquier lector mínimamente informado sobre la historia del movimiento obrero bajo la dictadura franquista. Sin embargo, por increíble que parezca, el discurso de la derecha que afirma que los sindicatos han heredado del franquismo una posición privilegiada en la sociedad, cuyo precio lo pagan millones de parados condenados a estar excluidos del mercado laboral en democracia, se halla fuertemente arraigado en la cultura política popular de la derecha española. Esta cultura salió a relucir con el discurso público que lanzaron autoridades políticas del PP con ocasión de las reformas laborales. La ahora defenestrada Esperanza Aguirre, por ejemplo, afirmaba que la reforma acababa con el marco franquista de relaciones laborales y acusaba a los sindicatos de defender políticas anticuadas, reaccionarias y antisociales.

Nada refleja mejor esta concepción del mundo que un artículo para Bloomberg de Ana Palacio. En él, la ex ministra de exteriores de Aznar y ex vicepresidenta del Banco Mundial, le explicaba a un público internacional cuál había sido, según ella, la verdadera condición privilegiada bajo la que vivían los trabajadores y los sindicatos bajo Franco mediante afirmaciones como ésta: «La legislación laboral franquista ofrecía a los trabajadores una seguridad laboral de hierro y unos fuertes derechos de negociación colectiva. Estos eran elementos críticos de los sistemas de bienestar que fueron adoptados por regímenes fascistas o nacionalsocialistas que intentaban preservar la armonía social en Europa en ausencia de la democracia. Cambiar estos elementos ha sido una prueba crítica de la madurez de la democracia española desde su establecimiento en 1977 y los gobiernos sucesivos han fracasado en este intento. Al contrario de lo que se podría esperar, ha sido la izquierda política la que se ha opuesto más a cambiar leyes que fueron adoptadas bajo la dictadura fascista de Franco».

Si uno tuviera que basar su conocimiento de la historia de la Europa de posguerra en esta especie de Cuéntame cómo fue surrealista de la derecha Española podría llegar a pensar que el estado de bienestar en realidad lo inventó el fascismo y que en los verdaderos estados de bienestar que se establecieron en las democracias liberales de posguerra (en Alemania Federal, Inglaterra, Francia o Italia) reinaba el despido libre, no existía la negociación colectiva y los sindicatos no jugaban ningún papel relevante, mientras que en la España de Franco sucedía lo contrario. Por lo visto en el ideario político de Palacio sólo los regímenes fascistas promueven seguridad en el empleo y sistemas de bienestar mientras que democracia debería de ser sinónimo de despido libre y libertad de contratación.

En realidad este relato revisionista de la derecha Española se apoya en una selección interesada de ciertos elementos históricos de las relaciones laborales durante un periodo concreto del franquismo para tergiversarlos de manera interesada. El marco de relaciones laborales franquista no fue homogéneo durante los casi 40 años de dictadura y con el paso del periodo autárquico al periodo de liberalización económica bajo el Plan de Estabilización, a finales de los años cincuenta, estas relaciones sufrieron transformaciones.

En 1958 el régimen de Franco promulgó la famosa Ley de Convenios Colectivos Sindicales que rompía el monopolio del gobierno a la hora de fijar las condiciones laborales, existente bajo el periodo de autarquía. Esta ley sentó una de las bases para la liberalización de la economía bajo el Plan de Estabilización. Al contrario de lo que predica Ana Palacio, en aquel contexto histórico, el marco de relaciones laborales regido por convenios colectivos fue introducido por el franquismo precisamente para facilitar la liberalización de la economía, tratando de adaptar los salarios a la productividad, tal y como hoy pretende la CEOE.

