El hundimiento de las Bolsas de todo el mundo se interpreta como un signo de mala sanidad económica. Pero las “bolsas” no son seres biológicos susceptibles de contagio por virus como el COVID-19.
Son otro mito ultraliberal que, ingenuamente, nos hemos tragado como indicador de «salud» de las economías, una especie de magia del mundo paralelo capitalista. Pero sólo es otra enorme falacia (como el traje nuevo del emperador, el «american way of life» y otros mitos ultraliberales) que disfraza un cruel casino de juego desproporcionado en el que los ricos («la banca») hacen que los incautos pierdan sus ahorros con cualquier excusa peregrina.
Los episodios de «pánico bursátil», son periódicos («toca» recoger beneficios) y no demasiado generalizados (para que no se vea el truco); aunque, en ocasiones (como la excusa global de una pandemia) pueden ser demoledores (para hacer tabla rasa, apropiárselo todo en unos días). Momentos estelares (como el «Crack del 29 en Wall Street») en que los buitres oportunistas de la crueldad y la desgracia humana deciden acabar su tramposa partida cuando todos los pequeños y algunos medianos ya lo han perdido todo a costa de los dueños del casino, inventores y retocadores de sus falaces «reglas de juego».
Este mecanismo, que retroalimenta al capitalismo salvaje, no sólo demuestra su gran mentira sino su descomunal indecencia, tan cobarde como sanguinaria; y también que el dinero y su acaparamiento siempre controlan nuestras vidas (al controlar el poder económico que, a su vez, controla los poderes político, legislativo y judicial) porque sus dueños otorgan al dinero en sí mismo mucho más valor que al trabajo, el esfuerzo y la solidaridad humanos juntos.
Debemos denunciar la indecencia del enriquecimiento con las desgracias humanas, decir «no va más» y cerrar este cruel casino de poderosos divirtiéndose mientras hacen caja con la ruina y la muerte de los más inocentes y vulnerables.
Si hay algo que ya ha demostrado demasiadas veces su crueldad inhumana es este capitalismo ultraliberal de bolsa-casino. No sigamos permitiéndoles que «hagan juego» con nuestra dignidad y nuestras vidas.
Pobreza
¿Es hora de cerrar los bancos de alimentos?
Los bancos de alimentos se han convertido en un serio obstáculo en la lucha contra la pobreza. Al prometer “acabar con el hambre” alimentando a los hambrientos, dan la tranquilizadora ilusión de que nadie tiene hambre – o si la padecen, es por su culpa. Nos alejan de la dura realidad en la que millones de personas carecen de las necesidades básicas de subsistencia.
Es hora de cerrar los bancos de alimentos. He llegado a esta conclusión después de 18 años de investigación sobre la alimentación, el hambre y la pobreza; de trabajar como voluntaria en bancos de alimentos; de servir en una Junta de Bancos de Alimentos; y de participar recientemente en un desafío en el que comí de una cesta de un banco de alimentos típico durante tres días.
El primer problema es que los bancos de alimentos nunca pueden acabar con el hambre.
La mayoría de las personas que podrían ser clasificadas oficialmente como “hambrientas” simplemente no las usan. En la única encuesta nacional que se molestó en preguntar (realizada por Human Resources Development Canada), uno de cada cuatro canadienses hambrientos utilizaba bancos de alimentos. Muchos prefieren pasar hambre que aceptar la caridad. O prefieren dejar la comida para aquellos que, se dicen a sí mismos, “realmente” la necesitan.
Las investigaciones demuestran que incluso los que utilizan los bancos de alimentos pasan hambre. Esto se debe a que los bancos de alimentos sólo pueden suministrar lo que se dona. Dada la abrumadora demanda de sus servicios y su limitada oferta, los bancos de alimentos deben racionar la cantidad que proporcionan a sus clientes. La mayoría de los hogares se limitan a una cesta mensual.
Nadie quiere que los canadienses pasen hambre. Esta reacción llevó a la creación de bancos de alimentos en primer lugar. Eso fue a principios de la década de 1980, cuando una profunda recesión incrementó el desempleo. Las personas de buen corazón que los iniciaron pensaron que los bancos de alimentos serían una respuesta a corto plazo. Ahora son una característica normal de nuestro paisaje.
