Represión

de

Ley Mordaza

Con los votos a favor del PP y toda la oposición en contra, la Ley de Seguridad Ciudadana fue aprobada hace tres años por las Cortes, que avalaron un texto que incrementará la libertad, según el Ejecutivo, y sobre el que, sin embargo, planea la amenaza de su derogación si cambia el Gobierno. La nueva norma sanciona un estado de falta de libertades cívicas que es muy preocupante. Estas son las conductas que son sancionables con la Ley Mordaza.

 

Faltas muy graves

(Entre 30.001 y 600.000 euros de sanción)
  1. Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas.
  2. Fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados.
  3. Celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.
  4. Proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.

Faltas graves

Entre 601 y 30.000 euros de multa
  1. Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas.
  2. La perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas.
  3. Causar desórdenes en la calle u obstaculizarla con barricadas.
  4. Impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales. Este punto sancionaría, por ejemplo, las concentraciones para impedir la ejecución de desahucios.
  5. Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia.
  6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes.
  7. Negarse a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público cuando lo ordenen las autoridades competentes cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión. Entre estos supuestos se encuentra «cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes», por lo que podría emplearse esta infracción para sancionar los llamados escraches.
  8. Perturbar el desarrollo de una manifestación lícita.
  9. La intrusión en infraestructuras críticas (que prestan servicios esenciales para la comunidad) incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento.
  10. Portar armas prohibidas o portar o usar armas de modo negligente y temerario o fuera de los lugares habilitados para ello.
  11. Solicitar y disfrutar (por parte del demandante) de servicios sexuales en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores (colegios, parques…) o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial.
  12. Fabricar, almacenar o usar armas reglamentarias o explosivos sin autorización así como la omisión o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias.
  13. Negarse a las inspecciones en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves.
  14. El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño.
  15. No colaborar con las Fuerzas de Seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.
  16. El consumo o la tenencia ilícitos de drogas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares públicos, así como el abandono de los instrumentos empleados para ello.
  17. El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas (las cundas).
  18. Plantar y cultivar drogas en lugares visibles al público.
  19. La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas en locales o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios.
  20. La carencia de los registros previstos en esta ley para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias.
  21. Dar datos falsos para la obtención de las documentaciones previstas en esta Ley.
  22. Incumplir las restricciones a la navegación reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.
  23. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.

Faltas leves

Sanciones de 100 a 600 euros
  1. La celebración de manifestaciones sin comunicar a las autoridades, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores.
  2. Exhibir de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio.
  3. Incumplir las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo.
  4. Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad.
  5. Hacer o incitar a actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena.
  6. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones.
  7. La ocupación de casas y la venta ambulante no autorizada.
  8. No denunciar la perdida o el robo de un arma.
  9. Las irregularidades en la cumplimentación de los registros previstos en esta Ley con trascendencia para la seguridad ciudadana.
  10. No tener la documentación personal legalmente exigida o no denunciar su robo o pérdida.
  11. La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida, considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año.
  12. Negarse a darle la documentación a la Policía.
  13. Causar daños a bienes muebles o inmuebles de uso público o privados que estén en la vía pública.
  14. Escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños.
  15. La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad.
  16. Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.
  17. El consumo de alcohol en lugares públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.

Con la solicitud de prórrogas sine die para acuñar una Ley de Seguridad Ciudadana que cumpla con las libertades civiles más esenciales (algo que no sucede con la impulsó el iluminado Fernández Díaz) tanto PP como C’s se posicionan, una vez más, en contra de la ONU. Rajoy y Rivera, como máximos representantes de los dos partidos conservadores, ignoran cómo las Naciones Unidas han cargado contra la Ley Mordaza -también lo hizo contra la reforma del Código Penal-, cómo cuestionaron que esta ley represiva se hubiera alumbrado con el único fin de “ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”. En suma, la ONU reclamó a España que “adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales”, algo que no sucede en la actualidad (aunque el Borbón tenga otra percepción mientras entona “Del Palacio de la Zarzuela, no nos moverán”).

Ni Rajoy ni Rivera hacen caso a la ONU cuando ésta, en su comunicado, recordó al Gobierno español que “los derechos a manifestarse pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”. Y eso, hoy por hoy en nuestro país, no sucede, gracias a la alianza de PP y C’s entorno al poder y los beneficios que éste les reporta.

Los expertos de la ONU fueron claros: la Ley de Seguridad Ciudadana“restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España”. A la enumeración de libertades civiles pisoteadas gracias a la complicidad de PP y C’s que enumera en su artículo Flotats, hemos de añadir cómo sólo en sus primeros 18 meses, la recaudación por multas al amparo de esta ley superaron los 131 millones de euros, aproximándose a lo que recauda el Estado en concepto de multas por exceso de velocidad.

