Este es el último mensaje de Navidad de Franco el fin de año de 1974 
Y años anteriores: 1955, 1957 y 1958, 1960, 1966, 1967, 1969 o en inglés
Una recopilación de mensajes desde 1937 a 1974.
Y los mensaje del ex rey Juan Carlos desde 1975 hasta 2013.
José Mota imitando al rey en 2010
Pero nada de nada. Res de res. Probablemente os lo impide ese acendrado nacionalismo español que empieza por negarse a sí mismo. Los nacionalistas españoles con algo de luces aseguran que no son nacionalistas, faltaría más; que todos los nacionalismos son iguales; que no hay que poner nuevas fronteras (ellos están contentos con las suyas, claro); y, si son de izquierdas, dicen ser internacionalistas cosa que, obviamente, no significa nada.
Es muy llamativo y parte de la complejidad del problema que la izquierda muestre esta incapacidad de comprender. Cataluña no es España ni antes ni después del 1/10 como se demuestra -da vergüenza recordarlo- por el hecho de que haya que decirlo. Cataluña es tierra conquistada, según dijo Fraga a Verstrynge. Está en España, pero no es España. Cataluña sabe lo que es y lo que quiere ser. España, no; ni lo que es, ni lo que quiere ser, y la mejor prueba es esta incapacidad para entender a Cataluña que raya en lo patológico. Ha sido necesario que las cosas se pudrieran durante años hasta llegar a la confrontación actual para que los socialistas empiecen a preocuparse y presenten un plan irrisorio de una comisión constitucional de reconsideración del lugar de Cataluña a sabiendas de que, con la correlación actual y previsible de fuerzas, eso es imposible. Por no hablar de ese federalismo apolillado en el que no cree nadie; ni ellos. La propuesta no solo muestra una probable mala fe de tratar de engañar a los catalanes con un señuelo parlamentario, sino que oculta algo peor: el intento de ignorar que la rebelión catalana rechaza la legitimidad del orden constitucional y que, por lo tanto, la propuesta carece de sentido dentro del sistema actual; que es una repetición del “café para todos” 40 años después.
Otra cosa sería si, entendiendo que Cataluña no es España, se propusiera una vía de negociación bilateral entre ambas que incluyera un referéndum de autodeterminación pactado. Pero, en el caso del PSOE, eso es imposible porque comparte con la derecha el nacionalismo español que le hace negarse en redondo al referéndum por una cuestión de acartonados principios borgoñones con el argumento, típicamente orgánico de todo el pensamiento reaccionario, de que la parte no puede separarse del todo, el brazo del cuerpo, la rama del árbol. Y no es esta la única bobada que comparte con el PP. También coincide en sus falacias sobre la legalidad, la Constitución, la estabilidad, la Monarquía y, en gran medida, la colonización del Estado por la Iglesia, etc, y por supuesto, el recurso a la represión y la violencia si se considera preciso, con la única salvedad de que, al tiempo que se reduce a los catalanes por la fuerza, no se deje de llamarlos al diálogo.
Y no solo eso. Quienes no solamente no denuncian las sistemáticas violaciones de la legalidad y el Estado de derecho, sino que las apoyan, también están siendo cómplices de la corrupción generalizada de un gobierno sostenido por un partido que es una asociación para delinquir. Y todo ello porque estos nacionalistas españoles, de derechas, de centro o de izquierdas son incapaces de entender qué está pasando en Cataluña, una sociedad dinámica y abierta empeñada en librarse de la rémora de un Estado que, tras un breve lapso de una democracia mediocre, vuelve por los fueros de los gobiernos de ladrones, meapilas y corruptos que han destruido el país. No, amigos, no entendéis nada y, después del 1º de octubre, si el sí es mayoritario, tendréis que tragar una república catalana libre, mucho mejor y más próspera que la España que deja atrás. Por mucho 155 que se quiera aplicar.