Sin embargo, los convenios colectivos fueron introducidos por el franquismo en un marco normativo en el que el que no se reconocía la existencia de las partes en las relaciones laborales y por tanto, tampoco su autonomía. De este modo, los convenios se negociaban en el seno de la Organización Sindical Española (OSE), el Sindicato Vertical, que integraba obligatoriamente tanto a patronos como a obreros en un mismo sindicato controlado por el estado. Los convenios colectivos se introdujeron para flexibilizar los salarios y las condiciones de trabajo y adecuarlos así a la situación de las empresas. En realidad, un paso en la misma dirección en la que ahora quiere avanzar el PP, descentralizando la negociación colectiva todavía más para dar más peso a los convenios de empresa. Sigue leyendo →

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Catalunya y España se merecen algo mejor

Pero nada de nada. Res de res. Probablemente os lo impide ese acendrado nacionalismo español que empieza por negarse a sí mismo. Los nacionalistas españoles con algo de luces aseguran que no son nacionalistas, faltaría más; que todos los nacionalismos son iguales; que no hay que poner nuevas fronteras (ellos están contentos con las suyas, claro); y, si son de izquierdas, dicen ser internacionalistas cosa que, obviamente, no significa nada.

Es muy llamativo y parte de la complejidad del problema que la izquierda muestre esta incapacidad de comprender. Cataluña no es España ni antes ni después del 1/10 como se demuestra -da vergüenza recordarlo- por el hecho de que haya que decirlo. Cataluña es tierra conquistada, según dijo Fraga a Verstrynge. Está en España, pero no es España. Cataluña sabe lo que es y lo que quiere ser. España, no; ni lo que es, ni lo que quiere ser, y la mejor prueba es esta incapacidad para entender a Cataluña que raya en lo patológico. Ha sido necesario que las cosas se pudrieran durante años hasta llegar a la confrontación actual para que los socialistas empiecen a preocuparse y presenten un plan irrisorio de una comisión constitucional de reconsideración del lugar de Cataluña a sabiendas de que, con la correlación actual y previsible de fuerzas, eso es imposible. Por no hablar de ese federalismo apolillado en el que no cree nadie; ni ellos. La propuesta no solo muestra una probable mala fe de tratar de engañar a los catalanes con un señuelo parlamentario, sino que oculta algo peor: el intento de ignorar que la rebelión catalana rechaza la legitimidad del orden constitucional y que, por lo tanto, la propuesta carece de sentido dentro del sistema actual; que es una repetición del “café para todos” 40 años después.

Otra cosa sería si, entendiendo que Cataluña no es España, se propusiera una vía de negociación bilateral entre ambas que incluyera un referéndum de autodeterminación pactado. Pero, en el caso del PSOE, eso es imposible porque comparte con la derecha el nacionalismo español que le hace negarse en redondo al referéndum por una cuestión de acartonados principios borgoñones con el argumento, típicamente orgánico de todo el pensamiento reaccionario, de que la parte no puede separarse del todo, el brazo del cuerpo, la rama del árbol. Y no es esta la única bobada que comparte con el PP. También coincide en sus falacias sobre la legalidad, la Constitución, la estabilidad, la Monarquía y, en gran medida, la colonización del Estado por la Iglesia, etc, y por supuesto, el recurso a la represión y la violencia si se considera preciso, con la única salvedad de que, al tiempo que se reduce a los catalanes por la fuerza, no se deje de llamarlos al diálogo.

 Diálogo como el que ofrecía Sáenz de Santamaría mientras preparaba la guerra sucia contra la Generalitat, los procesamientos de Mas, Rigau, Ortega, Homs etc por medio de sus alguaciles en el Tribunal Constitucional, y una batería de denuncias y amenazas que alcanzan ya a los particulares que desobedezcan al TC y eso sin apoyatura jurídica alguna, simplemente por un capricho de la señora. Eso es lo que el PSOE directa y abiertamente y Podemos de forma ambigua, esquinada e hipócrita están respaldando: la actividad arbitraria de la administración con el apoyo de unos jueces sumisos y la tiranía como forma de gobierno frente a un problema que son incapaces de resolver. Y, de paso, la condonación de la guerra sucia, la organización de policías políticas, el empleo de la fuerza pública con intenciones intimidatorias, la compra y manipulación de los medios, las amenazas y campañas contra la Generalitat.

