La pandemia franquista

No sé cómo se enseñará a los actuales alumnos de Bachillerato la reciente historia de España. En mi época simplemente no se explicaba. Nunca se llegaba. Todo lo más llegábamos al siglo XIX en que se nos exponía linealmente todos los pronunciamientos y revoluciones, períodos conservadores, liberales, progresistas, constituciones, guerras carlistas, alternancias… Como mucho, la 1ª República. No era casual. Era como un intento de meternos en la cabeza que la Historia de nuestro país era muy complicada y liosa y no valía la pena seguir invirtiendo tiempo y paciencia en intentar comprenderla. De paso, se indultaba el nada glorioso siglo XX cuyo estudio serio y riguroso solo podría deprimirnos por las inmensas tragaderas demostradas por el heroico pueblo español para con unos poderes formales y fácticos que siguen presentes hoy. Casi mejor. No era exhibible.

Intuyo que el relato pedagógico será el mismo cuento que nos han contado tantas veces que ya es casi versión oficial: Franco, encarnación del Régimen nacido de la Guerra civil y que finalmente se tecnificó y dulcificó en su última etapa, se murió en Noviembre de 1975. Y ante ello un Rey, que no se sabe de dónde salió, nombró Presidente del Gobierno a Suárez, siempre bien tratado, para que dirigiera una operación de transición a la democracia. Que se inició con una votación de las Cortes franquistas y concluyó con la redacción de una Constitución que instauró una monarquía parlamentaria. Con ello se puso fin al franquismo, salvo en todo caso el oprobioso incidente del 28F, que fue un fracaso. Y colorín, colorado… España se integró en Europa y se constituyó en una democracia avanzada en la que finalmente PP y PSOE se alternaban en el Gobierno. ¡Somos un modelo universal y exportable de transición desde un régimen autoritario a un régimen democrático!

Demasiado simple ¿no? Es la teoría del azucarillo que se disolvió en el vaso de agua y que cuando se pone en cuestión se rebate con el argumento de que el paso del tiempo todo lo mata. Olvidando que la muerte sólo afecta a lo biológico pero no a los intereses, las ideas, las visiones cosmológicas que se transmiten  a lo largo del tiempo más allá de los hombres e incluso las generaciones.  Lo que los filósofos marxistas denominan la reproducción de las condiciones históricas.

Esa versión lineal, ahistórica y acrítica resulta de todo punto insostenible:

Y todo mentira. El franquismo nunca se dulcificó. Casi agónico el Dictador aún firmaba penas de muerte. Las cinco últimas a fines de Septiembre de 2015.

El supuesto principio del fin del franquismo ha de situarse en fecha anterior a la muerte del Dictador. Cuando Mr. Kissinger advirtió que el apoyo americano al Régimen era improrrogable y no se aventurarían con sucesores “mortis causa” como Carrero o cualquier otro. Que de algún modo la cosa había durado demasiado, incluso para ellos. El “hasta aquí hemos llegado” implicaba como contrapartida el compromiso de apoyo desde fuera y desde dentro a un cambio controlado, que no comprometiera sus intereses.

Tampoco el Rey Juan Carlos o Adolfo Suárez eran el fin del franquismo. Uno y otro estaban marcados por la Historia con el franquismo en virtud de haber juramentado ambos las Leyes Fundamentales del Glorioso Movimiento Nacional y la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado que consagraba, a expensas de Don Juan de Borbón, la reinstauración monárquica. Más el Rey como depositario de la legitimidad histórica derivada de la victoria en la guerra civil que le convertía en cabeza del aparato estatal franquista (Ejército, Partido único, Sindicatos únicos, Aparato judicial, Administraciones publicas…). Propiamente, ambos eran las secuelas.

El diseño de la operación era bastante elemental. Un partido rector, la UCD, auténtico puzzle de partidos de derecha reformista, centro derecha y centro izquierda, financiado entre otros por los saudíes merced a la intercesión del Rey. Un partido anclado en el franquismo, residual, la Alianza Popular de Fraga y sus siete magníficos, que votaría finalmente que no a la Constitución, financiado fundamentalmente por el gran capital nacional salvo la oligarquía financiera que financiaba a todos, pero no por igual. Y un partido legitimador, el PSOE que tras romper con el sector histórico y expulsar a los “militant”, era una tábula rasa, una estructura a rellenar a partir de la dirección de un joven Felipe González menos adherido a los principios, dispuesto a deshacerse de cualquiera de ellos, que a los finales. Y  a aprender rápidamente lo que fuera menester. Con la impagable financiación de la Fundación Friedrich Ebert fundamentalmente aportada por dos ultraderechistas alemanes (Friedrich Karl Flick, hijo de un nazi criminal de guerra condenado en el Tribunal de Nüremberg, cuya fortuna provenía del espolio nazi, y Eberhard von Brauchistch,, hijo del general nazi que fue Jefe del Estado Mayor de Hitler).