En contra de lo que ha estado enfatizando la sabiduría convencional definida por el establishment español (la estructura de poder político y mediático que define los parámetros de lo que debe creerse en el país), la Transición de la dictadura a la democracia no fue un proceso modélico, fruto de un consenso entre iguales, entre los herederos de los vencedores (las derechas, ultra derechas en el abanico político europeo) y los herederos de los vencidos (las izquierdas y otras fuerzas democráticas) de la Guerra Civil.
En la versión oficial de la Transición, esta se presenta como una ruptura con el anterior Estado dictatorial, habiéndose establecido, como resultado de tal Transición, un Estado democrático homologable a cualquier democracia existente en la Europa occidental. Y la Constitución de este nuevo Estado se presenta como el resultado de aquel consenso entre iguales, estableciendo el marco jurídico donde la democracia española se ha desarrollado.
Esta versión de la Transición es profundamente errónea y no se corresponde con los hechos ocurridos en aquel periodo. Lejos de ser ejemplar, aquel proceso estuvo dominado por las mismas fuerzas que controlaban el Estado dictatorial, y que lideraron y dirigieron aquel cambio. Las fuerzas conservadoras controlaban todas las ramas y aparatos del Estado, así como la gran mayoría de medios de información del país, mientras que las izquierdas acababan de salir de la clandestinidad. No fue un pacto entre iguales ni tampoco fue una ruptura con el Estado anterior. En realidad fue una abertura de aquel Estado para incorporar a las izquierdas en un nivel subalterno, sometidas a una ley electoral que claramente les discriminaba. Presentar la Constitución como un producto consensuado entre iguales, sin admitir que estuviera condicionada por las fuerzas que dominaban la Transición, es una frivolidad propagandística promovida primordialmente por las derechas y, en ocasiones, por aquellos sectores de las izquierdas gobernantes que se adaptaron rápidamente a aquel Estado.
Las consecuencias de aquel dominio conservador son enormes. Una de ellas es la limitadísima capacidad de decisión de la ciudadanía en los quehaceres de la gobernanza del país. Democracia en España quiere decir votar cada cuatro años (dentro de un sistema electoral poco representativo) a partidos políticos que carecen de democracia interna, gobernados por élites que se eternizan, con escasa transparencia y que, por su opacidad, son fácilmente coaptables por parte de intereses financieros y económicos. La Transición inmodélica favoreció esta visión de la democracia, que reduce la política al “politiqueo entre sus dirigentes”. Formas de democracia directa, tales como referéndums (ni consultivos siquiera), son difíciles cuando no imposibles de realizar.
Esta limitadísima democracia, dentro de un Estado heredado del anterior con escasa renovación, explica varios hechos. Uno, es el enorme subdesarrollo del Estado del Bienestar en España. Treinta y cinco años después de iniciarse la democracia, España continúa teniendo uno de los gastos públicos y uno de los gastos públicos sociales más bajos de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español). Esta subfinanciación se está incluso acentuando más como consecuencia de las políticas de austeridad (lo que quiere decir de recortes del gasto público), orientadas a privatizar los servicios públicos del Estado del Bienestar. Desde 2008, los gobiernos españoles, argumentando erróneamente que no hay otra alternativa, están debilitando y/o desmontando el Estado del Bienestar. Utilizan para justificar este desmantelamiento el argumento que el Estado español ha perdido soberanía y tiene que seguir la normativa dictada por la Troika, a fin de poder mantenerse en el euro. En realidad, tanto la banca como la gran patronal están consiguiendo lo que siempre desearon: el debilitamiento del mundo del trabajo, la privatización del Estado del Bienestar y la reducción de los salarios. Las políticas públicas realizadas por los gobiernos centrales y la mayoría de los gobiernos autonómicos han sido responsables de tales hechos.