Y no solo eso. Quienes no solamente no denuncian las sistemáticas violaciones de la legalidad y el Estado de derecho, sino que las apoyan, también están siendo cómplices de la corrupción generalizada de un gobierno sostenido por un partido que es una asociación para delinquir. Y todo ello porque estos nacionalistas españoles, de derechas, de centro o de izquierdas son incapaces de entender qué está pasando en Cataluña, una sociedad dinámica y abierta empeñada en librarse de la rémora de un Estado que, tras un breve lapso de una democracia mediocre, vuelve por los fueros de los gobiernos de ladrones, meapilas y corruptos que han destruido el país. No, amigos, no entendéis nada y, después del 1º de octubre, si el sí es mayoritario, tendréis que tragar una república catalana libre, mucho mejor y más próspera que la España que deja atrás. Por mucho 155 que se quiera aplicar.

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Historia y manipulación

Tengo en mi mano el  nuevo programa de la asignatura Historia de España (2º Bachillerato), que será preceptivo para el curso 2017-2018 en todos los institutos y colegios de varias comunidades. Leyendo sus contenidos, acude a mi mente que el conocimiento nunca puede ser absoluto, pues cualquier modelo teórico no es copia del mundo, sino una representación de nuestro campo de acción, que es de por sí limitado; que nunca puede ser neutral, porque  todo conocimiento tiene un significado emocional; en el campo concreto de la historia,  siempre influye en el historiador su proyecto social. Michel Foucault definió la historia como un discurso histórico-político.

Si el conocimiento no es absoluto ni neutral, los historiadores, autores de manuales,  diseñadores y mediadores del currículo tienen la posibilidad de elegir. Pueden optar por ordenar los hechos en una secuencia que legitime el presente, o por poner el presente en situación crítica; pueden inclinarse por una historia hegemónica, la «historia del poder», o por una historia contrahegemónica, la «historia de la gente», que refleje los problemas de la mayoría; pueden excluir la memoria, con la consiguiente deshumanización de la historia, o incluirla, tomando – o no- precauciones con  los «malos usos» de la misma; pueden recrearse en el narcisismo  del grupo (nacionalismo, xenofobia, eurocentrismo…), o buscar la  mirada del otro: «El miedo a los bárbaros [al extranjero, al diferente], dice el historiador Tzvetan Todorov, es lo que amenaza con convertirnos en bárbaros», que son, en esta segunda acepción, los que no reconocen la humanidad de los demás. Quiero extraer de todo esto una conclusión  obvia: la elección que haga el historiador, el  diseñador del currículo, el editor…, por ser libre, tiene forzosamente implicaciones éticas.

¿Por qué esa elección del programa de Historia de España para los alumnos de 2º de Bachillerato? Programa que es una secuenciación de la historia de España que legitima el presente, una narración que termina con el enunciado «Normalización democrática de España e integración en Europa», que incluye la Transición y la integración en Europa, como si se tratara de un final de la historia. Basta tirar de la RAE para entender que la Transición inaugura un sistema que pone orden donde no lo había. Conozco muy bien la tendencia de programas y manuales de la época de Isabel II, de la Restauración, de la II República, del franquismo… a considerar esos regímenes  como definitivos. Que siempre se han equivocado es un aserto que no necesita  demostración. A pesar de ello, nuestro autor prefiere  instalar a los alumnos en la confusión,  en lugar de hacerles conscientes de estar en el vendaval de la historia.

