PP

de

Abascal, Rivera, Casado: la guerra de los clones

Cortados por «las mismas tijeras»… Aleccionados por los mismos poderes, disfrazados con los mismos trajes, sin pisar las «líneas rojas» impuestas por los que «realmente» mandan…

Se llaman a sí mismos «constitucionalistas», aunque se salten los artículos de la Constitución que en cada momento convenga a los poderes fácticos, la vacíen de contenido en sus aspectos de derechos sociales y espacios de ejercicio democrático y control ciudadano y la modifiquen en 48 horas si así lo «ordenan» la troika o el euro-Banco Central Alemán…

Adulan, apoyan y se muestran sumisos ante una monarquía impuesta desde la dictadura. Se inclinan ante Trump y el poderío militar industrial de USA… Aceptan una Europa de desigualdades con una regresión social y política en aumento, que además vuelve la espalda a inmigrantes que llegan a nuestras tierras empujados precisamente por guerras y penurias provocadas por la ambición y el expolio que nacen de esas llamadas «potencias democráticas de Occidente»…

Y ahora, con un margen de maniobra inferior al 1% del PIB, nos harán creer que son enemigos y adversarios al mismo tiempo, que tienen programas diferentes, que sus horizontes y propuestas son totalmente distintos, que tienen alternativas para cambiar las cosas que antes no se les habían ocurrido…

Y si alguno de vosotros desconfía de este juego, se muestra critico ante una película de final tan previsible o se confronta con este mundo de ideas caducas, que generan corrupción, desigualdades, mordazas, control y manipulación de ideas, precariedad e ignorancia … entonces seréis llamados «antisistemas», populistas, comunistas… y en último extremo, para justificar lo injustificable, seréis llamados también terroristas…

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Ley Mordaza

Con los votos a favor del PP y toda la oposición en contra, la Ley de Seguridad Ciudadana fue aprobada hace tres años por las Cortes, que avalaron un texto que incrementará la libertad, según el Ejecutivo, y sobre el que, sin embargo, planea la amenaza de su derogación si cambia el Gobierno. La nueva norma sanciona un estado de falta de libertades cívicas que es muy preocupante. Estas son las conductas que son sancionables con la Ley Mordaza.

 

Faltas muy graves

(Entre 30.001 y 600.000 euros de sanción)
  1. Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas.
  2. Fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados.
  3. Celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.
  4. Proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.

Faltas graves

Entre 601 y 30.000 euros de multa
  1. Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas.
  2. La perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas.
  3. Causar desórdenes en la calle u obstaculizarla con barricadas.
  4. Impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales. Este punto sancionaría, por ejemplo, las concentraciones para impedir la ejecución de desahucios.
  5. Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia.
  6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes.
  7. Negarse a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público cuando lo ordenen las autoridades competentes cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión. Entre estos supuestos se encuentra «cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes», por lo que podría emplearse esta infracción para sancionar los llamados escraches.
  8. Perturbar el desarrollo de una manifestación lícita.
  9. La intrusión en infraestructuras críticas (que prestan servicios esenciales para la comunidad) incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento.
  10. Portar armas prohibidas o portar o usar armas de modo negligente y temerario o fuera de los lugares habilitados para ello.
  11. Solicitar y disfrutar (por parte del demandante) de servicios sexuales en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores (colegios, parques…) o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial.
  12. Fabricar, almacenar o usar armas reglamentarias o explosivos sin autorización así como la omisión o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias.
  13. Negarse a las inspecciones en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves.
  14. El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño.
  15. No colaborar con las Fuerzas de Seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.
  16. El consumo o la tenencia ilícitos de drogas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares públicos, así como el abandono de los instrumentos empleados para ello.
  17. El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas (las cundas).
  18. Plantar y cultivar drogas en lugares visibles al público.
  19. La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas en locales o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios.
  20. La carencia de los registros previstos en esta ley para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias.
  21. Dar datos falsos para la obtención de las documentaciones previstas en esta Ley.
  22. Incumplir las restricciones a la navegación reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.
  23. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.

Faltas leves

Sanciones de 100 a 600 euros
  1. La celebración de manifestaciones sin comunicar a las autoridades, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores.
  2. Exhibir de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio.
  3. Incumplir las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo.
  4. Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad.
  5. Hacer o incitar a actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena.
  6. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones.
  7. La ocupación de casas y la venta ambulante no autorizada.
  8. No denunciar la perdida o el robo de un arma.
  9. Las irregularidades en la cumplimentación de los registros previstos en esta Ley con trascendencia para la seguridad ciudadana.
  10. No tener la documentación personal legalmente exigida o no denunciar su robo o pérdida.
  11. La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida, considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año.
  12. Negarse a darle la documentación a la Policía.
  13. Causar daños a bienes muebles o inmuebles de uso público o privados que estén en la vía pública.
  14. Escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños.
  15. La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad.
  16. Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.
  17. El consumo de alcohol en lugares públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.

Con la solicitud de prórrogas sine die para acuñar una Ley de Seguridad Ciudadana que cumpla con las libertades civiles más esenciales (algo que no sucede con la impulsó el iluminado Fernández Díaz) tanto PP como C’s se posicionan, una vez más, en contra de la ONU. Rajoy y Rivera, como máximos representantes de los dos partidos conservadores, ignoran cómo las Naciones Unidas han cargado contra la Ley Mordaza -también lo hizo contra la reforma del Código Penal-, cómo cuestionaron que esta ley represiva se hubiera alumbrado con el único fin de “ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”. En suma, la ONU reclamó a España que “adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales”, algo que no sucede en la actualidad (aunque el Borbón tenga otra percepción mientras entona “Del Palacio de la Zarzuela, no nos moverán”).

Ni Rajoy ni Rivera hacen caso a la ONU cuando ésta, en su comunicado, recordó al Gobierno español que “los derechos a manifestarse pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”. Y eso, hoy por hoy en nuestro país, no sucede, gracias a la alianza de PP y C’s entorno al poder y los beneficios que éste les reporta.

Los expertos de la ONU fueron claros: la Ley de Seguridad Ciudadana“restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España”. A la enumeración de libertades civiles pisoteadas gracias a la complicidad de PP y C’s que enumera en su artículo Flotats, hemos de añadir cómo sólo en sus primeros 18 meses, la recaudación por multas al amparo de esta ley superaron los 131 millones de euros, aproximándose a lo que recauda el Estado en concepto de multas por exceso de velocidad.