No estoy tratando de culpar a los bancos de alimentos. El personal y los voluntarios que alimentaron a casi 900.000 canadienses el año pasado son cariñosos y dedicados, y trabajan arduamente para reducir las indignidades de la caridad para aquellos que la reciben. Pero los bancos de alimentos son incapaces de hacer lo que prometen. Permiten que algunas personas experimenten menos hambre. Sin embargo, el problema es demasiado grande para que las organizaciones benéficas de base comunitaria puedan resolverlo. Los bancos de alimentos han tenido 25 años para “acabar con el hambre”. En cambio, la demanda sigue creciendo. Es hora de dejar de aplicar una “solución” que no funciona.
Los bancos de alimentos también cumplen muchas funciones no deseadas. Para empezar, aquellos de nosotros que donamos, somos voluntarios o participamos en campañas de recolección de alimentos nos “sentimos bien” por marcar la diferencia en la vida de los demás. Pero tenemos que mirar más allá de este aspecto de nuestras experiencias de voluntariado.
Los bancos de alimentos permiten a los gobiernos eludir su obligación de garantizar la seguridad de las rentas para toda persona. Socavan la solidaridad social y la cohesión social al dividirnos en “nosotros” (los que dan) y “ellos” (los que reciben).
Los bancos de alimentos son buenos para las corporaciones, especialmente las corporaciones de alimentos. Pueden utilizar los bancos de alimentos para descargar los alimentos comestibles que no pueden vender, y luego anunciarse como empresas que se preocupan. Y llevar a cabo campañas de recolección de alimentos en toda la empresa aumenta la moral de la empresa. Ninguno de estos beneficios corporativos son problemáticos en sí mismos, pero significan que las corporaciones tienen un interés personal en el status quo.
Los bancos de alimentos nunca podrán resolver el problema de la pobreza. Es hora de que nuestros gobiernos rindan cuentas con respecto a su obligación de garantizar que todos los canadienses tengan un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar.
Dar de comer a los hambrientos es una respuesta sencilla que todos apoyan. Luchar contra la pobreza significa luchar con diversas ideas sobre las causas y las soluciones. Es hora de empezar esa conversación política. Pero primero tenemos que eliminar el obstáculo en que se han convertido los bancos de alimentos.
Elaine Power, profesora asociada de la Escuela de Kinesiología y Estudios de la Salud de la Universidad de Queen’s
Los logros sociales de Franco
No puedo evitar ver con tristeza cómo algunos atribuyen a la dictadura de Franco logros ajenos, más allá de propaganda y noticias falsas aquí tenéis la verdad.
Franco no creó la seguridad social – La seguridad social se inicia a través de la comisión de reformas sociales de 1883 y es en 1900 cuando se comienzan a aplicar. La seguridad social queda institucionalizada en 1908 a través del instituto nacional de previsión.
Franco no creó las magistraturas de trabajo – Las magistraturas de trabajo se aprueban por la ley de jurados mixtos del 7 de Mayo de 1931 por parte del ministro de trabajo Francisco Largo Caballero.
Franco no creó las vacaciones pagadas – Las primeras vacaciones pagadas se aprobaron en 1918 a los funcionarios del estado, en 1919 a los oficiales de la marina mercante y en 1931 la ley de contratos de trabajo lo reconocía para todos los trabajadores.
Franco no creó el sistema de pensiones – En 1919 el instituto nacional de previsión establece la imposición de la obligatoriedad de las pensiones y es en 1931 cuando se recoge constitucionalmente y se desarrolla como un seguro unificado para todos los trabajadores
Franco no industrializó España – La guerra destruyó la industria Española y la época de autarquía comprendida entre 1939 y 1957 acabó con los restos. España no recupera el nivel industrial previo a 1936 hasta el año 1970 según datos del banco mundial.
Franco no creó pantanos – Los pantanos fueron programados en el plan Badajoz de 1933 y desarrollados por el ministro de Industria Indalecio Prieto. El plan Badajoz comenzó a gestarse a principios del siglo XX.