El pacto en su diseño era un pacto radicalmente anticomunista en sus componentes internacionales y nacionales. Antidemocrático y excluyente de todas aquellas fuerzas políticas que el estatus quo consideraba inconvenientes.

Pero algo, determinante, no funcionó y hubo que cambiar el guión. El asesinato y la movilización para el entierro de los Abogados de Atocha (26 de Enero de 1977) y la legalización del Partido Comunista de España (9 de Abril de 1977), que Fraga Iribarne llega a calificar como Golpe de Estado, dan lugar a que se desencadenen las sinergias que desembocarán en el Golpe de Estado de 28 de Febrero de 1981. Se inicia la destrucción de la UCD, desde fuera y desde dentro, y la caza de Adolfo Suárez, quien a estas alturas se había creído el papel de redentor en un viaje ideológico hacia adelante, hacia el futuro. En este proceso se implican  AP, el PSOE, la cúpula militar, el propio Rey y sectores de la UCD. En ese contexto golpista y de resistencia a la dimisión de Adolfo Suárez, el Golpe del 23F es el empujón final que le coloca en la puerta de salida. Tras él hay datos de que, al parecer, latía la idea no suficientemente madurada de un Gobierno de concentración con el General Armada en la Presidencia, Felipe González en la Vicepresidencia y Fraga Iribarne en el Ministerio del Interior. La solución final, el triunfo real del Golpe, es la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones que facilita el acceso electoral al Gobierno del PSOE por primera vez, en 1982. De este modo el Pacto inicial se deshace de Suárez y la UCD y postula una nueva alternancia en el Gobierno de PSOE y AP que, por razones de cosmética, cambia su nombre por el de PP.

A estas alturas el PSOE aún despertaba pocas sospechas y concitaba esperanzas. Felipe, en su recorrido hacia atrás, hacia el pasado al revés que Suárez, se había deshecho del marxismo, de la política de no entrada en la OTAN, había participado en los Pactos de La Moncloa de 1977, contribuido a la destrucción de la UCD y al derribo de Adolfo Suárez por todos los medios y haberse postulado para el referido Gobierno de concentración, etc. Ya sólo le quedaba por dar algunos, pocos, pasos para demostrar que se había convertido en el deseado “hombre de Estado” que podía gobernar el país: meter, no impedir o no enterarse de que su partido chapoteaba en la corrupción (en la que por otra parte estaba desde el inicio) y desarrollar, no impedir o no enterarse de la continuación de las políticas de “terrorismo de Estado”.

En todo este proceso hay efectivamente la proclamación de unos derechos y libertades fundamentales y el establecimiento de un marco constitucional que permiten hablar de un marco de democracia formal. Pero no es menos cierto que hay una conservación absoluta, inalterada de los poderes de hecho, de las ideas y los valores  que soportaron el franquismo en un marco material al que el PSOE se había incorporado plenamente. Y del que sólo ha escapado real y efectivamente con Pedro Sánchez. Ese es el mérito de Pablo Iglesias y los suyos y la causa del odio sistémico que desde el sistema le profesan. Haber resituado al PSOE.

Hablar de nostalgia franquista es tanto como ignorar que el franquismo nunca se ha ido, que vive entre nosotros y que se encarna en millares de “franquitos” que unos golpean cacerolas y otros non, como los pimientos de Padrón.

Sí hay algo que últimamente me llama la atención y no quiero dejar de subrayar. La curiosa mistificación de las dos corrientes ideológicas más importantes del franquismo e históricamente antagónicas: la falangista, más laica-republicana-activista-violenta, y la tecnócrata más dada al estudio-meapilas-indiferente-sibilina. El híbrido falango-opusdeísta, al que responden personajes como Diego Pérez de los Cobos o el ex ministro Jorge Fernández Díaz. Nacionalcatolicismo para dar y tomar. Es de esperar que estas hibridaciones, como las mulas manchegas, resulten estériles [Antonio Seoane].

¿Derecho a decidir = independencia?

