El compromiso no es dar pan, es luchar

Resultado de imagen de pobreza en españa

Si reparto pan entre los pobres soy bueno,
si les explico por qué no tienen pan me acusan de terrorista.
(Leonardo Boff, teólogo de la Liberación)

El mundo del siglo XXI forma un sistema, un todo relacionado en el que no solamente se dan flujos económicos, sino también políticos, culturales y militares, y ese sistema-mundo es capitalista. Está movido por la acumulación incesante de capital y produce, para su funcionamiento, una diferenciación social entre los estados pero también dentro de ellos dando como fruto la pobreza capitalista.

Cualquier estudio sobre pobreza debería de recoger un análisis de la estructura económica en la que están inmersos los sujetos, para determinar porque factores se está concentrando la riqueza, y que elementos redistributivos no están cumpliendo realmente su función para que las bolsas de pobreza no solo persistan sino que además se extiendan.

Pero el análisis de la desigualdad debería ir más allá de análisis estadísticos de distribución de rentas y riquezas y añadir análisis de distribución del poder. El poder es la variable fundamental que configura los procesos de desigualdad social. El poder permite a una clase social (financiera-empresarial) imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia. Con ello la noción de clase social se ubica en el centro de la economía, donde el poder y antagonismo de clases son elementos claves en la distribución de los recursos.

Según el Banco de España (2008), el 19% de la población española controla el 77,5% del PIB. La alta concentración de riqueza en los países del sur europeo es consecuencia de la concentración del poder, que diseña la distribución primaria de los recursos (mercado laboral) y la distribución secundaria (intervención del sector público para corregir o agrandar el desequilibrio primario).

La alta concentración de rentas en distribución primaria es consecuencia de la gran precarización del mercado laboral que se extiende en una doble vertiente: altas tasas de desempleo y precarización de contratos y salarios. Pero esto no es el resultado de la libre economía, sino de la intervención publica desprotegiendo por ley a los trabajadores y permitiendo, también por ley, salarios de pobreza regulados por un SMI que es un tercio inferior al SMI de la eurozona. Con lo cual, gracias a la intervención pública, la pobreza se extiende entre la población activa, donde cada vez más pobres son trabajadores con empleo.

El poder público (en todos sus estamentos y ámbitos territoriales) en su ‘distribución secundaria’ (fiscalidad y gasto público) ayuda a concentrar más la renta, llenando las arcas públicas con los impuestos de la población precarizada (IRPF e IVA) a la vez que practica una alta permisibilidad al fraude fiscal lavado periódicamente con amnistías fiscales. Y lo que es más grave, esta recaudación fiscal se destina en su gran mayoría a sostener el entramado de poder y a pagar lo que este poder demanda (trasvase de dinero al sector financiero, tapar los ‘agujeros’ de la especulación, grandes infraestructuras, subvenciones a sus actividades especulativas, etc.), dejando migajas de caridad a los más necesitados (bajada constante de la Renta de Garantía de Ingresos, precarización de las pensiones, de la prestación por desempleo, de ayudas a las familias, etc.)

El creciente peso de la deuda pública está hipotecando el verdadero gasto social de toda la década que viene, donde la recaudación será absorbida casi en exclusiva por el pago de la deuda y el propio mantenimiento burocrático del sector público.

El principal punto en común de los colectivos en situación de pobreza es la ausencia de ocupación estable en sus personas principales, asociándose este factor de riesgo a la extranjería, la monoparentalidad y a la juventud.

Es  fundamentalmente la actuación pública –en el mercado laboral, la fiscalidad y la protección social– la que ha propiciado que lo que comenzó como una crisis financiera derivara en crisis económica y después laboral y se haya convertido en una importante crisis social que amenaza con crear y perpetuar una infraclase.

El vertiginoso aumento de la pobreza severa implica un importante riesgo de fractura social que afecta a toda la población. Supone un claro cuestionamiento de los derechos sociales básicos. Es por ello que se hace necesaria una intervención desde el sector público contraria a la tendencia actual, que consiga frenar el aumento de la población en situación de pobreza severa. En este contexto creemos necesario destacar que la actuación resulta no solamente necesaria para garantizar los derechos sociales de estas personas sino también viable, solamente con mantener la presión fiscal del año 2007 se podrían mantener los gastos sociales en los niveles anteriores a la crisis, que aún entonces eran insuficientes y que ahora son claramente deficientes.

Pero la actuación pública no solamente es la de realizar una política de protección social suficiente, sino la de proteger con leyes los derechos laborales y salariales, actuando precisamente en dirección contraria en cada nueva ‘reforma laboral’. Determinar el umbral de pobreza es básico para determinar el número de personas que se sitúan por debajo, y el método estadístico utilizado para medirlo no es neutral. Para atajar el problema de la pobreza creciente creemos imprescindible tomar ya dos medidas:

– El Salario Mínimo no debería nunca de ser inferior al 50% del PIB per cápita (en ciertos países miembros como en Francia es superior a este 50%). A falta de competencias, no deberían tolerarse convenios colectivos con salarios por debajo a este indicador
– El Salario Social o Renta de Garantía de Ingresos no debería nunca de ser inferior al 37,5% del PIB per cápita, que pasaría a ser considerado el umbral de pobreza. Y ninguna persona, pensionista, trabajadora precaria, o desempleada debería de recibir menos de este importe. A falta de competencias en pensiones y prestaciones por desempleo, las instituciones deberían complementar las rentas de estas personas.
Teniendo en consideración que las causas de la exclusión no aparecen por azar ni son coyunturales, son claramente estructurales, se hace necesario admitir que la exclusión social es el resultado de una determinada estructura social, política, cultural y económica. La propia organización pública y social, directa o indirectamente, es la que genera ‘poblaciones sobrantes’.

