Des-Memoria histórica

España es el segundo país con más personas desaparecidas del mundo, solamente por detrás de Camboya. Se estima que en nuestras fosas y cunetas se encuentran aproximadamente 114.000 mil cadáveres de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista.
Sin embargo en España las familias de las víctimas no han obtenido ni verdad, ni justicia ni reparación y los responsables de tales crímenes que siguen vivos siguen sin ser juzgados.
Mientras países como Alemania o Argentina sí que han llevado a cabo políticas en esta materia, en España tras 40 años de democracia ningún Gobierno lo ha hecho. Pablo de Greiff, relator especial de la ONU ya denunció en 2014 la falta de mecanismos en nuestro país sobre esta materia. Los diferentes gobiernos se han amparado en la ley para no crearlos:
1) Esgrimen por un lado que la ley de Amnistía de 1977 indica que no se pueden juzgar crímenes realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976.
2) Por otro, que nuestro código penal a día de hoy recoge que ninguna persona podrá ser juzgada por un delito que se cometió antes de que en España existiese una ley que contemplase esos actos como delito. Sin embargo el Derecho Internacional expresa claramente que los crímenes considerados crímenes contra la humanidad, de lesa humanidad o los genocidios no tienen que atenerse a estas leyes sino todo lo contrario.

¿Qué es lo que se debate en el Congreso de Diputados y se vota?
Desde el Intergrupo de memoria democrática compuesto por Podemos, PNV, Compromís Bildu, PdeCat y ERC que ha promovido la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo se han registrado estas dos Propuestas de Ley de las que el PSOE se ha desmarcado en el último momento.
La propuesta es la que se debate y consiste en modificar la Ley de Amnistía de 1977 que permita a los tribunales juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidio u otras graves violaciones de Derechos Humanos.

¿Por qué es importante?
La Ley de Amnistía actual ha funcionado hasta ahora como una ley de punto y final que ha evitado poder juzgar en nuestro país los crímenes de lesa de humanidad cometidos durante la dictadura franquista
Lo que se vota no es la derogación de la Ley de Amnistía sino su adaptación a las propuestas y preceptos del derecho internacional humanitario como aconsejo Naciones Unidas. Ni más ni menos. Que la ley de Amnistía no sea un parapeto para evitar la acción contra los crímenes de lesa de humanidad

¿Por qué no va a salir?
No nos sorprende que un partido fundado por ministros franquistas o su marca naranja sigan impidiendo que los criminales franquistas puedan responder por sus crímenes ante los jueves.

Sorprende más el voto del PSOE, que ya ha manifestado que votará en contra porque la medida genera ‘mucha inseguridad jurídica’. La verdadera inseguridad e indefensión jurídica es que las víctimas no puedan acudira a la justicia de su país para juzgar crímenes de lesa a humanidad porque la ley de amnistía funciona como punto y final.
Su voto es decisivo para que se pueda juzgar al franquismo y su posición ha sido clara: proteger a los torturadores y a los franquistas, impedir adaptar nuestra legislación a las recomendaciones de la ONU.

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Manifiesto por la historia y la libertad