El programa apuesta claramente por la historia del poder, no por la historia de la gente, de la mayoría. Los que marcan el devenir del tiempo son los reinos y reyes. Preocupa la estructura del Estado (Provincias romanas, Corona de Aragón, Cortes), los hechos militares (Navas de Tolosa, Guerra de Sucesión), las paces y tratados (Pirineos, Utrecht)…, pero nunca se ve una preocupación por los que detentan el poder en cada momento histórico, ni por los marginados del mismo. Es sintomático que se exija a los alumnos conocer el concepto «reconquista» (la acción militar que determina la posesión del territorio), y se olvide el concepto «repoblación», clave en el origen de estructuras socioeconómicas duraderas, como los usos y propiedad de la tierra, la permanencia o no de minorías étnicas… Se me podrá rebatir que, a propósito de las desamortizaciones, puede tratarse la posesión de la tierra en el feudalismo y el Antiguo Régimen. Respondo a mi vez: entonces, ¿para qué están los temas anteriores a la Edad Contemporánea? Se exige conocer la industrialización, el anarquismo y el socialismo, pero, al parecer,  la  condición de las clases campesinas y obreras carece de interés.

Ninguna preocupación por la memoria. La desaparición del punto relativo a la represión franquista, que sí está en el programa actual, es sintomática. Si a la vez siguen unidas en un mismo tema la II República «y» la Guerra Civil, implícitamente se ve la segunda como una consecuencia directa de la primera, cuando la causa de la guerra no fue la República, sino un golpe de Estado. Nos enteramos gracias a este programa de que el contacto entre dos mundos, resultado de la «expansión mundial» de la Monarquía Hispánica  (demasiado triunfalista, ¿no?) fue un «descubrimiento»: tenía mucha razón Reyes Mate cuando afirmaba que hay muy poca memoria en la historia que nos han enseñado de la conquista (palabra que no aparece en el programa) de América, mientras esa memoria llena los relatos de los indígenas.  Si a eso añadimos que la expulsión de los judíos y de los moriscos, al margen de cualquier drama humano, sólo interesan  por sus consecuencias económicas (desde los planes del periodo tecnocrático franquista desaparece la justificación de  su expulsión por razones religiosas), averiguaremos la conciencia que se crea en nuestros alumnos sobre los perdedores de la historia.

Por el contrario,  el programa desprende un tufo nacionalista español que se observa en el uso de términos absolutamente inapropiados («España de los cinco reinos»), la recuperación del mito de raigambre liberal sobre las «tres culturas» peninsulares de la Edad Media,  que contribuye a dar una imagen armoniosa que nada tiene que ver con la realidad (guerras, antisemitismo, pogromos). El triunfalismo («expansión universal» de la Monarquía Hispánica), corre paralelo a la exclusión del otro indio, morisco, judío, perdedores de una guerra civil…  La referencia a la «conquista» de Navarra (la programación anterior sólo hablaba de «anexión»), podrá aliviar la conciencia de otros nacionalismos, pero no la de la historiografía profesional: los programas nunca abren la reflexión sobre el concepto «nación» o «identidad», en torno a los cuales se generan en nuestra sociedad  tantos equívocos.

A todo esto hay que añadir que en la nueva Prueba de Acceso se elimina la parte práctica (comentario de texto o gráfica), quedando reducida a la exposición de conceptos y preguntas teóricas. La asignatura pierde así todo su carácter formativo para reforzar lo memorístico. Se me dirá que el profesor es soberano en su clase, que podrá seguir comentando textos, gráficas, imágenes, que podrá seguir haciendo reflexionar a sus alumnos sobre conceptos, categorías, palabras, prejuicios y mitos, incluidos los del programa, que podrá seguir dando a la asignatura todo el carácter formativo de que sea capaz. Es  cierto. Pero también es cierto que los profesores de la asignatura deberán hacer todo esto al margen del programa. La reflexión, las técnicas de comentario,  la elaboración de mensajes propios…  han sido expulsados del sistema educativo y reducidos a sus márgenes. Los alumnos y los padres  quisquillosos, incluso los  profesores (al fin y al cabo, han sido profesores los que han diseñado el programa y votado el tipo de prueba), siempre se lo podrán echar en cara. Nuestro profesor tendrá que derrochar una buena dosis de energía, arrojo y valentía para dar a la asignatura el carácter formativo que cree que merece: este nuevo sistema ya no es el suyo, sino el de los años 40 ó 50 del pasado siglo.