Otra consecuencia del dominio de los herederos de los vencedores de la Guerra Civil en el proceso de transición fue la incorporación a la Constitución de la visión de España que tenían sus antepasados, que se definieron a sí mismos como los “nacionales”. Esta visión negaba la plurinacionalidad de España, oponiéndose a reconocer las distintas naciones que constituyen el país, imponiendo un Estado uninacional centrado en el establishment político y mediático existente en Madrid. En realidad, el Estado de las Autonomías (el “café para todos”) era la manera de negar esta plurinacionalidad, permitiendo una descentralización administrativa en un marco normativo claramente centralizado. Un indicador de esta centralización es el sistema radial de transporte. Lleva un poco más de dos horas ir en tren de Barcelona a Madrid, pero algo más de seis horas para ir de Barcelona a Bilbao, que es la misma distancia. Esta visión uninacional de España está escrita en la Constitución, la cual asigna al Ejército (sucesor del que había llevado a cabo un golpe militar contra un Estado democrático) la misión de defender la unidad de España (una cláusula única entre las constituciones en Europa), estando bajo la dirección del Monarca, jefe de Estado y jefe de las Fuerzas Armadas. Estas fueron unas cláusulas que el Monarca y el Ejército impusieron, como han admitido protagonistas de aquella Transición. Sigue leyendo
Una conspiración de los poderes españoles llamada Madrix, Erasmo de Róterdam como catalán de cuna, la bandera de EE.UU. con origen en la señera aragonesa, una guerra civil entre Castilla y Catalunya en el siglo XVIII cuando no existían naciones políticas. Los nuevos mitos del independentismo catalán acompañan al llamado»Procés«. Se busca ahora de manera constante enemigos externos que sirvan para legitimar la nueva ideología que domina Catalunya. Uno de esos puntales es el «Institut Nova Història», que se ha convertido en el principal altavoz de estas nuevas tendencias políticas.
Este instituto se fundó en el año 2007 como una escisión del «Instituto de Estudios Catalanes» gracias a sus instigadores Albert Codines y Jordi Bilbeny. Este último es el cerebro de la institución, y no pudo presentar su tesis histórica en la Universidad de Barcelona por ser considerada «ahistórica». Defendía en ella, según su propio testimonio, la censura de libros de historia en el siglo XVI para construir una visión «castellanista» y «proespañolista» de la historia. Bilbeny entra dentro del arquetipo de Eric Hobsbawm en su seminal «Naciones y nacionalismo»: «ningún historiador de naciones y nacionalismo serio puede ser un un nacionalista político». Incluso en la cita precisa de Ernest Renan: «El olvido y el error histórico son factor esencial en la formación de una nación».
Una historia para una causa. Este es el objeto declamado del Institut desde su título: construir «una nueva historia» donde se ponga en su sitio a la nación catalana. Esta fundación ha sido subvencionada por el ayuntamiento de Arenys de Munt, gobernada por ERC, y especialmente por ambientes de la extrema izquierda nacionalista catalana. Consiguió, así, el apoyo de Jordi Pujol y Carod Rovira con sendas cartas enviadas en 2012 y 2014 respectivamente.
Para los políticos no nacionalistas, esta Fundación tiene teorías que rozan el ridículo. Recuerda Juan Carlos Girauta, diputado en Europa por Ciudadanos, que el proceso empieza en 2003 y tiene su origen en el método de «Carod-Rovira de construir un imaginario para crear una mayoría política. Las raíces, según él, habría que buscarlas en el cambio en la historiografía a mediados de los años 70. Un grupo de historiadores, parapetado en la revista «L’Avenç» (El avance), decidió abandonar cualquier análisis racional del pasado y establecerse en la creación de un nuevo imaginario: «Nuestra tarea más inmediata y urgente, aquella que ha de responder a las primeras demandas sociales que nos lleguen, será la de restituir a nuestro pueblo la visión histórica nacional que le ha sido negada desde 1939». Se oponía la historia científica por una que pretendía «construir los países catalanes». Para ello había que hacer una «historia nueva». Para Xavier Pericay, filólogo disidente del discurso oficial, en Catalunya no existen ni filología ni historia; existen sucedáneos, acordes con el llamado «proceso de transición nacional». El término mismo de «nueva historia» recuerda peligrosamente a las prácticas de los partidos y regímenes totalitarios: convencidos de poseer la verdad, niegan la realidad y se inventan una nueva.
