Voluntarios navarros en la guerra civil

¿Caídos por Dios y por España o carne de cañón? Uno de los tantos mitos elaborados por el franquismo es el de los “voluntarios” de Navarra en la Guerra Civil. Se nos ha presentado a los requetés como el paradigma de los “buenos españoles” que el 18 de julio de 1936 se levantaron contra una odiosa repúblicaRequetés

En buena medida, el papel relevante de Navarra en la Guerra Civil de 1936 le condena a pasar a la historia como una región dominada por fuerzas profundamente reaccionarias puesto que en el primer impulso del golpismo fascista ejerce a la vez de laboratorio de terror en la retaguardia, campo de concentración, tapias y cunetas para fusilamientos, lanzadera de banderas de Tercios de Requetés, Banderas de Falange y Unidades del ejército regular, cuartel general del “Director” (General Mola)…

Es pública y notoria la trama civil, religiosa y militar que imperó en Navarra apoyando fuertemente la sublevación. Como también es del todo público y notorio su aporte brutal de sangre guerrera contra la república democrática (además de los más de 3000 fusilados de origen o residencia en Navarra, navarros fusilados fuera, foráneos traídos a fusilar en Navarra o a morir en campos de concentración y trabajos forzados…)

En menor medida se habla del buen volúmen de navarros anónimos que deploraban o se opusieron activamente a la sublevación y que profesaban ideas democráticas y progresistas. En plena retaguardia se ejerce una auténtica “limpieza ideológica” asesinando a un volumen altísimo de los potencialmente simpatizantes del Frente Popular. Parece claro que con la conversión del territorio en una vigiladísima y violenta cárcel a cielo abierto, la política de terror y el reclutamiento sarcásticamente llamado de “voluntarios” encierra detrás las lapidarias preguntas retóricas de “¿al frente o al Fuerte?”, “¿al frente o a la cuneta?”, o la marca a sangre y fuego en el recuerdo de amigo, vecino o pariente recientemente encarcelado o fusilado por «rojo», o «masón», «separatista», «enemigo»…

De modo que no es ocioso afirmar que entre los probablemente más de 5.000 combatientes del bando nacional que cayeron en la guerra, más de la mitad marcharon al frente desde la indiferencia, el miedo o la interna repulsa hacia aquellas banderas que les obligaban a defender. El total de los combatientes navarros parece incierto pero hay diversidad de fuentes. Hay quienes hablan de 6000 requetés marchando el la Plaza del Castillo los primeros días de julio.

El caso es que si sumamos los muertos en defensa de la república (en Sakana pueblos como Altsasu se vaciaron de varones que pasaron la muga para batirse en defensa de la república), los fusilados, muertos en campos de concentración, muertos en tercios del del requeté, banderas de falange o unidades del ejército sublevado… el volúmen de gente de Navarra que murió fue muy relevante y abrumador el número de viudas y huérfanos de la guerra, la mayoría de ellos claramente desafectos o indiferentes a la causa de los sublevados, interesadamente denominada de los «nacionales».

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Las fosas caen en el olvido

Decenas de miles de familias siguen esperando que les devuelvan los restos de sus familiares desaparecidos en la Guerra Civil. LMH

Siete años después de su aprobación, la Ley de la Memoria Histórica mantiene una larga lista de tareas pendientes. La primera de ellas es aún la de localizar, exhumar y entregar a sus familias las decenas de miles de españoles que, 65 años después la conclusión de la Guerra Civil y 39 desde el fin de la dictadura, permanecen sepultadas en fosas comunes de cementerios o cunetas de carreteras.

Según la investigación que llevó a cabo el ex juez Baltasar Garzón en la causa del franquismo, 114.226 personas desaparecieron entre 1936 y 1951 a causa de la represión llevada a cabo por el régimen, un número que las asociaciones de la memoria histórica consideran por debajo de la realidad. Desde el año 2000 se han recuperado los restos de cerca de 6.000 de los asesinados. De estos últimos, 2.800 fueron exhumados en el antiguo cementerio malagueño de San Rafael, donde se calcula que se produjeron 4.400 ejecuciones.

El artículo 11 de la Ley de la Memoria Histórica establece que “las administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore”. Lo redactado sólo estipula que el Estado ayude a los familiares, sin llegar a encomendarle la responsabilidad de exhumar a los españoles asesinados.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), mantiene que la entrada en vigor de la ley no supuso avance alguno. “El principal problema ha sido siempre el mismo y no se ha solucionado con esta norma descafeinada. Esto debería ser una responsabilidad del Estado y no de los hijos o los nietos de las víctimas”.