Me reservo la valoración ética que me merece semejante disloque. Pero sí me gustaría encontrar un concepto para definirlo. Quizá nos sirva el de posmodernidad. La modernidad es un relato para cambiar el mundo. La posmodernidad es la ausencia de relato, la coexistencia de  relatos inocuos que no dialogan entre sí,  la espiral que sigue dando vueltas a problemas irresolubles. Tanta liquidez, tanta  indeterminación,  es la que  permite que se cuelen entre sus rendijas valores tan tradicionales y arcaicos como los contenidos en el programa que comento. Sólo queda seguir abrazados a la falsedad de una sociedad que parece tan satisfecha de sí misma. Sigue leyendo →

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El compromiso no es dar pan, es luchar

Resultado de imagen de pobreza en españa

Si reparto pan entre los pobres soy bueno,
si les explico por qué no tienen pan me acusan de terrorista.
(Leonardo Boff, teólogo de la Liberación)

El mundo del siglo XXI forma un sistema, un todo relacionado en el que no solamente se dan flujos económicos, sino también políticos, culturales y militares, y ese sistema-mundo es capitalista. Está movido por la acumulación incesante de capital y produce, para su funcionamiento, una diferenciación social entre los estados pero también dentro de ellos dando como fruto la pobreza capitalista.

Cualquier estudio sobre pobreza debería de recoger un análisis de la estructura económica en la que están inmersos los sujetos, para determinar porque factores se está concentrando la riqueza, y que elementos redistributivos no están cumpliendo realmente su función para que las bolsas de pobreza no solo persistan sino que además se extiendan.

Pero el análisis de la desigualdad debería ir más allá de análisis estadísticos de distribución de rentas y riquezas y añadir análisis de distribución del poder. El poder es la variable fundamental que configura los procesos de desigualdad social. El poder permite a una clase social (financiera-empresarial) imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia. Con ello la noción de clase social se ubica en el centro de la economía, donde el poder y antagonismo de clases son elementos claves en la distribución de los recursos.

Según el Banco de España (2008), el 19% de la población española controla el 77,5% del PIB. La alta concentración de riqueza en los países del sur europeo es consecuencia de la concentración del poder, que diseña la distribución primaria de los recursos (mercado laboral) y la distribución secundaria (intervención del sector público para corregir o agrandar el desequilibrio primario).

La alta concentración de rentas en distribución primaria es consecuencia de la gran precarización del mercado laboral que se extiende en una doble vertiente: altas tasas de desempleo y precarización de contratos y salarios. Pero esto no es el resultado de la libre economía, sino de la intervención publica desprotegiendo por ley a los trabajadores y permitiendo, también por ley, salarios de pobreza regulados por un SMI que es un tercio inferior al SMI de la eurozona. Con lo cual, gracias a la intervención pública, la pobreza se extiende entre la población activa, donde cada vez más pobres son trabajadores con empleo.

El poder público (en todos sus estamentos y ámbitos territoriales) en su ‘distribución secundaria’ (fiscalidad y gasto público) ayuda a concentrar más la renta, llenando las arcas públicas con los impuestos de la población precarizada (IRPF e IVA) a la vez que practica una alta permisibilidad al fraude fiscal lavado periódicamente con amnistías fiscales. Y lo que es más grave, esta recaudación fiscal se destina en su gran mayoría a sostener el entramado de poder y a pagar lo que este poder demanda (trasvase de dinero al sector financiero, tapar los ‘agujeros’ de la especulación, grandes infraestructuras, subvenciones a sus actividades especulativas, etc.), dejando migajas de caridad a los más necesitados (bajada constante de la Renta de Garantía de Ingresos, precarización de las pensiones, de la prestación por desempleo, de ayudas a las familias, etc.)