La degeneración de estos conceptos acientíficos, que buscaban la historia como arma de una comunidad, acabó precisamente en este Instituto de Historia Nueva, cuyos mitos repasamos. Personajes en busca de un origen. Entre el interés de este Instituto está en «catalanizar» a grandes personajes históricos como Miguel de Cervantes, Erasmo de Róterdam, Miguel Servet o Cristóbal Colón. Del primero, el Institut Nova Història afirma que «toda la biografía de Cervantes es una falsificación y un montaje readaptando al castellano de la biografía borrada de Joan Miquel Servent, ciudadano de Jijona». Para ello se establecen parecidos biográficos entre el escritor y su homónimo valenciano de esta manera: «Pierde un brazo por culpa de una herida militar» / «Los tres hermanos Servent quedan heridos por culpa de una explosión». Otros elementos recalcados son los célebres elogios a Perot Rocaguinarda con el nombre Roque Guinart en la segunda parte del Quijote que llegan a considerarse como una defensa de las leyes catalanas frente a los intereses uniformadores de la Corona Española. Sigue leyendo
El régimen franquista pasaba en 1955 por uno de sus peores momentos. La recuperación del país era muy lenta en una larga autarquía y los Convenios con Estados Unidos (1953) aún tardarían en dar sus frutos. Opositores de todas las tendencias comenzaron a pensar en el final del régimen. Los monárquicos catalanes llevaban varios años hablando con representantes del republicanismo independentista para intentar consensuar un programa de mínimos que pudiera ser aceptado por Don Juan de Borbón en su exilio portugués. En junio de 1955 alcanzaron unos puntos mínimos para el día en que Don Juan accediera al trono español. En esencia, no aceptaban sin más al hijo de Alfonso XIII salvo que este adoptara una serie de medidas renovadoras. En un Memorándum que dirigían al Rey le hacían saber cuáles eran los puntos acordados:
1) La primera manifestación de la Monarquía restaurada sea un llamamiento a la paz, la concordia y la reconciliación de los españoles, dando por muerto y enterrado el inicuo sistema político actual basado en el triunfo de unos españoles sobre otros y en la pervivencia del espíritu de guerra civil. El rey ha de serlo de todos, y si no fuese así no valdría la pena haberlo establecido en el Trono.
2) Restablecer las libertades de la Constitución de 1876: prensa, reunión, partidos, sindicatos.
3) Descentralización administrativa y política que permita a las provincias españolas agruparse en las regiones tradicionales, prefigurando la constitución federal de España (…) Nombramiento de un gobernador general para cada una de ellas (…) De ser posible, dicha autoridad habrá de ser oriunda de la región sobre la cual ejerce su jurisdicción.
4) Teniendo en cuenta que en Cataluña funcionó una estructura autónoma, con la Mancomunidad primero y la Generalidad después, conviene atribuir mayores facultades a esta región mejor preparada, por este antecedente, para ejercerlas. En especial, oficialidad de la lengua catalana para las relaciones interiores, organización y dirección de la instrucción pública en el país y reconocimiento de la bandera de las cuatro barras como enseña oficial del Gobierno regional. El restablecimiento puro y simple de la Mancomunidad no sería hoy satisfacción suficiente para los catalanes.
5) Liberar la economía española (…) de las intervenciones y trabas estatales; promesa de acabar con la inconcebible corrupción de la administración actual y con la existencia de las mastodónticas instituciones económicas de más que dudosa utilidad. Apartamiento de los militares de las funciones administrativas que no les son propias.
6) Revisión de la legislación social y obrera, con objeto de eliminar de sus funcionamiento toda tendencia política.