El pasado julio un contundente informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas puso de relieve esta realidad. El documento valora que, desde el retorno de la democracia, “se han dado pasos importantes aunque tímidos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura”.

No obstante, el equipo de la ONU recuerda que, de acuerdo con el derecho internacional que ha suscrito España, el Estado debe asumir una responsabilidad y “un rol de liderazgo” en la recuperación de las personas desaparecidas. Para solucionar la actual situación, Naciones Unidas lanzó una serie de recomendaciones entre las que se encuentra “adoptar, a la mayor brevedad posible, un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas”. Aunque el informe fija un plazo de 90 días para que España proponga un calendario, esta iniciativa no tiene carácter vinculante, con lo que no se podrá imponer ningún tipo de sanción en caso de que el Gobierno no atienda al requerimiento de la organización mundial. Sigue leyendo

Franco, ¿un fascista?

El debate acerca de la correcta caracterización de Franco y el franquismo en lo referente a sus relaciones con el fascismo y el nazismo, ha sido especialmente intenso en las últimas décadas. En concreto, precisar o aclarar la naturaleza del franquismo, su grado de compromiso con esas ideologías totalitarias, la franqueza de las declaraciones que hacía Franco o los falangistas sobre su adhesión a esos regímenes. Poco ha contribuido a ello el uso habitual de fascismo/fascista como dicterio o arma arrojadiza, de dudosa elegancia, en muchas discusiones. Basta ojear cualquier periódico digital que hable de este tema para encontrar los calificativos de dictador, asesino, genocida y, por supuesto, fascista, aplicado a Franco y su régimen. Veamos su valor descriptivo de lo que fue la dictadura franquista.Franquismo

Si hemos de creer a un falangista como Dionisio Ridruejo, ellos eran fascistas y se enorgullecían de serlo. Dice: “Se me ha preguntado más de una vez si los falangistas de 1936 éramos fascistas. Siempre he contestado afirmativamente. A otras personas, que también lo fueron, esa admisión les parece inaceptable, acaso porque no han sometido a un lavado crítico sus antiguas convicciones. Es cierto que José Antonio Primo de Rivera dio muestras de desear distanciarse de los modelos llamados totalitarios y que algunos de sus consejeros eran más maurrasianos que devotos de Mussolini o de Hitler. También es cierto que el falangismo era una ideología en formación y es posible que hubiera tenido una crisis si el resultado electoral del 36 hubiera sido otro. Este resultado electoral, sin embargo, llenó sus filas de masa netamente derechista que iba a Falange porque veía en ella el portavoz del fascismo español, de la acción minoritaria violenta para la conquista del Estado”. Cosa distinta es que Franco asumiera el ideario falangista.

Sería a partir de julio de 1936 cuando Falange, concebida como partido único adquiere un alto grado de imitación respecto a los modelos italiano y alemán. De lo que cabría concluir que el movimiento más propiamente fascista no fue el de la Falange originaria, sino el creado por Franco a partir del inicio de la guerra y, sobre todo, tras el Decreto de Unificación de 1937. Pero equiparar fascismo y franquismo resulta problemático porque los contextos ideológicos, políticos y sociales en los que surgieron tales regímenes fueron muy distintos. A diferencia de Alemania e Italia, la sociedad española hubo de enfrentarse a una guerra civil que no fue consecuencia de la dialéctica fascismo/antifascismo, sino de la de revolución/contrarrevolución. Salvo en España, no existió en la Europa occidental una izquierda tan radical y extrema como la anarquista y la comunista.

Este modo de proceder presenta el grave inconveniente de integrar en un mismo género político-ideológico al fascismo italiano y al nacional-socialismo alemán, con sus respectivas profesiones de fe pagana y atea, respectivamente, con el falangismo español y su apelación a una Revolución fundada en los más altos valores espirituales del cristianismo. Diferencia esencial entre unos y otros que, por cierto, a los falangistas precisamente no se les pasó y no les pareció secundaria o circunstancial. De ahí su resistencia, o ambigüedad, a la hora de asumir el término fascista como elemento de definición. La Falange no tuvo contacto con los partidos nazi y fascista. A José Antonio no le agradaba su carácter ateo/pagano; no sentía ninguna admiración por Mussolini del que decía que se había limitado a crear un mito. Pese a aceptar el carácter fascista de Falange pronto lo desmiente. Falange se separa de nazis y fascistas: es católica; equiparan su ideología a la política nacionalista de los Reyes Católicos; y la religión se hace más fuerte a medida que avanza la guerra.