Se están cercenando los derechos de la intocable Constitución de libertad de expresión, derecho de reunión y de manifestación. Los datos no engañan: a pesar de que siempre pudieron ser denunciados los actos por “desobediencia o resistencia a la autoridad”, no deja de ser curioso cómo en los últimos seis meses de 2015 se pusieron 4.311 multas y en 2016, el triple (12.094). Es importante recalcar que, en estos mismos períodos de tiempo, las multas por “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se cifraron en 2015 en 3.130, por un valor de 469.203 euros, mientras que en 2016 en 9.497, por un importe de 3.006.761 euros.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) es otro de los organismos que ha criticado duramente la Ley Mordaza que Rajoy y Rivera blindan. RSF sostiene que la ley persigue proteger “la imagen de la policía española, limitando el derecho de los periodistas a reunir y difundir información”.  Tanto es así que, aunque a Rivera le encante darse baños de masas en Venezuela, no hace falta que cruce el Charco: gracias a la ley que él mantiene, España fue uno de los ejemplos que RSF utilizó en su informe internacional presentado en 2017 para ilustrar los retrocesos en la libertad de prensa.

Dicho de otro modo y dando peso a mi afirmación inicial de que PP y C’s son agrupaciones antidemócratas, el hecho de que España sea criticada internacionalmente por el deterioro de las libertades civiles y los derechos fundamentales es obra de los negocios que se traen entre manos Rajoy y Rivera.

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Des-Memoria histórica

España es el segundo país con más personas desaparecidas del mundo, solamente por detrás de Camboya. Se estima que en nuestras fosas y cunetas se encuentran aproximadamente 114.000 mil cadáveres de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista.
Sin embargo en España las familias de las víctimas no han obtenido ni verdad, ni justicia ni reparación y los responsables de tales crímenes que siguen vivos siguen sin ser juzgados.
Mientras países como Alemania o Argentina sí que han llevado a cabo políticas en esta materia, en España tras 40 años de democracia ningún Gobierno lo ha hecho. Pablo de Greiff, relator especial de la ONU ya denunció en 2014 la falta de mecanismos en nuestro país sobre esta materia. Los diferentes gobiernos se han amparado en la ley para no crearlos:
1) Esgrimen por un lado que la ley de Amnistía de 1977 indica que no se pueden juzgar crímenes realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976.
2) Por otro, que nuestro código penal a día de hoy recoge que ninguna persona podrá ser juzgada por un delito que se cometió antes de que en España existiese una ley que contemplase esos actos como delito. Sin embargo el Derecho Internacional expresa claramente que los crímenes considerados crímenes contra la humanidad, de lesa humanidad o los genocidios no tienen que atenerse a estas leyes sino todo lo contrario.

¿Qué es lo que se debate en el Congreso de Diputados y se vota?
Desde el Intergrupo de memoria democrática compuesto por Podemos, PNV, Compromís Bildu, PdeCat y ERC que ha promovido la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo se han registrado estas dos Propuestas de Ley de las que el PSOE se ha desmarcado en el último momento.
La propuesta es la que se debate y consiste en modificar la Ley de Amnistía de 1977 que permita a los tribunales juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidio u otras graves violaciones de Derechos Humanos.

¿Por qué es importante?
La Ley de Amnistía actual ha funcionado hasta ahora como una ley de punto y final que ha evitado poder juzgar en nuestro país los crímenes de lesa de humanidad cometidos durante la dictadura franquista
Lo que se vota no es la derogación de la Ley de Amnistía sino su adaptación a las propuestas y preceptos del derecho internacional humanitario como aconsejo Naciones Unidas. Ni más ni menos. Que la ley de Amnistía no sea un parapeto para evitar la acción contra los crímenes de lesa de humanidad

¿Por qué no va a salir?
No nos sorprende que un partido fundado por ministros franquistas o su marca naranja sigan impidiendo que los criminales franquistas puedan responder por sus crímenes ante los jueves.

Sorprende más el voto del PSOE, que ya ha manifestado que votará en contra porque la medida genera ‘mucha inseguridad jurídica’. La verdadera inseguridad e indefensión jurídica es que las víctimas no puedan acudira a la justicia de su país para juzgar crímenes de lesa a humanidad porque la ley de amnistía funciona como punto y final.
Su voto es decisivo para que se pueda juzgar al franquismo y su posición ha sido clara: proteger a los torturadores y a los franquistas, impedir adaptar nuestra legislación a las recomendaciones de la ONU.

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Manifiesto por la historia y la libertad