Se están cercenando los derechos de la intocable Constitución de libertad de expresión, derecho de reunión y de manifestación. Los datos no engañan: a pesar de que siempre pudieron ser denunciados los actos por “desobediencia o resistencia a la autoridad”, no deja de ser curioso cómo en los últimos seis meses de 2015 se pusieron 4.311 multas y en 2016, el triple (12.094). Es importante recalcar que, en estos mismos períodos de tiempo, las multas por “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se cifraron en 2015 en 3.130, por un valor de 469.203 euros, mientras que en 2016 en 9.497, por un importe de 3.006.761 euros.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) es otro de los organismos que ha criticado duramente la Ley Mordaza que Rajoy y Rivera blindan. RSF sostiene que la ley persigue proteger “la imagen de la policía española, limitando el derecho de los periodistas a reunir y difundir información”.  Tanto es así que, aunque a Rivera le encante darse baños de masas en Venezuela, no hace falta que cruce el Charco: gracias a la ley que él mantiene, España fue uno de los ejemplos que RSF utilizó en su informe internacional presentado en 2017 para ilustrar los retrocesos en la libertad de prensa.

Dicho de otro modo y dando peso a mi afirmación inicial de que PP y C’s son agrupaciones antidemócratas, el hecho de que España sea criticada internacionalmente por el deterioro de las libertades civiles y los derechos fundamentales es obra de los negocios que se traen entre manos Rajoy y Rivera.

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Catalunya y España se merecen algo mejor

Pero nada de nada. Res de res. Probablemente os lo impide ese acendrado nacionalismo español que empieza por negarse a sí mismo. Los nacionalistas españoles con algo de luces aseguran que no son nacionalistas, faltaría más; que todos los nacionalismos son iguales; que no hay que poner nuevas fronteras (ellos están contentos con las suyas, claro); y, si son de izquierdas, dicen ser internacionalistas cosa que, obviamente, no significa nada.

Es muy llamativo y parte de la complejidad del problema que la izquierda muestre esta incapacidad de comprender. Cataluña no es España ni antes ni después del 1/10 como se demuestra -da vergüenza recordarlo- por el hecho de que haya que decirlo. Cataluña es tierra conquistada, según dijo Fraga a Verstrynge. Está en España, pero no es España. Cataluña sabe lo que es y lo que quiere ser. España, no; ni lo que es, ni lo que quiere ser, y la mejor prueba es esta incapacidad para entender a Cataluña que raya en lo patológico. Ha sido necesario que las cosas se pudrieran durante años hasta llegar a la confrontación actual para que los socialistas empiecen a preocuparse y presenten un plan irrisorio de una comisión constitucional de reconsideración del lugar de Cataluña a sabiendas de que, con la correlación actual y previsible de fuerzas, eso es imposible. Por no hablar de ese federalismo apolillado en el que no cree nadie; ni ellos. La propuesta no solo muestra una probable mala fe de tratar de engañar a los catalanes con un señuelo parlamentario, sino que oculta algo peor: el intento de ignorar que la rebelión catalana rechaza la legitimidad del orden constitucional y que, por lo tanto, la propuesta carece de sentido dentro del sistema actual; que es una repetición del “café para todos” 40 años después.

Otra cosa sería si, entendiendo que Cataluña no es España, se propusiera una vía de negociación bilateral entre ambas que incluyera un referéndum de autodeterminación pactado. Pero, en el caso del PSOE, eso es imposible porque comparte con la derecha el nacionalismo español que le hace negarse en redondo al referéndum por una cuestión de acartonados principios borgoñones con el argumento, típicamente orgánico de todo el pensamiento reaccionario, de que la parte no puede separarse del todo, el brazo del cuerpo, la rama del árbol. Y no es esta la única bobada que comparte con el PP. También coincide en sus falacias sobre la legalidad, la Constitución, la estabilidad, la Monarquía y, en gran medida, la colonización del Estado por la Iglesia, etc, y por supuesto, el recurso a la represión y la violencia si se considera preciso, con la única salvedad de que, al tiempo que se reduce a los catalanes por la fuerza, no se deje de llamarlos al diálogo.

 Diálogo como el que ofrecía Sáenz de Santamaría mientras preparaba la guerra sucia contra la Generalitat, los procesamientos de Mas, Rigau, Ortega, Homs etc por medio de sus alguaciles en el Tribunal Constitucional, y una batería de denuncias y amenazas que alcanzan ya a los particulares que desobedezcan al TC y eso sin apoyatura jurídica alguna, simplemente por un capricho de la señora. Eso es lo que el PSOE directa y abiertamente y Podemos de forma ambigua, esquinada e hipócrita están respaldando: la actividad arbitraria de la administración con el apoyo de unos jueces sumisos y la tiranía como forma de gobierno frente a un problema que son incapaces de resolver. Y, de paso, la condonación de la guerra sucia, la organización de policías políticas, el empleo de la fuerza pública con intenciones intimidatorias, la compra y manipulación de los medios, las amenazas y campañas contra la Generalitat.

Y no solo eso. Quienes no solamente no denuncian las sistemáticas violaciones de la legalidad y el Estado de derecho, sino que las apoyan, también están siendo cómplices de la corrupción generalizada de un gobierno sostenido por un partido que es una asociación para delinquir. Y todo ello porque estos nacionalistas españoles, de derechas, de centro o de izquierdas son incapaces de entender qué está pasando en Cataluña, una sociedad dinámica y abierta empeñada en librarse de la rémora de un Estado que, tras un breve lapso de una democracia mediocre, vuelve por los fueros de los gobiernos de ladrones, meapilas y corruptos que han destruido el país. No, amigos, no entendéis nada y, después del 1º de octubre, si el sí es mayoritario, tendréis que tragar una república catalana libre, mucho mejor y más próspera que la España que deja atrás. Por mucho 155 que se quiera aplicar.

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Mentiras sobre lo que pasa en Venezuela

El 9 de enero de 2017, la Asamblea Nacional venezolana desconoció al Presidente de la República, Nicolás Maduro. Votaron a favor de ese golpe de estado constitucional todos los diputados de la oposición salvo los tres diputados del partido de Henry Falcón, quienes entendieron la gravedad de esa decisión. Venezuela es un sistema político presidencialista desde 1811, influido por el constitucionalismo norteamericano. Al Presidente le vota directamente el pueblo -a diferencia de un sistema parlamentario como el español, donde al Presidente le vota el Parlamento- y le corresponde al Presidente, que es el Jefe del Estado, la dirección del país. Cuando la Asamblea decidió desconocer el poder legítimo del Presidente se estaba poniendo al margen de la Constitución. Se colocaron por voluntad propia en desacato. La prensa internacional no dijo nada.