En cuanto a Franco se puede afirmar que nunca fue fascista, en sentido estricto. Tenía una mentalidad estratégica que se adaptaba a cada situación. Los falangistas cometieron el error de pensar que Franco se identificaba con la ideología falangista. Pero Franco no creía en ninguna ideología, era un militar de academia formado en la lógica de la estrategia militar, que aplicó toda su vida al gobierno de España. No creía en los políticos ni en los intelectuales. Eran necesarios pero controlados desde un poder superior, que era el militar. A Franco no le tembló la mano a la hora de firmar condenas de muerte: en toda guerra, para ganar, tiene que haber bajas. Aprendida en la milicia es su división del campo en dos partes, la de los amigos y los enemigos, a los cuales hay que combatir hasta la muerte. La II República le había convencido de la inutilidad de los políticos y de las veleidades de los intelectuales. No creía en ellos. Los usaría pero con esa mentalidad militar: Falange, Acción Católica, ACNP, Opus Dei. Solo hay un grupo al que siempre tuvo a su lado, la jerarquía católica: esa será una de las permanentes críticas de la Falange dado que la Iglesia estaba alineada con la parte más reaccionaria y conservadora de la sociedad española. Franco siempre escondió su estrategia e hizo creer a todos que estaba con ellos, cuando en realidad no era así.

Franco impuso su estrategia de acercamiento a nazis y fascistas intentando convertir a España en una tercera potencia. Pero dejó de hacerlo cuando esto empezó a ser estratégicamente comprometido. Tal es la tesis que han defendido historiadores como Payne y que ha sido corroborada ampliamente por los testimonios procedentes del mismo Hitler. Tiene razón Ridruejo cuando niega el calificativo de fascista aplicado a Franco. Dice: “Franco no era fascista. Lo que a Franco le interesaba totalizar era únicamente el mando. Mando y obediencia habían de ser las relaciones recíprocas entre la jefatura y el Partido, el generalato, el Ejército, la presidencia y el Gobierno”. Todo estaba vinculado a su decisión suprema, pero él nunca estaría supeditado al Partido, como había ocurrido en alguna medida con Stalin y Hitler, y, de forma paradigmática, a Mussolini que fue forzado a dimitir por el Gran Consejo fascista (el Partido). Era una lección que Franco tenía aprendida. Sigue Ridruejo: “En las perspectivas de Franco tales vinculaciones resultaban inadmisibles. Él se organizó una figura trinitaria en la que la persona soberana era una –e incondicionada– y sus funciones tres: el Partido, las fuerzas armadas, el Gobierno, sin que estas funciones pudieran interferir las unas en las otras. El Gobierno no dependería jamás del Partido ni del Ejército. El Partido sería instrumental. El Ejército, un delicado aparato de obediencia automática, en el que residiría –latente– la última ratio”.

Si se entiende el fascismo sólo como la aspiración a establecer una nueva sociedad jerárquica y orgánica, con la que superar la anemia de la sociedad moderna, entonces, ciertamente, Falange sería un movimiento fascista (con el inconveniente de haberse devaluado la nación al ensancharse por su base).

Los (inaccesibles) archivos sobre el franquismo

Las fuentes documentales que permiten el estudio del franquismo parecen afectadas de una crónica precariedad y de una errática política de acceso por parte de nuestras autoridades, que dificultan gravemente el estudio de este periodo de nuestra historia. Aún recordamos el tan mal llevado asunto de los “papeles de Salamanca”, principal archivo sobre la guerra civil. Ahora se ha sumado el cierre de los archivos de Asuntos Exteriores, alojados en el Palacio de Santa Cruz, y los de Defensa. Archivera

Reproducimos el comunicado de H-SPAIN dirigido al Gobierno y a los distintos grupos parlamentarios de España:

“Haciéndonos eco del profundo malestar producido entre historiadores, archiveros, periodistas y otros grupos sociales por el cierre indefinido e injustificable del acceso a documentos históricos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y del Ministerio de Defensa de España, desde H-SPAIN solicitamos a las autoridades competentes la inmediata reapertura de dichos fondos y la garantía de su accesibilidad para todos los investigadores en el plazo más breve posible.

Consideramos que de ninguna manera cabe justificar las trabas que se está imponiendo al acceso a dicha documentación histórica por medio de argumentos inverosímiles sobre el riesgo que su difusión entrañaría para la defensa y la seguridad del Estado o para las relaciones de España con terceros países. 10.000 documentos de Defensa de los años 1936 a 1968 estaban listos para su desclasificación, tras el preceptivo examen, antes de que el Ministerio cancelara su publicación en mayo de 2012 en una decisión que cabe considerar, como mínimo, de arbitraria. Menos se comprende aún que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya declarado “secreta” o “reservada” la práctica totalidad de su documentación, incluyendo los fondos históricos de su archivo –compuestos por papeles diplomáticos del siglo XV al XX- que habían sido consultados hasta entonces sin mayores impedimentos por parte de historiadores de todo el mundo.