Franco no fundó ni Telefónica ni Iberia – Telefónica se funda por iniciativa privada en 1924 e Iberia de forma similar en 1927.
Franco no estableció las primeras ayudas a las familias numerosas – Las primeras ayudas a familias numerosas se establecen el 21 de Junio de 1926 a través del Real Decreto Ley de protección a las familias numerosas de funcionarios públicos y de clase obrera.
Franco no creó las VPO – Las viviendas de protección oficial se crean mediante la ley de casas baratas del 13 de junio de 1911 y se desarrolla a través de un sistema de fundaciones que comienzan a ofrecer viviendas protegidas en 1913.
Franco no nos metió en el capitalismo – El capitalismo moderno entendido como liberalismo político de corte industrial se desarrolla en españa en el siglo XIX, esto es directamente una estupidez.
Franco no nos metió en la ONU – La ONU bloqueó la entrada de España por ser una dictadura, diez años después se desbloquea la entrada por presión de EEUU.
Franco hizo que el país creciera al 7% – Una burbuja pagada por el estado que duró 10 años, con una recesión previa brutal en la época de la autarquía.
España no era la 8ª Economía del mundo a su muerte – fue la 10ª según datos del BM, durante la restauración en el siglo XIX y principios del XX era la 6º según la misma fuente.
Con Franco el paro no era inapreciable – La monitorización del paro no empieza en España hasta 1973, pero raro es que hubiera paro después de una guerra y en los años posteriores.
Franco si cobraba impuestos – solo que su gestión además de corrupta era ineficiente. La aplicación del IVA tampoco se hacía en ningún país europeo hasta los inicios del proyecto económico europeo.
Pobres: del bienestar a la caridad
1. Los datos de la vergüenza
La “marca” España tiene su contraportada. Una lista llena de números rojos. Son los números más vergonzantes que un Estado que alardea de social pueda presentar. Quizás por eso se obvian, se maquillan, se ignoran o incluso se banalizan. Pero están ahí. Son los números de la pobreza, la exclusión, el paro, la tasa de protección por desempleo, la pobreza infantil o la calidad de sus Servicios Sociales. Estos números bailan al compás de una crisis que se iniciara en 2008 y cuyo final algunos certifican, mientras otros, los muchos, continúan padeciendo. Y son esos números los que desafían los discursos hegemónicos de la clase política gobernante y el establishment mediático. Y es que en España malviven 10,2 millones de personas con una renta por debajo del umbral de la pobreza. Eso representa una tasa de pobreza del 22,3%. Sólo Rumania y Bulgaria son más pobres. España padece una epidemia de paro que llega al 18,9%. Casi tres millones de personas viven con 11,4 euros al día. Como en Angola y Bielorrusia. Más del 60% de la población española tiene dificultades para llegar a fin de mes y solo el 54% de quienes se apuntan al paro perciben algún tipo de ingreso por desempleo. La renta del empleo empeora, es decir se trabaja más desde el 2012, de hecho, los beneficios empresariales se han disparado desde entonces hasta el 200,7%, pero el coste salarial apenas ha aumentado un 0,6%. Y las mujeres se llevan la peor parte, ya que suponen el 58% de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Siete de cada diez personas que reciben los salarios más bajos son mujeres. Ellas cobran hasta un 14% menos que los hombres. Y también la juventud que logra acceder a un empleo comprueba cómo su sueldo anual es un 33% inferior respecto al de 2008.
Estos datos, por si solos, no dicen nada. Se han banalizado. Pero son arte y parte de una estrategia, de una gobernanza y de una política austericida iniciada en 2008 que se activó como consecuencia de una crisis mundial autogenerada con la intención de inaugurar una nueva manera de gobernar y gestionar el mundo.
2. El discurso neoliberal de la pobreza
Ser pobre hoy tiene un alto precio personal que se paga muy caro en el mercado del estigma asignado. Ser precario o precaria, trabajadora pobre o excluido del circuito del consumo y la normalización social no es solo una situación vivida y padecida, es también una realidad interpretada y etiquetada por el poder, que se encarga de diseñar dispositivos ideológicos y argumentales para hacer digerible y amable el discurso en torno a la pobreza y la exclusión.