La gran discusión entre el Presidente Maduro y la Asamblea tiene que ver con las actas de tres diputados de Amazonas. Se ha demostrado que compraron votos entre otras muchas irregularidades, lo que obligaría a repetir la elección en esos tres casos. La Asamblea se declaró en rebeldía y decidió echar un pulso a la Presidencia de la República. A imitación del constitucionalismo europeo, cuando hay un conflicto constitucional entre poderes el Tribunal Supremo puede asumir competencias del Parlamento en los casos en que fuera necesario. Hasta un fantoche como Donald Trump ha tenido que asumir las decisiones recientes del Tribunal Supremo norteamericano. Con su tradicional irresponsabilidad, la derecha española llama a desobedecer el estado de derecho en Venezuela y la decisión del Tribunal Supremo. No me extraña de Esperanza Aguirre o Pablo Casado: el PP, especialmente en Madrid, ha financiado sus campañas electorales con dinero negro. Es decir, el PP lleva varias legislaturas usando maneras propias de golpistas. Al menos desde 1936, tienen oído musical para esa partitura. Quienes digan desde España que los venezolanos deben desoír las decisiones de su Tribunal Supremo son unos irresponsables que tiren piedras no solamente sobre el tejado venezolano, sino también sobre el nuestro. Luego tendrán la caradura de quejarse de los comportamientos al margen de la Constitución de la asamblea catalana.

Por si fuera poco, esa Asamblea dominada por la oposición proclamó que el Presidente había abandonado su cargo (algo absurdo y evidentemente falso) y propuso convocar elecciones presidenciales en el plazo de un mes. Ese intento de golpe de estado desde el Parlamento no recibió ni una sola crítica de los que ahora dicen que hay un golpe de estado en Venezuela. Entre ellos, el máximo responsable de la OEA que ayer mismo se reunía en la Ciudad de México con ex presidentes latinoamericanos procesados por lesionar los derechos humanos, y el Departamento de Estado de los EEUU. Qué curioso que justo después haya salido la petición de Almagro de enjuiciar a Venezuela desde la OEA. El papel de Almagro como  Secretario General de la OEA está haciendo mucho daño a la tan necesaria institucionalidad internacional (Pepe Mujica ya se distanció de él de manera definitiva y dejó ver a quién se había vendido). Almagro lleva varios meses mintiendo. Por ejemplo, ha dicho en dos ocasiones recientes que a Venezuela se la ha aplicado la Carta Democrática de la organización (que, tras muchos trámites -ni siquiera iniciados-, podría llevar a su expulsión como ya ocurrió con Cuba pero nunca ha ocurrido con los Estados Unidos, pese a haber promovido golpes de Estado como el de Pinochet contra Allende). Pero era mentira, como demuestra que hoy mismo ha pedido a la OEA que aplique la Carta Democrática. Ergo miente. Todo el rato. Él sabrá por qué, pero en su Uruguay natal dicen que se ha vendido por un puñado de dólares a los que siempre han querido que América Latina sea el patrio trasero norteamericano. Washington siempre busca a un criollo para hacer la tarea del traidor. Almagro no vive en Montevideo.

El Tribunal Supremo de Venezuela ha usado un artículo de la Ley de Hidrocarburos -la principal riqueza del país- que establece que los convenios internacionales y las asociaciones con grupos extranjeros deben ser aprobados por la Asamblea. Como la Asamblea está en situación jurídica de desacato, de manera que no puede -ni quiere- firmar ningún acuerdo, lo que pone en riesgo financiero a Venezuela. Es por eso que el Tribunal Supremo ha asumido las competencias estrictas de la Asamblea para la aprobación de esos contratos, de manera que el país pueda asumir los compromisos necesarios en un momento económicamente complicado por el hundimiento de los precios del petróleo (preguntémonos en España qué pasaría si se hundiera un 80 % el turismo).

El Tribunal Supremo no ha disuelto la Asamblea ni se han convocado nuevas elecciones para elegir nuevos diputados. Lo contrario de lo que están diciendo los medios de comunicación. Lo único que está haciendo el tribunal supremo es asumir unas competencias concretas para evitar que Venezuela se paralice mientras dure el desacato. Si los diputados de la oposición quisieran, el desacato desaparecería de inmediato -bastaría con que cesaran en su desconocimiento del Presidente de la República y que reconocieran que los tres diputados elegidos en la Amazonía no pueden hacer uso de su acta debido a las muchas irregularidades probadas-, pero les resulta mucho más rentable seguir regalando falsas portadas a la prensa internacional. La derecha internacional, esa que se regala entre sí viviendas oficiales y que tiene una trama global de fondos buitres -donde están los Aznar, Botella, sus hijos, De Guindos, Rato, Aguirre y toda esa tropa de malos españoles donde también se ha colado algún “socialista” como Felipe González- quiere tumbar a Venezuela, igual que han hecho con Dilma Rousseff en Brasil. ¿Quién que no esté vendido a esos intereses puede decir que asumir de manera temporal unas competencias esenciales para firmar unos contratos sin los cuales un país se quedaría entregado a los capitales internacionales es un golpe de Estado? ¿No son acaso los mismos que ven “normal” desconocer al Presidente del Gobierno y llamar a nuevas elecciones? Demasiados hipócritas.

Venezuela necesita mucho diálogo. El choque entre instituciones es malo para el país. Esa debiera ser la tarea de España: ayudar al diálogo. En todo el continente latinoamericano. En México han asesinado este último mes a tres periodistas (¿Nos imaginamos lo que pasaría si hubieran asesinado a tres periodistas en Caracas?) y hay al menos 30.000 desaparecidos. El día a día de México es la aparición de fosas con cadáveres, la trata, el asesinato de mujeres, la desaparición de líderes sociales, la creciente pobreza y desigualdad junto a una impunidad del Estado estremecedora. Aún lloran en México a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el Presidente Peña Nieto se ríe de las víctimas no reconociendo las lagunas que apuntan al ejército, a la policía y a políticos vinculados al narco en la desaparición de las muchachas y muchachos. Parece que el PP y sectores del PSOE quieren ver a Venezuela convertida en México.  Para seguir la trama de los negocios.

Hay mercenarios que desearían abocar a Venezuela a una guerra civil. Creen que así podrían volver a recuperar el paraíso que tenían cuando controlaban el petróleo contra los venezolanos y venezolanas. Se equivocan, porque el pueblo venezolano no va a permitir que eso ocurra. Apuntar en esa dirección es querer llevar a Venezuela a un escenario terrible como los que ha creado la OTAN y las potencias occidentales en Oriente Medio. Ojalá el Estado de derecho que forma parte de los logros civilizatorios de Europa pueda funcionar también en Venezuela.  Esa es la principal tarea en la que podríamos colaborar los españoles en ese país: ayudar a reforzar el Estado de derecho. Aunque el PP de la Gürtel y la Púnica ¿qué va a enseñar?

