La notoria diversidad religiosa actual de la sociedad española es un hecho relativamente moderno en la historia de nuestro país. Nuestro país viene de un pasado, la dictadura franquista, que negó la democracia. El régimen instaurado por la Guerra Civil anula todo pluralismo político, social y religioso porque su ideario político proponía unificar los españoles en un proyecto impuesto por las armas. Desde esta perspectiva, el pluralismo religioso habría roto la unidad patrocinada duramente por la dictadura franquista, además de pervertir el sustrato ideológico propiciado por la Iglesia católica. La mayoría de obispos católicos de aquella época habían elaborado una buena justificación del golpe de estado militar a partir de la defensa de la fe unitaria e identitaria de España. La fe católica, única y verdadera, era la salvaguarda de la Nueva España que el franquismo quería construir.

Paradójicamente, la cuestión del pluralismo religioso provocó fuertes tensiones dentro del régimen franquista. Mientras los sectores falangistas y tradicionalistas defendían la visión cerrada e integrista de la fe ligada a la comprensión de la Iglesia católica como sociedad perfecta, los sectores democristianos proponían una tímida apertura del régimen para vencer el aislamiento internacional. Estas dos visiones se enfrentaron en muchas ocasiones y, en más de una ocasión el motivo fue la tolerancia religiosa y el respeto al pluralismo religioso. En los años 50, las tensiones fueron evidentes en las negociaciones del nuevo concordato que debía sustituir al de 1851 y el final de la década de los 60 el conflicto sobre la Ley libertad religiosa volvió a evidenciar estos conflictos. Lo cierto es que el franquismo, que había encontrado en la Iglesia católica un buen aliado para implantar su sistema político, ahora empezaba a sufrir crisis internas por la misma evolución del catolicismo español, especialmente para todo un sector de eclesiásticos que estaban aplicando los acuerdos del Concilio Vaticano II.

La situación se agudizó durante los años del concilio Vaticano II (1962-65) cuando el principio de libertad religiosa se introdujo de forma imparable en la doctrina de la Iglesia. Esto suponía un peligro y un problema para nuestro país, en el que esta libertad, como tantas otras, era sistemáticamente ninguneada. Si la convocatoria del Concilio fue una sorpresa para los 80 padres conciliares españoles convocados, lo mismo se puede decir de la entrada en escena del tema tabú de la libertad religiosa que cuestionaba el tesoro tan querido de la unidad católica de la nación. Será este un tema que desconcierte a los prelados españoles. Si bien el contacto con obispos norteamericanos y de Centroeuropa facilitó que algunos aceptaran su aplicación en España, su juicio fue que el país aún no estaba preparado, y un grupo no pequeño mantuvo su postura intransigente. Entre ellos estaba Monseñor Zacarías de Vizcarra que en El Cruzado Español (15/IV/63) defendía “el tesoro de nuestra unidad católica” afirmando que “la pérdida de la unidad religiosa es, a breve plazo, la pérdida de la unidad nacional, con la siembra de ideales contradictorios, con la aparición de separatismos regionales, guerras intestinas y retorno al individualismo celtíbero, que terminaría con una directa e indirecta dominación extranjera”. Esta unidad era un punto básico de su percepción de la Iglesia.

Estas declaraciones aparecen a finales de 1963, cuando aún no había sido abordada en el concilio la libertad religiosa. Juan XXIII abrió brecha enseñando que la libertad era básica para conocer la verdad, y su reflejo básico y decisivo era la libertad para la creencia religiosa (el respeto a la conciencia de cada hombre. Al morir dejó su legado en la encíclica Pacem in Terris, una guía para continuar el Concilio, que ahondaba en la libertad de creencias de las personas. Pablo VI lo reanudó y el primer documento sobre ecumenismo incluía cuatro capítulos: uno tomado del primitivo esquema De Ecclesia; otro sobre la unión con los orientales; el que procedía del Secretariado para la Unidad de los Cristianos; y otro para promover la unidad de todos los hombres. El cardenal Bea y el obispo De Smedt tuvieron a su cargo defender los dos últimos, de los que salió la definición sobre libertad religiosa.

Tampoco entendían los prelados españoles la descalificación dentro y fuera del aula conciliar del régimen político existente en nuestro país, tras la firma en 1953 de lo que se consideró un “concordato perfecto”. El desfase entre las líneas maestras de la teología española y la triunfante en las deliberaciones del Concilio explica las resistencias que encontró en nuestro país: la eclesiología triunfante en Roma se caracterizó por el abandono de la identificación entre valores católicos y valores nacionales, al menos en lo que se refiere a las relaciones Iglesia-Estado o Iglesia-poder político. Porque se trataba de un asunto también político que dejaba sin suelo doctrinal a un régimen nacido de una guerra civil. El nombramiento de Antonio Garrigues como embajador ante el Vaticano indica la importancia que Franco concedió  a las relaciones con la Iglesia en momentos tan cruciales como lo del Concilio. Sigue leyendo →

La controversia que ha rodeado el papel de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial y su actitud frente a la persecución de los judíos podría aclararse en breve si se confirman las intenciones del Papa Francisco de abrir a los estudiosos archivos no conocidos de ese periodo. Él vivió muy de cerca el ascenso del nazismo, ya que fue nuncio en Alemania desde 1917, y desde 1930 dirigió la política exterior de la Santa Sede como secretario de Estado hasta ser nombrado pontífice en 1939.