3. Políticas sociales y neoliberalismo: de la protección al castigo
Dos grandes teóricos europeos nos ayudan a interpretar estas derivas, a encontrarle sentido a esta nueva gobernanza y autogobernanza ante la adversidad. Por un lado, Loïc Wacquant con su obra Castigar a los pobresincide en un nuevo gobierno de inseguridad social encaminado a modificar los desajustes sociales provocados por la desregularización de la crisis económica y la reconversión del bienestar. Por otro lado, Maurizio Lazzarato en La fábrica del hombre endeudado, reclama que “la deuda sirve para disciplinar a las personas, pues no se trata sólo de un problema contable, sino que tiene una dimensión más profunda, en la que convergen elementos morales, políticos y estratégicos”.
Y es que el neoliberalismo no es solo una ideología aséptica o un sistema segregatorio de acumulación del capital; es una herramienta de dominación y de autodominación personal y social. Porque el actual capitalismo es una picadora de carne que no sería nada sin nuestra activa colaboración. Y para ello se han articulado estrategias que transversalizan todos los sistemas sociales, económicos, culturales o políticos. Nos detendremos en los sistemas de protección social. Y es que desde hace tiempo las políticas públicas patologizan e individualizan aquellas biografías, itinerarios o sucesos que escapan a los procesos de normativización y normalización social. El sistema de salud y el de los servicios sociales victimizan los procesos personales haciendo creer al sujeto que él es el culpable de su situación. Reconversiones, paro de larga intensidad, precariedad laboral, exclusión social, pobreza endémica, divorcios, estrés, ansiedad, se envuelven en nuevas categorías gnoseológicas que explican los nuevos problemas sociales, problemas por otra parte absolutamente despolitizados en su origen, análisis y significado. Por ejemplo, los Servicios Sociales han inventado herramientas de normativización social como la Búsqueda Activa de Empleo, los acuerdos de incorporación, el itinerario de inserción y otras lindezas técnico-burocráticas, descontextualizadas de la realidad social en las que los sujetos victimizados y desautorizados se ven obligados a desprenderse de su protagonismo histórico. Ya no interesan las causas que han generado esas biografías de la pobreza, el abandono o la desesperación, como si los sujetos hubiesen elegido su propia miseria. Nada se opina sobre las condiciones y relaciones laborales, sociales, familiares, patriarcales, sexistas o de dominación. Nada sobre la inseguridad, las infraviviendas, los salarios parciales, los talleres ilegales y las múltiples formas de explotación invisible. Nada. Como si sólo nos interesara asistencializar a quienes van a la deriva, a quienes no asimilan su naufragio voluntario.
4. Gestión de la pobreza: la redención del pobre
Mientras la clase corrupta sale inmune de sus tropelías, los pobres se ven obligados a sentarse a diario ante el tribunal del Santo Estigma. Y no es una exageración. Una especie de culpabilización colectiva les obliga a rendir cuentas por su propia pobreza. A ser investigados por cobrar –los que cobran–, por percibir las ayudas que reciben: paro, subsidios de todo tipo y rentas garantizadas o rentas de inserción. A decir donde están, donde viven, con quién, donde están empadronados, si viajan o no, si salen del país o no, si se casan, se juntan o si les toca la lotería. En definitiva, un control de la propia subjetividad que ya anunciara Foucault el siglo pasado. La pobreza también tiene su propia gestión neoliberal. Una gestión que recorre de forma transversal casi todos los dispositivos de los sistemas de protección social, especialmente los de Empleo y Servicios Sociales.