No se puede imponer por una ley un único relato de la historia, ya que ninguna ley debe o puede variar los hechos históricos. No se debe borrar por una ley la cultura, el sentimiento ni la memoria de un pueblo, y menos aún por razones ideológicas. Ninguna razón moral, ni derecho subyacente, puede primar sobre la analítica verdad de los hechos en las circunstancias del tiempo y lugar en que estos se produjeron. La interpretación de unos hechos, cualquiera que estos sean, no puede ceder a ninguna manipulación política partidista. Legislar sobre la historia o contra la historia es, simplemente, un signo de totalitarismo. Y es antidemocrático y liberticida.
Sin embargo, en España viene perpetrándose un inadmisible y flagrante “historicidio” desde la aprobación de la mal llamada Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007.
Pese a ello, el Partido Socialista pretende ahora, en una vuelta de tuerca más, que se apruebe una nueva y espuria “Ley de Memoria Histórica”, con la intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales sobre los hechos acaecidos en el último siglo de la Historia de España.
Con la implantación de una «Comisión de la Verdad», amenaza con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y elevadas multas a quienes mantengan opiniones divergentes a la ‘verdad única’, la destrucción y quema de las obras o estudios declarados no ‘gratos’, y la expropiación, destrucción o transformación de una parte del patrimonio histórico-artístico de la etapa más reciente de España.
Tal proposición de ley ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad (de opinión, expresión, investigación y cátedra); la justicia (solo atribuible a jueces y tribunales); la igualdad (que impide la discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social); y el pluralismo político (ejercido como actividad libre dentro del respeto a la Constitución). Dicha proposición de ley, de resultar aprobada, chocaría frontalmente con la Constitución en su redacción y espíritu.
El proyecto vulnera el principio de la verdad documentada de la historia, como demuestra el mero hecho de que esa única versión quiera imponerse por la fuerza del Estado, al ser incapaz de sostenerse en un debate de investigación, serio, libre e independiente. Su capcioso velo jurídico, invocando a modo de pantalla la dignidad de las víctimas de solamente una parte o equiparando el franquismo con los regímenes totalitarios, son solo el envoltorio sentimental y manipulador de una ofensiva contra la libertad de los españoles, contra la democracia y contra la verdad histórica.
Estamos ante una ley de tipo soviético que no debería ser propuesta por ningún partido, ni individuo, que respete la convivencia democrática en paz y en libertad, que solo sirve para reabrir viejas heridas que todos creíamos ya cicatrizadas y que, desde luego, nunca debería ser aprobada en una nación como España.
Resultaría dramático para la convivencia de los españoles que ochenta años después del final de la Guerra Civil, y de haber transcurrido más de cuarenta tras la extinción del franquismo, se intente anular la libertad de pensamiento de los españoles, y reinstalar en la sociedad los mismos odios que condujeron a aquellos calamitosos acontecimientos.
Esta propuesta de ley debe ser rechazada con firmeza por toda la sociedad, pues España no puede permitirse una involución hacia regímenes del tipo implícito en la misma. La experiencia histórica no debe pasar en balde, y de ella debemos aprender.
Los hechos históricos son hechos históricos, y los estudios e investigaciones de los mismos deben producirse en total y plena libertad para el debate y la confrontación abierta de las ideas, pero jamás bajo la mordaza y el castigo penal de un estado democrático.
Y ello principalmente, porque ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la Historia, pues de hacerlo, criminalizaría la Historia, estableciendo una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado.

(Manifiesto suscrito por más de 200 profesionales de la Historia)

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La lista de Franco para el Holocausto

El régimen franquista ordenó en 1941 a los gobernadores civiles elaborar una lista de los judíos que vivían en España. El censo, que incluía los nombres, datos laborales, ideológicos y personales de 6.000 judíos, fue, presumiblemente, entregado a Heinrich Himmler. Los nazis lo manejaron en sus planes para la solución final. Cuando la caída de Hitler era ya un hecho, las autoridades franquistas intentaron borrar todos los indicios de su colaboración en el Holocausto. Poco quedó de este «regalo» de Franco a Hitler hasta la reciente aparición del documento que prueba la orden antisemita de Franco.Holocausto1

Al final de la II Guerra Mundial, el régimen de Franco intentó con relativo éxito confundir a la opinión pública mundial con la fábula de que había contribuido a la salvación de miles de judíos del afán exterminador nazi. No solo era falso lo que la propaganda franquista pretendía demostrar. En la España del dictador hubo la tentación de contribuir a acabar con el «problema judío» en Europa.

La paciente labor de un periodista judío, Jacobo Israel Garzón, ha conseguido que aflorara el único documento conocido sobre el asunto, conservado por casualidad en el Archivo Histórico Nacional, y proveniente del Gobierno Civil de Zaragoza. Lo publicó en la revista Raíces. A partir de esa indagación se ha reconstruido la historia  de la frustrada colaboración con el Holocausto. Quiénes fueron protagonistas y cómplices. Una historia que cambia la Historia.

El 13 de mayo de 1941, todos los gobernadores civiles españoles reciben una circular remitida el día 5 por la Dirección General de Seguridad. Se les ordena que envíen a la central informes individuales de «los israelitas nacionales y extranjeros afincados en esa provincia (…) indicando su filiación personal y político-social, medios de vida, actividades comerciales, situación actual, grado de peligrosidad, conceptuación policial». La orden la firma José Finat Escrivá de Romaní, conde de Mayalde, el último día de su permanencia en el cargo, porque va a ser relevado por el coronel Galarza. De ese puesto va a saltar en pocos días al de embajador de la España de Franco en Berlín.

El conde es un personaje refinado y culto, y muy amigo de Ramón Serrano Suñer, el hombre fuerte del régimen [fue ministro de Interior y Asuntos Exteriores], que es quien le va dando los distintos cargos que ostenta. Ha prestado grandes servicios a Serrano y a Franco, como el de organizar a los policías que, en connivencia con el embajador Lequerica y la Gestapo, utilizando a un siniestro policía de apellido Urraca, consiguió traer a Companys y Zugazagoitia a España para sufrir una burla de juicio y ser fusilados.