De los documentos que se conocen, resulta indudable que el Papa rechazaba el nazismo, pero también que creía que debía mantener relaciones con Alemania como mal menor. La principal acusación por parte de algunos historiadores que fue cogiendo vuelo a partir de los sesenta se centra en que el Papa no condenó de forma pública el fascismo y que no intervino para detener las deportaciones de judíos, a pesar de estar al corriente. Lo cierto es que en la posguerra recibió el agradecimiento de destacadas personalidades judías, entre las que figuró Albert Einstein. Durante la contienda, el Vaticano escondió a numerosos judíos en iglesias y monasterios; a muchos les facilitó falsos certificados de bautismo y visados. Israel Zolli, Rabino Jefe de Roma durante la Segunda Guerra Mundial, se hizo católico  pocos años después de terminar esta y quiso ser bautizado con el nombre de Eugenio Pío, en honor de Pío XII. El Congreso Judío Mundial agradeció en 1945 la intervención del Papa, con un generoso donativo al Vaticano. En el mismo año, el gran rabino de Jerusalén, Isaac Herzog, envió a Pío XII una bendición especial «por sus esfuerzos para salvar vidas judías durante la ocupación nazi de Italia».

Por lo que se refiere a nuestro país, el gesto más significativo fue el Radio mensaje a España de Pío XII (16 de abril de 1939). Había sido elegido apenas dos semanas antes (el 2 de abril). Franco agradeció sobremanera este gesto del Romano Pontífice en momentos tan cruciales para el régimen. Años después, el 12 de mayo de 1956, con motivo de los 80 años del Papa, se organizó en Madrid  un «Homenaje del pueblo español a Pío XII«. El acto se celebró en el estadio Santiago Bernabéu, escenario de las «demostraciones sindicales». Tuvo una cuidada escenificación, con la presencia de personajes de todos los ámbitos de la sociedad española. Comenzó con un breve concierto de la Banda de la Policía Armada, dirigida por Arturo de los Santos, con piezas de Parés, Ganne, Sousa y Wagner. La dirección del acto fue de Blas Piñar que presentó a los intervinientes. Se escogió a personas significativos en diversos ámbitos de la vida española: Un niño español, Marcelino pan y vino, es decir, Pablito Calvo. Una madre de familia, Guadalupe Torrado de Sánchez Aguilar. Una voz del mundo de los deportes, Santiago Bernabéu. Un obrero, Manuel Castañón. Un hombre de empresa bilbaíno, José María Oriol. Un periodista, Nicolás González Ruiz. Un caballero andaluz, Álvaro Domecq. Un militar que fue “Embajador en el infierno”, el Comandante Palacios. Un escritor catalán, autor de La herida luminosa, José María Sagarra. Un catedrático, el de la Universidad de Santiago, Álvaro D’Ors. Un sacerdote, párroco de suburbios, D. Antonio Varela.

Muchos se sorprenden hoy en día del violento rebrotar de un laicismo agresivo que reclama el repudio por el Gobierno de toda forma de colaboración con la Iglesia Católica. Las manifestaciones son variadas: solicitud de baja en los registros de la Iglesia, asaltos a capillas, campañas contra la financiación de la Iglesia por parte del Estado, denuncia del registro de propiedad de iglesias y otros bienes eclesiásticos. Esta realidad no debería sorprender a nadie que conociese la historia del franquismo. Es en la estrecha relación de Iglesia y Estado durante esos años donde se encuentra en parte el origen de un problema que parece de difícil solución.

Franco instauró desde 1939 un Estado católico, en el que la Iglesia gozaba de grandes prerrogativas en materia de financiación, control de la educación y moral pública. Esta protección del Estado español a la única religión tolerada encontró pronto críticas, incluso dentro del ámbito eclesiástico: la situación de una Iglesia enfeudada al poder político era improcedente y peligrosa para la salud espiritual de la nación. A partir de los años 50 el Estado adquirió una conciencia mayor de que no podía mantener con la Iglesia relaciones tan íntimas como en otros tiempos. Se había creado un Estado farisaicamente cristiano, en el que aparecer como católico en el ámbito público era condición necesaria para ser aceptado como ciudadano de pleno derecho. Frente a esta visión reduccionista, fue abriéndose paso una posición intermedia que buscaba crear un Estado vitalmente cristiano, fruto de la colaboración de todas las religiones cristianas, y evitando que el Estado diera una protección especial a cualquiera de ellas. Lo cual chocaba con la cruda realidad de un Estado que cerraba en banda a otras confesiones cristianas y negaba la apertura de capillas anglicanas.

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