Porque es aquí, en la cola del paro, en la ventanilla del desempleo o en las oficinas de los Servicios Sociales y en sus dispositivos de acompañamiento, acogida, orientación y prestación de ayudas económicas donde se han implementado dinámicas neoliberales de atención y control de la ciudadanía. Control que se realiza a través de herramientas formativas, de acompañamiento o enmarcadas en las denominadas políticas de activación y la autogobernanza amparada por el falso mito de la autonomía personal o la ilusoria empleabilidad. Muchos trabajadores pobres, precarios y precarias, subsidiados y desempleadas recorren las oficinas del SEPE y cuando no reciben ayuda aquí –hay que recordar que 1.200.000 parados no perciben ninguna prestación– acaban en los Servicios Sociales demandando Renta Garantizada. Uno de los principales dispositivos de lucha contra la exclusión social son los programas de Rentas Mínimas de Inserción cuyos destinatarios son personas con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, trabajadores y trabajadoras pobres. Estos programas contienen dos elementos: un ingreso económico mensual que varía en función de cada Comunidad Autónoma y un Itinerario Personalizado de Incorporación Social, título rumboso donde los haya para denominar un contrato entre la administración pública y la persona beneficiaria donde se pactan una serie de acciones para favorecer la supuesta inserción social a cambio de la prestación recibida. Y en estas prácticas es donde las tecnologías del yo hacen su aparición en forma de herramientas de control y dinamización neoliberal basadas en la pedagogía del déficit. Ese ese sujeto intervenido es considerado huérfano de habilidades, actitudes, aptitudes o capacidades socio personales para enfrentarse a la adversidad de su existencia. Y así nos inventamos, al amparo de directrices europeas, una serie de dinámicas que intercambiamos desde los servicios de empleo y servicios sociales con la ciudadanía más precaria. Pero nada de hablar de la estructura económica que ha generado esa desigualdad y esa exclusión del empleo. De lo que se trata es de activar herramientas que responsabilicen al sujeto, que asuma su propio desclasamiento interior y lo reactive a través de tecnologías redentoras.
La formación se configura, así, como un mito, un estadio al que llegar. Sin formación no hay paraíso, aunque el paraíso ya no exista. Y es que en los distintos programas de activación para el empleo destinados a la población desempleada y a la población que está protocolizada y monitorizada por los Servicios Sociales, la formación actúa como motor de cambio. Y esto es lo que se vende a los pobres y desempleados como productos de salvación: cursos de formación pre laboral, de formación profesional, cursos para elaborar un currículum o cómo abordar una entrevista de trabajo, aunque sea precario, o la búsqueda activa de empleo, como si los sujetos estuvieran infantilizados para tal fin, o de habilidades sociales, personales y actitudinales. O incluso para mejorar la autoestima, cuando la autoestima no se mejora si no es con un empleo digno y una resocialización igualitaria, o de habilidades sociales, como si una no las hubiera demostrado antes para soportar esa pobreza o precariedad que padece. Y el colmo es la oferta de los cursos de inteligencia emocional entendidos como recurso reparador y redentor de nuestra situación, como si los culpables del desempleo fueran fuerzas internas que haya que gestionar emocionalmente pero no políticamente.
5. Sobredosis de solidaridad social que no repara el déficit de igualdad
Frente al descalabro de los sistemas públicos de protección social, frente a la saña de los recortes en los principales seguros vitales que nos han proporcionado más o menos seguridad ante la adversidad, frente al acoso y derribo de lo público como estructura de protección; no pocos colectivos civiles y religiosos, oenegés, entidades privadas de solidaridad con y sin ánimo de lucro y grupos ciudadanos de variada tipología, han izado la bandera de la desigualdad y la pobreza como formas de solidaridad redencionista. Numerosas iniciativas sociales y de apoyo mutuo tratan de salvar a la gente de los desahucios, de la pobreza, del frío, del hambre, de los cortes de agua y luz, de la precariedad y la carencia de las necesidades más básicas. Prácticas todas ellas loables, de reconocida solvencia solidaria, de gran reconocimiento social, pero que sigilosamente se formalizan como desplazamientos de las formas de distribución garantistas procedentes de los sistemas públicos. Como si los sistemas públicos, invisibilizados y descapitalizados, por no decir despolitizados, fueran incapaces de abordar este socavón social creado por la crisis. Y esto tiene efectos secundarios de obligada lectura. Los medios de comunicación al servicio de la ideología neoliberal dominante están fabricando un discurso tras el cual ese tercer sector de carácter benéfico es presentado como el único actor posible para responder a las situaciones de emergencia, pobreza y precariedad generalizada. Y eso provoca, no ya una desconfianza en los sistemas públicos, ultrajados como ineficaces por la ideología neoliberal, sino algo mucho peor: su retirada simbólica del imaginario colectivo como correctores de las desigualdades. De ahí a aceptar la caridad bien entendida y la beneficencia intensiva como únicas posibilidades para salir de la ciénaga vital, va solamente un paso: la aceptación merecida de la pérdida de ciudadanía reconvertida ahora en un sucedáneo de ciudadanía premiada con prestaciones graciables.