José Finat hizo buenas migas con Himmler cuando este visitó España en octubre de 1940. Himmler pudo asistir a un espectáculo que le pareció cruel: una corrida de toros en Las Ventas. En esos días, ambos pusieron al día una vieja colaboración firmada por el general Severiano Martínez Anido en 1938. Gracias a ese acuerdo, la policía política alemana goza de status diplomático en España, y puede vigilar a los 30000 alemanes que viven aquí.

Dentro de poco más de un mes, Finat va a ocupar su cargo de embajador en Berlín. Allí podrá entregar en persona a Himmler sus listas de judíos. Si España entra en la guerra, serán un buen regalo para los nazis. Antes va a tener tiempo suficiente para dar una paliza y emplumar por homosexual a un cantante, Miguel de Molina. Le ayudará el falangista Sancho Dávila, primo del fundador del partido fascista.Holocausto2

El objetivo del Archivo Judaico no consiste en defender al régimen de la posible acción subversiva que puedan realizar los refugiados que pasan por España huyendo de la persecución nazi. Esos son conducidos directamente a Portugal para que se marchen a Estados Unidos, o internados en el campo de concentración de Miranda de Ebro hasta que se sepa qué hacer con ellos. De lo que se trata, sobre todo, es de tener controlados a los judíos españoles de origen sefardí:

«Las personas objeto de la medida que le encomiendo han de ser principalmente aquellas de origen español designadas con el nombre de sefardíes, puesto que por su adaptación al ambiente y similitud con nuestro temperamento poseen mayores garantías de ocultar su origen y hasta pasar desapercibidas sin posibilidad alguna de coartar el alcance de fáciles manejos perturbadores».

El trabajo no va a ser fácil por esa capacidad de adaptación que tienen los judíos. Sobre todo en lugares que no sean como Barcelona, Baleares y Marruecos, donde había antes de la guerra «comunidades, sinagogas y colegios especiales», y eso permite una mayor facilidad de localización.

La circular no oculta la urgencia de la acción. Hay que proteger al Nuevo Estado de la posible actuación de estos individuos, que son «peligrosos». El coronel Valentín Galarza está poniendo patas arriba el ministerio que le ha dejado Serrano Suñer, infestado de falangistas revolucionarios. Pero no va a destrozar toda la obra de su antecesor. El Archivo Judaico se va a seguir completando con carácter de urgencia al principio y con metódica seriedad después.

¿No son acaso los judíos y los masones los enemigos fundamentales del Nuevo Estado?

Cuando haya pasado el tiempo, el Archivo Judaico será ocultado y sistemáticamente destruido, como toda la documentación comprometedora para el régimen franquista en relación con la persecución antisemita realizada en los años cuarenta. Cuando deje de ser urgente tener listas completas de israelitas y haya que justificar la patraña de que el régimen surgido del 18 de julio ayudó en todo lo posible para que se salvaran muchos judíos de la persecución nazi.

En mayo de 1941, cuando se envía la circular, resulta muy significativa la desaparición de las guardias de falangistas de la puerta del Ministerio de la Gobernación. Ya no se trata de que la represión la lleve la Falange por su cuenta, como si fuera un poder autónomo del Estado. Se trata de que el Nuevo Estado asume comportamientos que le identifican con los de la Alemania nazi, pero mediante las instituciones tradicionales, o sea, en este caso, la Policía y la Guardia Civil. Eso sí, «auxiliados por elementos de absoluta garantía». Sigue leyendo →

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Las fosas caen en el olvido

Decenas de miles de familias siguen esperando que les devuelvan los restos de sus familiares desaparecidos en la Guerra Civil. LMH

Siete años después de su aprobación, la Ley de la Memoria Histórica mantiene una larga lista de tareas pendientes. La primera de ellas es aún la de localizar, exhumar y entregar a sus familias las decenas de miles de españoles que, 65 años después la conclusión de la Guerra Civil y 39 desde el fin de la dictadura, permanecen sepultadas en fosas comunes de cementerios o cunetas de carreteras.

Según la investigación que llevó a cabo el ex juez Baltasar Garzón en la causa del franquismo, 114.226 personas desaparecieron entre 1936 y 1951 a causa de la represión llevada a cabo por el régimen, un número que las asociaciones de la memoria histórica consideran por debajo de la realidad. Desde el año 2000 se han recuperado los restos de cerca de 6.000 de los asesinados. De estos últimos, 2.800 fueron exhumados en el antiguo cementerio malagueño de San Rafael, donde se calcula que se produjeron 4.400 ejecuciones.

El artículo 11 de la Ley de la Memoria Histórica establece que «las administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore». Lo redactado sólo estipula que el Estado ayude a los familiares, sin llegar a encomendarle la responsabilidad de exhumar a los españoles asesinados.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), mantiene que la entrada en vigor de la ley no supuso avance alguno. «El principal problema ha sido siempre el mismo y no se ha solucionado con esta norma descafeinada. Esto debería ser una responsabilidad del Estado y no de los hijos o los nietos de las víctimas».

El pasado julio un contundente informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas puso de relieve esta realidad. El documento valora que, desde el retorno de la democracia, «se han dado pasos importantes aunque tímidos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura».

