La estrecha relación entre ciertos sectores de la iglesia vasca y el naciente separatismo de ETA, en las décadas de los 60 y 70, es un hecho bien conocido. No lo es tanto, quizá, el esfuerzo tenaz que los obispos de las diócesis vascas hicieron para encauzar una situación cada día más tensa. Los años del cambio de década fueron, en este sentido, cruciales.
En la primavera de 1969 el proceso se aceleró con las detenciones de un grupo de miembros y colaboradores de ETA, entre ellos varios sacerdotes, que desembocaría en el Juicio de Burgos, y el confinamiento de estos clérigos en la cárcel concordataria de Zamora. En este escenario cobra importancia la actividad del Administrador Apostólico de Bilbao, don José María Cirarda, cogido entre dos fuegos: la defensa de sus sacerdotes y el cumplimiento de las leyes vigentes. A finales de 1969 presentaba a la Asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española una descripción de los acontecimientos que habían tenido lugar y su actuación personal en ellos. A mi juicio, arroja luz sobre la acusación que se hace a Cirarda haber sido contemporizador y faltarle resolución para meter en vereda a un clero levantisco. He aquí el texto completo:
“Mis queridos hermanos: Un deber elemental de fraternidad me obliga a informarles de la gravísima situación pastoral que vive desde hace una semana esta diócesis de Bilbao y de las no menos graves repercusiones de sus causas y consecuencias en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Lamento que una vez más sea esta diócesis, cuya administración apostólica tengo encomendada por la Santa Sede, origen de preocupaciones dolorosas. Pero creo poder afirmar humildemente ante el Señor que, culpable como soy de muchas faltas en todo, no creo ser responsable de lo que hoy nos preocupa y es causa de esta carta.
Quiero informarles lo más brevemente posible y de modo directo, y que la prensa o ha silenciado los hechos o sólo los ha dado con información parcial, cuando no deformada.
Los antecedentes
Desde hace más de un año -desde los días dramáticos de abril y mayo de 1969- el Sr. Gobernador Civil de la provincia y yo hemos trabajado para evitar roces; procurando resolver de modo callado y con la mayor comprensión mutua las continuas complicaciones que se presentan por distintas causas entre nuestras dos jurisdicciones en una provincia tan compleja religiosa y políticamente como Vizcaya; complicaciones multiplicadas por la continua aplicación de la ley contra bandidaje y terrorismo en nuestra provincia desde primavera del 69.
En virtud de esta ley vienen actuando cuatro juzgados eventuales militares en Bilbao, desde hace un año. Y a ellos se llevan desde hechos que pueden suponer graves atentados contra el orden público, hasta supuestas faltas de sacerdotes en su predicación denunciadas por un feligrés o por algún agente de policía o fuerza pública destacado en un pueblecito.
Las peticiones para procesar a sacerdotes en este tiempo han sido muchas. He concedido aquellas en las que los sacerdotes pudieran aparecer implicados en una acción extraña a su misión. Y he negado permiso para procesar a un sacerdote cuando la falta de que se le acusaba, se refería a alguna posible demasía en su predicación. Mi negación se fundaba, en ocasiones, en constarme la absoluta falsedad de la denuncia, como en algún caso en que la homilía había sido escrita y leída y tenía yo el texto en el que nada había condenable. En otras ocasiones, cuando no tenía tal certeza, me fundaba en el principio de afirmarme juez de los actos ministeriales de mis sacerdotes, para juzgarlos, castigarlos si había falta canónica -tengo dos sacerdotes suspendidos de predicación en estos momentos-, dispuesto a conceder el juicio del Estado si hubiere hallado causa, cuya falta lesionara gravemente las leyes del Estado. Sigue leyendo