Fue el diario El país el que celebró el golpe de estado contra Chávez en 2002 y fue el Presidente Aznar el que ordenó a nuestro Embajador a reunirse con el Presidente golpista. Ayudemos a que no vuelva a ocurrir nada de esto. Para ello, es esencial que los que no tienen otros intereses que los del dinero, dejen a la justicia funcionar. Y que nadie sea tan hipócrita para pedir en otros países lo que no pedimos para el nuestro. Sigue leyendo →

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Cuidado con lo que se avecina

CUIDADO… con lo que se avecina… es mas gordo de lo que os imagináis… un gobierno Europeo impuesto por los Neocon que irá quitando a corto plazo a los políticos demócratas y manipulando las elecciones… y colocando tecnócratas, nos queda poco. Los Indignados tienen más razón de lo que os podáis llegar a imaginar. No es una cuestión de PSOE ni de PP, nada tiene que ver. Esto solo se para negándonos a esas mentiras de pagar la deuda en que ellos nos han metido falsamente para tenernos hipotecados hasta nuestros nietos… se acabaron los Estados/Nación… adiós España.crisis

Hay un problema laboral del colectivo de controladores aéreos que afecta al 1,2% de la población española (600.000 personas) y casi todos saltáis como energúmenos pidiendo hasta el linchamiento de ese colectivo cuando el día anterior hacen otra reforma del sistema laboral más restrictiva, quitan los 420 euros de ayuda a 688.000 parados que están en la ruina y anuncian cambios drásticos a peor en la ley de pensiones que afectan al 80% de la población y nadie se indigna ni dice nada. ¿Sois tan insensibles?.

Estáis pidiendo a gritos al Gobierno que se apliquen medidas que quitan el derecho a la baja laboral, a permisos retribuidos y a las horas sindicales, sacar militares a la calle ¿sois idiotas?.

Estáis leyendo que mintieron en los vuelos de la CIA, en el caso Couso, que González era la X del GAL, que gente del PP cobraba de la trama Gürtel, que hay políticos que cobran más de 230.000 euros al año, pero que nos cuestan más de 3 millones de euros, que la corrupción en la política no es excepción, sino norma, que ellos mismos se adjudican el derecho a cobrar la jubilación máxima con pocos años en las Cortes y a nosotros nos piden 40 de cotización, banqueros que consiguen del gobierno medidas duras contra los trabajadores y que tenían que estar en la cárcel por delitos demostrados de fraude fiscal y no decís nada, os quitan dinero para dárselo a esa gente que cobra cientos de miles de euros año, especula con nuestro dinero, defrauda a Hacienda y seguís callados ¿sois idiotas?.

Tenéis una monarquía que se ha enriquecido en los últimos años, que apoya a los poderosos, a EEUU, a Marruecos y a todo lo que huela a poder o dinero, hereditaria como en la Edad Media ¿sois idiotas?.

En Inglaterra o Francia o Italia o en Grecia o en otros países los trabajadores y los jóvenes se manifiestan hasta violentamente para defenderse de esas manipulaciones mientras en España no se mueve casi nadie ¿sois idiotas?.

Consentís la censura en los medios de comunicación, la ley de partidos, la manipulación judicial, la tortura, la militarización de trabajadores sólo porque de momento no os afecta a vosotros ¿sois idiotas?.

Sabéis quién es toda la gentuza de las revistas del corazón, futbolistas supermillonarios pero jamás escucháis a nadie como Saramago o Chomsky u otros mil intelectuales veraces y comprometidos con vuestros problemas ¿sois idiotas?.

Si mucha gente responde sí, aún nos queda un poco de esperanza de conseguir acabar con la manipulación de los políticos y poderosos. Si la mayoría contesta no, entonces estamos jodidos.

EL GOBIERNO: Ha bajado el sueldo a los funcionarios, congelado las pensiones y reducido la ayuda al desempleo, para afrontar la crisis que han generado los bancos los políticos y los especuladores bursátiles.

Nos gustaría transmitirle al Gobierno lo siguiente:

Dediquen su empeño en rebajar LA VERGÜENZA DEL FRAUDE FISCAL, que en España se sitúa alrededor del 23% del P.I.B. (10 puntos por encima de la media europea) y por el que se pierden miles de millones de €uros, fraude que repercute en mayores impuestos para los ciudadanos honestos.

TENGAN LA VERGÜENZA de hacer un plan para que la Banca devuelva al erario público los miles de millones de euros que Vds. les han dado para aumentar los beneficios de sus accionistas y directivos; en vez de facilitar el crédito a las familias y a las empresas, erradicarlas comisiones por los servicios bancarios y que dejen de cobrar a los españoles más humildes €30.01, cada vez que su menguada cuenta se queda sin saldo. Cosa que ocurre cada 1º de mes cuando les cargan las facturas de colegios, comunidades, telefonía, Etc. y aun no les han abonado la nómina.

PONGAN COTO a los desmanes de las empresas de telefonía y de ADSL que ofrecen los servicios más caros de Europa y de peor calidad.

ELIMINEN la duplicidad de muchas Administraciones Públicas, suprimiendo organismos innecesarios, reasignado a los funcionarios de carrera y acabando con los cargos, asesores de confianza y otros puestos nombrados a dedo que, pese a ser innecesarios en su mayor parte, son los que cobran los sueldazos en las Administraciones Públicas y su teórica función puede ser desempeñada de forma más cualificada por muchos funcionarios públicos titulados y que lamentablemente están infrautilizados.

HAGAN que los políticos corruptos de sus partidos devuelvan el dinero equivalente a los perjuicios que han causado al erario público con su mala gestión o/y sus fechorías, y endurezcan el Código Penal con procedimientos judiciales más rápidos y con castigos ejemplares para ellos.

INDECENTE, es que el salario mínimo de un trabajador sea de 624 €/mes y el de un diputado de 3.996, pudiendo llegar, con dietas y otras prebendas, a 6.500 €/mes. Y bastantes más por diferentes motivos que se le pueden agregar.

INDECENTE, es que un profesor, un maestro, un catedrático de universidad o un cirujano de la sanidad pública, ganen menos que el concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera.

INDECENTE, es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca (siempre por unanimidad, por supuesto, y al inicio de la legislatura).

INDECENTE, es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los diputados les baste sólo con 7, y que los miembros del gobierno, para cobrar la pensión máxima, sólo necesiten jurar el cargo.

INDECENTE, es que los diputados sean los únicos trabajadores (¿?) de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF.

INDECENTE,es colocar en la administración a miles de asesores = (léase amigotes con sueldos que ya desearían los técnicos más cualificados).

INDECENTE, es el ingente dinero destinado a sostener a los partidos y sindicatos pesebreros, aprobados por los mismos políticos que viven de ellos.

INDECENTE, es que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo (ni cultural ni intelectual).