A España le aguarda el desarrollo de una nueva economía política, fertilizada en la práctica de un pensamiento crítico sobre el poder. Y el reto de una comprensión radical del sector público, en el sentido de descubrir que nuestra entera existencia está condicionada por un diseño político-económico que es construido desde la oligarquía de clase, para, a su vez, construirnos a nosotros en nuestras relaciones económicas diarias, que se extienden al trabajo, la vivienda, el consumo, etc. Ese descubrimiento es esplendoroso pues nos revela que las cosas, nosotros mismos podríamos ser de otra manera y que por lo tanto también podemos decidir qué sector público, qué modelo económico, qué presupuestos, qué modo de vida queremos, en definitiva nuestro verdadero autogobierno.

Informe de Cáritas sobre la pobreza

El 15% de los trabajadores son pobres, casi el 45% de los parados están en situación de pobreza, más de 700.000 hogares no tienen ingresos y un millón de personas están en riesgo de exclusión social muy severa. Con esta radiografía, Cáritas alerta de que, a pesar de la supuesta recuperación económica y de los vaivenes de los datos de empleo, aumentará la bolsa de exclusión social.Contenedores

La ONG dice al Gobierno que la reducción de la pobreza no pasa solo por la creación de empleo y pide una inversión de 10.000 millones de euros que garantice la protección social de los vulnerables: la crisis ha roto España por la mitad, creando un país de dos velocidades con una enorme desigualdad económica y social entre las comunidades del norte y del sur.

El informe anual “Análisis y Perspectivas 2016” de la Fundación FOESSA, que este año se publica bajo el título Expulsión Social y Recuperación Económica, constata una España a dos velocidades en términos de exclusión social.

Natalia Peiró, directora del Área de Comunicación, Sensibilización e Incidencia de Cáritas, y Guillermo Fernández, miembro del Comité Técnico de FOESSA, han alertado que “el análisis territorial de la desigualdad, la pobreza y el desempleo muestran un país a dos velocidades, y que, como consecuencia de la crisis, se ha generado un proceso de divergencia entre las Comunidades Autónomas”.

Un país a dos velocidades. La conclusión de este diagnóstico se basa en cuatro factores:

1. Las diferencias en el eje norte-sur no sólo se mantienen, sino que tienden a aumentar: mientras Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Canarias y las Islas Baleares se encontrarían en peor situación ante una eventual salida de la crisis, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón se encontrarían en mejor situación, desde el punto de vista de la pobreza, la desigualdad y el desempleo más grave.

2. En segundo lugar, los indicadores de desempleo analizados, que serían el desencadenante más claro de una buena posición de salida para la población en peor situación, muestran una recuperación muy débil y, en algunos casos, muy alejados del ritmo necesario para impulsar una reducción intensa de la pobreza y la desigualdad. De los cuatro indicadores analizados, sólo en uno de ellos hay cuatro CC.AA. que consiguen mejorar su situación desde el primer impacto de la crisis en el año 2009.

3. Las diferencias regionales de la pobreza apuntan a una salida divergente de la crisis. Esta disparidad seguirá provocando aumentos en las diferencias de desigualdad y bienestar.

4. La «situación de salida» para el conjunto de las CC.AA. ofrece una peor situación respecto a los datos recogidos en 2009 en el primer impacto de la crisis. Este resultado nos permite afirmar que la probabilidad de que aumente la bolsa de la exclusión social, a pesar del crecimiento económico, es muy elevada.

Para elaborar el Informe, los expertos de FOESSA han utilizado los indicadores que cualifican la cohesión social y miden la fractura social de un país: la desigualdad, el desempleo, la pobreza y la exclusión social. Y se evalúan en qué medida las CC.AA. parten con mayores fortalezas y debilidades. Se ha comparado el año 2009, en el que se produjo el primer impacto de la crisis, con el período 2014-16, donde los datos económicos y de desempleo comienzan a cambiar. La lectura de estos indicadores muestra estos resultados.

Renta

Los ingresos de los hogares han caído espectacularmente desde el primer impacto de la crisis, con una reducción que supera el 10%.

Las CC.AA. con mayor renta media inicial experimentan las menores caídas, de manera que aunque las posiciones relativas en el ranking se mantienen casi constantes, las diferencias entre regiones aumentan en este período.

Desigualdad

Las diferencias han aumentado y las rentas medias se han reducido, lo que ha producido un hundimiento de las rentas más bajas. En la mayor parte de las CC.AA. el 20% más rico de la población está soportando mejor la crisis. Andalucía, Asturias y Castilla-La Mancha son las CC.AA. donde el 20% más pobre ha caído más. Las dos únicas CC.AA. donde ha crecido la renta de los más ricos han sido Aragón y Galicia.

Las variaciones en la desigualdad en las CC.AA. indican que existen diferentes razones que las originan y que ahondan en la heterogeneidad territorial de nuestro país. Por ejemplo, mientras Navarra apenas ha crecido en las rentas medias pero sí en los extremos, Aragón ha aumentado la desigualdad tanto en las rentas medias como entre los más ricos y los más pobres. Sigue leyendo