Que la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores a las denuncias de esta situación haya sido cerrar a los investigadores el acceso a su Archivo General, en septiembre de 2012, y dispersar sus fondos entre el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración sin comunicar si esos fondos serán algún día consultables de nuevo, y en su caso cuándo y en qué condiciones -lo que hace temer nuevos obstáculos y demoras que sumar a las que sufrimos desde hace casi dos años-, no hace más que ahondar en la enorme preocupación que genera la actual situación.

El acceso y libre disposición de estos fondos históricos, dentro de los plazos y límites marcados por la actual normativa, no solamente constituye un derecho de los españoles, sino también un deber moral del ejecutivo. No se trata tan sólo del enorme perjuicio que se está causando a innumerables proyectos de investigación histórica tanto en España como en el extranjero, sino también del daño a la imagen y el prestigio del país más allá de nuestras fronteras, así como de la degradación de la calidad de la democracia española que se derivan de unas decisiones que nos alejan de los estándares europeos e internacionales de protección de derechos democráticos básicos como el de libertad de información e investigación, el acceso al patrimonio y la cultura, y el control y rendición de cuentas por parte del gobierno y la administración pública.

En este sentido, instamos a nuestros gobernantes a que, rectificando su actual política, cumplan con los instrumentos internacionales que España ha suscrito en materia archivística y de documentación, como son la Recomendación Nº R (2000) 13 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre una Política Europea en Materia de Comunicación de Archivos, y el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos (Tromsø, 18 de junio de 2009).

No se trata de una petición de unos pocos para unos pocos. Si bien este llamamiento parte del mundo académico, es a la sociedad en su conjunto a la que se está negando el derecho a conocer por sí misma, al margen de interpretaciones oficiales e interesadas, su propio pasado. No puede haber auténtica democracia allí donde no se garantiza a los ciudadanos el derecho a generar una visión crítica del propio desarrollo histórico basado en el acceso al patrimonio documental común.

Firmando esta solicitud, pedimos al Gobierno que adopte cuantas medidas sean precisas para garantizar el acceso de los investigadores, profesionales o no, a los fondos documentales de estos archivos y en el plazo más breve posible. Solicitamos asimismo a los distintos grupos parlamentarios que exijan y respalden estas medidas, así como que controlen su cumplimiento. Instamos también a toda la sociedad que apoye esta petición, para que pueda hacer del conocimiento crítico de su pasado la mejor guía para una construcción consciente de su futuro.

Todos aquellos que deseen adherirse deben enviar a h-spain@h-net.msu.edu los siguientes datos: nombre y apellidos, institución académica de pertenencia (o “investigador independiente” en su defecto) y número de DNI o pasaporte (el cual no se hará público). En el caso de tratarse de un organismo, se deberá enviar el nombre de dicha institución y el de la persona que la represente, con su número de DNI o pasaporte.

En nombre del Consejo Asesor de H-SPAIN, suscriben el presente escrito: Carlos Sanz Díaz (Universidad Complutense de Madrid); David Jorge (Wesleyan University, Connecticut); Ángel Viñas (Universidad Complutense de Madrid); Helen Graham (Royal Holloway, University of London); Florentino Rodao (Universidad Complutense de Madrid); Sebastiaan Faber (Oberlin College, Ohio)”

10 falsos mitos sobre el franquismo

La larga vida del franquismo le permitió crear una historia de sus orígenes y de sus logros que poco tiene que ver con la realidad de la España del siglo XX. A fuerza de repetirlos, algunos mitos siguen vivos en el imaginario colectivo del franquismo que cultivan ciertos sectores de la derecha en nuestros días. No está de más recordar algunas de las invenciones de la historiografía franquista, que los historiadores han desmontado pieza a pieza, por falsas, pero que aún repiten algunos autores revisionistas. A modo de decálogo se enumera una lista de diez mitos creados por el franquismo y sus herederos ideológicos con el propósito de justificar el golpe militar.Franco