No obstante, el equipo de la ONU recuerda que, de acuerdo con el derecho internacional que ha suscrito España, el Estado debe asumir una responsabilidad y «un rol de liderazgo» en la recuperación de las personas desaparecidas. Para solucionar la actual situación, Naciones Unidas lanzó una serie de recomendaciones entre las que se encuentra «adoptar, a la mayor brevedad posible, un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas». Aunque el informe fija un plazo de 90 días para que España proponga un calendario, esta iniciativa no tiene carácter vinculante, con lo que no se podrá imponer ningún tipo de sanción en caso de que el Gobierno no atienda al requerimiento de la organización mundial. Sigue leyendo →

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La oposición al franquismo

La oposición política al franquismo partió de los partidos y sindicatos derrotados en la guerra, pero progresivamente surgieron nuevas formas de oposición, incluso desde dentro del propio régimen, demandando libertades. Describir ese variopinto panorama de personas y grupos que lo integraban es lo que pretendía, desde el exilio mexicano, un artículo de 1959 en la Revista «Diálogo de Las Españas». La distancia provocaba algunas curiosas distorsiones que para lo poco expertos podrían equiparar a duros del régimen como Blas Piñar con demócratas como Ruiz-Jiménez o Tierno Galván. Este es el texto:Bandera1

LOS GRUPOS COLABORACIONISTAS QUE SE DICEN DE LA OPOSICIÓN A FRANCO:

La aparente paradoja de su postura responde al continuismo, o deseo de que el franquismo continúe después de Franco. Son:

1. Grupo Opus Dei. Aunque hoy son los mejores y máximos servidores del Régimen, preparan alguna gente para jugar a otros paños: es el sector dirigido por R. CALVO SERER y F. PÉREZ EMBID. Se dicen de la oposición desde hace muy poco tiempo.

2. Monárquicos de ultra-derecha (difunto CONDE DE RUISEÑADA, MARQUÉS DE VALDEIGLESIAS, FERNÁNDEZ DE LA MORA, “Amigos de Maeztu”, etc.) Propugnan la monarquía “tradicional, católica social y representativa”. Ahora se infiltran en el grupo tradicionalista-juanista (a través de los hermanos ORIOL URQUIJO), convirtiendo a este grupo en continuista. Desde hace más de dos años, muy vinculados (y quizás movidos) por el grupo Opus Dei.

3. Tradicionalistas javieristas (JOSÉ LUIS ZAMANILLO, JOSÉ M. VALIENTE, etc.), prolongación del tradicionalismo cerril y decimonónico, esperan llegar a ministros de Franco y compartir el poder con sus amigos del Opus Dei.

4. Democristianos colaboracionistas (A. MARTÍN ARTAJO, FEDERICO SILVA, BLAS PIÑAR, OBISPO A. HERRERA) y de otra parte el grupo J. RUIZ JIMÉNEZ, con cierta influencia en algunos Colegios Mayores Universitarios. Hace años fueron una esperanza dentro del gobierno franquista, por sus atisbos de relativo liberalismo, pero añoran sus ministerios y no son trigo limpio; muy clericales, aunque no tanto como Opus Dei.

OPOSICIÓN DERECHISTA

1. Tradicionalistas juanistas: importante disidencia de la disgregada Comunión tradicionalista, que ha aceptado como rey a D. Juan de Borbón, y que encabeza J. M. ARAUZ DE ROBLES, los ORIOL, CONDE DE LA FLORIDA, etc. Han tratado, sin éxito, de monopolizar el monarquismo juanista. Con infiltraciones del grupo Opus Dei, que juega también esta baza a través de H. ALTOZANO (hoy gobernador de Sevilla) y sus esbirros, algunos universitarios, que están haciendo en esa provincia un acabado experimento de teocracia dictatorial.

2. Monárquicos juanistas, formado por los siguientes grupos, aún no unificados:

UNIÓN ESPAÑOLA, integración no muy estable de seis o más grupos:

Grupo de JOSÉ MEIRAS OTERO (Amigos de Cánovas), de PÉREZ GRIPO (Amigos de Calvo Sotelo), MEZQUITA, ALCALÁ DEL OLMO, etc., muy vinculados al General Aranda. Entraron en Unión Española, pero parecen irse distanciando de ella (quizás se han retirado?) por sentirse desplazados de la dirección. MEIRAS y otros tienen hoy como único objetivo entrar en el Consejo Privado de D. Juan.

Grupo de JOAQUÍN SATRÚSTEGUI (realistas, VICENTE PINIES, JAIME MIRALLES, FANJUL, etc.) Son el verdadero núcleo de Unión Española y tienen influencia sobre D. Juan por medio del secretario PADILLA, sobre la Banca, la aristocracia, etc.

Individuos que pertenecen a Unión Española, pero que suelen llevar su propio juego político: TELLA, no político, muy activo, aportó a la U. E. los nombres de ARANA y de E. TIERNO GALVÁN; CARBONELL, no político, conspirador experimentado, muy influyente en la C. N. T., muy ligado a TELLA y a MASEDA; MASEDA, influyente en ciertos sectores bancarios, quiere acercarse al grupo de GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, pero haciendo valer su adhesión bajo amenaza de crear un partido agrario y de pequeños contribuyentes, influyente en Carbonell y otros.