El creciente peso de la deuda pública está hipotecando el verdadero gasto social de toda la década que viene, donde la recaudación será absorbida casi en exclusiva por el pago de la deuda y el propio mantenimiento burocrático del sector público.

El principal punto en común de los colectivos en situación de pobreza es la ausencia de ocupación estable en sus personas principales, asociándose este factor de riesgo a la extranjería, la monoparentalidad y a la juventud.

Es  fundamentalmente la actuación pública –en el mercado laboral, la fiscalidad y la protección social– la que ha propiciado que lo que comenzó como una crisis financiera derivara en crisis económica y después laboral y se haya convertido en una importante crisis social que amenaza con crear y perpetuar una infraclase.

El vertiginoso aumento de la pobreza severa implica un importante riesgo de fractura social que afecta a toda la población. Supone un claro cuestionamiento de los derechos sociales básicos. Es por ello que se hace necesaria una intervención desde el sector público contraria a la tendencia actual, que consiga frenar el aumento de la población en situación de pobreza severa. En este contexto creemos necesario destacar que la actuación resulta no solamente necesaria para garantizar los derechos sociales de estas personas sino también viable, solamente con mantener la presión fiscal del año 2007 se podrían mantener los gastos sociales en los niveles anteriores a la crisis, que aún entonces eran insuficientes y que ahora son claramente deficientes.

Pero la actuación pública no solamente es la de realizar una política de protección social suficiente, sino la de proteger con leyes los derechos laborales y salariales, actuando precisamente en dirección contraria en cada nueva ‘reforma laboral’. Determinar el umbral de pobreza es básico para determinar el número de personas que se sitúan por debajo, y el método estadístico utilizado para medirlo no es neutral. Para atajar el problema de la pobreza creciente creemos imprescindible tomar ya dos medidas:

– El Salario Mínimo no debería nunca de ser inferior al 50% del PIB per cápita (en ciertos países miembros como en Francia es superior a este 50%). A falta de competencias, no deberían tolerarse convenios colectivos con salarios por debajo a este indicador
– El Salario Social o Renta de Garantía de Ingresos no debería nunca de ser inferior al 37,5% del PIB per cápita, que pasaría a ser considerado el umbral de pobreza. Y ninguna persona, pensionista, trabajadora precaria, o desempleada debería de recibir menos de este importe. A falta de competencias en pensiones y prestaciones por desempleo, las instituciones deberían complementar las rentas de estas personas.
Teniendo en consideración que las causas de la exclusión no aparecen por azar ni son coyunturales, son claramente estructurales, se hace necesario admitir que la exclusión social es el resultado de una determinada estructura social, política, cultural y económica. La propia organización pública y social, directa o indirectamente, es la que genera ‘poblaciones sobrantes’.

A España le aguarda el desarrollo de una nueva economía política, fertilizada en la práctica de un pensamiento crítico sobre el poder. Y el reto de una comprensión radical del sector público, en el sentido de descubrir que nuestra entera existencia está condicionada por un diseño político-económico que es construido desde la oligarquía de clase, para, a su vez, construirnos a nosotros en nuestras relaciones económicas diarias, que se extienden al trabajo, la vivienda, el consumo, etc. Ese descubrimiento es esplendoroso pues nos revela que las cosas, nosotros mismos podríamos ser de otra manera y que por lo tanto también podemos decidir qué sector público, qué modelo económico, qué presupuestos, qué modo de vida queremos, en definitiva nuestro verdadero autogobierno.

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Mentiras sobre lo que pasa en Venezuela

El 9 de enero de 2017, la Asamblea Nacional venezolana desconoció al Presidente de la República, Nicolás Maduro. Votaron a favor de ese golpe de estado constitucional todos los diputados de la oposición salvo los tres diputados del partido de Henry Falcón, quienes entendieron la gravedad de esa decisión. Venezuela es un sistema político presidencialista desde 1811, influido por el constitucionalismo norteamericano. Al Presidente le vota directamente el pueblo -a diferencia de un sistema parlamentario como el español, donde al Presidente le vota el Parlamento- y le corresponde al Presidente, que es el Jefe del Estado, la dirección del país. Cuando la Asamblea decidió desconocer el poder legítimo del Presidente se estaba poniendo al margen de la Constitución. Se colocaron por voluntad propia en desacato. La prensa internacional no dijo nada.