7) Relevo inmediato del personal directivo de sindicatos obreros y patronales e instituciones sociales y de previsión, (…) suprimiéndolas si no son necesarias.
8) Relevo inmediato del personal directivo de diarios, periódicos, agencias periodísticas, emisoras de radio y asociaciones de la Prensa, tanto si deben el cargo a nombramiento directo como a elecciones simuladas o amañadas con censos de electores depurados.
9) Renovación de los Ayuntamientos, Diputaciones provinciales y demás organismos estatales o paraestatales con personas no contaminadas de virus totalitario. Todos los nombramientos provisionales en Cataluña deben recaer en catalanes.
10) Presencia en el primer Gobierno de la Monarquía de dos ministros catalanes, uno de ellos en un Ministerio económico.
11) Supresión pura y simple del llamado Ministerio del Movimiento, y prohibición de la Falange. Otras muchas medidas habría que tomar, especialmente aquellas que serían especialmente gratas a los catalanes y determinarían su adhesión al régimen redivivo. Su objetivo es liberar al país del régimen actual; pero de tal manera que ni él ni otro semejante pueda producirse en el futuro. Los que le escriben están dispuestos a acallar sus convicciones republicanas y colaborar en la tarea de reconstrucción.
La estrecha relación entre ciertos sectores de la iglesia vasca y el naciente separatismo de ETA, en las décadas de los 60 y 70, es un hecho bien conocido. No lo es tanto, quizá, el esfuerzo tenaz que los obispos de las diócesis vascas hicieron para encauzar una situación cada día más tensa. Los años del cambio de década fueron, en este sentido, cruciales.
En la primavera de 1969 el proceso se aceleró con las detenciones de un grupo de miembros y colaboradores de ETA, entre ellos varios sacerdotes, que desembocaría en el Juicio de Burgos, y el confinamiento de estos clérigos en la cárcel concordataria de Zamora. En este escenario cobra importancia la actividad del Administrador Apostólico de Bilbao, don José María Cirarda, cogido entre dos fuegos: la defensa de sus sacerdotes y el cumplimiento de las leyes vigentes. A finales de 1969 presentaba a la Asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española una descripción de los acontecimientos que habían tenido lugar y su actuación personal en ellos. A mi juicio, arroja luz sobre la acusación que se hace a Cirarda haber sido contemporizador y faltarle resolución para meter en vereda a un clero levantisco. He aquí el texto completo:
«Mis queridos hermanos: Un deber elemental de fraternidad me obliga a informarles de la gravísima situación pastoral que vive desde hace una semana esta diócesis de Bilbao y de las no menos graves repercusiones de sus causas y consecuencias en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Lamento que una vez más sea esta diócesis, cuya administración apostólica tengo encomendada por la Santa Sede, origen de preocupaciones dolorosas. Pero creo poder afirmar humildemente ante el Señor que, culpable como soy de muchas faltas en todo, no creo ser responsable de lo que hoy nos preocupa y es causa de esta carta.
Quiero informarles lo más brevemente posible y de modo directo, y que la prensa o ha silenciado los hechos o sólo los ha dado con información parcial, cuando no deformada.
Los antecedentes
Desde hace más de un año -desde los días dramáticos de abril y mayo de 1969- el Sr. Gobernador Civil de la provincia y yo hemos trabajado para evitar roces; procurando resolver de modo callado y con la mayor comprensión mutua las continuas complicaciones que se presentan por distintas causas entre nuestras dos jurisdicciones en una provincia tan compleja religiosa y políticamente como Vizcaya; complicaciones multiplicadas por la continua aplicación de la ley contra bandidaje y terrorismo en nuestra provincia desde primavera del 69.
En virtud de esta ley vienen actuando cuatro juzgados eventuales militares en Bilbao, desde hace un año. Y a ellos se llevan desde hechos que pueden suponer graves atentados contra el orden público, hasta supuestas faltas de sacerdotes en su predicación denunciadas por un feligrés o por algún agente de policía o fuerza pública destacado en un pueblecito.