Grupo de JOSÉ DOMÍNGUEZ DE ARANA (antiguos miembros de Acción Nacionalista Vasca, regionalistas vascos anticlericales, apoyan decididamente la monarquía por oposición a los nacionalistas del grupo Euskadi-AGUIRRE que se inclinan por la república. Parecen tener mucha relación con los Bancos de Bilbao y Vizcaya. Influyen mucho en U. E., muy activos, con influencia en el País Vasco, aunque menor que el Partido Nacionalista Vasco.

Grupo funcionalista de E. TIERNO GALVÁN: neoliberales o neosocialistas, ya nadie sabe con certeza lo que es este pequeño grupo, influyente, de marcado tipo intelectual y cierta influencia sobre algunos jóvenes diplomáticos y profesores. Parece un grupo antirreligioso en sentido amplio, y despierta recelos en otros grupos de la oposición. TIERNO es hoy el hombre más influyente en la U. E., pues los verdaderos monárquicos de ésta le consideran como su posible y futuro enlace con la Izquierda. No debe ser monárquico, si acaso circunstancialmente.

Grupo de ex republicanos (ZULUETA, SALABART, NAVARRO, DE BENITO, etc.) Muy dinámico, muy influyente en la U. E. y en el Colegio de Abogados de Madrid, muy relacionados con Tierno y Satrústegui, llevando con estos la dirección de la U. E., parecen haberse adherido sinceramente a la Monarquía.

NO ADHERIDOS A LA U. E.:

Grupo de FONTANAR (con VALDECASAS, GAMERO DEL CASTILLO Y PABÓN): aristócratas e intelectuales muy derechistas y poco influyentes, de escaso número, muy próximo a la U. E. aunque niegan estar adheridos a ella.

Grupo de LUIS GARCÍA DE LA RASILLA, con el CONDE DE GUAQUI a su derecha y el CONDE CIFUENTES a su izquierda. Muy opuestos a la U. E., por la animosidad y odio de RASILLA contra Satrústegui. Propugnan la candidatura del INFANTE ALFONSO DE ORLEANS para que represente en España a D. Juan como Regente. Grupo con muchas simpatías entre los jesuitas, tiene claras inclinaciones democristianas, pero muy derechistas comparadas con las de Giménez Fernández. Sigue leyendo →

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10 apuntes sobre la Revolución de Asturias

La revolución de Asturias en octubre de 1934 constituye uno de los acontecimientos que más tinta ha hecho correr. Para unos se trata de un ensayo de lo que sería el Frente Popular y el dominio socialista y comunista. Para otros fue un intento de reorientar una República, según algunos, había traicionado a los trabajadores. Los hechos escuetos son estos: la CEDA, partido antirrepublicano, retiró su confianza al gobierno radical y exigió participar en el mismo, forzando la entrada de tres ministros derechistas en el gabinete. Los obreros se alarman por la decisión y el 5 de octubre la CNT convoca una huelga general en todo el país. El seguimiento fue irregular pero en Asturias se trató de una auténtica insurrección coordinada entre las diferentes fuerzas de la izquierda asturiana. El final es bien conocido: la acción combinada de las fuerzas militares del general López Ochoa y los legionarios del coronel Yagüe forzaron la caída de Oviedo y las cuencas mineras, y poco después Gijón. La resistencia revolucionaria fue heroica, llegando, en ocasiones, a la lucha casa por casa, pero infructuosa debido a la enorme diferencia de efectivos y medios. El día 19 todo había terminado y comenzaba la dura represión que se extendió por el pueblo asturiano.Asturias

Los estudios sobre la revolución de 1934 son abundantes, así como la recogida de canciones, películas y testimonios orales de sus protagonistas. Entre las más recientes se encuentra la investigación de José I. Taibo II que crea una historia coral desde el punto de vista de los revolucionarios. Una historia que recupera la épica revolucionaria y que recoge las ilusiones de una clase obrera desencantada con el giro reaccionario de la República y que aún creía que el futuro era para ellos. Sin embargo, ¿era posible creer en un triunfo de la Revolución a nivel estatal o la Revolución se estaba lanzando al vacío hacia una muerte segura? Taibo analiza en diez circunstancias las posibilidades de éxito de una Revolución en el octubre de 1934 tratando de hacer un balance con los elementos con los que se contaba en aquellos días y no con la información actual. Su conclusión: «Todo es posible. Pero era difícil, muy difícil».

1.- No hay vacío de poder. No existe una crisis revolucionaria en el sentido de que no hay un vacío de poder. No hay tampoco una profunda descomposición del Gobierno aunada a una incapacidad para mantener las riendas del Estado. Es más, se puede decir que el desgaste sufrido por la coalición de partidos de derecha no ha sido excesivo en un año de gobierno e incluso la coalición está ahora más unida que antes debido a los choques contra el movimiento obrero. Además, «el Gobierno no está aislado y tiene una base social real en amplios sectores de la clase media católica».

