En Grecia llevamos seis años de “rescate”, y los hechos son estos: un 25% de disminución del PIB, un 26% de tasa de paro (más del 55% en el caso de los jóvenes), un 30% de empresas cerradas, más de un millón de despidos, un 38% de reducción salarial media, un 45% de reducción de pensiones media, una tasa de ahorro del -17%, 600.000 jóvenes cualificados emigrados, un aumento del 42% de la mortalidad infantil, un cuarto de la población bajo el umbral de la pobreza, millares de personas y familias comiendo cada día de la caridad popular, un año de “control de capitales”, un gobierno a las órdenes de los acreedores, el mayor plan de privatizaciones del mundo, y casi dos personas suicidándose al día durante los últimos seis años. Pero ¿algo habrá de positivo?, cabría preguntarse. ¡Habrá disminuido, al menos, la deuda! Pues no: la deuda estaba en el 120% del PIB cuando empezó el “rescate” y ahora está ya en el 180%; después de haber dedicado más de 460.000 millones a su amortización y de todos los sacrificios materiales y humanos. ¿No se ha dinamizado, acaso, la economía? ¿No han servido las medidas para atraer inversores? Tampoco: el PIB ha caído en picado, las empresas –grandes y pequeñas– están desertando y el país se encuentra a la cola del mundo en el ranking de inversiones, tan sólo por delante de países en estado de crisis humanitaria o guerra, como Suazilandia, Yemen, Eritrea, Sudán del Sur y Guinea Bissau. Y esto no es todo.

Si este balance fuera la cuenta de resultados de cualquier partido o coalición en un gobierno, éste habría caído ya en el más absoluto descrédito, y no habría nada que justifique ante alguien cuerdo la continuidad de su gestión. Pero, como es la cuenta de resultados de las políticas de la Unión Europea y de la Troika, es incuestionable, y al acatamiento de ese dogma del Único Camino contribuyen diariamente la clase política, la prensa del establishment y la comunidad académica, con una complicidad lesiva que deberá ser estudiada entre las causas de esta situación por los historiadores del futuro.

Tristemente, este penoso balance ya se ha quedado corto, porque, como era de esperar, la situación ha seguido empeorando en el último año y medio, durante el Gobierno de Syriza– ANEL y a raíz de la firma del tercer memorándum. Cuidado: nadie piense que el empeoramiento se debe a que los gobiernos anteriores –los del bipartidismo tradicional y los impuestos por los acreedores– hacían una política distinta y mejor, o a que el gobierno actual ha dado un giro antieuropeo que ha hecho descarrilar la situación irresponsablemente; no, el empeoramiento de la situación –un hecho incontestable– se debe, precisamente, a que se ha seguido aplicando, en un grado mayor, estrictamente la misma política de la UE.

¿Cómo es posible? ¿No era Syriza un partido rupturista que puso en jaque a Europa y a los mercados con su rápida ascensión en las elecciones europeas de 2014, su victoria en las nacionales de enero de 2015, su indómito ministro Varoufakis, sus extenuantes negociaciones con el Eurogrupo y su incómodo referéndum del OXI? Los hechos –una vez más, los hechos– demuestran que no. Syriza, lejos de ser algo así, resultó ser una oportuna válvula de escape para neutralizar gran parte de la peligrosa indignación social acumulada en los primeros cuatro años de “rescates” y frenar por un tiempo las manifestaciones en la calle, un candidato de refresco para el fatigado bipartidismo Nueva Democracia – PASOK, y un fiel ejecutor de las políticas del núcleo duro de la UE contra la voluntad y la confianza de los votantes que llevaron al partido al poder y contra la del 61,4% del electorado que votó NO en el referéndum por él convocado.

Para demostrarlo, volvamos a los hechos. Durante sus primeros meses de mandato, lo único que el nuevo gobierno consiguió obtener de aquel interminable thriller de negociaciones con la UE fue “afinar”, con el beneplácito de sus acreedores, las condiciones del endeudamiento crónico de Grecia. A cambio, reconoció implícitamente la deuda y su viabilidad; consolidó el Acuerdo de Préstamo y los memoranda (al no impugnar ni el uno ni los otros); se obligó a guardar fidelidad a la Troika (rebautizada eufemísticamente como “Instituciones”); condicionó a la aprobación de dichas Instituciones todas las reformas propuestas por su gobierno; se comprometió a utilizar los préstamos europeos sólo para recapitalizar a la banca y no para políticas sociales o de desarrollo; consintió la presencia continuada de tecnócratas europeos en los ministerios (task force) y la aplicación de sus “recomendaciones” para cumplir con los objetivos financieros; convino en seguir adelante con el ingente plan de privatizaciones; accedió a dedicar el total de los ingresos de privatizaciones y del superávit primario al pago prioritario de los acreedores a través de una cuenta cerrada en el Banco de Grecia; y se comprometió a no tomar unilateralmente medidas que pudieran afectar a los objetivos financieros sin la aquiescencia de las Instituciones.

Así pues, el Gobierno de Syriza-ANEL supuso continuismo y no ruptura. Ruptura hubiera sido, por ejemplo, detener de inmediato el pago de la deuda, auditarla de manera exhaustiva ejerciendo el derecho que le reconoce la propia UE (Art. 7.9 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, 21/5/2013), negar la legitimidad de la Troika (amparados en la ignorada resolución que el propio Parlamento Europeo adoptó el 14 de marzo de 2014), poner de manifiesto la inconstitucionalidad de los procesos por los que fueron aprobados los memoranda y el Acuerdo de Préstamo, promulgar por mayoría parlamentaria una nueva ley que los declare nulos, y llevar a los artífices de los acuerdos y los planes de rescate ante los tribunales internacionales (pues hay estudios que demuestran que los programas de la Troika contravienen el propio derecho originario de la Unión Europea y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y violan asimismo derechos fundamentales –vivienda, sanidad, seguridad social, educación, salario justo, negociación colectiva…– recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la Carta de Naciones Unidas y en otros acuerdos internacionales). Pero nada de eso se hizo.