Las peticiones para procesar a sacerdotes en este tiempo han sido muchas. He concedido aquellas en las que los sacerdotes pudieran aparecer implicados en una acción extraña a su misión. Y he negado permiso para procesar a un sacerdote cuando la falta de que se le acusaba, se refería a alguna posible demasía en su predicación. Mi negación se fundaba, en ocasiones, en constarme la absoluta falsedad de la denuncia, como en algún caso en que la homilía había sido escrita y leída y tenía yo el texto en el que nada había condenable. En otras ocasiones, cuando no tenía tal certeza, me fundaba en el principio de afirmarme juez de los actos ministeriales de mis sacerdotes, para juzgarlos, castigarlos si había falta canónica -tengo dos sacerdotes suspendidos de predicación en estos momentos-, dispuesto a conceder el juicio del Estado si hubiere hallado causa, cuya falta lesionara gravemente las leyes del Estado. Sigue leyendo
El asesinato del presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco (20 de diciembre de 1973) reavivó el debate sobre las posibles relaciones entre ETA y carlismo
Franco y Carrero
En el año 1964, un grupo de jóvenes oficiales del Ejército adscritos al Alto Estado Mayor, habían elaborado un informe sobre el País Vasco, ETA y la eclosión nacionalista. Dicho trabajo se hizo por encargo especial del Almirante Carrero Bianco. Unos 100 folios daban una muy completa “precisión de riesgos”. Ese ejercicio de futuro y sus consejos fueron desoídos: de haberse tenido en cuenta, el problema vasco hubiera sido mucho menor
El informe presentaba que era suicida destruir el carlismo. Ese movimiento popular, indiscutiblemente alineado a la derecha, podía frenar, en el futuro, la creciente corriente anti española. Se recomienda revitalizar al carlismo separándole en lo posible de la burocracia del Movimiento, mediante la sustitución de sus dirigentes de entonces (entregados absolutamente al juego de los jerarcas azules de origen falangista) por personas más en contacto con el pueblo vasco. Según parece, Carrero pensó que esa “jugada” perjudicaría a la sucesión de Franco en la figura de don Juan Carlos de Borbón. Sin embargo, el documento señalaba que esa potenciación más abierta del carlismo, desvirtuaría cualquier exigencia de don Carlos Hugo. Desde Madrid se siguió machacando al carlismo hasta su desaparición.
Parece claro. Si Carrero Blanco y sus colaboradores vascos hubieran tomado en cuenta el estudio es casi seguro que la tragedia de Euskadi hubiera sido mucho menor para vascos y españoles (ver La Vanguardia, 8/II/80). Un estudio de la profesora María Cruz Mina, profesora de la UPV y cuñada de Carlos Garaikoetxea, ponía de relieve la relación entre el carlismo y ETA. “Lo dijo Julio Caro Baroja hace años: entre el abuelo carlista y el nieto nacionalista radical cambia el contenido de las ideas, pero la forma de defenderlas es la misma. Antes defendían “Dios, patria y rey”, y ahora defienden “Euskadi eta askatasuna”. Es curioso, por otro lado, que las comarcas en las que proliferan los carlistas, los integristas e incluso los franquistas, sean tradicionalmente las zonas que mayor número de simpatizantes aporten al nacionalismo radical (El Correo Español, 20/XI/86). El líder de la entonces Batasuna, Arnaldo Otegui, alude una y otra vez a las guerras de los campesinos (las carlistas) como precedente de la situación actual
Jon Juaristi apuntaba lo que ocurrió con el carlismo: “algo más de medio País Vasco entre 1937-1968 no era nacionalista, hasta el año en que el heredero de la rama carlista fue expulsado de España” (El bucle melancólico, p. 330). Ya “dijo Unamuno que el nacionalismo era una especie de carlismo cabreado” (J. Juaristi, La Vanguardia, 27/VI/98). O la afirmación de J. J. López-Burniol: “El nacionalismo vasco fue el instrumento político en el que depositaron sus esperanzas muchos carlistas desencantados” (La Vanguardia, 12/IX/99)
Yagüe en Barcelona
La crisis y las próximas elecciones han reavivado el debate sobre la españolidad de Catalunya. La opción soberanista ha cobrado tal fuerza que muchos se preguntan si no será este el momento en que se convierte en un Estado propio. Algunos catalanes aducen que han fracasado los intentos de conseguir una convivencia pacífica, que el Estado español ningunea y desprecia a lo catalán y a los catalanes, fomentando un odio a todo lo que de esa región procede. Insolidarios, egoístas, amantes del dinero, son algunos de los epítetos que les aplican desde el otro lado de la barrera. Muchos abogan por una cena romántica de amantes despechados, un intento último por salvar lo que durante muchos años ha funcionado razonablemente bien. La respuesta puede comenzar a vislumbrarse.