2.- El aparato represor está casi intacto. La primera línea del aparato represivo-militar del Estado, la Guardia Civil-Guardia de Asalto, «se ha fogueado en su pequeña guerra civil cotidiana» contra los movimientos obreros, campesinos y mineros que se desarrollan en todo el Estado. «Se han aislado del pueblo creando un mar de odio como frontera». El ejército, asimismo, no está influenciado por la propaganda revolucionaria. «Aún es pronto para que repercuta sobre los reclutas la experiencia represiva sufrida en sus pueblos y ciudades, por su padres y sus hermanos». Además, insiste el autor, «puede que este Ejército sea endeble desde el punto de vista represivo, soldados indecisos, mandos mediocres; pero cuenta con la reserva de los oficiales y las fuerzas de África, los profesionales de la guerra». Sigue leyendo →

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ETA nació en las sacristías

La estrecha relación entre ciertos sectores de la iglesia vasca y el naciente separatismo de ETA, en las décadas de los 60 y 70, es un hecho bien conocido. No lo es tanto, quizá, el esfuerzo tenaz que los obispos de las diócesis vascas hicieron para encauzar una situación cada día más tensa. Los años del  cambio de década fueron, en este sentido, cruciales.ETA-logo

En la primavera de 1969 el proceso se aceleró con las detenciones de un grupo de miembros y colaboradores de ETA, entre ellos varios sacerdotes, que desembocaría en el Juicio de Burgos, y el confinamiento de estos clérigos en la cárcel concordataria de Zamora. En este escenario cobra importancia la actividad del Administrador Apostólico de Bilbao, don José María Cirarda, cogido entre dos fuegos: la defensa de sus sacerdotes y el cumplimiento de las leyes vigentes. A finales de 1969 presentaba a la Asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española una descripción de los acontecimientos que habían tenido lugar y su actuación personal en ellos. A mi juicio, arroja luz sobre la acusación que se hace a Cirarda haber sido contemporizador y faltarle resolución para meter en vereda a un clero levantisco. He aquí el texto completo:

«Mis queridos hermanos: Un deber elemental de fraternidad me obliga a informarles de la gravísima situación pastoral que vive desde hace una semana esta diócesis de Bilbao y de las no menos graves repercusiones de sus causas y consecuencias en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Lamento que una vez más sea esta diócesis, cuya administración apostólica tengo encomendada por la Santa Sede, origen de preocupaciones dolorosas. Pero creo poder afirmar humildemente ante el Señor que, culpable como soy de muchas faltas en todo, no creo ser responsable de lo que hoy nos preocupa y es causa de esta carta.

Quiero informarles lo más brevemente posible y de modo directo, y que la prensa o ha silenciado los hechos o sólo los ha dado con información parcial, cuando no deformada.

Los antecedentes

Desde hace más de un año -desde los días dramáticos de abril y mayo de 1969- el Sr. Gobernador Civil de la provincia y yo hemos trabajado para evitar roces; procurando resolver de modo callado y con la mayor comprensión mutua las continuas complicaciones que se presentan por distintas causas entre nuestras dos jurisdicciones en una provincia tan compleja religiosa y políticamente como Vizcaya; complicaciones multiplicadas por la continua aplicación de la ley contra bandidaje y terrorismo en nuestra provincia desde primavera del 69.
En virtud de esta ley vienen actuando cuatro juzgados eventuales militares en Bilbao, desde hace un año. Y a ellos se llevan desde hechos que pueden suponer graves atentados contra el orden público, hasta supuestas faltas de sacerdotes en su predicación denunciadas por un feligrés o por algún agente de policía o fuerza pública destacado en un pueblecito.
Las peticiones para procesar a sacerdotes en este tiempo han sido muchas. He concedido aquellas en las que los sacerdotes pudieran aparecer implicados en una acción extraña a su misión. Y he negado permiso para procesar a un sacerdote cuando la falta de que se le acusaba, se refería a alguna posible demasía en su predicación. Mi negación se fundaba, en ocasiones, en constarme la absoluta falsedad de la denuncia, como en algún caso en que la homilía había sido escrita y leída y tenía yo el texto en el que nada había condenable. En otras ocasiones, cuando no tenía tal certeza, me fundaba en el principio de afirmarme juez de los actos ministeriales de mis sacerdotes, para juzgarlos, castigarlos si había falta canónica -tengo dos sacerdotes suspendidos de predicación en estos momentos-, dispuesto a conceder el juicio del Estado si hubiere hallado causa, cuya falta lesionara gravemente las leyes del Estado. Sigue leyendo →

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La represión franquista

Es de sobra conocido que el franquismo reprimió todas las actividades que consideraba subversivas, ya fueran políticas, sindicales o religiosas. La intensidad de esta represión adquirió tonos diversas, desde la aniquilación de los restos de población roja, en la inmediata posguerra, hasta la lucha contra los elementos que atentaban contra la seguridad del régimen franquista. En fecha tan tardía como 1969 encontramos documentos clandestinos en los que se ofrecía un prontuario de acción en caso de ser detenido por la policía.Represión franquista

El pequeño manual de instrucciones que aquí reproducimos se  publicó en medios sindicales de Bilbao con fuertes vinculaciones con los movimientos obreros patrocinados por la Iglesia Católica. Se titula “Normas útiles y observaciones”, en caso de ser detenido e interrogado por la policía. El aire sencillo y asequible para cualquier obrero lo hace más valioso aún de lo que fueron aquellos años de la dictadura.