1. La II República no fue un desastre. La República no fue un fracaso que conducía inexorablemente a una guerra sino que fue destruida por un golpe militar que, al contar con la connivencia de un país extranjero y no triunfar en buena parte del país y en la capital, se encaminó automáticamente a la guerra civil. La República fue una democracia de entreguerras de nueva creación y como otras muchos democracias europeas de Europa tuvo que lidiar por un lado con la derecha autoritaria, fascinada por la experiencia fascista, y con la izquierda obrera que consideraba, de manera habitual, que la democracia era incompatible con el capitalismo.  Durante los años de dictadura franquista, el régimen justificó el golpe de Estado por “el peligro comunista”. Sin embargo, las justificaciones conservadores han ido evolucionando de manera que es cada vez más habitual oír a los políticos de derechas nombrar el supuesto fracaso de la República como causa directa y sustancial de la guerra y nunca culpar de la misma el golpe de Estado militar que degeneró en una guerra civil.

Como ejemplo sirve la entrevista que Manuel Fraga concedió a El País en 2007 en la que aseguró: “Pero los muertos amontonados son de una guerra civil en la que toda responsabilidad, toda, fue de de los políticos de la II República. ¡Toda!”. En esta misma línea se manifestó Esperanza Aguirre en un artículo de ABC: “La “II República fue un auténtico desastre para España y los españoles (…). Muchos políticos republicanos utilizaron el régimen recién nacido para intentar imponer sus proyectos y sus ideas -en algunos casos, absolutamente totalitarias- a los demás, y que faltó generosidad y patriotismo”. Las justificaciones de la guerra civil de la derecha ya no son los rojos y marxistas sino los mismos políticos republicanos y su escasa habilidad y operatividad. Sigue leyendo

La División Azul

Dos meses atrás dediqué una entrada a los Niños de la Guerra, que durante la guerra civil española fueron evacuados a Rusia desde diversas ciudades españolas. Fueron varios miles los que marcharon hacia un incierto exilio, algunos perecieron en los meses inmediatos dadas las duras condiciones de vida que encontraron en su nuevo hogar. Con el tiempo, aquellos que sobrevivieron se integraron en la vida rusa, comenzaron a trabajar en las fábricas, se casaron, haciendo su nueva vida allí. Pero, como describíamos en la entrada mencionada, en los años 50 muchos se acogieron a operaciones de repatriación, cansados en parte de la falta de libertad en Rusia.

Caso distinto es la División Azul, una unidad española de voluntarios que sirvió entre 1941 y 1943 en el ejército alemán durante la II Guerra Mundial, en el Frente Oriental contra la Unión Soviética. Hitler inició la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941. Negando con los hechos la supuesta neutralidad española, Franco ofreció ese mismo día una unidad de 18.000 hombres, puesta bajo las órdenes del general Agustín Muñoz Grandes. Dos días después, Hitler autorizaba la intervención de la que sería la 250 división de la Wehrmacht. Además de participar en la lucha contra el comunismo, Franco se libraba de esta manera de un grupo de ex combatientes falangistas que comenzaban a causar problemas en España al reclamar un papel exclusivo en la configuración de la nación. La caída en desgracia de su valedor Ramón Serrano Súñer, marcó el punto de inflexión hacia un desinterés por la División.

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Los niños de la guerra

El 28 de septiembre de 1956 llegaban al puerto de Valencia la primera expedición de 513 españoles repatriados (366 adultos y 147 niños) que se encontraban en la Unión Soviética y que se acogieron al programa de repatriación patrocinado por la Cruz Roja. Era la primera de las cuatro expediciones que se habían concertado entre los dos países. Miles de parientes llegados desde todos los puntos de España esperaron a sus familiares. Se trataba de españoles que marcharon desde la zona republicana veinte años atrás, cuando eran todavía niños, y que ahora regresaban a su país. Venían en su mayoría casados y con hijos de la edad que ellos tenían entonces.

Llegaban en el crucero “Crimea” desde Odessa con las banderas soviética y española para subrayar el carácter de operación conjunta. Motonave de dos hélices, con 5.000 toneladas de registro neto, botado en 1928 en el puerto alemán de Kiel. Algunos periodistas fueron autorizados a subir al barco. Pudieron observar que en el camarote del capitán, además de unos descomunales emblemas de la hoz y el martillo, estaba presidido por los retratos de Lenin y Stalin. Entre los llegados se contaban 21 mujeres rusas casadas con españoles de los que llegaban. En esta primera expedición había pocos personajes conocidos, con la excepción de la madre y la mujer del ministro republicano Jesús Hernández. La prensa española se encargó de notar que “los trajes que todos ellos visten son de telas baratas y patrones anticuados”. Un tal Cecilio Aguirre Iturbe fue el primero en bajar del barco. Sigue leyendo