En contra de lo que ha estado enfatizando la sabiduría convencional definida por el establishment español (la estructura de poder político y mediático que define los parámetros de lo que debe creerse en el país), la Transición de la dictadura a la democracia no fue un proceso modélico, fruto de un consenso entre iguales, entre los herederos de los vencedores (las derechas, ultra derechas en el abanico político europeo) y los herederos de los vencidos (las izquierdas y otras fuerzas democráticas) de la Guerra Civil.Derecho a decidir

En la versión oficial de la Transición, esta se presenta como una ruptura con el anterior Estado dictatorial, habiéndose establecido, como resultado de tal Transición, un Estado democrático homologable a cualquier democracia existente en la Europa occidental. Y la Constitución de este nuevo Estado se presenta como el resultado de aquel consenso entre iguales, estableciendo el marco jurídico donde la democracia española se ha desarrollado.

Esta versión de la Transición es profundamente errónea y no se corresponde con los hechos ocurridos en aquel periodo. Lejos de ser ejemplar, aquel proceso estuvo dominado por las mismas fuerzas que controlaban el Estado dictatorial, y que lideraron y dirigieron aquel cambio. Las fuerzas conservadoras controlaban todas las ramas y aparatos del Estado, así como la gran mayoría de medios de información del país, mientras que las izquierdas acababan de salir de la clandestinidad. No fue un pacto entre iguales ni tampoco fue una ruptura con el Estado anterior. En realidad fue una abertura de aquel Estado para incorporar a las izquierdas en un nivel subalterno, sometidas a una ley electoral que claramente les discriminaba. Presentar la Constitución como un producto consensuado entre iguales, sin admitir que estuviera condicionada por las fuerzas que dominaban la Transición, es una frivolidad propagandística promovida primordialmente por las derechas y, en ocasiones, por aquellos sectores de las izquierdas gobernantes que se adaptaron rápidamente a aquel Estado.

Las consecuencias de aquel proceso inmodélico: la limitadísima democracia, el escaso bienestar social y el no reconocimiento del derecho a decidir

Las consecuencias de aquel dominio conservador son enormes. Una de ellas es la limitadísima capacidad de decisión de la ciudadanía en los quehaceres de la gobernanza del país. Democracia en España quiere decir votar cada cuatro años (dentro de un sistema electoral poco representativo) a partidos políticos que carecen de democracia interna, gobernados por élites que se eternizan, con escasa transparencia y que, por su opacidad, son fácilmente coaptables por parte de intereses financieros y económicos. La Transición inmodélica favoreció esta visión de la democracia, que reduce la política al “politiqueo entre sus dirigentes”. Formas de democracia directa, tales como referéndums (ni consultivos siquiera), son difíciles cuando no imposibles de realizar.

Esta limitadísima democracia, dentro de un Estado heredado del anterior con escasa renovación, explica varios hechos. Uno, es el enorme subdesarrollo del Estado del Bienestar en España. Treinta y cinco años después de iniciarse la democracia, España continúa teniendo uno de los gastos públicos y uno de los gastos públicos sociales más bajos de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español). Esta subfinanciación se está incluso acentuando más como consecuencia de las políticas de austeridad (lo que quiere decir de recortes del gasto público), orientadas a privatizar los servicios públicos del Estado del Bienestar. Desde 2008, los gobiernos españoles, argumentando erróneamente que no hay otra alternativa, están debilitando y/o desmontando el Estado del Bienestar. Utilizan para justificar este desmantelamiento el argumento que el Estado español ha perdido soberanía y tiene que seguir la normativa dictada por la Troika, a fin de poder mantenerse en el euro. En realidad, tanto la banca como la gran patronal están consiguiendo lo que siempre desearon: el debilitamiento del mundo del trabajo, la privatización del Estado del Bienestar y la reducción de los salarios. Las políticas públicas realizadas por los gobiernos centrales y la mayoría de los gobiernos autonómicos han sido responsables de tales hechos.

El tema nacional tampoco se ha resuelto

Otra consecuencia del dominio de los herederos de los vencedores de la Guerra Civil en el proceso de transición fue la incorporación a la Constitución de la visión de España que tenían sus antepasados, que se definieron a sí mismos como los “nacionales”. Esta visión negaba la plurinacionalidad de España, oponiéndose a reconocer las distintas naciones que constituyen el país, imponiendo un Estado uninacional centrado en el establishment político y mediático existente en Madrid. En realidad, el Estado de las Autonomías (el “café para todos”) era la manera de negar esta plurinacionalidad, permitiendo una descentralización administrativa en un marco normativo claramente centralizado. Un indicador de esta centralización es el sistema radial de transporte. Lleva un poco más de dos horas ir en tren de Barcelona a Madrid, pero algo más de seis horas para ir de Barcelona a Bilbao, que es la misma distancia. Esta visión uninacional de España está escrita en la Constitución, la cual asigna al Ejército (sucesor del que había llevado a cabo un golpe militar contra un Estado democrático) la misión de defender la unidad de España (una cláusula única entre las constituciones en Europa), estando bajo la dirección del Monarca, jefe de Estado y jefe de las Fuerzas Armadas. Estas fueron unas cláusulas que el Monarca y el Ejército impusieron, como han admitido protagonistas de aquella Transición. Sigue leyendo