La gran discusión entre el Presidente Maduro y la Asamblea tiene que ver con las actas de tres diputados de Amazonas. Se ha demostrado que compraron votos entre otras muchas irregularidades, lo que obligaría a repetir la elección en esos tres casos. La Asamblea se declaró en rebeldía y decidió echar un pulso a la Presidencia de la República. A imitación del constitucionalismo europeo, cuando hay un conflicto constitucional entre poderes el Tribunal Supremo puede asumir competencias del Parlamento en los casos en que fuera necesario. Hasta un fantoche como Donald Trump ha tenido que asumir las decisiones recientes del Tribunal Supremo norteamericano. Con su tradicional irresponsabilidad, la derecha española llama a desobedecer el estado de derecho en Venezuela y la decisión del Tribunal Supremo. No me extraña de Esperanza Aguirre o Pablo Casado: el PP, especialmente en Madrid, ha financiado sus campañas electorales con dinero negro. Es decir, el PP lleva varias legislaturas usando maneras propias de golpistas. Al menos desde 1936, tienen oído musical para esa partitura. Quienes digan desde España que los venezolanos deben desoír las decisiones de su Tribunal Supremo son unos irresponsables que tiren piedras no solamente sobre el tejado venezolano, sino también sobre el nuestro. Luego tendrán la caradura de quejarse de los comportamientos al margen de la Constitución de la asamblea catalana.

Por si fuera poco, esa Asamblea dominada por la oposición proclamó que el Presidente había abandonado su cargo (algo absurdo y evidentemente falso) y propuso convocar elecciones presidenciales en el plazo de un mes. Ese intento de golpe de estado desde el Parlamento no recibió ni una sola crítica de los que ahora dicen que hay un golpe de estado en Venezuela. Entre ellos, el máximo responsable de la OEA que ayer mismo se reunía en la Ciudad de México con ex presidentes latinoamericanos procesados por lesionar los derechos humanos, y el Departamento de Estado de los EEUU. Qué curioso que justo después haya salido la petición de Almagro de enjuiciar a Venezuela desde la OEA. El papel de Almagro como  Secretario General de la OEA está haciendo mucho daño a la tan necesaria institucionalidad internacional (Pepe Mujica ya se distanció de él de manera definitiva y dejó ver a quién se había vendido). Almagro lleva varios meses mintiendo. Por ejemplo, ha dicho en dos ocasiones recientes que a Venezuela se la ha aplicado la Carta Democrática de la organización (que, tras muchos trámites -ni siquiera iniciados-, podría llevar a su expulsión como ya ocurrió con Cuba pero nunca ha ocurrido con los Estados Unidos, pese a haber promovido golpes de Estado como el de Pinochet contra Allende). Pero era mentira, como demuestra que hoy mismo ha pedido a la OEA que aplique la Carta Democrática. Ergo miente. Todo el rato. Él sabrá por qué, pero en su Uruguay natal dicen que se ha vendido por un puñado de dólares a los que siempre han querido que América Latina sea el patrio trasero norteamericano. Washington siempre busca a un criollo para hacer la tarea del traidor. Almagro no vive en Montevideo.

El Tribunal Supremo de Venezuela ha usado un artículo de la Ley de Hidrocarburos -la principal riqueza del país- que establece que los convenios internacionales y las asociaciones con grupos extranjeros deben ser aprobados por la Asamblea. Como la Asamblea está en situación jurídica de desacato, de manera que no puede -ni quiere- firmar ningún acuerdo, lo que pone en riesgo financiero a Venezuela. Es por eso que el Tribunal Supremo ha asumido las competencias estrictas de la Asamblea para la aprobación de esos contratos, de manera que el país pueda asumir los compromisos necesarios en un momento económicamente complicado por el hundimiento de los precios del petróleo (preguntémonos en España qué pasaría si se hundiera un 80 % el turismo).