Después del referéndum de julio de 2015 –en el que, pese al cierre de los bancos y a la intensa campaña mediática de intimidación, el resultado fue un rotundo NO a las políticas de austeridad europeas– el Gobierno griego se vio con varias cartas muy fuertes en su mano: el 61% de NO, la declaración del FMI sobre la inviabilidad de la deuda si no se procedía a una importante quita, otra declaración de expertos en Derechos Humanos de la ONU (30/6/2015) sobre la violación de lo dispuesto en la Carta de Naciones Unidas (Art. 103) y en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Art. 53) por parte del Acuerdo de Préstamo y de los memoranda de la Troika, así como el informe de la Comisión de la Verdad sobre la deuda griega –comisión constituida a instancias del propio gobierno y presidida por Eric Toussaint–, que concluyó que, en un altísimo porcentaje, la deuda puede ser calificada de odiosa e ilegal. Pero el gobierno tiró todas esas cartas a la basura. A la vuelta del verano, ganó de nuevo las elecciones nacionales del 20 de septiembre, y, poco después –¡con los votos de la oposición!–, aprobó el tercero y más oneroso de los memorando firmados hasta el momento.

Dicho memorándum ha traído nuevos recortes en salarios, pensiones y gasto social, así como también el compromiso de aplicar recortes de forma automática y sin necesidad de aprobación del Parlamento siempre que no se alcancen los objetivos financieros señalados. Del nuevo “rescate” de 83.400 millones –que incrementan considerablemente la deuda–, 70,9 van directamente a amortizar capital e intereses y a recapitalizar a la banca privada; y sólo 12,5 se destinan formalmente a inversión y crecimiento. ¿Quién presta ese dinero? La “parte del ratón” la ponen el FMI (13,7) y diversos préstamos bilaterales (7), mientras la “parte del león” la aporta el opaco Mecanismo Europeo de Estabilidad (62,7), un organismo nada democrático, ajeno al control de todo parlamento o gobierno, y cuyas condiciones Grecia se obliga a aceptar renunciando a sus prerrogativas de Estado soberano. ¿Y quién pone el dinero del MEDE? La contribución de los Estados miembro al préstamo del Mecanismo aporta sólo “garantías”: en realidad, los 62.700 millones debe ponerlos la propia Grecia, obligándose a obtener un superávit primario de 12.700 millones y a llevar a cabo un ambicioso plan de venta de activos por valor de 50.000 millones. Tal superávit primario, en estas condiciones, sólo puede salir de una austeridad letal; y los 50.000 millones en activos sólo pueden salir de malvender todos los bienes del país (recordemos que, cuando el “rescate” sólo estaba empezando, apenas consiguieron venderse activos por importe de 2.500 millones al año).

Para “agilizar” las cosas, el plan de privatizaciones de Grecia ha estado dirigido, desde el primer momento, por sucesivas entidades de derecho privado regidas por tecnócratas, con sede fuera del país y cada vez más alejadas del control estatal. Últimamente, quien dirigía la almoneda era un fondo llamado Institution for Growth, con sede en Luxemburgo (país a la cabeza en la lista de blanqueo de dinero de la UE) y supeditado al Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW), institución alemana cuyo actual presidente es Wolfgang Schäuble. Pero esto también se ha quedado corto, y el gobierno ha acordado la creación de un “superfondo”, controlado en gran medida por el Mecanismo Europeo de Estabilidad, al que serán transferidos todos los activos del Estado griego para su explotación y venta con vistas a la amortización de la deuda por un período de… ¡99 años!

Más vale no seguir. En estos momentos, los ingresos medios de la familia griega se cifran en 20.000 euros anuales; los gastos mínimos y los impuestos, en 36.760. ¿Cómo se suple ese 46%? ¿Cuántos años se puede continuar así? Y aún hay que aplicar nuevos paquetes de “medidas” para seguir haciendo caja. Con este balance, sólo comparable al de algunos países depauperados por el colonialismo y la guerra, Grecia ha recibido, en los últimos tiempos, el 80% de los refugiados y migrantes que cruzan el Mediterráneo hacia Europa, y retiene en su suelo a casi 60.000, merced a las políticas insolidarias de la UE. Y esta primavera –sin pasar siquiera por la aprobación del Parlamento, sin que nadie se entere de lo que se ha pactado–, el Gobierno ha firmado un acuerdo con la OTAN poniendo en sus manos el control del Egeo.

El balance es penoso, y sería aún muy largo de contar; pero podría resumirse en una idea: Grecia, si aún no de iure, ha dejado de facto de ser un Estado soberano, una “asociación política con soberanía efectiva, interna y externa, sobre una zona geográfica determinada”; pues ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo territorial, se aviene ya –aunque sea de lejos– a esta escueta definición. Grecia ya no existe como Estado soberano. Y el pueblo griego necesita un proyecto en que creer, un empeño colectivo capaz de justificar sus enormes sacrificios, una esperanza de seguir existiendo en el futuro. Pero ninguna, ninguna de las medidas que se han aplicado y que se siguen aplicando, tiene nada que ofrecerle en este sentido. Lo prueban los hechos.