INDECENTE, es el coste que representa para los ciudadanos sus comidas, coches oficiales, chóferes, viajes (siempre en gran clase) y tarjetas de crédito por doquier.

INDECENTE, es que sus señorías tengan seis meses de vacaciones al año.

INDECENTE, es que ministros, secretarios de estado y altos cargos de la política, cuando cesan, son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del ERARIO PÚBLICO.

Y que sea cuál sea el color del gobierno, todos los políticos se benefician de este moderno “derecho de pernada” mientras no se cambien las leyes que lo regula. ¿Y quiénes las cambiarán? ¿Ellos mismos? Já.

Juntemos firmas para que haya un proyecto de ley con “cara y ojos” para acabar con estos privilegios, y con otros.

Haz que esto llegue al Congreso a través de tus amigos.

ÉSTA SÍ DEBERÍA SER UNA DE ESAS CADENAS QUE NO SE DEBE ROMPER, PORQUE SÓLO NOSOTROS PODEMOS PONERLE REMEDIO A ESTO, Y ÉSTA, SI QUE TRAERÁ AÑOS DE MALA SUERTE SI NO PONEMOS REMEDIO, está en juego nuestro futuro y el de nuestros hijos.

¿DÓNDE ESTÁ LA GENTE? SE LEVANTA POR EL FÚTBOL Y NO PARA DEFENDER DERECHOS.

(Arturo Pérez Reverte, 13/02/12)

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Informe de Cáritas sobre la pobreza

El 15% de los trabajadores son pobres, casi el 45% de los parados están en situación de pobreza, más de 700.000 hogares no tienen ingresos y un millón de personas están en riesgo de exclusión social muy severa. Con esta radiografía, Cáritas alerta de que, a pesar de la supuesta recuperación económica y de los vaivenes de los datos de empleo, aumentará la bolsa de exclusión social.Contenedores

La ONG dice al Gobierno que la reducción de la pobreza no pasa solo por la creación de empleo y pide una inversión de 10.000 millones de euros que garantice la protección social de los vulnerables: la crisis ha roto España por la mitad, creando un país de dos velocidades con una enorme desigualdad económica y social entre las comunidades del norte y del sur.

El informe anual “Análisis y Perspectivas 2016” de la Fundación FOESSA, que este año se publica bajo el título Expulsión Social y Recuperación Económica, constata una España a dos velocidades en términos de exclusión social.

Natalia Peiró, directora del Área de Comunicación, Sensibilización e Incidencia de Cáritas, y Guillermo Fernández, miembro del Comité Técnico de FOESSA, han alertado que “el análisis territorial de la desigualdad, la pobreza y el desempleo muestran un país a dos velocidades, y que, como consecuencia de la crisis, se ha generado un proceso de divergencia entre las Comunidades Autónomas”.

Un país a dos velocidades. La conclusión de este diagnóstico se basa en cuatro factores:

1. Las diferencias en el eje norte-sur no sólo se mantienen, sino que tienden a aumentar: mientras Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Canarias y las Islas Baleares se encontrarían en peor situación ante una eventual salida de la crisis, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón se encontrarían en mejor situación, desde el punto de vista de la pobreza, la desigualdad y el desempleo más grave.

2. En segundo lugar, los indicadores de desempleo analizados, que serían el desencadenante más claro de una buena posición de salida para la población en peor situación, muestran una recuperación muy débil y, en algunos casos, muy alejados del ritmo necesario para impulsar una reducción intensa de la pobreza y la desigualdad. De los cuatro indicadores analizados, sólo en uno de ellos hay cuatro CC.AA. que consiguen mejorar su situación desde el primer impacto de la crisis en el año 2009.

3. Las diferencias regionales de la pobreza apuntan a una salida divergente de la crisis. Esta disparidad seguirá provocando aumentos en las diferencias de desigualdad y bienestar.

4. La «situación de salida» para el conjunto de las CC.AA. ofrece una peor situación respecto a los datos recogidos en 2009 en el primer impacto de la crisis. Este resultado nos permite afirmar que la probabilidad de que aumente la bolsa de la exclusión social, a pesar del crecimiento económico, es muy elevada.

Para elaborar el Informe, los expertos de FOESSA han utilizado los indicadores que cualifican la cohesión social y miden la fractura social de un país: la desigualdad, el desempleo, la pobreza y la exclusión social. Y se evalúan en qué medida las CC.AA. parten con mayores fortalezas y debilidades. Se ha comparado el año 2009, en el que se produjo el primer impacto de la crisis, con el período 2014-16, donde los datos económicos y de desempleo comienzan a cambiar. La lectura de estos indicadores muestra estos resultados.

Renta

Los ingresos de los hogares han caído espectacularmente desde el primer impacto de la crisis, con una reducción que supera el 10%.

Las CC.AA. con mayor renta media inicial experimentan las menores caídas, de manera que aunque las posiciones relativas en el ranking se mantienen casi constantes, las diferencias entre regiones aumentan en este período.

Desigualdad

Las diferencias han aumentado y las rentas medias se han reducido, lo que ha producido un hundimiento de las rentas más bajas. En la mayor parte de las CC.AA. el 20% más rico de la población está soportando mejor la crisis. Andalucía, Asturias y Castilla-La Mancha son las CC.AA. donde el 20% más pobre ha caído más. Las dos únicas CC.AA. donde ha crecido la renta de los más ricos han sido Aragón y Galicia.

Las variaciones en la desigualdad en las CC.AA. indican que existen diferentes razones que las originan y que ahondan en la heterogeneidad territorial de nuestro país. Por ejemplo, mientras Navarra apenas ha crecido en las rentas medias pero sí en los extremos, Aragón ha aumentado la desigualdad tanto en las rentas medias como entre los más ricos y los más pobres. Sigue leyendo →

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12 datos que desmienten la recuperación económica

Uno de los ejes que vertebran el discurso electoral del PP es que Mariano Rajoy ha sacado a España de la crisis. Sin embargo, son numerosas las estadísticas que desmienten esa afirmación y demuestran que en esta legislatura que ha terminado deja una España marcada por el aumento de la desigualdad y la pobreza.Recuperación

El presidente del Gobierno se escuda en las grandes cifras macroeconómicas para repetir machaconamente que con él la economía española ha empezado a crecer y crear empleo, que en suma es lo que «les importa a los españoles», según ha dicho en varias ocasiones el propio Rajoy. Por si eso fuera poco, Rajoy presume, además, de «no haber dejado a nadie en el camino» en estos años de dura travesía del desierto, con recortes sociales por doquier. Si uno mira los datos de la evolución del PIB o del paro de los dos últimos años, puede llegar a creer que ese mensaje es verdad. Sin embargo, otras muchas estadísticas —muchas de ellas sacadas de organismos públicos—, esas que hurgan en el día a día de los ciudadanos, dejan en evidencia el mensaje triunfalista de Rajoy y confirman una realidad que sólo el PP y el Gobierno se niegan a ver: la España de 2015 es peor que la que había en 2011.