No se puede imponer por una ley un único relato de la historia, ya que ninguna ley debe o puede variar los hechos históricos. No se debe borrar por una ley la cultura, el sentimiento ni la memoria de un pueblo, y menos aún por razones ideológicas. Ninguna razón moral, ni derecho subyacente, puede primar sobre la analítica verdad de los hechos en las circunstancias del tiempo y lugar en que estos se produjeron. La interpretación de unos hechos, cualquiera que estos sean, no puede ceder a ninguna manipulación política partidista. Legislar sobre la historia o contra la historia es, simplemente, un signo de totalitarismo. Y es antidemocrático y liberticida.
Sin embargo, en España viene perpetrándose un inadmisible y flagrante “historicidio” desde la aprobación de la mal llamada Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007.
Pese a ello, el Partido Socialista pretende ahora, en una vuelta de tuerca más, que se apruebe una nueva y espuria “Ley de Memoria Histórica”, con la intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales sobre los hechos acaecidos en el último siglo de la Historia de España.
Con la implantación de una “Comisión de la Verdad”, amenaza con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y elevadas multas a quienes mantengan opiniones divergentes a la ‘verdad única’, la destrucción y quema de las obras o estudios declarados no ‘gratos’, y la expropiación, destrucción o transformación de una parte del patrimonio histórico-artístico de la etapa más reciente de España.
Tal proposición de ley ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad (de opinión, expresión, investigación y cátedra); la justicia (solo atribuible a jueces y tribunales); la igualdad (que impide la discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social); y el pluralismo político (ejercido como actividad libre dentro del respeto a la Constitución). Dicha proposición de ley, de resultar aprobada, chocaría frontalmente con la Constitución en su redacción y espíritu.
El proyecto vulnera el principio de la verdad documentada de la historia, como demuestra el mero hecho de que esa única versión quiera imponerse por la fuerza del Estado, al ser incapaz de sostenerse en un debate de investigación, serio, libre e independiente. Su capcioso velo jurídico, invocando a modo de pantalla la dignidad de las víctimas de solamente una parte o equiparando el franquismo con los regímenes totalitarios, son solo el envoltorio sentimental y manipulador de una ofensiva contra la libertad de los españoles, contra la democracia y contra la verdad histórica.
Estamos ante una ley de tipo soviético que no debería ser propuesta por ningún partido, ni individuo, que respete la convivencia democrática en paz y en libertad, que solo sirve para reabrir viejas heridas que todos creíamos ya cicatrizadas y que, desde luego, nunca debería ser aprobada en una nación como España.
Resultaría dramático para la convivencia de los españoles que ochenta años después del final de la Guerra Civil, y de haber transcurrido más de cuarenta tras la extinción del franquismo, se intente anular la libertad de pensamiento de los españoles, y reinstalar en la sociedad los mismos odios que condujeron a aquellos calamitosos acontecimientos.
Esta propuesta de ley debe ser rechazada con firmeza por toda la sociedad, pues España no puede permitirse una involución hacia regímenes del tipo implícito en la misma. La experiencia histórica no debe pasar en balde, y de ella debemos aprender.
Los hechos históricos son hechos históricos, y los estudios e investigaciones de los mismos deben producirse en total y plena libertad para el debate y la confrontación abierta de las ideas, pero jamás bajo la mordaza y el castigo penal de un estado democrático.
Y ello principalmente, porque ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la Historia, pues de hacerlo, criminalizaría la Historia, estableciendo una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado.

(Manifiesto suscrito por más de 200 profesionales de la Historia)

Los mitos del independentismo catalán

Una conspiración de los poderes españoles llamada Madrix, Erasmo de Róterdam como catalán de cuna, la bandera de EE.UU. con origen en la señera aragonesa, una guerra civil entre Castilla y Catalunya en el siglo XVIII cuando no existían naciones políticas. Los nuevos mitos del independentismo catalán acompañan al llamado”Procés“. Se busca ahora de manera constante enemigos externos que sirvan para legitimar la nueva ideología que domina Catalunya. Uno de esos puntales es el «Institut Nova Història», que se ha convertido en el principal altavoz de estas nuevas tendencias políticas.Burrito

Este instituto se fundó en el año 2007 como una escisión del “Instituto de Estudios Catalanes” gracias a sus instigadores Albert Codines y Jordi Bilbeny. Este último es el cerebro de la institución, y no pudo presentar su tesis histórica en la Universidad de Barcelona por ser considerada “ahistórica”. Defendía en ella, según su propio testimonio, la censura de libros de historia en el siglo XVI para construir una visión “castellanista” y “proespañolista” de la historia. Bilbeny entra dentro del arquetipo de Eric Hobsbawm en su seminal “Naciones y nacionalismo”: “ningún historiador de naciones y nacionalismo serio puede ser un un nacionalista político”. Incluso en la cita precisa de Ernest Renan: “El olvido y el error histórico son factor esencial en la formación de una nación”.