Pero la cuestión de fondo es cómo esa ingente sobredosis e inflación de solidaridad horizontal entre iguales se está convirtiendo, por acción u omisión de los sistemas públicos de protección ultrajados y descapitalizados, en la estrategia dirigida e invisibilizada de la nueva gestión neoliberal de la pobreza. Porque esta instauración de la caridad privada, la que nos sale del alma, con vocación social y aceptada como un valor innato de la gente a pie de obra y voluntarios de todo tipo y condición, está contribuyendo al apuntalamiento discursivo del final del estado social y democrático de derecho. Porque esa caridad bien entendida rompe, a sabiendas o no, con el principio de igualdad vital en democracia social. Cuesta decirlo, pero en esto también, como dice Marta Sanz, los que creen que no forman parte del discurso dominante cada día lo apuntalan más.
(artículo de Paco Roda)
El compromiso no es dar pan, es luchar
Si reparto pan entre los pobres soy bueno,
si les explico por qué no tienen pan me acusan de terrorista.
(Leonardo Boff, teólogo de la Liberación)
El mundo del siglo XXI forma un sistema, un todo relacionado en el que no solamente se dan flujos económicos, sino también políticos, culturales y militares, y ese sistema-mundo es capitalista. Está movido por la acumulación incesante de capital y produce, para su funcionamiento, una diferenciación social entre los estados pero también dentro de ellos dando como fruto la pobreza capitalista.
Cualquier estudio sobre pobreza debería de recoger un análisis de la estructura económica en la que están inmersos los sujetos, para determinar porque factores se está concentrando la riqueza, y que elementos redistributivos no están cumpliendo realmente su función para que las bolsas de pobreza no solo persistan sino que además se extiendan.
Pero el análisis de la desigualdad debería ir más allá de análisis estadísticos de distribución de rentas y riquezas y añadir análisis de distribución del poder. El poder es la variable fundamental que configura los procesos de desigualdad social. El poder permite a una clase social (financiera-empresarial) imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia. Con ello la noción de clase social se ubica en el centro de la economía, donde el poder y antagonismo de clases son elementos claves en la distribución de los recursos.
Según el Banco de España (2008), el 19% de la población española controla el 77,5% del PIB. La alta concentración de riqueza en los países del sur europeo es consecuencia de la concentración del poder, que diseña la distribución primaria de los recursos (mercado laboral) y la distribución secundaria (intervención del sector público para corregir o agrandar el desequilibrio primario).
La alta concentración de rentas en distribución primaria es consecuencia de la gran precarización del mercado laboral que se extiende en una doble vertiente: altas tasas de desempleo y precarización de contratos y salarios. Pero esto no es el resultado de la libre economía, sino de la intervención publica desprotegiendo por ley a los trabajadores y permitiendo, también por ley, salarios de pobreza regulados por un SMI que es un tercio inferior al SMI de la eurozona. Con lo cual, gracias a la intervención pública, la pobreza se extiende entre la población activa, donde cada vez más pobres son trabajadores con empleo.
El poder público (en todos sus estamentos y ámbitos territoriales) en su ‘distribución secundaria’ (fiscalidad y gasto público) ayuda a concentrar más la renta, llenando las arcas públicas con los impuestos de la población precarizada (IRPF e IVA) a la vez que practica una alta permisibilidad al fraude fiscal lavado periódicamente con amnistías fiscales. Y lo que es más grave, esta recaudación fiscal se destina en su gran mayoría a sostener el entramado de poder y a pagar lo que este poder demanda (trasvase de dinero al sector financiero, tapar los ‘agujeros’ de la especulación, grandes infraestructuras, subvenciones a sus actividades especulativas, etc.), dejando migajas de caridad a los más necesitados (bajada constante de la Renta de Garantía de Ingresos, precarización de las pensiones, de la prestación por desempleo, de ayudas a las familias, etc.)