Desde la perspectiva que adopta este blog, la historia y la política durante el franquismo, se puede afirmar que durante el franquismo poco se hizo por resolver el siempre presente “problema catalán”. La alegría que sentían muchos barceloneses al ver llegar a las tropas de Yagüe en enero de 1939, se confundía con la resignada vuelta al centralismo, después de los años de autonomía. Manifestaciones genuinas del sentir catalán, como la lengua, la literatura, la enseñanza en su idioma, el folclore, etc., pasarían a estar sometidas a un férreo control desde Madrid. Pero, muy pronto, la fuerza del hecho diferencial se fue abriendo paso en la vida del Principado. Las manifestaciones de protesta eran cada vez más frecuentes protagonizadas, en muchos casos, por grupos de origen católico cercanos a la sensibilidad catalanista de la abadía de Montserrat. Uno de sus dirigentes, Jordi Pujol, sería detenido en 1960 por arrojar unas octavillas reivindicativas, y pasaría casi dos años en la cárcel de Torrero (Zaragoza). La falta de tacto del Gobernador Militar, Acedo, se combinaba con el tono anti-catalán que adoptaba el diario más importante de la región, La Vanguardia, cuyo director Luis Martínez de Galinsoga alentaba con editoriales incendiarios. Nombrado por el Gobierno, Galinsoga se había hecho cargo del periódico en 1939 y tuvo que ser cesado en 1960, después del famoso incidente con un sacerdote tras celebrar la misa en catalán, algo que le recriminó agriamente una vez acabado el oficio religioso. Sigue leyendo
La crisis actual ha propiciado que algunos cuestionen el modelo autonómico que nos dimos a través de la Constitución de 1978. Se aduce que es fuente de despilfarro y de nepotismo, de duplicidad de prestaciones, y se considera superior un sistema centralizado. 
So capa de eficiencia, algunos pretenden retomar el modelo anterior, que no es otro que el franquista: las decisiones se toman en Madrid y la periferia tiene un papel subordinado. Es el modelo borbónico que el régimen franquista elevó a la categoría de dogma: la “unidad nacional” como garante de la “variada idiosincrasia de los pueblos y tierras de España”. Pero no se trata de un problema nuevo: 25 años de plomo no habían resuelto a la altura de 1962 el siempre presente problema nacionalista, sobre todo en Catalunya que es el objeto del documento que comentamos. Se trata de una ponencia del Consejo Nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S., el máximo organismo falangista, en su sesión plenaria del 12 de julio de 1962, que aborda las sincronías y dificultades que se presentaban en la región catalana. La cuestión nacionalista, siempre sin resolver, por no saber plantearla. Las declaraciones del abad Escarré y su posterior destierro, la pujante cultura que se expresaba en catalán, la Caputxinada, incidentes como el del Palacio de la Música en el que sería detenido Jordi Pujol, y tantos otros, inquietaban en Madrid
El planteamiento inicial de la cuestión presenta elementos esperanzadores que, pronto veremos, son ahogados por una lógica nacionalista española que no deja resquicios a la diferencia. ‘El punto de partida para enunciar una línea general, en orden al problema nacional de Cataluña, es decir, al problema de conseguir una plena puesta en valor de los recursos espirituales y materiales de la Región Catalana en el servicio de la comunidad española, exige reconocer, en su justa medida y alcance, los aspectos que confieren a Cataluña su peculiaridad dentro del organismo histórico español. El fondo histórico del problema no se puede ignorar y, tanto más entre nosotros, un pueblo en el que la formación de la conciencia del pasado se ha dejado al arbitrismo