Una historia para una causa. Este es el objeto declamado del Institut desde su título: construir “una nueva historia” donde se ponga en su sitio a la nación catalana. Esta fundación ha sido subvencionada por el ayuntamiento de Arenys de Munt, gobernada por ERC, y especialmente por ambientes de la extrema izquierda nacionalista catalana. Consiguió, así, el apoyo de Jordi Pujol y Carod Rovira con sendas cartas enviadas en 2012 y 2014 respectivamente.

Para los políticos no nacionalistas, esta Fundación tiene teorías que rozan el ridículo. Recuerda Juan Carlos Girauta, diputado en Europa por Ciudadanos, que el proceso empieza en 2003 y tiene su origen en el método de «Carod-Rovira de construir un imaginario para crear una mayoría política. Las raíces, según él, habría que buscarlas en el cambio en la historiografía a mediados de los años 70. Un grupo de historiadores, parapetado en la revista «L’Avenç» (El avance), decidió abandonar cualquier análisis racional del pasado y establecerse en la creación de un nuevo imaginario: “Nuestra tarea más inmediata y urgente, aquella que ha de responder a las primeras demandas sociales que nos lleguen, será la de restituir a nuestro pueblo la visión histórica nacional que le ha sido negada desde 1939”. Se oponía la historia científica por una que pretendía “construir los países catalanes”. Para ello había que hacer una “historia nueva”. Para Xavier Pericay, filólogo disidente del discurso oficial, en Catalunya no existen ni filología ni historia; existen sucedáneos, acordes con el llamado “proceso de transición nacional”. El término mismo de “nueva historia” recuerda peligrosamente a las prácticas de los partidos y regímenes totalitarios: convencidos de poseer la verdad, niegan la realidad y se inventan una nueva.

La degeneración de estos conceptos acientíficos, que buscaban la historia como arma de una comunidad, acabó precisamente en este Instituto de Historia Nueva, cuyos mitos repasamos. Personajes en busca de un origen. Entre el interés de este Instituto está en “catalanizar” a grandes personajes históricos como Miguel de Cervantes, Erasmo de Róterdam, Miguel Servet o Cristóbal Colón. Del primero, el Institut Nova Història afirma que “toda la biografía de Cervantes es una falsificación y un montaje readaptando al castellano de la biografía borrada de Joan Miquel Servent, ciudadano de Jijona”. Para ello se establecen parecidos biográficos entre el escritor y su homónimo valenciano de esta manera: “Pierde un brazo por culpa de una herida militar” / “Los tres hermanos Servent quedan heridos por culpa de una explosión”. Otros elementos recalcados son los célebres elogios a Perot Rocaguinarda con el nombre Roque Guinart en la segunda parte del Quijote que llegan a considerarse como una defensa de las leyes catalanas frente a los intereses uniformadores de la Corona Española. Sigue leyendo

Las fosas caen en el olvido

Decenas de miles de familias siguen esperando que les devuelvan los restos de sus familiares desaparecidos en la Guerra Civil. LMH

Siete años después de su aprobación, la Ley de la Memoria Histórica mantiene una larga lista de tareas pendientes. La primera de ellas es aún la de localizar, exhumar y entregar a sus familias las decenas de miles de españoles que, 65 años después la conclusión de la Guerra Civil y 39 desde el fin de la dictadura, permanecen sepultadas en fosas comunes de cementerios o cunetas de carreteras.

Según la investigación que llevó a cabo el ex juez Baltasar Garzón en la causa del franquismo, 114.226 personas desaparecieron entre 1936 y 1951 a causa de la represión llevada a cabo por el régimen, un número que las asociaciones de la memoria histórica consideran por debajo de la realidad. Desde el año 2000 se han recuperado los restos de cerca de 6.000 de los asesinados. De estos últimos, 2.800 fueron exhumados en el antiguo cementerio malagueño de San Rafael, donde se calcula que se produjeron 4.400 ejecuciones.

El artículo 11 de la Ley de la Memoria Histórica establece que “las administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore”. Lo redactado sólo estipula que el Estado ayude a los familiares, sin llegar a encomendarle la responsabilidad de exhumar a los españoles asesinados.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), mantiene que la entrada en vigor de la ley no supuso avance alguno. “El principal problema ha sido siempre el mismo y no se ha solucionado con esta norma descafeinada. Esto debería ser una responsabilidad del Estado y no de los hijos o los nietos de las víctimas”.