Activémonos

Franco de pesca

Los años finales de la dictadura y el periodo de Transición fueron de una actividad política especialmente intensa. Participar, opinar, promover, manifestarse, eran la respuesta al cansancio por la falta de libertades y el fruto de la ilusión y de la convicción de que aquel estado de cosas podía cambiar. La edad del dictador y la aproximación a Europa, junto con la relación personal con la oleada de turistas y la elevación del nivel de educación, crearon un contagio de expectativas de cambio que generaba motivación y compromiso. El cambio fue social antes de ser político.

Ahora, por el contrario, nos encontramos distanciados de la actividad política y de sus protagonistas y hacemos zapping al verlos en televisión a mayor velocidad que con los anuncios. Atendemos a nuestros intereses personales y seguimos al fin el consejo que nos dio el dictador, “haga como yo, no se meta Vd. en política”. Como resultado, nuestra democracia sigue siendo el ensayo tímido y limitado que se diseñó en la transición para evitar salidas de carril y, peor aún, los modos de hacer política han degenerado y el insulto, la distorsión torticera del lenguaje y los argumentos, o el no escuchar ni dudar ni ceder, son modos de hacer política que se dan por buenos en la medida en que son habituales. La vista y el oído se acostumbran.

Activémonos. Lo sucedido con Wikileaks y países árabes muestra el poder de la sociedad cuando la coordinación se hace posible. Durante siglos el poder nació de las armas para definirse después como proveniente de Dios e imponerse a una masa ignorante, paupérrima y en busca de pastor. Somos la sociedad más formada e informada de la historia y poseemos los medios de comunicación adecuados para coordinarnos y hacernos oír. No somos menores de edad, no somos ignorantes, no somos carne de dictadura ni robots consumistas.

La manipulación no llegará más allá de lo que le permita nuestra pasividad. La ley electoral, las listas cerradas, el estilo dictatorial dentro de los partidos de los llamados a ser padres de la democracia, la autopublicidad de los gobiernos, el secretismo de la financiación de los partidos, etc., existirán hasta que nos posicionemos contundentemente en contra y logremos comunicarnos por medios independientes.

Como se ha comprobado en el norte de África, cuando la sociedad dice basta y cada ciudadano se hace consciente de que los que le rodean piensan como él y desean cambiar las cosas, la fuerza resultante es imparable incluso en regímenes brutales. En países democráticos debería resultar más fácil imponer mejoras de calidad de la democracia. Y es que no hay democracia o ausencia de democracia sino un cierto nivel de democracia en cada país y en cada fase de su historia, y el nuestro de hoy no es para tirar cohetes ni está en camino de mejorar si no le empujamos.

Activémonos. Creamos en nuestras posibilidades. Tomemos posesión de la palabra. Hagamos que la política institucional sea una mera canalización práctica del flujo de opinión social y no un mero voto pasivo a un candidato elegido a dedo por unos pocos, y que puede distar de ser el mejor, salvo en la habilidad para ser elegido por los pocos afiliados que controlan su partido.

La juventud actual vive políticamente en una fase de oportunidad de mejora. La democracia limitada pensada para la transición es ya insuficiente. Se impone una revisión profunda de su funcionamiento real. Hay que elevar el nivel de calidad democrática y hacer uso de los maravillosos medios de comunicación y coordinación entre personas que hoy existen. Seguimos con modos de hacer política de otra época cuando ya hemos entrado en la segunda década del siglo XXI, disponemos de internet en casi todos los hogares y tenemos un alto nivel de formación. Pero si logramos que se extienda la convicción de que una mejor democracia es posible, haremos posible y hasta inevitable que el cambio ocurra.

Los medios para mejorar la sociedad en general y su sistema político en particular  existen. La situación invita a no demorar el aumento de implicación de los ciudadanos y la exigencia a los políticos de democratizar el sistema. Y el primer paso es sencillo y posible, activémonos (Carta en Diario de Navarra, 12/III/11)