1) Objetos que conviene llevar en caso de detención. Si la detención arranca de casa y no han efectuado registro domiciliario, procurar no llevar ninguna anotación (agenda o papel con direcciones o teléfonos) ya que en la Comisaría es objeto de registro la persona y pueden por lo tanto ser causa estas anotaciones de otras detenciones

Si es transportado en el furgón metálico, pueden destruirse estas cosas, dejarlas dentro del furgón diseminadas o en los recovecos del mismo, comerlas, o bien en el momento y trayecto desde el furgón hasta el edificio de Comisaría dejarla caer, esto si es de noche es fácil hacerlo (Se entiende que estas anotaciones se han roto en partículas pequeñísimas). Si el transporte a Comisaría es en coche acompañado por policías, no es posible hacerlo

Necesario es ir provisto de algún dinero, pues siempre hace falta y más si se permanece en Comisaría y precisa un suplemento de alimentación, ya que siempre que la guardia sea benevolente y las órdenes no sean en contrario, esta misma guardia permitirá la entrada de comida y bocadillos, cervezas, etc. También es necesario el dinero si le trasladan a uno a la cárcel. O si es deportado rápidamente

Otras cosas útiles, pueden ser un saco para dormir o una buena manta, el que disponga de colchón de goma puede llevarlo y quizá se lo dejen usar, todo ello contribuye a que las condiciones físicas del detenido se mantengan en forma, pues si encima de la agitación nerviosa que padeces, pasas frío y no logras dormir, sobre todo en caso de larga permanencia, como es ahora con el Estado de Excepción, ello contribuye a que el espíritu se deprima

Por supuesto llevar el carnet de identidad y pastillas de vitaminas para la alimentación, como las que suelen tomar los que practican submarinismo, para estar en plenas condiciones al ser interrogado. Pueden llevar cepillo de dientes, peine, toalla. La ropa puede ser una camisa de franela con jersey y anorak, abrigo o trinchera y bufanda, ello te evitará coger resfriados de garganta

2) Actitud ante los interrogatorios. La policía actúa por confidencias, pocas veces presentan hechos de los que hayan sido testigos o fotografías. Se valen de la información que recogen en las empresas ya que hay trabajadores que informan a la dirección de lo que pasa, lo que se dice por algún trabajador en el taller, en la calle o en los bares. Las empresas juntamente con el “sindicato” son fuentes de información para la policía. El sindicato facilita el censo con domicilios de todos los cargos sindicalistas y los policías tienen a mano esa lista por si salen nombres de cargos sindicales en el interrogatorio. (Hay que informar a la gente que vaya para Enlace, que ponga el domicilio de la Empresa y se niegue a dar el personal) Es ilegal que la empresa dé esa información, pero ya sabemos que en estado de excepción todo vale. Lo mismo sucede con los estudiantes que la universidad les obliga a dar domicilio Sigue leyendo →

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El caso Grimau

J. Grimau

El ambiente se enrareció a medida que se acercaba el 18 de abril de 1963, fecha fijada para el juicio de Julián Grimau. Detenido en noviembre anterior, fue militante comunista durante la guerra civil, miembro de la Brigada de Investigación Criminal, en Barcelona, instalada en la plaza Berenguer el Grande, acusado por torturas y muertes en una checa. Los días 3/4 de marzo se produjeron una serie de acciones que respondían ‘a una campaña sistemática y bien sincronizada’ (ABC, 5.3): explosión de bombas en aviones de Iberia y en locales del CSIC en Roma, avisos de explosiones a aeropuertos europeos. Bien claro lo decía el cartel que dejaron los autores en las oficinas de Iberia en Estocolmo: “No al turismo en España”. Era una campaña contra la principal fuente de riqueza del país.

El proceso y sentencia contra Grimau produjo gran conmoción en la izquierda francesa en cuyos círculos era una personalidad conocida. La prensa europea pedía la amnistía. El embajador francés en Madrid visitó a Castiella con el fin de parar la ejecución. Hubo manifestaciones en toda Europa, mensajes intercediendo por él a cargo de Juan XXIII, N. Kruschev y la reina Isabel II[1]. El Papa había publicado el 11 de abril su encíclica Pacem in Terris, que orienta el pensamiento político en sentido democrático, exigiendo el respeto de los derechos humanos fundamentales y de las libertades públicas a través de su institucionalización en un auténtico Estado de Derecho. Poco se impresionaron las autoridades franquistas ante tan sacro documento y fusilaron a Grimau nueve días más tarde, el 20 de abril. Giscard amenazó con marcharse de inmediato de Madrid y solo a duras penas se consiguió mantener el plan previsto[2]. El hecho fue saludado por Le Monde (20.4) con un significativo “Morir en Madrid”, duros editoriales de Le Figaro y Daily Telegraph (22.4)[3], protestas ante nuestras embajadas (París, Roma, Ginebra). Las agencias de viajes de Copenhague que anunciaban viajes a España fueron objeto de destrozos. Uruguay declaró persona no grata a nuestro embajador (3.5). La película “Morir en Madrid” y las declaraciones de Ángela Grimau en la TV francesa reavivaron la protesta[4]. Sigue leyendo →