Rajoy deja una España maltrecha: pese al crecimiento económico de los dos últimos años, la pobreza y la desigualdad han aumentado a lo largo de la legislatura. Las estadísticas reflejan que aunque se haya creado empleo -precario y mal pagado en su mayoría- y aunque la economía crezca, mucha gente sí que se ha quedado en el camino. Valgan algunos ejemplos: cada vez hay más pobres; la renta media por persona ha bajado y por tanto, cada vez hay más gente a la que le cuesta llegar a final de mes o pagar la calefacción de su casa. Y a todo ello hay que sumar los recortes en el Estado de bienestar que protegen a los ciudadanos. En definitiva, hay indicadores de sobra que demuestran que el triunfalismo de Rajoy tiene pies de barro. Aquí hemos escogido algunos.

1. Un paro similar al de 2011, pero menos empleo

Mucha gente ya no se acuerda, pero cuando estaba en la oposición, Mariano Rajoy se pasó la legislatura anterior prometiendo milagros. Incluso llegó a decir que con él en el Gobierno el paro bajaría a la mitad. Sin embargo, a día de hoy hay menos gente trabajando en España que hace cuatro años. En cuanto al paro, la legislatura termina con unas cifras muy similares a las que había 2011, sólo ligeramente por debajo. ¿Cómo es posible entonces que si ha bajado el paro se haya destruido empleo?

La respuesta hay que buscarla en la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica el INE cada 3 meses. Según la EPA, a finales de 2011 en España trabajaban 18,15 millones de personas y en octubre de 2015 lo hacían 18 millones, en concreto 104.300 personas menos. En diciembre de 2011, cuando el PP accedió al poder, la tasa de paro era del 22,5% y había 5.287.300 parados. En octubre de 2015, dicha tasa era del 21,2% con 4.850.800 personas sin empleo. Es decir, 436.500 parados menos 4 años después. Pero la población activa (personas en edad de trabajar que tienen un trabajo o buscan) ha descendido en 540.800 personas en la legislatura de Rajoy; de ellas 436.500 han encontrado trabajo, lo que significa que otras 104.300 han sido expulsadas del mercado laboral. Por lo tanto hay menos empleo en España que hace cuatro años. Y si hay menos empleo, hay menos riqueza.

2. Menos protección a los parados

Aquellas personas que han perdido su trabajo son los grandes sacrificados de la crisis. Entre diciembre de 2007 y diciembre de 2013 se perdieron 3,6 millones de empleos. Aunque a partir de 2014 empezó a crearse empleo, muchos trabajadores, sobre todo los mayores de 45 años, no volverán a trabajar nunca. Pese a que el paro de larga duración se ha disparado, pese a que hay gente que no volverá a trabajar, el Gobierno del PP apenas ha mostrado sensibilidad alguna hacia los parados: no ha hecho nada por ampliar la tasa de cobertura del paro, que se ha reducido 18 puntos entre 2008 y 2015. Ahora, la mitad de los parados (51%) percibe la prestación por desempleo, cuando al principio de la crisis 3 de cada 4 desempleados estaban cubiertos (72%).

Además, la cuantía media de la prestación por desempleo ha bajado desde que el PP llegó al poder. El Gobierno la recortó en julio de 2012; pese a ello en octubre de aquel año la prestación media aún era de 859,3 euros. Tres años después, en octubre de 2015 —último dato conocido—, dicha prestación había bajado hasta los 801,5 euros. Son 57,8 euros menos al mes y casi un 8% menos en términos porcentuales.

3. Trabajar por menos dinero

Aquellos que tienen la suerte de trabajar, o que han podido conservar su empleo, tampoco pueden echar las campanas al vuelo. En estos años, el Gobierno de Mariano Rajoy ha apostado sin tapujos por la devaluación salarial como vía para que la economía española gane competitividad. A Rajoy y a su Ejecutivo no les ha importado condenar a los trabajadores españoles a cobrar salarios bajos con tal de maquillar las estadísticas. El gráfico adjunto, que recopila datos de la Agencia Tributaria, demuestra que el punto de inflexión se produjo en 2012: ese año bajó abruptamente el salario medio, y no ha dejado de hacerlo desde entonces. Ahora el sueldo medio de los españoles está al nivel del año 2007.

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¿Derecho a decidir = independencia?

En contra de lo que ha estado enfatizando la sabiduría convencional definida por el establishment español (la estructura de poder político y mediático que define los parámetros de lo que debe creerse en el país), la Transición de la dictadura a la democracia no fue un proceso modélico, fruto de un consenso entre iguales, entre los herederos de los vencedores (las derechas, ultra derechas en el abanico político europeo) y los herederos de los vencidos (las izquierdas y otras fuerzas democráticas) de la Guerra Civil.Derecho a decidir

En la versión oficial de la Transición, esta se presenta como una ruptura con el anterior Estado dictatorial, habiéndose establecido, como resultado de tal Transición, un Estado democrático homologable a cualquier democracia existente en la Europa occidental. Y la Constitución de este nuevo Estado se presenta como el resultado de aquel consenso entre iguales, estableciendo el marco jurídico donde la democracia española se ha desarrollado.

Esta versión de la Transición es profundamente errónea y no se corresponde con los hechos ocurridos en aquel periodo. Lejos de ser ejemplar, aquel proceso estuvo dominado por las mismas fuerzas que controlaban el Estado dictatorial, y que lideraron y dirigieron aquel cambio. Las fuerzas conservadoras controlaban todas las ramas y aparatos del Estado, así como la gran mayoría de medios de información del país, mientras que las izquierdas acababan de salir de la clandestinidad. No fue un pacto entre iguales ni tampoco fue una ruptura con el Estado anterior. En realidad fue una abertura de aquel Estado para incorporar a las izquierdas en un nivel subalterno, sometidas a una ley electoral que claramente les discriminaba. Presentar la Constitución como un producto consensuado entre iguales, sin admitir que estuviera condicionada por las fuerzas que dominaban la Transición, es una frivolidad propagandística promovida primordialmente por las derechas y, en ocasiones, por aquellos sectores de las izquierdas gobernantes que se adaptaron rápidamente a aquel Estado.