El pasado julio un contundente informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas puso de relieve esta realidad. El documento valora que, desde el retorno de la democracia, “se han dado pasos importantes aunque tímidos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura”.

No obstante, el equipo de la ONU recuerda que, de acuerdo con el derecho internacional que ha suscrito España, el Estado debe asumir una responsabilidad y “un rol de liderazgo” en la recuperación de las personas desaparecidas. Para solucionar la actual situación, Naciones Unidas lanzó una serie de recomendaciones entre las que se encuentra “adoptar, a la mayor brevedad posible, un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas”. Aunque el informe fija un plazo de 90 días para que España proponga un calendario, esta iniciativa no tiene carácter vinculante, con lo que no se podrá imponer ningún tipo de sanción en caso de que el Gobierno no atienda al requerimiento de la organización mundial. Sigue leyendo

Franco ha muerto, el franquismo no

El franquismo terminó el 20 de noviembre de 1975. Eso nos dicen los libros de historia. Pero la realidad es tozuda y en pleno siglo XXI seguimos viviendo situaciones que solo tienen explicación desde una actitud nostálgica de idearios que creíamos ya superados.Nostalgicos Valle Caidos

Desde algunos sectores políticos, mediáticos y sociales se plantea una estrategia de banalización de la dictadura franquista que tiene como objetivo reescribir la historia de España de tal forma que sólo exista una versión: la de aquellos que defienden a los traidores a la legalidad vigente en 1936. Quizás por ello están sucediendo una serie de hechos que confirman que realmente sí existe un franquismo vigente que cada día se manifiesta de forma más abierta en cuestiones de mucha trascendencia.

Empezaré por la Ley de la Memoria Histórica; una Ley que tiene por objeto reconocer derechos y establecer medidas a favor de quienes sufrieron los efectos de la Guerra Civil y de la Dictadura. Desde su aprobación, está siendo escarnecida de mil maneras tanto por colectivos y organizaciones privadas como de instituciones públicas que precisamente son las que tienen la obligación de aplicarla y de hacer que se cumpla. No voy a entrar en señalar a ningún responsable de esta situación, sólo voy a ceñirme a lo reconocido por el propio ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón: “Desde que gobierna el PP, no se han tocado los vestigios de la Dictadura por causas económicas o de protección del patrimonio”.Concejal PP en Valle
La extrema derecha de este país, anide donde anide, y con la inestimable colaboración del Tribunal Supremo, ha conseguido apartar de la carrera judicial al juez Baltasar Garzón, tras un ruin acoso que culminó con su inhabilitación. Uno de los ‘delitos’ de Garzón fue querer aplicar la Ley de la Memoria Histórica en lo concerniente a la apertura de las fosas comunes en las que reposan los cuerpos de decenas de miles de demócratas que fueron asesinados por sus ideas. Evidentemente esta situación se produce porque no existe una sola victima del ‘bando nacional’, enterrada en una fosa común. Esas victimas, también de la crueldad y de la guerra, descansan todas en los cementerios, como es su derecho; a las demás víctimas se les niega ese derecho; primero sus asesinos los condenaron a muerte y después a ‘descansar en una fosa común’, en mitad del campo, o en una cuneta. Sigue leyendo

8 libros que retratan al franquismo

Carmen Laforet

Carmen Laforet

Tras el éxito de la entrada de libros sobre el franquismo, aquí va una continuación con algunos libros que se escribieron en los años de vigencia del franquismo y que son un vivo retrato de aquella sociedad. Esta es la lista:

1) Antonio Buero Vallejo: El tragaluz

2) Miguel Delibes: Cinco horas con Mario

3) Juan Goytisolo: Señas de identidad

4) Juan Marsé: Ultimas tardes con Teresa

5) Rafael Sanchez Ferlosio: El Jarama

6) Carmen Martin Gaite: Entre visillos

7) Carmen Laforet: Nada

8) Camilo J. Cela: La colmena

Como en la entrada anterior, todas las sugerencias son bienvenidas

Activémonos

Franco de pesca

Los años finales de la dictadura y el periodo de Transición fueron de una actividad política especialmente intensa. Participar, opinar, promover, manifestarse, eran la respuesta al cansancio por la falta de libertades y el fruto de la ilusión y de la convicción de que aquel estado de cosas podía cambiar. La edad del dictador y la aproximación a Europa, junto con la relación personal con la oleada de turistas y la elevación del nivel de educación, crearon un contagio de expectativas de cambio que generaba motivación y compromiso. El cambio fue social antes de ser político.

Ahora, por el contrario, nos encontramos distanciados de la actividad política y de sus protagonistas y hacemos zapping al verlos en televisión a mayor velocidad que con los anuncios. Atendemos a nuestros intereses personales y seguimos al fin el consejo que nos dio el dictador, “haga como yo, no se meta Vd. en política”. Como resultado, nuestra democracia sigue siendo el ensayo tímido y limitado que se diseñó en la transición para evitar salidas de carril y, peor aún, los modos de hacer política han degenerado y el insulto, la distorsión torticera del lenguaje y los argumentos, o el no escuchar ni dudar ni ceder, son modos de hacer política que se dan por buenos en la medida en que son habituales. La vista y el oído se acostumbran.

Activémonos. Lo sucedido con Wikileaks y países árabes muestra el poder de la sociedad cuando la coordinación se hace posible. Durante siglos el poder nació de las armas para definirse después como proveniente de Dios e imponerse a una masa ignorante, paupérrima y en busca de pastor. Somos la sociedad más formada e informada de la historia y poseemos los medios de comunicación adecuados para coordinarnos y hacernos oír. No somos menores de edad, no somos ignorantes, no somos carne de dictadura ni robots consumistas.

La manipulación no llegará más allá de lo que le permita nuestra pasividad. La ley electoral, las listas cerradas, el estilo dictatorial dentro de los partidos de los llamados a ser padres de la democracia, la autopublicidad de los gobiernos, el secretismo de la financiación de los partidos, etc., existirán hasta que nos posicionemos contundentemente en contra y logremos comunicarnos por medios independientes.

Como se ha comprobado en el norte de África, cuando la sociedad dice basta y cada ciudadano se hace consciente de que los que le rodean piensan como él y desean cambiar las cosas, la fuerza resultante es imparable incluso en regímenes brutales. En países democráticos debería resultar más fácil imponer mejoras de calidad de la democracia. Y es que no hay democracia o ausencia de democracia sino un cierto nivel de democracia en cada país y en cada fase de su historia, y el nuestro de hoy no es para tirar cohetes ni está en camino de mejorar si no le empujamos.

Activémonos. Creamos en nuestras posibilidades. Tomemos posesión de la palabra. Hagamos que la política institucional sea una mera canalización práctica del flujo de opinión social y no un mero voto pasivo a un candidato elegido a dedo por unos pocos, y que puede distar de ser el mejor, salvo en la habilidad para ser elegido por los pocos afiliados que controlan su partido.

La juventud actual vive políticamente en una fase de oportunidad de mejora. La democracia limitada pensada para la transición es ya insuficiente. Se impone una revisión profunda de su funcionamiento real. Hay que elevar el nivel de calidad democrática y hacer uso de los maravillosos medios de comunicación y coordinación entre personas que hoy existen. Seguimos con modos de hacer política de otra época cuando ya hemos entrado en la segunda década del siglo XXI, disponemos de internet en casi todos los hogares y tenemos un alto nivel de formación. Pero si logramos que se extienda la convicción de que una mejor democracia es posible, haremos posible y hasta inevitable que el cambio ocurra.

Los medios para mejorar la sociedad en general y su sistema político en particular  existen. La situación invita a no demorar el aumento de implicación de los ciudadanos y la exigencia a los políticos de democratizar el sistema. Y el primer paso es sencillo y posible, activémonos (Carta en Diario de Navarra, 12/III/11)