El creciente peso de la deuda pública está hipotecando el verdadero gasto social de toda la década que viene, donde la recaudación será absorbida casi en exclusiva por el pago de la deuda y el propio mantenimiento burocrático del sector público.
El principal punto en común de los colectivos en situación de pobreza es la ausencia de ocupación estable en sus personas principales, asociándose este factor de riesgo a la extranjería, la monoparentalidad y a la juventud.
Es fundamentalmente la actuación pública –en el mercado laboral, la fiscalidad y la protección social– la que ha propiciado que lo que comenzó como una crisis financiera derivara en crisis económica y después laboral y se haya convertido en una importante crisis social que amenaza con crear y perpetuar una infraclase.
El vertiginoso aumento de la pobreza severa implica un importante riesgo de fractura social que afecta a toda la población. Supone un claro cuestionamiento de los derechos sociales básicos. Es por ello que se hace necesaria una intervención desde el sector público contraria a la tendencia actual, que consiga frenar el aumento de la población en situación de pobreza severa. En este contexto creemos necesario destacar que la actuación resulta no solamente necesaria para garantizar los derechos sociales de estas personas sino también viable, solamente con mantener la presión fiscal del año 2007 se podrían mantener los gastos sociales en los niveles anteriores a la crisis, que aún entonces eran insuficientes y que ahora son claramente deficientes.
Pero la actuación pública no solamente es la de realizar una política de protección social suficiente, sino la de proteger con leyes los derechos laborales y salariales, actuando precisamente en dirección contraria en cada nueva ‘reforma laboral’. Determinar el umbral de pobreza es básico para determinar el número de personas que se sitúan por debajo, y el método estadístico utilizado para medirlo no es neutral. Para atajar el problema de la pobreza creciente creemos imprescindible tomar ya dos medidas:
– El Salario Mínimo no debería nunca de ser inferior al 50% del PIB per cápita (en ciertos países miembros como en Francia es superior a este 50%). A falta de competencias, no deberían tolerarse convenios colectivos con salarios por debajo a este indicador
– El Salario Social o Renta de Garantía de Ingresos no debería nunca de ser inferior al 37,5% del PIB per cápita, que pasaría a ser considerado el umbral de pobreza. Y ninguna persona, pensionista, trabajadora precaria, o desempleada debería de recibir menos de este importe. A falta de competencias en pensiones y prestaciones por desempleo, las instituciones deberían complementar las rentas de estas personas.
Teniendo en consideración que las causas de la exclusión no aparecen por azar ni son coyunturales, son claramente estructurales, se hace necesario admitir que la exclusión social es el resultado de una determinada estructura social, política, cultural y económica. La propia organización pública y social, directa o indirectamente, es la que genera ‘poblaciones sobrantes’.
A España le aguarda el desarrollo de una nueva economía política, fertilizada en la práctica de un pensamiento crítico sobre el poder. Y el reto de una comprensión radical del sector público, en el sentido de descubrir que nuestra entera existencia está condicionada por un diseño político-económico que es construido desde la oligarquía de clase, para, a su vez, construirnos a nosotros en nuestras relaciones económicas diarias, que se extienden al trabajo, la vivienda, el consumo, etc. Ese descubrimiento es esplendoroso pues nos revela que las cosas, nosotros mismos podríamos ser de otra manera y que por lo tanto también podemos decidir qué sector público, qué modelo económico, qué presupuestos, qué modo de vida queremos, en definitiva nuestro verdadero autogobierno.
Informe de Cáritas sobre la pobreza
El 15% de los trabajadores son pobres, casi el 45% de los parados están en situación de pobreza, más de 700.000 hogares no tienen ingresos y un millón de personas están en riesgo de exclusión social muy severa. Con esta radiografía, Cáritas alerta de que, a pesar de la supuesta recuperación económica y de los vaivenes de los datos de empleo, aumentará la bolsa de exclusión social.