Las consecuencias de aquel proceso inmodélico: la limitadísima democracia, el escaso bienestar social y el no reconocimiento del derecho a decidir

Las consecuencias de aquel dominio conservador son enormes. Una de ellas es la limitadísima capacidad de decisión de la ciudadanía en los quehaceres de la gobernanza del país. Democracia en España quiere decir votar cada cuatro años (dentro de un sistema electoral poco representativo) a partidos políticos que carecen de democracia interna, gobernados por élites que se eternizan, con escasa transparencia y que, por su opacidad, son fácilmente coaptables por parte de intereses financieros y económicos. La Transición inmodélica favoreció esta visión de la democracia, que reduce la política al “politiqueo entre sus dirigentes”. Formas de democracia directa, tales como referéndums (ni consultivos siquiera), son difíciles cuando no imposibles de realizar.

Esta limitadísima democracia, dentro de un Estado heredado del anterior con escasa renovación, explica varios hechos. Uno, es el enorme subdesarrollo del Estado del Bienestar en España. Treinta y cinco años después de iniciarse la democracia, España continúa teniendo uno de los gastos públicos y uno de los gastos públicos sociales más bajos de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español). Esta subfinanciación se está incluso acentuando más como consecuencia de las políticas de austeridad (lo que quiere decir de recortes del gasto público), orientadas a privatizar los servicios públicos del Estado del Bienestar. Desde 2008, los gobiernos españoles, argumentando erróneamente que no hay otra alternativa, están debilitando y/o desmontando el Estado del Bienestar. Utilizan para justificar este desmantelamiento el argumento que el Estado español ha perdido soberanía y tiene que seguir la normativa dictada por la Troika, a fin de poder mantenerse en el euro. En realidad, tanto la banca como la gran patronal están consiguiendo lo que siempre desearon: el debilitamiento del mundo del trabajo, la privatización del Estado del Bienestar y la reducción de los salarios. Las políticas públicas realizadas por los gobiernos centrales y la mayoría de los gobiernos autonómicos han sido responsables de tales hechos.

El tema nacional tampoco se ha resuelto

Otra consecuencia del dominio de los herederos de los vencedores de la Guerra Civil en el proceso de transición fue la incorporación a la Constitución de la visión de España que tenían sus antepasados, que se definieron a sí mismos como los “nacionales”. Esta visión negaba la plurinacionalidad de España, oponiéndose a reconocer las distintas naciones que constituyen el país, imponiendo un Estado uninacional centrado en el establishment político y mediático existente en Madrid. En realidad, el Estado de las Autonomías (el “café para todos”) era la manera de negar esta plurinacionalidad, permitiendo una descentralización administrativa en un marco normativo claramente centralizado. Un indicador de esta centralización es el sistema radial de transporte. Lleva un poco más de dos horas ir en tren de Barcelona a Madrid, pero algo más de seis horas para ir de Barcelona a Bilbao, que es la misma distancia. Esta visión uninacional de España está escrita en la Constitución, la cual asigna al Ejército (sucesor del que había llevado a cabo un golpe militar contra un Estado democrático) la misión de defender la unidad de España (una cláusula única entre las constituciones en Europa), estando bajo la dirección del Monarca, jefe de Estado y jefe de las Fuerzas Armadas. Estas fueron unas cláusulas que el Monarca y el Ejército impusieron, como han admitido protagonistas de aquella Transición. Sigue leyendo →

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La encrucijada del PSOE

El Partido Popular mantiene la prerrogativa constitucional de intentar formar gobierno en unas circunstancias especialmente adversas por la complicación que reviste la propia suma de los escaños. Sin embargo, la pelota está, como se suele decir coloquialmente, en el alero del PSOE, la segunda y decisiva fuerza tras los inciertos resultados del 20D.psoe

Los socialistas deciden. De ellos es el margen de maniobra y también el mayor de los dilemas. Pueden hacerlo en varias direcciones. Pedro Sánchez ha adelantado que votará en contra de Mariano Rajoy como si quisiera descartar de mano la posibilidad de tener que desdecirse del duro discurso de la campaña electoral y de las graves imputaciones lanzadas contra su adversario de la derecha. En el caso de que éste fuese el precio para abstenerse o, en caso extremo, respaldar la candidatura de un presidente popular, cuesta todavía pensar en esa posibilidad teniendo en cuenta que Rajoy, pese a la pérdida de votos, es el ganador de las elecciones. Con el mismo mérito se podría argumentar la renuncia de Sánchez, que consiguió 20 escaños menos que Pérez Rubalcaba en 2011. La debacle en relación al PP es, en cierto modo, bastante más proporcional de lo que parece.

Los argumentos pueden, en cualquier caso, retorcerse por la presión que ejercen los barones socialistas, la vieja e influyente guardia del partido, y sobremanera la dueña del cortijo andaluz de los votos, Susana Díaz, empeñada en evitar el descalabro que supondría un pacto entre el PSOE, Podemos el partido que aspira a engullirlo y lograr la hegemonía en la izquierda y las fuerzas independentistas. Para ahuyentar ese tipo de fantasma, el socialismo constitucional no tiene por qué mirar a ERC, DiL o EH Bildu, basta con fijarse en las alianzas territoriales tejidas por Pablo Iglesias. Podemos se ha convertido por su propia estrategia y el beneficio otorgado por la ley electoral en rehén de sus fuerzas centrífugas nacionalistas de la periferia en Cataluña, Galicia y Comunitat Valenciana. Los 69 escaños obtenidos en el conjunto del país pertenecen a un partido que, sin decirlo abiertamente, ha enfilado ese camino atajando por la vía de la demagogia y el oportunismo.
En el horizonte socialista se perciben, por tanto, cuatro opciones claras. Abstenerse y permitir que el Partido Popular, con o sin Rajoy al frente, lidere un gobierno en minoría. Evidentemente, al tener la posibilidad aunque complicada en sus manos de desalojarlo del poder, ello supondría un desgaste que sólo podría aliviar el discurso bien explicado de la necesidad. O el intachable argumento democrático de que tienen que gobernar aquellos que ganan las elecciones como ha sucedido siempre en este país desde el inicio de la última etapa democrática. Así todo, la decisión abriría un flanco vulnerable al rechazo populista que tan bien maneja Podemos. Un gobierno breve del PP en minoría es, no obstante, la posibilidad que acarician los barones socialistas.
La segunda de las difíciles decisiones para el PSOE es facilitar la convocatoria de unas nuevas elecciones. En teoría, no es la mejor de las bazas para él, teniendo en cuenta la progresión de sus rivales de la izquierda dispuestos a recortar el terreno que les separa y con mayores facilidades de hacerlo en el supuesto de alcanzar un acuerdo electoral nada descartable con Izquierda Unida. Presumiblemente, en una convocatoria inmediata, el viento sería favorable tanto para el PP como para Podemos, y se volvería en contra de los intereses del PSOE y de Ciudadanos, las dos fuerzas en estos momentos más proclives supuestamente a ceder frente a una polarización política. Es probable, además, que aparte del corrimiento del voto, el panorama de la estabilidad siguiese sin aclararse para el país.
La tercera alternativa sería un gobierno de izquierdas como consecuencia de la alianza del PSOE, Podemos, IU y el resto de grupos independentistas. Sin contar con el PNV, sumarían 178 escaños algo más de la mayoría absoluta. El plan lleva implícito el referéndum de autodeterminación vinculante en Cataluña, una línea roja que hasta ahora los socialistas no han querido traspasar para no dejar en manos exclusivas del centroderecha la defensa territorial y de la integridad España.
De las opciones posibles a que se enfrenta el PSOE, todas ellas arriesgadas para su estrategia y supervivencia, la gran coalición es la que proyectaría un futuro más estable para España sin ser la que mayor riesgo conlleva. Como es natural, la que desearía la Unión Europea y si pudiera escogería Angela Merkel para evitar un nuevo dislate como el de Grecia. La experiencia de los alemanes con este tipo de solución hecha a medida para el interés general ha sido  fructífera. Otra cosa es transportar la realpolitik al sueño inconsciente de la libertad pura que ha conducido a la fragmentación del voto y al mensaje desilustrado contra el bipartidismo como origen intrínseco de todos los males. Una majadería como otra cualquiera.
En la actual política manejada en gran medida por la Europa de los socios, las diferencias entre las dos grandes fuerzas partidarias del orden constitucional, el PP y el PSOE, no son tan grandes como a veces queremos creer, aunque sí puedan resultar aparatosas en algunos aspectos sociales y en los términos retóricos del discurso. Una gran coalición de la vieja política frente al aventurerismo y la incertidumbre que propone la nueva en manos de Podemos y de sus satélites territoriales resultaría especialmente chocante para muchos, pero serviría para ir acomodando la política nacional a las urgencias reales del momento. En último caso, a la estabilidad que la economía requiere para ir tirando como es debido tras la recesión.
El esfuerzo supondría, además, la cesión por parte y parte, el triunfo de la moderación y el contrapeso social frente al rupturismo populista, gobernando en la dirección que marca la mayoría. Los socialistas tendrían que hacer frente a cierta contestación por parte de su izquierda, pero a cambio obtendrían un mayor peso institucional en Europa. Un plus de responsabilidad ante la situación de incertidumbre que pronto empezará a apoderarse del país si el entendimiento no se impone. Papeleta complicada la del PSOE.