ideológico, sin que hubiera, durante mucho tiempo, una verdadera preocupación por proyectarla con sentido nacional. Cataluña como Castilla, Asturias, Navarra o Aragón son regiones históricas que han entrado en la comunidad nacional con una personalidad muy forjada en sus costumbres, mentalidad, sistema jurídico, estructuras sociales y hasta en orden al desarrollo económico. La ordenación centralista y el uniformismo administrativo, que en España son de planta borbónica, aun cuando hayan fortalecido el aparato administrativo de la soberanía del Estado, no han logrado siempre potenciar el espíritu regional hasta el máximo de sus posibilidades nacionales y en algunos casos han dejado posos de resistencia, que han producido un fondo susceptible de ser agitado por desviaciones ideológicas y facciones políticas’
En suma, prevalece sin fisuras el principio de la unidad de la nación española, despreciando por insignificantes y faltos de arraigo los nacionalismos periféricos. Las leves concesiones que se apuntan al reconocer el hecho diferencial regional, no pasan de leves concesiones folclóricas relegadas al ámbito privado. No olvidemos que Aznar en su día fijo que hablaba catalán en la intimidad. Distintos personajes, pero los mismos instintos centralistas que ahora parecen de nuevo crecer amparados en la realidad de la crisis económica
Día tras día asistimos al desmoronamiento del proyecto europeísta que nació en 1957 con la creación del Mercado Común integrado por Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. La España de Franco no solicitó su adhesión hasta 1962 y tardó casi 25 años en conseguirla.
Los momentos de tensión siempre han provocado un debilitamiento del proyecto y el fraccionamiento de los países integrados. Es lo que está pasando ahora, inmersos en la mayor crisis económica desde la Gran Depresión del 29. Lo que pretendo mostrar es el carácter utópico de esos “Estados Unidos de Europa” que tanto se han pregonado, porque ignora las profundísimas diferencias culturales y económicas que se dan entre los distintos países, e incluso entre las diversas regiones de cada país.
El dilema se planteó muy pronto en el Mercado Común al presentarse dos caminos alternativos y enfrentados entre sí, para avanzar en la vía política. En mayo de 1959 el Consejo comunitario decidió acelerar el proceso de instauración del mercado único, auténtico golpe de efecto que convenció a los escépticos respecto al futuro del Mercado Común. Pero al intentar poner las bases del edificio político, apareció la brecha entre el planteamiento federal (Benelux, Italia) y el confederal (Francia). Los federalistas querían en efecto construir una auténtica y radical unión política, con plena cesión de soberanía por parte de los países. El segundo modelo de unión, conocido como la “Europa de las Patrias” es el que De Gaulle plantearía a Adenauer en julio de 1960. Se basaba en la preponderancia de los Estados (Consejo de Ministros) sobre las instituciones comunitarias (Comisión Ejecutiva), y en el abandono del papel tutelar de los Estados Unidos (todo ello en pleno proceso de integración norteamericana enla OECE). La solución adoptada afectaría al fundamento de la Comunidad porque la elección entre un modelo u otro tendría implicaciones cruciales: una simple unión aduanera o la plena integración política. La actitud francesa suponía un grave impedimento para la construcción europeísta, como lo fuera en su momento la de Mendès France. La reacción en Europa a este movimiento francés fue crítica: la prensa alemana destacó la escasa coincidencia con el modelo francés de integración. Sigue leyendo
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