El Tribunal Supremo no ha disuelto la Asamblea ni se han convocado nuevas elecciones para elegir nuevos diputados. Lo contrario de lo que están diciendo los medios de comunicación. Lo único que está haciendo el tribunal supremo es asumir unas competencias concretas para evitar que Venezuela se paralice mientras dure el desacato. Si los diputados de la oposición quisieran, el desacato desaparecería de inmediato -bastaría con que cesaran en su desconocimiento del Presidente de la República y que reconocieran que los tres diputados elegidos en la Amazonía no pueden hacer uso de su acta debido a las muchas irregularidades probadas-, pero les resulta mucho más rentable seguir regalando falsas portadas a la prensa internacional. La derecha internacional, esa que se regala entre sí viviendas oficiales y que tiene una trama global de fondos buitres -donde están los Aznar, Botella, sus hijos, De Guindos, Rato, Aguirre y toda esa tropa de malos españoles donde también se ha colado algún “socialista” como Felipe González- quiere tumbar a Venezuela, igual que han hecho con Dilma Rousseff en Brasil. ¿Quién que no esté vendido a esos intereses puede decir que asumir de manera temporal unas competencias esenciales para firmar unos contratos sin los cuales un país se quedaría entregado a los capitales internacionales es un golpe de Estado? ¿No son acaso los mismos que ven “normal” desconocer al Presidente del Gobierno y llamar a nuevas elecciones? Demasiados hipócritas.

Venezuela necesita mucho diálogo. El choque entre instituciones es malo para el país. Esa debiera ser la tarea de España: ayudar al diálogo. En todo el continente latinoamericano. En México han asesinado este último mes a tres periodistas (¿Nos imaginamos lo que pasaría si hubieran asesinado a tres periodistas en Caracas?) y hay al menos 30.000 desaparecidos. El día a día de México es la aparición de fosas con cadáveres, la trata, el asesinato de mujeres, la desaparición de líderes sociales, la creciente pobreza y desigualdad junto a una impunidad del Estado estremecedora. Aún lloran en México a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el Presidente Peña Nieto se ríe de las víctimas no reconociendo las lagunas que apuntan al ejército, a la policía y a políticos vinculados al narco en la desaparición de las muchachas y muchachos. Parece que el PP y sectores del PSOE quieren ver a Venezuela convertida en México.  Para seguir la trama de los negocios.

Hay mercenarios que desearían abocar a Venezuela a una guerra civil. Creen que así podrían volver a recuperar el paraíso que tenían cuando controlaban el petróleo contra los venezolanos y venezolanas. Se equivocan, porque el pueblo venezolano no va a permitir que eso ocurra. Apuntar en esa dirección es querer llevar a Venezuela a un escenario terrible como los que ha creado la OTAN y las potencias occidentales en Oriente Medio. Ojalá el Estado de derecho que forma parte de los logros civilizatorios de Europa pueda funcionar también en Venezuela.  Esa es la principal tarea en la que podríamos colaborar los españoles en ese país: ayudar a reforzar el Estado de derecho. Aunque el PP de la Gürtel y la Púnica ¿qué va a enseñar?

Fue el diario El país el que celebró el golpe de estado contra Chávez en 2002 y fue el Presidente Aznar el que ordenó a nuestro Embajador a reunirse con el Presidente golpista. Ayudemos a que no vuelva a ocurrir nada de esto. Para ello, es esencial que los que no tienen otros intereses que los del dinero, dejen a la justicia funcionar. Y que nadie sea tan hipócrita para pedir en otros países lo que no pedimos para el nuestro. Sigue leyendo →