(La información, 27/12/15)

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El PP y la regeneración democrática

Jueves, 26 de marzo de 2015. Se abre el telón y sube a la tribuna del Congreso José Antonio Bermúdez de Castro, secretario general del grupo parlamentario del PP. En la misma semana en la que un juez acaba de acreditar que este partido se financió de forma ilegal durante casi dos décadas, el PP presenta un “plan de regeneración democrática” para combatir la corrupción. Bermúdez de CastroEn negrita algunas de las frases de Bermúdez de Castro, entre medias, mis apostillas. Bermúdez de Castro es el mismo que una vez perdió un sobre lleno de billetes en un bar.

 “Muchas gracias, señora vicepresidenta.”

Gracias, señora Villalobos, por no jugar al Candy Crush durante este debate.

 “Señorías, finaliza hoy la tramitación parlamentaria de (…) el plan más amplio, más ambicioso y más completo que nunca antes esta Cámara había debatido en favor de la mejora de la calidad de nuestra democracia, en respuesta a la desafección ciudadana y de manera especial en la lucha contra la corrupción política.”

Ese “ambicioso” plan es, en realidad, el de siempre:  las mismas medidas propagandísticas que lleva anunciando Mariano Rajoy desde hace ya dos años y que apenas cambian gran cosa. Ya es mala suerte que estas reformas tan “ambiciosas” se hayan votado justo unos días después de que el juez Pablo Ruz considere probada la financiación ilegal del partido desde prácticamente su nacimiento, y apenas unas horas después de que el PP haya tenido que pagar un cuarto de millón de euros en la Audiencia Nacional por el lucro que obtuvo de la trama Gürtel.

 “Fortalecer la democracia consiste en reformar lo que funciona para que funcione mejor, en corregir sus defectos y desviaciones, en mejorar la calidad y el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas y eso es precisamente lo que hacemos con estas leyes.”

Fortalecer la democracia, al parecer, también pasa por presionar a medios de comunicación para que silencien a periodistas incómodos, como Jesús Cintora. O por sacar de Jerusalén a una periodista de la televisión pública que no gustaba al gobierno de Israel. O porque un diputado del PP, impunemente, llame a esta misma periodista portavoz de Hamás, O porque  el Supremo mande a la cárcel a unos manifestantes que ejercían su libertad de expresión. O por aprobar la ley mordaza. Todo esto, en apenas dos semanas. ¿En Venezuela? No. En España.

 “ Con la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado establecemos los requisitos de idoneidad, de honorabilidad, de experiencia y de competencia profesional de quienes hayan sido llamados a ejercer un alto cargo en la Administración General del Estado.”

La idoneidad del hijo de Esperanza Aguirre. La experiencia de la hija de Eduardo Zaplana. La competencia de la exnovia de Alberto Núñez Feijóo. Todos estos nombramientos tan familiares, y muchos más, forman parte de esos más de 600 asesores y altos cargos del Gobierno que, con la nueva ley, podrán seguir siendo nombrados a dedo, exactamente igual que pasa ahora.

 “Además, reforzamos –que no se diga otra cosa– las limitaciones de la denominada puerta giratoria, lo que pasa es que lo hacemos huyendo de criterios populistas.”

Antes de la reforma, el tiempo necesario para que un alto cargo se pudiese largar a la empresa privada a hacer negocios en los mismos sectores que administró desde lo público era de dos años. Después de esta ambiciosa reforma, el plazo para tomar la puerta giratoria sigue siendo de dos años. Un gran refuerzo, sin duda.

 “ A partir de ahora van a quedar prohibidas las condonaciones de deuda a los partidos”.

Casualmente, el PP hace décadas que no recurre a las condonaciones de deuda para tapar sus agujeros. En Génova eran más de donativos ilegales.

 “Van a quedar prohibidas las donaciones de personas jurídicas a los partidos para separar con carácter definitivo el mundo de la política del mundo de los negocios”.

Pero la nueva ley permitirá que las personas jurídicas –es decir, las empresas– sigan donando a las fundaciones de los partidos sin límite alguno en las cantidades. Y tampoco hay problema en los donativos de los empresarios.

 “Vamos a reforzar los mecanismos de fiscalización de las fundaciones vinculadas a los partidos”.

Pero esa “fiscalización” la seguirá haciendo el nada imparcial Tribunal de Cuentas, controlado por reconocidos “independientes”, como el hermano de José María Aznar o la exministra del PP Mariscal de Gante. Sigue leyendo →