La ONG dice al Gobierno que la reducción de la pobreza no pasa solo por la creación de empleo y pide una inversión de 10.000 millones de euros que garantice la protección social de los vulnerables: la crisis ha roto España por la mitad, creando un país de dos velocidades con una enorme desigualdad económica y social entre las comunidades del norte y del sur.
El informe anual “Análisis y Perspectivas 2016” de la Fundación FOESSA, que este año se publica bajo el título Expulsión Social y Recuperación Económica, constata una España a dos velocidades en términos de exclusión social.
Natalia Peiró, directora del Área de Comunicación, Sensibilización e Incidencia de Cáritas, y Guillermo Fernández, miembro del Comité Técnico de FOESSA, han alertado que “el análisis territorial de la desigualdad, la pobreza y el desempleo muestran un país a dos velocidades, y que, como consecuencia de la crisis, se ha generado un proceso de divergencia entre las Comunidades Autónomas”.
Un país a dos velocidades. La conclusión de este diagnóstico se basa en cuatro factores:
1. Las diferencias en el eje norte-sur no sólo se mantienen, sino que tienden a aumentar: mientras Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Canarias y las Islas Baleares se encontrarían en peor situación ante una eventual salida de la crisis, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón se encontrarían en mejor situación, desde el punto de vista de la pobreza, la desigualdad y el desempleo más grave.
2. En segundo lugar, los indicadores de desempleo analizados, que serían el desencadenante más claro de una buena posición de salida para la población en peor situación, muestran una recuperación muy débil y, en algunos casos, muy alejados del ritmo necesario para impulsar una reducción intensa de la pobreza y la desigualdad. De los cuatro indicadores analizados, sólo en uno de ellos hay cuatro CC.AA. que consiguen mejorar su situación desde el primer impacto de la crisis en el año 2009.
3. Las diferencias regionales de la pobreza apuntan a una salida divergente de la crisis. Esta disparidad seguirá provocando aumentos en las diferencias de desigualdad y bienestar.
4. La «situación de salida» para el conjunto de las CC.AA. ofrece una peor situación respecto a los datos recogidos en 2009 en el primer impacto de la crisis. Este resultado nos permite afirmar que la probabilidad de que aumente la bolsa de la exclusión social, a pesar del crecimiento económico, es muy elevada.
Para elaborar el Informe, los expertos de FOESSA han utilizado los indicadores que cualifican la cohesión social y miden la fractura social de un país: la desigualdad, el desempleo, la pobreza y la exclusión social. Y se evalúan en qué medida las CC.AA. parten con mayores fortalezas y debilidades. Se ha comparado el año 2009, en el que se produjo el primer impacto de la crisis, con el período 2014-16, donde los datos económicos y de desempleo comienzan a cambiar. La lectura de estos indicadores muestra estos resultados.
Renta
Los ingresos de los hogares han caído espectacularmente desde el primer impacto de la crisis, con una reducción que supera el 10%.
Las CC.AA. con mayor renta media inicial experimentan las menores caídas, de manera que aunque las posiciones relativas en el ranking se mantienen casi constantes, las diferencias entre regiones aumentan en este período.
Desigualdad
Las diferencias han aumentado y las rentas medias se han reducido, lo que ha producido un hundimiento de las rentas más bajas. En la mayor parte de las CC.AA. el 20% más rico de la población está soportando mejor la crisis. Andalucía, Asturias y Castilla-La Mancha son las CC.AA. donde el 20% más pobre ha caído más. Las dos únicas CC.AA. donde ha crecido la renta de los más ricos han sido Aragón y Galicia.
Las variaciones en la desigualdad en las CC.AA. indican que existen diferentes razones que las originan y que ahondan en la heterogeneidad territorial de nuestro país. Por ejemplo, mientras Navarra apenas ha crecido en las rentas medias pero sí en los extremos, Aragón ha aumentado la desigualdad tanto en las rentas medias como entre los más ricos y los más pobres. Sigue leyendo
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